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Ley General del Sistema Concursal
LEY Nº 27809
CONCORDANCIAS: R. N° 176-2007-SUNAT, Art. 3
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
La Comisión Permanente del Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL
TÍTULO PRELIMINAR
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I
APLICACIÓN DE LA LEY
CAPÍTULO II
REGLAS DE COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
CAPÍTULO III
INFORMACIÓN Y RESERVA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
CAPÍTULO IV
PATRIMONIO SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
CAPÍTULO V
INSCRIPCIONES
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO
CAPÍTULO I
POSTULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO II
DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
CAPÍTULO III
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
CAPÍTULO IV
JUNTAS DE ACREEDORES
CAPÍTULO V
REESTRUCTURACIÓN PATRIMONIAL
CAPÍTULO VI
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
CAPÍTULO VII
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN POR LA COMISIÓN
TÍTULO III
QUIEBRA
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO CONCURSAL PREVENTIVO
TÍTULO V
MEDIOS IMPUGNATORIOS
CAPÍTULO I
IMPUGNACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO II
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS DE JUNTA DE ACREEDORES
TÍTULO VI
DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS Y LIQUIDADORAS
TÍTULO VII
RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
TÍTULO VIII
NORMAS PROCESALES COMPLEMENTARIAS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL
TÍTULO PRELIMINAR
Artículo I.- Objetivo del Sistema Concursal
El objetivo del Sistema Concursal es la permanencia de la unidad productiva, la protección
del crédito y el patrimonio de la empresa. Los agentes del mercado procurarán una asignación
eficiente de sus recursos durante los procedimientos concursales orientando sus esfuerzos a
conseguir el máximo valor del patrimonio en crisis. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo I.- Objetivo de la Ley
El objetivo de la presente Ley es la recuperación del crédito mediante la regulación de
procedimientos concursales que promuevan la asignación eficiente de recursos a fin de
conseguir el máximo valor posible del patrimonio del deudor."
Artículo II.- Finalidad de los procedimientos concursales
Los procedimientos concursales tienen por finalidad propiciar un ambiente idóneo para la
negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso, que les permita llegar a un
acuerdo de reestructuración o, en su defecto, a la salida ordenada del mercado, bajo reducidos
costos de transacción.
Artículo III.- Decisión sobre el destino del deudor
La viabilidad de los deudores en el mercado es definida por los acreedores involucrados en
los respectivos procedimientos concursales, quienes asumen la responsabilidad y
consecuencias de la decisión adoptada.
Artículo IV.- Universalidad
Los procedimientos concursales producen sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del
deudor, con las excepciones establecidas expresamente por la ley.
Artículo V.- Colectividad
Los procedimientos concursales buscan la participación y beneficio de la totalidad de los
acreedores involucrados en la crisis del deudor. El interés colectivo de la masa de acreedores
se superpone al interés individual de cobro de cada acreedor.
Artículo VI.- Proporcionalidad
Los acreedores participan proporcionalmente en el resultado económico de los
procedimientos concursales, ante la imposibilidad del deudor de satisfacer con su patrimonio
los créditos existentes, salvo los órdenes de preferencia establecidos expresamente en la
presente Ley.
Artículo VII.- Inicio e impulso de los procedimientos concursales
Los procedimientos concursales se inician a instancia de parte interesada ante la autoridad
concursal.
El impulso de los procedimientos concursales es de parte. La intervención de la autoridad
concursal es subsidiaria.
Artículo VIII.- Conducta procesal
Los sujetos del procedimiento, sus representantes, sus abogados y, en general, todos los
partícipes de los procedimientos concursales, deben adecuar su conducta a los deberes de
veracidad, probidad, lealtad y buena fe. La temeridad, mala fe o cualquier otra conducta dolosa
son objeto de sanción, de acuerdo a Ley.
Artículo IX.- Integración de la norma
La autoridad concursal no podrá dejar de resolver por defecto o deficiencia de las normas.
En tal caso, aplicará los principios generales del derecho, especialmente aquellos que inspiran
el Derecho Concursal.
Artículo X.- Rol promotor del Estado
El Estado, a través del INDECOPI, facilita y promueve la negociación entre acreedores y
deudores, respetando la autonomía privada respecto de las decisiones adoptadas en los
procedimientos concursales con las formalidades de ley.
TÍTULO I
NORMAS GENERALES
Artículo 1.- Glosario
Para efectos de la aplicación de las normas de la Ley, se tendrán en cuenta las siguientes
definiciones:
a) Sistema Concursal.- El Sistema Concursal está conformado por las normas aplicables a
los procedimientos concursales, por los agentes que intervienen en los procedimientos
concursales, así como por las Autoridades Administrativas y Judiciales a las que la Ley y/o sus
normas complementarias o modificatorias asigne competencia.
b) Comisión.- La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y las Comisiones
que se instalen en virtud de convenios. (*)
(*) Literal modificado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
"b) Comisión: La Comisión de Procedimientos Concursales y las Comisiones
desconcentradas de las Oficinas Regionales del INDECOPI."
c) Deudor.- Persona natural o jurídica, sociedades conyugales y sucesiones indivisas. Se
incluye a las sucursales en el Perú de organizaciones o sociedades extranjeras.
d) Acreedor.- Persona natural o jurídica, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y
otros patrimonios autónomos que sean titulares de un crédito.
e) Crédito.- Derecho del acreedor a obtener una prestación asumida por el deudor como
consecuencia de una relación jurídica obligatoria.
f) Actividad Empresarial.- Actividad económica, habitual y autónoma en la que confluyen
los factores de producción, capital y trabajo, desarrollada con el objeto de producir bienes o
prestar servicios.
g) Junta.- Junta de Acreedores.
h) Tribunal.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual del INDECOPI.
i) INDECOPI.- Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual.
j) Ley.- Ley General del Sistema Concursal.
k) TUPA.- Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.
"l) Crédito concursal: Crédito generado hasta la fecha de publicación establecida en el
Artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal.”
(*) Literal l) agregado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
"ll) Crédito post - concursal: Crédito generado con posterioridad a la fecha de publicación
establecida en el Artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal.” (*)
(*) Literal ll) agregado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano.
CAPÍTULO I
APLICACIÓN DE LA LEY
Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la norma y aplicación preferente
2.1 La Ley se aplica obligatoriamente a los procedimientos concursales de los deudores
que se encuentren domiciliados en el país, sin admitir pacto en contrario. No son oponibles
para efectos concursales los acuerdos privados relativos a la sustracción de ley y jurisdicción
peruana.
2.2 No se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las administradoras
privadas de fondos de pensiones, las personas que forman parte del sistema financiero o del
sistema de seguros, y aquéllas a las cuales la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y
Valores - CONASEV otorga autorización de funcionamiento. Asimismo, tampoco se encuentran
comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo las sociedades conyugales y
sucesiones indivisas.(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
cuyo texto es el siguiente:
" 2.2 No se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las entidades que integran
la estructura del Estado, tales como los organismos públicos y los demás entes de derecho
público; las administradoras privadas de fondos de pensiones, las personas que forman parte
del sistema financiero o del sistema de seguros, y aquéllas a las cuales la Comisión Nacional
Supervisora de Empresas y Valores - CONASEV otorga autorización de funcionamiento.
Asimismo, tampoco se encuentran comprendidas en la Ley los patrimonios autónomos, salvo
las sociedades conyugales y sucesiones indivisas." (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
"2.2 No se encuentran comprendidas en la Ley, como deudores, las entidades que integran
la estructura del Estado, tales como los organismos públicos y demás entes de derecho
público; las administradoras privadas de fondos de pensiones, las personas que forman parte
del sistema financiero o del sistema de seguros. Asimismo, tampoco se encuentran
comprendidos en la Ley los patrimonios autónomos, salvo las sociedades conyugales y
sucesiones indivisas."
2.3 En la tramitación y resolución de los procedimientos concursales, las disposiciones
previstas en la Ley se aplicarán preferentemente a cualquier otra norma que contenga
disposiciones distintas.
Artículo 3.- Autoridades concursales
3.1 La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI y las Comisiones creadas
en virtud de los convenios que se celebren con las instituciones, son competentes para conocer
los procedimientos concursales regulados en la Ley. El Tribunal es competente para conocer
en última instancia administrativa.
3.2 Corresponde a la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI regular y
fiscalizar la actuación de las Comisiones creadas en virtud de Convenio, Entidades
Administradoras y Liquidadoras, acreedores y deudores sujetos a los procedimientos
concursales en el ámbito nacional, para lo cual podrá expedir directivas de cumplimiento
obligatorio. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 3.- Autoridades concursales
3.1 La Comisión de Procedimientos Concursales y las Comisiones desconcentradas de las
Oficinas Regionales del INDECOPI son competentes para conocer los procedimientos
concursales regulados en la presente Ley. El Tribunal es competente para conocer en última
instancia administrativa.
3.2 Corresponde a las Comisiones señaladas fiscalizar la actuación de las entidades
administradoras y liquidadoras, deudores y acreedores sujetos a los procedimientos
concursales. La Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI podrá expedir
directivas de cumplimiento obligatorio para regular la actuación de las entidades
administradoras y liquidadoras, así como de los deudores y acreedores antes señalados.
3.3 La competencia de la Comisión para conocer cualquier asunto vinculado a un
procedimiento concursal se extiende hasta la fecha de declaración judicial de quiebra del
deudor o conclusión del procedimiento, salvo en lo previsto en el numeral 125.4 del Artículo
125.”
CONCORDANCIAS: R. N° 0149-2003-CCO-INDECOPI
R. N° 0198-2003-CCO-INDECOPI
Artículo 4.- Habilitación de competencia temporal
4.1 La competencia de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI podrá
ser ejercida temporalmente por las instituciones, públicas o privadas, que el Directorio del
INDECOPI designe con la finalidad de atender la demanda de servicios que pudiera
presentarse por el régimen concursal.
4.2 Para el ejercicio de la competencia referida, dichas instituciones suscribirán un
convenio privado por el cual se establecerá lo necesario para la conformación de una Comisión
cuya estructura corresponda a la señalada por ley para la Comisión de Procedimientos
Concursales del INDECOPI.
4.3 Las prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidades que alcanzan a los
funcionarios públicos integrantes de la Comisión de Procedimientos Concursales del
INDECOPI se extienden a las personas que asuman dichas funciones en las instituciones en
las que se habilite competencia temporal en materia Concursal.
4.4 En los convenios de habilitación de competencia se establecerán los derechos y las
obligaciones de cada una de las partes intervinientes en los mismos. La retribución que
perciban las entidades públicas o privadas con las que se suscriba el respectivo convenio son
de naturaleza civil.
Artículo 5.- Alcance de la habilitación de competencia
5.1 Por efecto de la habilitación a que se refiere el artículo precedente las instituciones
públicas o privadas, con las que se suscriben los convenios correspondientes, ejercen
competencia originaria para conocer los procedimientos previstos en la Ley.
5.2 En situaciones excepcionales, la Comisión de Procedimientos Concursales del
INDECOPI podrá redistribuir la carga procesal de las instituciones entre otras instituciones del
mismo ámbito de actuación territorial.
CONCORDANCIA: DIRECTIVA N° 002-2002-CRP-INDECOPI
CAPÍTULO II
REGLAS DE COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Artículo 6.- Reglas de competencia territorial
6.1 Las Comisiones son competentes para conocer los procedimientos concursales de
todos los deudores domiciliados en el Perú.
6.2 Las Comisiones son competentes también para conocer de los procedimientos
concursales de personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero en caso de que se
hubiera reconocido, por las autoridades judiciales peruanas correspondientes, la sentencia
extranjera que declara el concurso o cuando así lo dispongan las normas de Derecho
Internacional Privado. En ambos supuestos, dicha competencia se extenderá exclusivamente a
los bienes situados en el territorio nacional.
6.3 La Autoridad Concursal peruana será competente para conocer los procedimientos
concursales que se promuevan contra deudores domiciliados en el país, incluso en aquellos
casos en que parte de sus bienes y/o derechos que integran su patrimonio se encuentren fuera
del territorio de la República.
6.4 La competencia de la Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI se
extiende a todo el territorio de la República. Dicha Comisión, mediante directiva, determinará la
competencia territorial de las Comisiones creadas en virtud de Convenio. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
"6.4 El Consejo Directivo del INDECOPI, mediante Directiva, determinará la competencia
territorial de la Comisiones desconcentradas."
6.5 La competencia de las Comisiones se determina teniendo en cuenta el lugar donde se
encuentre domiciliado el deudor. En tal sentido:
a) Si el deudor domicilia en la provincia de Lima o la Provincia Constitucional del Callao, la
competencia corresponderá a cualquiera de las Comisiones Delegadas que funcione en dichas
provincias.
b) Si en la provincia en la que domicilia el deudor no funciona ninguna Comisión Delegada,
la competencia corresponderá a la Comisión Delegada que hubiere en la provincia
territorialmente más cercana, salvo que existiese otra Comisión Delegada que, de acuerdo a
las vías de acceso, resultase más próxima a la provincia en que domicilia dicho deudor.
Artículo 7.- Domicilio
El domicilio del deudor, para efectos de identificar la competencia territorial, será
determinado de acuerdo a los criterios señalados a continuación:
a) Personas jurídicas: El domicilio es la localidad señalada en los estatutos del deudor,
debidamente inscrito en Registros Públicos.
b) Personas naturales, sociedades conyugales y sucesiones indivisas: El domicilio de las
personas naturales y sociedades conyugales es aquel determinado en el Código Civil. El
domicilio de las sucesiones indivisas es el último domicilio conocido del causante.
Artículo 8.- Normas de prevención y contienda de competencia
8.1 En el caso de que se presenten dos o más solicitudes respecto de un mismo deudor
para el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario previsto en la Ley, en dos o más
Comisiones de un mismo ámbito territorial, el procedimiento será seguido ante la Comisión a la
que se presentó la solicitud en fecha anterior. Si las solicitudes fueron presentadas en la misma
fecha, el conocimiento del procedimiento será decidido por el Tribunal.
8.2 En caso de que el procedimiento sea iniciado por acreedores, la contienda de
competencia podrá ser promovida por el deudor únicamente dentro del plazo establecido para
que éste se apersone al procedimiento.
8.3 Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos precedentes, en cualquier momento
anterior a la emisión de la resolución que declara en situación de concurso al deudor, la Sala
podrá declarar nulo lo actuado en el procedimiento sobre el cual considere que no tiene
competencia territorial conforme a las disposiciones de los Artículos 6 y 7, remitiendo el
expediente a la Comisión que resulte competente.
8.4 En ningún caso será válido el acuerdo celebrado entre las partes, referido a la
prórroga de la competencia regulada en el presente artículo.
8.5 Las contiendas de competencia son resueltas por el Tribunal en decisión
fundamentada.
Artículo 9.- Tramitación de pluralidad de procedimientos frente a un mismo deudor
9.1 Cuando se promuevan solicitudes de inicio de procedimientos concursales de distinta
naturaleza frente a un mismo deudor, prevalecerá el procedimiento en que se presentó la
solicitud con fecha anterior, decretándose la suspensión del procedimiento iniciado
posteriormente.
9.2 Si dichas solicitudes hubieran sido presentadas en la misma fecha, prevalecerá el
procedimiento concursal de naturaleza preventiva, decretándose la suspensión del
procedimiento de naturaleza ordinaria.
9.3 Si en el procedimiento en el que se impulsa el trámite no se aprueba el acuerdo global
de refinanciación, o no se declara el acogimiento al concurso, se levantará la suspensión
decretada y se continuará con el trámite del procedimiento subsistente. En caso contrario, los
procedimientos suspendidos concluyen sin declaración sobre el fondo.
9.4 En aquellos casos en los que se haya difundido el inicio de un procedimiento
Concursal conforme al Artículo 32, no procederá el inicio de cualquiera de los procedimientos
regulados por esta norma respecto del deudor cuyo procedimiento fue difundido.
CAPÍTULO III
INFORMACIÓN Y RESERVA DE LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
Artículo 10.- Carácter de declaración jurada de la información presentada
10.1 Toda información presentada tiene carácter de declaración jurada. El representante
legal, el propio acreedor y el deudor, según el caso, serán responsables de la veracidad de la
información y la autenticidad de los documentos presentados.
10.2 El carácter de declaración jurada respecto de la veracidad de la documentación e
información presentada no releva a las partes de desarrollar la actividad probatoria que les sea
exigida por la autoridad concursal.
10.3 La omisión en absolver los requerimientos de la autoridad Concursal, podrá generar
la denuncia por el delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, sin perjuicio de las
sanciones contempladas en el Título VII de la Ley.
Artículo 11.- Reserva e información del procedimiento
11.1 Los procedimientos concursales a pedido de acreedores se tramitarán en reserva
hasta la publicación a que se refiere el Artículo 32. Cautelarán la reserva los funcionarios
públicos que tengan conocimiento del procedimiento y las partes.
11.2 La reserva no impedirá la publicación de edictos cuando se desconozca el domicilio
del emplazado, pero manteniéndose la reserva respecto de la información y documentación
presentada.
Artículo 12.- Declaración de vinculación entre el deudor y sus acreedores
12.1 Para los efectos de la presente Ley, son relaciones que evidencian vinculación entre
deudor y acreedor, las siguientes:
a) El parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre
ambas partes o entre una de ellas y los accionistas, socios, asociados de la otra parte o entre
una de ellas y los accionistas, socios o asociados de la otra o entre quienes ostenten tal
calidad.
b) El matrimonio o concubinato, presente o pasado.
c) La relación laboral, presente o pasada, que implique el ejercicio de labores de dirección o
de confianza.
d) La propiedad, directa o indirecta del acreedor o deudor en algún negocio de su respectiva
contraparte. Están excluidos de esta condición los trabajadores que sean acreedores de las
cooperativas de trabajo a las que hubieran pertenecido.
e) La asociación o sociedad, o los acuerdos similares entre acreedor y deudor.
f) La existencia de contabilidad común entre las actividades económicas de acreedor y
deudor.
g) La integración común de un grupo económico en los términos señalados en la ley de la
materia.
h) Cualquier otra circunstancia que implique una proximidad relevante de intereses entre
acreedor y deudor.
12.2 La existencia de estas relaciones deberá ser declarada por el acreedor y por el
deudor en la primera oportunidad en que se apersonen ante la Comisión. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 12.- Declaración de vinculación entre el deudor y sus acreedores
12.1 Para efectos de la aplicación de la presente Ley, podrá declararse la vinculación entre
el deudor y un acreedor cuando existan o hayan existido relaciones de propiedad, parentesco,
control o gestión, así como cualquier otra circunstancia que implique una proximidad relevante
de intereses entre ambos.
12.2 A título enunciativo y no limitativo son relaciones que evidencian la existencia de
vinculación concursal:
a) El parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad entre
ambas partes o entre una de ellas y los accionistas, socios, asociados de la otra parte o entre
una de ellas y los accionistas, socios o asociados de la otra o entre quienes ostenten tal
calidad.
b) El matrimonio o concubinato.
c) La relación laboral, que implique el ejercicio de labores de dirección o de confianza.
d) La propiedad, directa o indirecta del acreedor o deudor en algún negocio de su respectiva
contraparte. Están excluidos de esta condición los trabajadores que sean acreedores de las
cooperativas de trabajo.
e) La asociación o sociedad, o los acuerdos similares entre acreedor y deudor.
f) La existencia de contabilidad común entre las actividades económicas de acreedor y
deudor.
g) La integración común de un grupo económico en los términos señalados en la ley de la
materia.
12.3 La existencia de estas relaciones deberá ser declarada por el acreedor y por el deudor
en la primera oportunidad que se apersonen ante la Comisión.”
CONCORDANCIAS: D.U. N° 061-2009 (Decreto de Urgencia que precisa la participación
de acreedores en procesos concursales)
Artículo 13.- Acceso a la información Concursal
13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a información relevante para tomar
decisiones en los procedimientos concursales. Es obligación de los deudores y de las
entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 13.- Acceso a la información concursal
13.1 Los acreedores tienen el derecho de acceder a toda la información que requieran para
tomar decisiones en los procedimientos concursales, sin perjuicio de las excepciones
contempladas en la Constitución y en el marco legal vigente. Es obligación de los deudores y
de las entidades administradoras y liquidadoras brindar dicha información."
13.2 En el caso de Juntas, el derecho de información de los acreedores se regula por el
Artículo 52.
CONCORDANCIAS: R. N° 0988-2005-TDC-INDECOPI (Interpretan alcances del derecho
de acceso a la información en los procedimientos concursales)
CAPÍTULO IV
PATRIMONIO SUJETO A LOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES
Artículo 14.- Patrimonio comprendido en el concurso
14.1 El patrimonio comprende la totalidad de bienes, derechos y obligaciones del deudor
concursado, con excepción de sus bienes inembargables y aquellos expresamente excluidos
por leyes especiales.
14.2 El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedad de
gananciales deberá sustituir dicho régimen por el de separación de patrimonios, lo que permita
la identificación exacta de los bienes que integraran su patrimonio comprendido en el
procedimiento. Para tal efecto, el deudor procederá a variar el régimen de sociedad de
gananciales por la separación de patrimonios de conformidad con las exigencias y
formalidades previstas en el Código Civil. Esta condición constituye requisito de admisibilidad
para el caso del deudor que pretenda su sometimiento al régimen Concursal previsto en esta
Ley. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 7 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
"14.2. El deudor cuyo patrimonio se encuentre sujeto al régimen de sociedad de
gananciales deberá sustituir dicho régimen por el de separación de patrimonios, de
conformidad con las exigencias y formalidades previstas en las normas de orden civil, con el
objeto de permitir la identificación exacta de los bienes que integrarán su patrimonio
comprendido en el procedimiento. Esta condición constituye requisito de admisibilidad para el
caso del deudor que pretenda su sometimiento al régimen concursal previsto en la Ley."
14.3 En caso de que fuera emplazado un deudor sujeto al régimen de sociedades
gananciales y se declarara su sometimiento al régimen concursal, deberá proceder a satisfacer
la exigencia prevista en el párrafo anterior de manera previa a la convocatoria a la junta de
acreedores que disponga la Comisión. Durante la tramitación de este procedimiento y en tanto
la exigencia no se satisfaga, los plazos quedarán suspendidos y no será de aplicación la
suspensión de exigibilidad de obligaciones y el marco de protección legal del patrimonio,
regulados en los Artículos 17 y 18 de la Ley.
14.4 En las sucesiones indivisas formarán parte de la masa Concursal los bienes materia
de la herencia.
Artículo 15.- Créditos comprendidos en el concurso
Quedarán sujetas a los procedimientos concursales:
15.1 Las obligaciones del deudor originadas hasta la fecha de la publicación establecida
en el Artículo 32, con la excepción prevista en el Artículo 16.3.
15.2 Las obligaciones asumidas por el deudor derivadas de contratos de arrendamiento
financiero celebrados hasta la fecha indicada en el párrafo anterior, siempre que el titular de los
créditos manifieste expresamente su decisión de incorporar al concurso las cuotas originadas
con posterioridad a la fecha mencionada, con la presentación de la solicitud de reconocimiento
de créditos respectiva, sometiéndose al Plan, Convenio y demás acuerdos que adopte la Junta
a partir de su incorporación.
15.3 En el caso de sucesiones indivisas se considera como obligaciones, además de las
deudas descritas en el Código Civil, las cargas referidas en el Artículo 869 del Código Civil.
Artículo 16.- Créditos generados con posterioridad al inicio del concurso
16.1 Las obligaciones originadas con posterioridad a la fecha mencionada en el primer
párrafo del Artículo 15, serán pagadas a su vencimiento, no siendo aplicables las disposiciones
contenidas en los Artículos 17 y 18, con la excepción prevista en el tercer párrafo del presente
artículo. Las solicitudes de reconocimiento de estos créditos serán declaradas improcedentes.
16.2 Los créditos referidos en el párrafo precedente podrán ser ejecutados a su
vencimiento, respetando el rango de las garantías otorgadas.
16.3 En los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles de
reconocimiento los créditos generados con posterioridad a la fecha en que se efectúa la
publicación establecida en el Artículo 32. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 8 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 16.- Créditos post concursales
16.1. Los créditos post concursales serán pagadas a su vencimiento, no siendo aplicables
las disposiciones contenidas en los Artículos 17 y 18, con la excepción prevista en el tercer
párrafo del presente artículo. Las solicitudes de reconocimiento de dichos créditos serán
declaradas improcedentes.
16.2. Los créditos referidos en el párrafo precedente podrán ser ejecutados a su
vencimiento, correspondiendo a la autoridad judicial encargada de la ejecución el respeto del
rango de las garantías otorgadas.
16.3. En los procedimientos de disolución y liquidación serán susceptibles de
reconocimiento los créditos post concursales, hasta la declaración judicial de quiebra del
deudor o conclusión del procedimiento concursal.”
CONCORDANCIAS: R. N° 0089-2004-SCO-INDECOPI
Artículo 17.- Suspensión de la exigibilidad de obligaciones
17.1 A partir de la fecha de la publicación a que se refiere el Artículo 32, se suspenderá la
exigibilidad de todas las obligaciones que el deudor tuviera pendientes de pago a dicha fecha,
sin que este hecho constituya una novación de tales obligaciones, aplicándose a éstas, cuando
corresponda la tasa de interés que fuese pactada por la Junta de estimarlo pertinente. En este
caso, no se devengará intereses moratorios por los adeudos mencionados, ni tampoco
procederá la capitalización de intereses.
17.2 La suspensión durará hasta que la Junta apruebe el Plan de Reestructuración, el
Acuerdo Global de Refinanciación o el Convenio de Liquidación en los que se establezcan
condiciones diferentes, referidas a la exigibilidad de todas las obligaciones comprendidas en el
procedimiento y la tasa de interés aplicable en cada caso, lo que será oponible a todos los
acreedores comprendidos en el concurso.
17.3 La inexigibilidad de las obligaciones del deudor no afecta que los acreedores puedan
dirigirse contra el patrimonio de los terceros que hubieran constituido garantías reales o
personales a su favor, los que se subrogarán de pleno derecho en la posición del acreedor
original.
17.4 En el caso de concurso de una sucursal la inexigibilidad de sus obligaciones no
afecta la posibilidad de que los acreedores puedan dirigirse por las vías legales pertinentes
contra el patrimonio de la principal situada en territorio extranjero.
Artículo 18.- Marco de protección legal del patrimonio
18.1 A partir de la fecha de la publicación referida en el Artículo 32, la autoridad que
conoce de los procedimientos judiciales, arbitrales, coactivos o de venta extrajudicial seguidos
contra el deudor, no ordenará, bajo responsabilidad, cualquier medida cautelar que afecte su
patrimonio y si ya están ordenadas se abstendrá de trabarlas.
18.2 Dicha abstención no alcanza a las medidas pasibles de registro ni a cualquier otra
que no signifique la desposesión de bienes del deudor o las que por su naturaleza no afecten el
funcionamiento del negocio, las cuales podrán ser ordenadas y trabadas pero no podrán ser
materia de ejecución forzada.
18.3 Si las medidas cautelares, distintas a las señaladas en el numeral precedente, han
sido trabadas se ordenará su levantamiento y la devolución de los bienes involucrados en la
medida cautelar a quien ejerza la administración del patrimonio del deudor. Sin embargo, no
serán levantadas las medidas cautelares mencionadas en el Artículo 18.2, pero no podrán ser
materia de ejecución forzada.
18.4 En ningún caso el patrimonio del deudor sometido a concurso podrá ser objeto de
ejecución forzosa, en los términos previstos en la Ley, con la excepción prevista en el primer y
segundo párrafos del Artículo 16.
18.5 El marco de protección legal no alcanza a los bienes perecibles. En tal caso, el
producto de la venta de dichos bienes será puesto a disposición del administrador o liquidador,
según corresponda, para que proceda con el pago respectivo, observando las normas
pertinentes.
18.6 Declarada la situación de concurso y difundido el procedimiento no procederá la
ejecución judicial o extrajudicial de los bienes del deudor afectados por garantías, salvo que
dichos bienes hubiesen sido afectados en garantía de obligaciones de terceros, con excepción
de los Artículos 16.1 y 67.5.(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
cuyo texto es el siguiente:
" 18.6 Declarada la situación de concurso y difundido el procedimiento no procederá la
ejecución judicial o extrajudicial de los bienes del deudor afectados por garantías, salvo que
dichos bienes hubiesen sido afectados en garantía de obligaciones de terceros, en cuyo caso
podrán ser materia de ejecución como en los supuestos de los artículos 16.1 y 67.5"
18.7 La prohibición de ejecución de bienes no alcanza a las etapas destinadas a
determinar la obligación emplazada al deudor. La autoridad competente continuará conociendo
hasta emitir pronunciamiento final sobre dichos temas, bajo responsabilidad.
Artículo 19.- Ineficacia de actos del deudor
19.1 El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores
del concurso, los gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título
gratuito u oneroso, que no se refieran al desarrollo normal de la actividad del deudor, que
perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por éste dentro del año
anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos
concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la
disolución y liquidación.
19.2 Los actos de disposición que se realicen en virtud a cualquier cambio o modificación
del objeto social del deudor, efectuado en el período anterior, serán evaluados por el juez en
función de la naturaleza de la respectiva operación comercial.
19.3 Podrán ser declarados ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los
acreedores, los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para
acogerse a alguno de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de
emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en
que la Junta nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el
respectivo Convenio de Liquidación, según sea el caso, que se detallan a continuación:(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
cuyo texto es el siguiente:
" 19.3 El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores,
los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para acogerse a alguno
de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue
notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en que la Junta nombre o
ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de
Liquidación, según sea el caso, que se detallan a continuación":
a) Todo pago anticipado por obligaciones no vencidas, cualquiera sea la forma en que se
realice;
b) Todo pago por obligaciones vencidas que no se realice de acuerdo a la forma pactada o
establecida en el contrato o en el título respectivo;
c) Los actos y contratos a título oneroso, realizados o celebrados por el insolvente que no se
refieran al desarrollo normal de su actividad;
d) Las compensaciones efectuadas entre obligaciones recíprocas entre el deudor y sus
acreedores;
e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el insolvente con cargo a
bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito;(*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
cuyo texto es el siguiente:
"e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el deudor con cargo a
bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito;"
f) Las garantías constituidas sobre bienes del deudor, dentro del plazo referido, para
asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha anterior a éste;
g) Las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de su patrimonio, desde la difusión del
concurso; y
h) Las fusiones, absorciones o escisiones que impliquen un detrimento patrimonial.
19.4 El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho del deudor que
en el Registro pertinente aparece con facultades para otorgarlo, no resultará afectado con la
ineficacia a que se refiere el presente artículo, una vez inscrito su derecho.
Artículo 20.- Pretensión de ineficacia y reintegro de bienes a la masa Concursal
20.1 La declaración de ineficacia, y su consecuente inoponibilidad a los acreedores del
concurso, se tramitará en la vía del proceso sumarísimo. La persona o entidad que ejerza la
administración del deudor o el Liquidador, o uno o más acreedores reconocidos se encuentran
legitimados para interponer dicha demanda.
20.2 El juez que declara la ineficacia de los actos del deudor ordenará el reintegro de los
bienes a la masa Concursal o el levantamiento de los gravámenes constituidos, según
corresponda.
CAPÍTULO V
INSCRIPCIONES
Artículo 21.- Inscripción de los actos de inicio del concurso
21.1 Dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la publicación a que se refiere el
Artículo 32, el deudor, bajo responsabilidad, solicitará la inscripción de la resolución que
declara la situación de concurso o su disolución y liquidación en el Registro Personal, los
Registros Públicos en los que se encuentren inscritos sus bienes, cualquier tipo de registros
donde aparezcan bienes o garantías constituidas sobre bienes del deudor y, en su caso, en el
Registro Mercantil o en el Registro de Personas Jurídicas correspondiente.
21.2 Para la inscripción será suficiente copia de la resolución por la cual se inicia el
procedimiento o la disolución y liquidación, según corresponda, y de la publicación a que hace
referencia el Artículo 32.
21.3 Igual obligación recae sobre el deudor en los casos en que los procedimientos
concursales concluyan por inexistencia de concurso o cualquier otra forma de conclusión. Para
la inscripción de la resolución que declara la conclusión del procedimiento por cualquiera de las
formas previstas en la Ley bastará la presentación de copia certificada de dicha resolución, en
la que se señale la fecha en que la resolución quedó consentida o con autoridad de cosa
decidida, según el caso.
21.4 Las inscripciones podrán ser solicitadas por cualquier interesado ante el Registro
correspondiente.
Artículo 22.- Inscripción de acuerdos
El registrador público inscribirá los acuerdos adoptados en Junta, el Plan de
Reestructuración, el Convenio de Liquidación, el Acuerdo Global de Refinanciación y el auto
judicial que declara la quiebra. Para ello, será suficiente la presentación de copia del
instrumento correspondiente, debidamente certificado por un representante de la Comisión.
TÍTULO II
PROCEDIMIENTO CONCURSAL ORDINARIO
CAPÍTULO I
POSTULACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 23.- Inicio del procedimiento
El Procedimiento Concursal Ordinario podrá ser iniciado por el propio deudor o por sus
acreedores, cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.
Artículo 24.- Inicio del procedimiento a solicitud del deudor
24.1 Cualquier deudor podrá solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario
siempre que acredite encontrarse en, cuando menos, alguno de los siguientes casos:
a) Que más de un tercio del total de sus obligaciones se encuentren vencidas e impagas por
un período mayor a treinta (30) días calendario;
b) Que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al
tercio del capital social pagado.
24.2 En caso de que la solicitud sea presentada por el deudor, éste expresará su petición
de llevar a cabo una reestructuración patrimonial o uno de disolución y liquidación, de ser el
caso, teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Para una reestructuración patrimonial, el deudor deberá acreditar, mediante un informe
suscrito por su representante legal y por contador público colegiado, que sus pérdidas
acumuladas, deducidas las reservas, no superan al total de su capital social pagado.
El deudor también especificará los mecanismos y requerimientos necesarios para hacer
viable su reflotamiento, y presentará una proyección preliminar de sus resultados y flujo de caja
por un período de dos (2) años.
b) De no encontrarse en el supuesto del inciso a) precedente, el deudor sólo podrá solicitar
su disolución y liquidación, la que se declarará con la resolución que declara la situación de
concurso del deudor.
Si el deudor solicita su acogimiento al Procedimiento Concursal Ordinario al amparo del
literal a) del numeral precedente, pero tiene pérdidas acumuladas, deducidas reservas,
superiores al total de su capital social, sólo podrá plantear su disolución y liquidación.
24.3 La solicitud que se sustente en una situación distinta de las señaladas en el párrafo
precedente será declarada improcedente.
24.4 Las personas naturales, sociedades conyugales o sucesiones indivisas deberán
cumplir, además, al menos uno de los siguientes supuestos:
a) Que más del 50% de sus ingresos se deriven del ejercicio de una actividad económica
desarrollada directamente y en nombre propio por los mencionados sujetos.
b) Que más de las dos terceras partes de sus obligaciones se hayan originado en la
actividad empresarial desarrollada por los mencionados sujetos y/o por terceras personas,
respecto de las cuales aquellos hayan asumido el deber de pago de las mismas. Se incluye
para estos efectos, las indemnizaciones y reparaciones por responsabilidad civil generadas con
el ejercicio de la referida actividad.
Artículo 25.- Documentos anexos a la solicitud
25.1 El deudor acompañará a su solicitud un Resumen Ejecutivo fundamentando el inicio
del Procedimiento Concursal Ordinario, la viabilidad económica de sus actividades, de ser el
caso y los medios para solventar las obligaciones adeudadas. Asimismo, presentará, en lo que
resulte aplicable, la siguiente documentación:
a) Copia del acta de la Junta de Accionistas o del órgano correspondiente en la que conste
el acuerdo para acogerse al Procedimiento Concursal Ordinario;
b) Nombre o razón social del deudor, su actividad económica, su domicilio y las provincias
en las que mantenga sedes administrativas o realice actividades productivas;
c) Copia del documento de identidad y del poder de su representante legal;
d) Copias del Balance General; Estado de Ganancias y Pérdidas; Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto y del Estado de Flujos de Efectivo, de los dos (2) últimos años; y de un cierre
mensual con una antigüedad no mayor de dos (2) meses a la fecha de presentación de la
solicitud. De tratarse de personas cuyo monto de obligaciones supera las quinientas (500)
Unidades Impositivas Tributarias, los Estados Financieros referidos deberán encontrarse
debidamente auditados y deberá presentarse, además, el dictamen correspondiente;
e) Información acerca de las fuentes de financiamiento a que ha accedido el deudor durante
los dos últimos ejercicios, así como sobre la forma en que se ha acordado el retorno de dicho
financiamiento y el tiempo que se ha destinado para ello;
f) Copia de las fojas del libro de planillas correspondientes al último mes;
g) Una relación detallada de sus obligaciones de toda naturaleza, precisando la identidad y
domicilio de cada acreedor, los montos adeudados por concepto de capital, intereses y gastos
y la fecha de vencimiento de cada una de dichas obligaciones. La relación debe incluir las
obligaciones de carácter contingente precisando en estos casos la posición de ambas partes
respecto de su existencia y cuantía. La información referida tendrá una antigüedad no mayor
de dos (2) meses de la fecha de presentación de la solicitud; así como deberá reflejar las
obligaciones del deudor contenidas en el balance presentado según el literal d) del presente
párrafo y encontrarse conciliada con el mismo;
h) Una relación detallada de sus bienes muebles e inmuebles y de sus cargas y
gravámenes, así como los titulares y montos de los mismos. La información referida tendrá una
antigüedad no mayor de dos (2) meses de la fecha de presentación de la solicitud, así como
deberá encontrarse ajustada a valores contables o de tasación, y señalarse cuál de los dos
criterios se siguió. Dicha información deberá reflejar los bienes del deudor contenidos en el
balance presentado según el literal d) del presente párrafo y encontrarse conciliada con el
mismo;
i) Una relación detallada de sus créditos por cobrar, indicando sus posibilidades de
recuperación. La información referida deberá reflejar los créditos del deudor contenidos en el
balance presentado según el literal d) del presente párrafo y encontrarse conciliada con el
mismo;
j) Documentación que acredite ser contribuyente activo ante la administración tributaria; y
k) Declaración jurada de la existencia o inexistencia de vinculación con cada uno de sus
acreedores, de acuerdo a los supuestos establecidos en el Artículo 12.
25.2 Las relaciones señaladas en los literales g), h) e i) del párrafo precedente, deberán
ser actualizadas a la fecha de difusión del procedimiento.
25.3 Si el solicitante fuera persona natural, sociedad conyugal o sucesión indivisa, no
acompañará la documentación detallada en los literales d), e) y f), que anteceden.
25.4 La información y documentación presentadas deberá ser suscrita por el
representante legal del deudor. La documentación identificada en el literal d) que antecede
deberá ser suscrita, además, por contador público colegiado.
25.5 La totalidad de la información señalada en el presente artículo debe ser presentada,
además, en disco magnético u otro medio análogo según las especificaciones que dé la
Comisión.
25.6 De cumplirse todos los requisitos establecidos en el presente artículo, la Comisión
declarará la situación de concurso del deudor.
Artículo 26.- Inicio del procedimiento a solicitud de acreedores
26.1 Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos,
no hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días siguientes a su vencimiento y que, en
conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a
la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal Ordinario de su
deudor. El desistimiento de alguno de los acreedores que presentó la solicitud, luego de
emplazado el deudor, no impedirá la continuación del procedimiento. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 9 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
"26.1 Uno o varios acreedores impagos cuyos créditos exigibles se encuentren vencidos, no
hayan sido pagados dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su vencimiento y
que, en conjunto, superen el equivalente a cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias
vigentes a la fecha de presentación, podrán solicitar el inicio del Procedimiento Concursal
Ordinario de su deudor. El desistimiento de alguno de los acreedores que presentó la solicitud,
luego de emplazado el deudor, no impedirá la continuación del procedimiento."
26.2 No procede promover el Procedimiento Concursal Ordinario por obligaciones
impagas que se encuentren garantizadas con bienes del deudor o de terceros, salvo que el
proceso de ejecución de dichas garantías resulte infructuoso.
26.3 No procede promover el Procedimiento Concursal Ordinario respecto de deudores
que se encuentren tramitando su disolución y liquidación, al amparo de las disposiciones de la
Ley General de Sociedades.
26.4 La solicitud deberá indicar el nombre o razón, domicilio real y la actividad económica
del deudor con una declaración jurada del acreedor sobre la existencia o inexistencia de
vinculación con su deudor, según el Artículo 12. Acompañará copia de la documentación
sustentatoria de los respectivos créditos e indicará el nombre o razón social, domicilio y, de ser
el caso, el nombre y los poderes del representante legal del solicitante.
Artículo 27.- Emplazamiento al deudor
27.1 Verificada la existencia de los créditos invocados, la Comisión requerirá al
emplazado para que dentro de los veinte (20) días de notificado, se apersone al procedimiento
y, como requisito de admisibilidad, presente la documentación prevista en los literales b), c), f),
g), h) e i) del Artículo 25.1 o en el Artículo 25.3, según el caso, copias del Balance General,
Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto de los últimos dos ejercicios. (*)
(*) Numeral modificado por el Artículo 10 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
"27.1 Verificada la existencia de los créditos invocados, la Comisión requerirá al emplazado
para que dentro de los veinte (20) días de notificado, se apersone al procedimiento y, como
requisito de admisibilidad, presente la documentación prevista en los literales b), c), f), g), h), i)
y k) del numeral 25.1 ó en el numeral 25.3 del Artículo 25, según el caso, copias del Balance
General, Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios
del Patrimonio Neto de los últimos dos ejercicios."
27.2 A solicitud del emplazado, la información relativa a sus estados financieros podrá ser
declarada reservada, siendo obligación del órgano funcional tomar las medidas necesarias
para garantizar la reserva y confidencialidad de la misma, bajo responsabilidad, de acuerdo a lo
establecido en el Artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 807. Declarada la situación de concurso
del deudor, dicha información estará a disposición de los acreedores, quedando
automáticamente sin efecto la declaración de reserva.
Artículo 28.- Apersonamiento al procedimiento
28.1 El emplazado podrá apersonarse al Procedimiento Concursal Ordinario optando por
alguna de las siguientes alternativas:
a) Pagando el íntegro de los créditos objeto del emplazamiento. Si el acreedor se niega a
recibir el pago, el deudor podrá consignar el íntegro del monto emplazado, conforme a las
disposiciones del Código Civil y del Código Procesal Civil, en cuyo caso la obligación quedará
extinguida.
b) Ofreciendo pagar el íntegro de los créditos objeto del emplazamiento. Se otorgará al
acreedor el plazo de diez (10) días para dar su conformidad. El silencio constituirá una
aceptación del ofrecimiento de pago.
c) Oponiéndose a la existencia, titularidad, exigibilidad o cuantía de los créditos objeto del
emplazamiento. El ejercicio de esta opción no enerva el derecho del emplazado a plantear
subordinadamente la alternativa anterior. La Comisión se pronunciará en el mismo acto
administrativo sobre ambos, previo traslado al acreedor.
d) Allanándose a la solicitud.
28.2 Cuando el emplazado opte por la alternativa a) precedente, la Comisión expedirá
una resolución denegatoria de la solicitud de inicio de concurso y declarará concluido el
procedimiento, siempre que se acredite el pago o la consignación de los créditos materia del
emplazamiento.
28.3 Se declarará la situación de concurso bajo los siguientes supuestos:
a) Cuando el acreedor solicitante rechace el ofrecimiento de pago formulado por el
emplazado.
b) Cuando la oposición presentada por el deudor resulte infundada o improcedente y, en
caso éste hubiese optado subordinadamente por la opción prevista en el literal b) del primer
párrafo, la misma haya sido desestimada por el acreedor.
c) Cuando el emplazado reconoce el monto de los créditos materia del emplazamiento y se
allana a la solicitud presentada.
d) Cuando el emplazado no se pronuncia sobre ninguna de las alternativas previstas en este
artículo, dentro del plazo establecido en el Artículo 27.1.
28.4 En cualquiera de los supuestos previstos en el párrafo anterior, se declarará la
disolución y liquidación del deudor en la resolución que declara la situación de concurso,
siempre que sus pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, superen todo su capital social
pagado.
28.5 Si la oposición es fundada se denegará la solicitud de inicio del concurso y se
declarará concluido el procedimiento.
28.6 La conformidad del acreedor con el ofrecimiento de pago da por concluido el
procedimiento, debiendo expedirse resolución denegatoria del inicio del mismo.
Artículo 29.- Compensación de créditos en oposición
Al formular su oposición, el deudor podrá oponer la compensación a efectos de que la
autoridad concursal la declare de manera previa a la declaración de la situación de concurso
del deudor, de conformidad con el Código Civil.
Artículo 30.- Ejecución del apercibimiento dictado en aplicación del Artículo 703 del
Código Procesal Civil
Recibidas las copias certificadas del expediente judicial, la Comisión, en ejecución del
apercibimiento hecho efectivo por el juez en aplicación del Artículo 703 del Código Procesal
Civil, dispondrá la publicación en el Diario Oficial El Peruano del nombre de las personas
sometidas a la disolución y liquidación, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el
segundo y tercer párrafos del Artículo 32.(*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28709, publicada el 12 abril 2006,
cuyo texto es el siguiente:
"Artículo 30.- Ejecución del apercibimiento dictado en aplicación del artículo 703 del
Código Procesal Civil
Recibidas las copias certificadas del expediente judicial, la Comisión, en ejecución del
apercibimiento hecho efectivo por el juez en aplicación del artículo 703 del Código Procesal
Civil, dispondrá la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” del nombre de las personas
sometidas a la disolución y liquidación, siendo de aplicación las disposiciones contenidas en el
artículo 32."
Artículo 31.- Obligación del deudor de presentar información
Declarada la situación de concurso o efectuada la publicación referida en el Artículo 30, el
deudor deberá presentar a la Comisión, si no lo ha hecho antes, en un plazo no mayor de diez
(10) días, la totalidad de la información y documentación señaladas en el Artículo 25, bajo
apercibimiento de multa. (*)
(*) Artículo modificado por el Artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1050, publicado el 27
junio 2008, la misma que de conformidad con su Única Disposición Final, entró en
vigencia a los treinta (30) días siguientes de su publicación en el Diario Oficial El
Peruano, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 31.- Obligación del deudor de presentar información
Efectuada la publicación referida en el Artículo 30, el deudor deberá presentar a la
Comisión, si no lo ha hecho antes, en un plazo no mayor de diez (10) días, la totalidad de la
información y documentación señaladas en el Artículo 25, bajo apercibimiento de multa contra
sus administradores y representantes legales.”
CAPÍTULO II
DIFUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 32.- Difusión del procedimiento
32.1 Consentida o firme la resolución que dispone la difusión del procedimiento, la
Comisión de Procedimientos Concursales del INDECOPI dispondrá la publicación semanal en
el Diario Oficial El Peruano de un listado de los deudores que, en la semana precedente, hayan
quedado sometidos a los procedimientos concursales.
32.2 En la publicación se requerirá a los acreedores que soliciten el reconocimiento de
sus créditos, se les informará sobre el plazo para el apersonamiento al procedimiento y se
pondrá a su disposición en las oficinas de la Secretaría Técnica la relación de obligaciones
declaradas por el deudor.
Artículo 33.- Acumulación de procedimientos concursales
Procede la acumulación de procedimientos iniciados frente a un mismo deudor, luego que
se hubiere difundido cualquiera de ellos, conforme a lo previsto en el Artículo 32. La
acumulación se dispondrá en el procedimiento en el que se hizo la primera publicación. Los
otros procedimientos se tramitarán como solicitudes de reconocimiento de créditos.
Artículo 34.- Apersonamiento de acreedores al procedimiento
34.1 Tienen derecho a participar con voz y voto en la reunión de instalación de Junta y en
las posteriores los acreedores que soliciten el reconocimiento de sus créditos dentro del plazo
de treinta (30) días posteriores a la fecha de publicación del aviso que informa sobre la
situación de concurso, más el término de la distancia, y que hayan obtenido su reconocimiento.
34.2 Igual derecho corresponde al acreedor cuyo crédito dio lugar a la declaración de
situación de concurso o al apercibimiento en aplicación del Artículo 703 del Código Procesal
Civil. En ambos casos los créditos correspondientes serán reconocidos de oficio por la
Comisión.
34.3 Carecerán de derecho a voz y voto en las Juntas quienes obtengan el
reconocimiento tardío de sus créditos.
34.4 No son tardías las solicitudes de reconocimiento presentadas dentro del plazo y
cuyos créditos hayan sido declarados contingentes por la Comisión. Definida la contingencia, el
titular del crédito, podrá participar en las Juntas con derecho a voz y voto. Igual regla rige
respecto de los créditos cuyo reconocimiento se solicitó en forma oportuna, inicialmente
denegados y posteriormente reconocidos en vía de impugnación en sede administrativa o
judicial.
34.5 Cuando se produzca un cambio total o parcial en la titularidad de un crédito
reconocido el nuevo titular tendrá los mismos derechos del acreedor original.
Artículo 35.- Nombramiento de un auditor económico
Los acreedo

ANULACIÓN DE LAUDO ARBITRAL

CAS. Nº 3590-02
LIMA.

Lima, cinco de mayo del dos mil tres.-

LA SALA CIVILTRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA, Vista la causa Número tres mil quinientos noventa - dos mil dos, con el acompañado, en Audiencia Pública de la fecha, y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO.- Se trata del recurso de casación de fojas doscientos cuatro, interpuesto por Compañía Importadora y Exportadora del Perú Sociedad Anónima- CIMEX, contra la resolución de vista de fojas ciento ochentisiete, su fecha dos de mayo del dos mil dos, expedida por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declara Fundada la nulidad de Laudo Arbitral de fecha veintinueve de octubre de mil novecientos noventiocho, seguido por la recurrente con la Corporación de Productos Alimenticios Nacionales PYC Sociedad Anónima; FUNDAMENTOS DEL RECURSO.- Por resolución de esta Sala del diecinueve de diciembre del dos mil dos, se declaró procedente dicho recurso, sólo por la causal de contravención de normas que garantizan el derecho a un debido proceso, prevista en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, respecto a dos de las denuncias formuladas que son las siguientes: a) el artículo setentiuno de la Ley General de Arbitraje, que establece que el plazo para interponer el recurso de anulación del laudo arbitral es de diez días contados desde su notificación; sin embargo, los demandantes con posterioridad a la presentación de su escrito de demanda presentaron escrito ampliatorio, sustentándose en lo dispuesto en el artículo ciento veintidós inciso tercero del Código Procesal Civil, el mismo que no debió tenerse en cuenta pues no es posible ampliar y modificar un recurso de anulación de laudo arbitral, fuera del plazo que establece la ley; y, b) el artículo ciento noventisiete del Código Procesal Civil, pues la Sala de mérito ha efectuado una valoración arbitraria del laudo arbitral cuestionado, al señalar que en el considerando vigésimo primero del mismo aparece que CIMEX no ha cumplido con su obligación de obtener las cesiones de posición contractual de "todos" los contratos de los terceros adquirientes del mercado Arriola, pese a que el laudo arbitral no señala tal hecho, llegando a conclusiones que no se desprenden de dicho laudo y atentan contra el principio de congruencia procesal; y CONSIDERANDO: Primero.- Que, conforme fluye del folio veintitrés de autos Corporación de Productos Alimenticios Nacionales PYC Sociedad Anónima, interpuso ante el órgano jurisdiccional Recurso de Anulación de Laudo Arbitral, con el objeto de que se declare nulo el Laudo de Derecho expedido el veintinueve de octubre de mil novecientos noventiocho suscrito por los árbitros designados, otorgado a favor de la Empresa Compañía Importadora y Exportadora del Perú Sociedad Anónima - CIMEX del Perú Sociedad Anónima; Segundo.- Que, dicho recurso de anulación se sustentó en el artículo setentitrés de la Ley General de Arbitraje Número veintiséis mil quinientos setentidós, alegándose que se había perjudicado su derecho de defensa por haber omitido los árbitros en su pronunciamiento apreciar y definir el sustento de su contestación y reconvención, debiendo anotarse que por Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha veintidós de enero del dos mil uno, expedida en el Expediente Número mil doscientos noventiséis - dos mil - AA/TC, se dispuso su admisión a trámite, al haberse declarado fundada la Acción de Amparo promovida por Corporación de Productos Alimenticios Nacionales PYC Sociedad Anónima contra el Colegiado que desestimó su admisión, según aparece de las copias certificadas de fojas ochentiséis; Tercero.- Que, conforme se advierte del escrito de fojas ciento uno presentado el diecinueve de julio del dos mil uno, la empresa actora amplió su recurso de anulación inicial, señalando que el laudo tampoco se sujetaba al mérito de lo actuado y al derecho, admitiéndose el laudo por la Sala mediante resolución de fojas ciento quince, su fecha tres de setiembre del dos mil uno, corriéndose el traslado respectivo a la parte contraria; Cuarto.- Que, la Sala Superior en su tercer considerando establece que el recurso de anulación de laudo arbitral presentado por la actora se sustenta en el inciso segundo del artículo setentitrés de la Ley General de Arbitraje Número veintiséis mil quinientos setentidós y ciento veintidós inciso tercero del Código Procesal Civil, anulando el mismo por considerar que el Tribunal Arbitral no puede afirmar que la empresa CIMEX ha cumplido con su obligación de obtención de las cesiones de posesión contractual de todos los contratos con los terceros adquirientes de los locales del Mercado Arriola, si no se han tenido a la vista todos esos contratos, por lo que concluye que el laudo no se sujeta al mérito de lo actuado; Quinto.- Que, conforme lo determina el artículo sesentiuno de la Ley General de Arbitraje acotada, el recurso de anulación sólo puede sustentarse en las causales taxativamente establecidas en el artículo setentitrés de la Ley acotada, cuyo objeto es el de revisar su validez sin entrar al fondo de la controversia, estando prohibido la revisión del fondo de la controversia; Sexto.- Que, en el caso de autos, la Sala de mérito no obstante acotar la indicaba prohibición en la resolución impugnada, analiza el convenio arbitral en referencia pues considera que no se ha acreditado el incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa CIMEX por no haberse tenido a la vista todos los contratos de cesión de posición contractual de todos los terceros adquirientes, cuando lo que correspondía era establecer sí se le había perjudicado de manera manifiesta el derecho de defensa de la empresa PYC Sociedad Anónima, al sustentarse su recurso de anulación en la causal prevista en el inciso segundo del artículo setentitrés de la Ley Número veintiséis mil quinientos setentidós; Sétimo.- Que, habiéndose configurado la causal prevista en el inciso tercero del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal, no queda sino declarar la nulidad de lo actuado a tenor de lo previsto en el artículo ciento setentiuno del acotado; que, por lo expuesto, y en aplicación del parágrafo dos punto uno, inciso segundo del artículo trescientos noventiséis del Código Adjetivo: Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto a fojas doscientos cuatro, en consecuencia NULA la resolución de vista de fojas ciento ochentisiete, su fecha dos de mayo del año próximo pasado; MANDARON que la Sala de su procedencia expida nuevo fallo teniendo en cuenta los considerandos de la presente resolución; ORDENARON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Corporación de Productos Alimenticios Nacionales PYC Sociedad Anónima, sobre Nulidad de Laudo Arbitral; y los devolvieron.- SS. ECHEVARRIA ADRIANZEN; MENDOZA RAMIREZ; AGUAYO DEL ROSARIO; LAZARTE HUACO; RACHAS AVALOS C-39241

N° N° EXP. FECHA SOLICITUD SOLICITANTE INVITADO MATERIA FECHA AUDIENCIA 1RA FECHA AUDIENCIA 2DA TIPO DE ACTA N° DE ACTA FECHA DEL ACTA CONCILIADOR FOLIOS

HOJA SUMARIA DEL SERVICIO CONCILIATORIO.

Nombre del Centro:
Periodo(*)(**) :
Año:

MATERIAS PROCEDIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS INICIADOS EN TRAMITE CONCLUÍDOS
A. T. A. P. F.A. I.U.P. I.A.P. D.M.C. TOTAL
Solici tante Invi tado
CIVIL
Convocatoria a Junta o Asamblea (****)
Desalojo
Disolución Contractual (1)
División y Partición de Bienes
Incumplimiento de Contrato
Indemnización
Interdicto
Mejor Derecho a la Posesión
Oblig. de Dar, Hacer, No Hacer (2)
Oblig. De Dar Suma de Dinero (3)
Otorgamiento de Escritura Pública
Rectificación de Áreas
Reinvindicación de Propiedad
Retracto (****)
Ofrecimiento de Pago
OTROS (Anexo 1)
TOTAL

FAMILIA
Alimentos (4)
Liquidac. Soc. Gananciales (5)
Regimen de Visitas
Tenencia de Menor
Ley 29227 para Separación Convencional (6)
OTROS (Anexo 1)
TOTAL FAMILIA

PENAL(Rep.Civil)
Faltas
Delito c.Vida/Cuerpo/Salud
Delito c. Patrimonio
Delito c. el Honor
OTROS (Anexo 1)
TOTAL PENAL

LABORAL***
Despido
Beneficio Sociales
OTROS (Anexo 1)
TOTAL LABORAL

OTROS
Problemas Vecinales
OTROS (Anexo 1)
TOTAL OTROS
TOTAL GENERAL

(1) rescisión, resolución, mutuo disenso (2) obligación de dar no incluye sumas de dinero
(3) incluye pago alquileres y otras deudas dinerarias (4) fijación de pensión, aumento, reducción, extinción, prorrateo
(5) en matrimonio o unión de hecho (6) Ley 29227 para Separación Convencional (Reg. Visitas, Alimentos y Tenencia)
A.T. Acuerdo Total A.P. Acuerdo Parcial F.A. Falta de Acuerdo I.U.P. Inasistencia de una Parte I.A.P. Inasistencia de Ambas Partes D.M.C. Decisión Motivada del Conciliador

Nota: (*) Consignar el 3er Trimestre que corresponde el período del 16 de Junio al 15 de Setiembre y el 4to Trimestre del 16 de Setiembre al 31 de Diciembre.
A partir del año 2009 el envío de las Hojas Sumarias se realizarán en forma TRIMESTRAL teniendo como períodos comprendidos los siguientes:
1er Trimestre (01 de Enero al 31 de Marzo), 2do Trimestre (01 de Abril al 30 de Junio), 3er Trimestre (01 de Julio al 30 de Setiembre) y el 4to Trimestre (01 de Octubre al 31 de Diciembre)
(**) Para los centros que tengan pendiente la entrega de Hoja Sumaria de semestres anteriores, de conformidad al D.S. 004-2005-JUS, el 1er semestre es el periodo comprendido del 16 de diciembre al 15 de junio y el 2do semestre, del 16 de junio al 15 de de diciembre (hasta el 1er Semestre del 2008).
(***) Solo aquellos Centros de Conciliación que cuenten con conciliador especializado en materia Laboral acreditado ante el Ministerio de Justicia y adscrito al Centro.
Anexo 1: Es parte integrante de la hoja sumaria debiendo considerarse y llenarse cuando no se encuentre alguna materia conciliable en la Hoja Sumaria, la cual será consignada en la parte posterior de esta Hoja Sumaria de acuerdo a su materia.
(****) Materia no exigible según Artículo 9º del D.Leg. 1070
(*****) El plazo de entrega del informe estadístico (hoja sumaria), de conformidad con el Art. 30º del D.Leg. N° 1070, será de cinco (05) días hábiles contados a partir del vencimiento de cada trimestre.






FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN

REGLAMENTO DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN ___________

TITULO I
DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN ___________

Artículo 1.- El Centro de Conciliación ________ , ejercerá sus funciones de acuerdo con lo señalado en el presente reglamento o su estatuto, de ser el caso; ciñéndose a lo establecido en la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación modificado por Decreto Legislativo Nº 1070 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS.

El Centro de Conciliación presta sus servicios a título _______ :

TITULO II

DE LAS FUNCIONES DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN

Artículo 2.- El Centro de Conciliación tendrá las siguientes funciones:

1. Prestar el servicio de la Conciliación Extrajudicial, en concordancia a lo establecido por la Ley Nº 26872, Ley de Conciliación modificado por Decreto Legislativo Nº 1070 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS.
2. Velar por el cumplimiento de los Principios y obligaciones establecidos por la Ley de Conciliación, Ley 26872, modificado por Decreto Legislativo Nº 1070 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS.
3. Brindar una orientación eficiente al público usuario, respecto de la Conciliación Extrajudicial.
4. Desarrollar actividades de difusión de la Conciliación, en coordinación con otras entidades públicas o privadas.
5. Enviar al Ministerio de Justicia trimestralmente los resultados estadísticos, a los que hace referencia el artículo 30º de la Ley de Conciliación, concordado con el artículo 56º de su reglamento.

TITULO III
DE LOS ORGANOS DEL CENTRO
CAPITULO I
DEL DIRECTOR

Artículo 3.- La máxima autoridad administrativa del Centro de Conciliación es su Director, quien es Conciliador Extrajudicial quien es elegido mediante acta de ________________________ , para un período de _______ años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Artículo 4.- Son funciones del Director:

a) Dirigir y coordinar todas las funciones del Centro de Conciliación, sin perjuicio de las funciones que se otorguen al Secretario General del Centro.
b) Representar al Centro de Conciliación ante cualquier autoridad administrativa y/o judicial; así como ante un proceso arbitral o un procedimiento conciliatorio.
c) Promover y coordinar con otros Centros, Universidades o similares, y con el MINJUS, actividades de tipo académico relacionadas con la difusión de la Conciliación y la capacitación de los conciliadores.
d) Diseñar, coordinar y dirigir los Cursos de Capacitación Continua para sus Conciliadores.
e) Velar por el correcto desarrollo de las audiencias y por el cumplimiento de los deberes de los conciliadores, así como de las funciones del personal administrativo.
f) Examinar y evaluar a sus aspirantes a conciliadores.
g) Preparar y dirigir los “Encuentros de Actualización Interna” del Centro.
h) Tener a su cargo las evaluaciones finales de los “Encuentros de Actualización Interna”.
i) Poner a disposición del MINJUS cuando éste lo estime conveniente, los expedientes personales de los Conciliadores.
j) Enviar al MINJUS trimestralmente, la información estadística objetiva y veraz, a la que hace referencia el Artículo 30° de la Ley.
k) Designar para cada asunto al respectivo Conciliador.
l) Contratar, rescindir, resolver el servicio de los conciliadores y personal del Centro.
ll) Crear las secretarias que se consideren necesarias y pertinentes.

CAPITULO II
DE LA SECRETARIA GENERAL

Artículo 5.- La Secretaría General estará a cargo del Secretario General, quien es Conciliador extrajudicial, el que es designado por ____________________________ , por un periodo de ______ años.

Artículo 6.- Son funciones del Secretario General:

a) Recibir y darle trámite a las solicitudes de conciliación
b) Notificar la invitación a conciliar, cumpliendo lo establecido en el Artículo 17º del presente Reglamento.
c) Llevar el Registro de Actas y el archivo del mismo.
d) Expedir copia certificada de las Actas de Conciliación y de la solicitud de conciliación de ser el caso.
e) Encargarse de registrar en los expedientes personales de los conciliadores las evaluaciones finales de los “Encuentros de Actualización Interna”.
f) Recibir, seleccionar, ordenar y clasificar las solicitudes de los aspirantes a conciliadores.

TITULO IV
DE LA CAPACITACION A LOS CONCILIADORES

Artículo 7.- Trimestralmente, se llevarán a cabo en el Centro de Conciliación, "Encuentros de Actualización Interna" dirigidos únicamente a sus conciliadores. En ellos, los conciliadores y el equipo multidisciplinario que exista en el Centro de Conciliación, intercambiarán opiniones sobre sus experiencias personales dándoseles a conocer los últimos avances en técnicas de negociación. Asimismo, deberán realizarse clases prácticas y teóricas con su correspondiente evaluación final. El puntaje obtenido en dichas evaluaciones quedará consignado en el expediente personal del conciliador.

Además, el Centro de Conciliación inscribirá a sus conciliadores, como mínimo, en un curso de capacitación al año.

Artículo 8.- Los "Encuentros de Actualización Interna" y los cursos de capacitación a que se refiere el artículo anterior, son de asistencia obligatoria para los conciliadores, y se llevarán a cabo fuera del horario de atención al público.

TITULO V
DEL PROCESO DE CONCILIACION

Artículo 9.- Al formularse la solicitud de la conciliación verbal o escrita, se le asignará un número correlativo y se clasificará según la especialidad.

Artículo 10.- El Director del Centro de Conciliación designará al conciliador hasta el día hábil siguiente de recibida la solicitud, teniendo este último dos días hábiles para cursar las invitaciones a las partes para la realización de la Audiencia de Conciliación.

El Plazo para la realización de la Audiencia no superará los siete días hábiles contados a partir del día siguiente de cursadas las invitaciones, debiendo mediar entre la recepción de la invitación y la fecha de audiencia no menos de tres días hábiles.

Si la solicitud es presentada por ambas partes, la Audiencia de Conciliación, podrá realizarse en el día.

Artículo 11.- El conciliador puede abstenerse o ser recusado por las mismas causales del impedimento o recusación establecidas por el Código Procesal Civil. La solicitud de recusación al Conciliador deberá ser presentada ante el Centro de Conciliación hasta veinticuatro (24) horas antes de la fecha de la Audiencia.

En este caso, el Director del Centro de Conciliación designará inmediatamente a otro Conciliador, debiendo comunicar de este hecho a las partes, manteniéndose el mismo día y hora fijado para la Audiencia.

El Conciliador que tenga algún impedimento deberá abstenerse de actuar en la Conciliación, poniendo en conocimiento la circunstancia que lo afecte, en el día de su designación, al Centro de Conciliación, a fin que el Director del Centro proceda a designar de inmediato a un nuevo Conciliador.

Artículo 12.- Cuando el conciliador no sea abogado, los acuerdos a que se arriben deberán ser supervisados por el abogado del Centro de Conciliación, el mismo que revisará el proyecto de acuerdo, antes de ser presentado a las partes.

No es necesario que el abogado se encuentre presente en las sesiones, ya que sólo velará por la legalidad de los acuerdos adoptados, los que deberán estar claramente descritos.

Artículo 13.- El Centro de Conciliación llevará, bajo responsabilidad, un registro de las Actas de Conciliación, el cual comprende tanto el archivo de las Actas de conciliación, como el libro de Registros de Actas de Conciliación, y custodiará el archivo de expedientes y Actas de Conciliación conforme a lo señalado por el artículo 28° del la Ley N° 26872 - Ley de Conciliación modificado por Decreto Legislativo N° 1070.


TITULO VI
DE LAS FALTAS DE LOS CONCILIADORES

Artículo 14.- Constituyen faltas:

a) El incumplimiento de los deberes de su función detallados en el artículo 32° del Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2008-JUS.

b) No concurrir a la Audiencia de Conciliación sin causa justificada.

c) Pretender cobrar honorarios o tarifas adicionales a las autorizadas por el Centro.

d) Las que se señalen como tales en el Título V: De las Infracciones y Sanciones de los Operadores del Sistema Conciliatorio del Reglamento de la Ley de Conciliación, aprobado por Decreto Supremo N° 014-2008-JUS.

TITULO VII
DE LAS NORMAS DE CONDUCTA PARA LOS CONCILIADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PUBLICO USUARIO

Artículo 15.- El conciliador deberá cumplir con los principios establecidos en el artículo 2° del Reglamento de la Ley de Conciliación, Decreto Supremo N° 014-2008-JUS.

Artículo 16.- El conciliador deberá cumplir sus funciones y sujetar su actuación como tal, conforme a lo prescrito por la Ley de Conciliación y su Reglamento.

Artículo 17.- El personal administrativo mantendrá reserva de todas las cuestiones relativas al procedimiento conciliatorio y los acuerdos a que hayan dado lugar, así como de los documentos que estuvieren a su cargo.

Artículo 18.- Los usuarios deberán cumplir con lo siguiente:
a) Proceder con veracidad, probidad lealtad y buena fe en todos su actos e intervenciones durante la audiencia de conciliación y después de ella.
b) Mantener una posición respetuosa de las reglas que el conciliador establezca a inicio de la audiencia de conciliación, para su mejor desarrollo.
c) Abstenerse de usar expresiones ofensivas o agraviantes en sus intervenciones en contra de terceros.

TITULO VIII
DE LAS TARIFAS

Artículo 19.- La Tabla de Honorarios del Centro de Conciliación comprende los gastos administrativos y los honorarios profesionales del conciliador.

El monto de los Gastos Administrativos es único y comprende lo siguiente:
­ Formato o elaboración de la solicitud de conciliación.
­ Designación del conciliador.
­ Invitación a las partes a las sesiones que correspondan.
­ Expedición de copias certificadas del Acta de Conciliación respectiva cuando haya finalizado el servicio conciliatorio y copia certificada de solicitud de conciliación (de ser el caso).

De los Honorarios del Conciliador:
Entendiéndose a la compensación por la actividad que realiza el conciliador por la prestación de sus servicios profesionales.

El costo de la copia certificada del acta de conciliación que se entrega al final del procedimiento conciliatorio a cada una de las partes está incluido en el pago por gastos administrativos

El Centro de Conciliación deberá colocar en lugar visible para el público usuario la mencionada Tabla.

Artículo 20.- Los honorarios según los tipos de conflicto se podrán establecer en función del siguiente cuadro:


(PROPUESTAS DE TARIFARIOS SE DEBE OPTAR POR UNO DE LOS DOS)

CUADRO 1

TIPO DE CONFLICTO CUANTIFICABLE HONORARIOS DEL CONCILIADOR GASTOS ADMINISTRATIVOS
CIVIL S/. S/.
COMERCIAL S/. S/.
FAMILIA S/ S/.
NO CUANTIFICABLE S/. S/.


EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADAS DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y SU RESPECTIVA COPIA CERTIFICADA DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
S/.


Cuadro 2
Tarifa Única o Tarifa Plana

TIPO DE CONFLICTO CUANTIFICABLE HONORARIOS DEL CONCILIADOR GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUANTIFICABLE S/. S/.
NO CUANTIFICABLE- FAMILIA S/. S/.


EXPEDICIÓN DE COPIA CERTIFICADAS DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y SU RESPECTIVA COPIA CERTIFICADA DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN
S/.



Artículo 21.- Los honorarios serán abonados por el o los solicitantes en el momento de la presentación de la solicitud.

El pago de los honorarios por el solicitante es independiente del acuerdo final al que las partes puedan arribar en el Acuerdo Conciliatorio. Cualquier acuerdo posterior distinto, dará lugar, en todo caso, al reembolso.

Artículo 22.- El Centro de Conciliación podrá disminuir libremente los montos de honorarios y gastos administrativos, si así lo pactasen con los usuarios de sus servicios.


TITULO IX
DEL PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN:

Artículo 23.- Para la expedición de copias certificadas de actas de conciliación y su respectiva copia certificada de solicitud de conciliación, el usuario deberá presentar una solicitud, la cual podrá ser de forma escrita o verbal, cumpliendo para ello con el pago por concepto de expedición de copias certificadas adicionales de actas de conciliación, la misma que será entregado a la parte solicitante dentro del _____ día (s) de presentada la solicitud.

TITULO X

APLICACIÓN SUPLETORIA

Artículo 24º.- Al presente Reglamento, le será de aplicación supletoria lo normado por la Ley 26872º, Ley de Conciliación, modificado por Decreto Legislativo Nº 1070 y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 014-2008-JUS.



OBSERVACIÓN.- Este Reglamento Tipo es sólo un modelo que establece pautas o criterios con carácter no obligatorio. Por ello, se han señalado solamente algunas directivas, debiendo el Centro de Conciliación adecuarse a las leyes vigentes en la materia.

Aprueban Reglamento de la Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías

DECRETO SUPREMO Nº 009-2008-JUS
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 29227 se aprobó la Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías; Que la Disposición Final Única de la Ley Nº 29227 dispone que el Ministerio de Justicia dictará el Reglamento de la mencionada Ley, en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano;
Que, mediante Resolución Directoral Nº 005-2008-JUS/DNAJ, de fecha 03 de junio de 2008, se dispuso constituir la Comisión encargada de elaborar el Proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29277, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías;
Que, mediante Oficio Nº 673-2008-JUS/DNAJ de fecha 11 de junio de 2008, la Comisión remitió al Despacho Ministerial el proyecto de Reglamento de la Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías, compuesto de dieciséis (16) artículos y cuatro (04) disposiciones complementarias finales, para su respectiva aprobación;
De conformidad con lo establecido en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú; en el Decreto Ley Nº 25993, Ley Orgánica del Sector Justicia; y en el inciso 1 del artículo 6 de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo;
DECRETA:
Artículo 1.- Objeto
Apruébase el Reglamento de la Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías, cuyo texto de dieciséis (16) artículos y dos (02) disposiciones complementarias finales es parte integrante del presente Decreto Supremo.
Artículo 2.- Vigencia
Con excepción de lo dispuesto en su artículo décimo sexto, el Reglamento de la Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías, que se aprueba con la presente norma, entrará en vigencia al trigésimo día siguiente a su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por la Ministra de Justicia.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los doce días del mes de junio del año
dos mil ocho.
ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
ROSARIO DEL PILAR FERNÁNDEZ FIGUEROA
Ministra de Justicia
REGLAMENTO DE LA LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO
CONTENCIOSO DE LA SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO
ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES Y NOTARÍAS
Artículo 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación
El presente Reglamento tiene como finalidad normar la aplicación de la Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías.
Cuando en el presente Reglamento se haga mención a la Ley, se entenderá que la referencia alude a la Ley Nº 29227, Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías.
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento, se considerarán las siguientes definiciones:
a) Acta de conciliación.- Documento que expresa la manifestación de voluntad de las partes en la conciliación realizada de acuerdo a la Ley Nº 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2005-JUS. El acta que contenga el acuerdo conciliatorio constituye "Título de Ejecución".
b) Acta notarial.- Instrumento público protocolar, autorizado por el notario que contiene el resultado del acto de ratificación en la separación convencional y, en su caso, la declaración de la misma.
c) Alcalde.- Representante legal de la municipalidad acreditada por el Ministerio de Justicia, elegido en elecciones municipales.
d) Alimentos.- Lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido asistencia médica, educación, instrucción, capacitación para el trabajo y recreación, según la situación y posibilidades de la familia, de acuerdo a ley.
e) Certificado de Acreditación.- Autorización otorgada por el Ministerio de Justicia a las municipalidades distritales y provinciales para llevar a cabo el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior dentro del marco de la Ley y de su Reglamento.
f) Competencia.- Facultad del alcalde o del notario para conocer del procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, establecida en la Ley.
g) Cónyuges.- Varón y mujer que se han unido voluntariamente mediante el matrimonio, a fin de hacer vida común.
h) Copia certificada.- Copia de documento original, expedida y suscrita por autoridad competente.
i) Curatela.- Institución que provee al cuidado de la persona y de los bienes del mayor de edad incapaz declarado interdicto.
j) Declaración jurada.- Manifestación escrita de los cónyuges bajo juramento de que la información proporcionada es verdadera.
k) Días.- Días hábiles.
l) Divorcio ulterior.- Disolución del vínculo matrimonial.
m) Domicilio conyugal.- El último domicilio que compartieron los cónyuges, señalado en declaración jurada suscrita por ambos.
n) Escritura pública.- Instrumento público protocolar, autorizado por el notario conforme lo dispuesto por la ley de la materia.
o) Notario.- Profesional del derecho que está autorizado para dar fe de los actos y contratos que ante él se celebren y para la tramitación de asuntos no contenciosos previstos en la ley de la materia. Su función también comprende la comprobación de hechos.
p) Patria potestad.- Deber y derecho de los padres de cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores.
q) Procedimiento no contencioso.- Procedimiento en el que no existe controversia o incertidumbre jurídica que resolver.
r) Sentencia judicial firme.- Resolución judicial que resuelve una controversia, contra la que no cabe recurso impugnatorio.
s) Separación convencional.- Acuerdo voluntario de los cónyuges para separarse legalmente en su matrimonio.
t) Tenencia de menor.- Derecho, deber y responsabilidad que asume uno de los padres de la niña, niño o adolescente, de velar por su desarrollo integral cuando se encuentren separados de hecho.
Artículo 3.- Solicitantes
De conformidad con su artículo 2, pueden acogerse a lo dispuesto en la Ley los cónyuges que, después de transcurridos dos (02) años de la celebración del matrimonio, decidan solicitar su separación convencional y divorcio ulterior.
Artículo 4.- Competencia
El alcalde distrital o provincial de la municipalidad acreditada, así como el notario de la jurisdicción del último domicilio conyugal o del lugar de celebración del matrimonio, son competentes para realizar el procedimiento no contencioso regulado en la Ley.
Entiéndase por domicilio conyugal el último domicilio que compartieron los cónyuges, señalado en declaración jurada suscrita por ambos.
La solicitud de divorcio ulterior será tramitada ante el mismo notario o alcalde que declaró la separación convencional, de acuerdo a ley.
Artículo 5.- Requisitos de la solicitud
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley, sólo pueden acogerse al procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior los cónyuges que cumplan con los siguientes requisitos:
1) No tener hijos menores de edad o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su Reglamento, respecto a los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores de edad.
2) No tener hijos mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a la Ley Nº 26872 y su Reglamento, respecto a los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad.
Para el caso de estos hijos mayores con incapacidad, los cónyuges deberán contar, además, con la copia certificada de las sentencias que declaran la interdicción de aquellos y el nombramiento de su curador.
3) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales o contar con Escritura Pública de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, inscrita en los Registros Públicos.
Artículo 6.- Anexos de la solicitud
La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, señalando nombre, documentos de identidad, último domicilio conyugal, domicilio de cada uno de los cónyuges para las notificaciones pertinentes, con la firma y huella digital de cada uno de ellos. El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse.
Deberá constar, además, la indicación de si los cónyuges son analfabetos, no pueden firmar, son ciegos o adolecen de otra discapacidad, en cuyo caso se procederá mediante firma a ruego, sin perjuicio de que impriman su huella digital o grafía, de ser el caso.
A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos:
(a) Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges;
(b) Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud;
(c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad;
(d) Copia certificada del Acta o de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera;
(e) Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores, si los hubiera;
(f) Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación respecto de los regímenes de ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad, si los hubiera;
(g) Copias certificadas de las sentencias judiciales firmes que declaran la interdicción del hijo mayor con incapacidad y que nombran a su curador;
(h) Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales;
(i) Testimonio de la Escritura Pública, inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o de liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso;
(j) Declaración jurada del último domicilio conyugal, de ser el caso, suscrita obligatoriamente por ambos cónyuges;
(k) Documento que acredite el pago de la tasa a que se refiere la Disposición Complementaria Única de la Ley, de ser el caso.
Artículo 7.- Presunción de veracidad
Se presume que todos los documentos y declaraciones formuladas por los cónyuges responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, con sujeción a las responsabilidades civiles, penales y administrativas establecidas por ley.
Artículo 8.- Patrocinio legal de los cónyuges solicitantes
En el caso de los procedimientos seguidos en las notarías, la solicitud de separación convencional y divorcio ulterior llevará firma de abogado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Nº 26662, Ley de competencia notarial en asuntos no contenciosos.
En el caso de los procedimientos seguidos en las municipalidades, la solicitud referida en el párrafo que antecede se sujetará a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Artículo 9.- Intervinientes en el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior
En el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior regulado por la Ley intervienen el alcalde, el notario, los cónyuges y/o sus apoderados y los abogados a que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley. Intervendrán, asimismo, el o los abogados que, de ser el caso y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento, hayan designado los cónyuges solicitantes para su patrocinio legal.
Artículo 10.- Procedimiento
El alcalde o el notario que recibe la solicitud a que se refieren los artículos 5 de la Ley y 5 y 6 del presente Reglamento verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley dentro del plazo de cinco (05) días de presentada aquélla, luego de lo cual, en el plazo de quince (15) días, fija fecha, convoca y realiza la audiencia única prevista en el artículo 6 de la Ley.
De no reunir la solicitud de separación convencional y divorcio ulterior los requisitos exigidos por los artículos 5 de la Ley y 5 y 6 del presente Reglamento no continuará el procedimiento.
Artículo 11.- Legalidad de los requisitos de la solicitud
En caso que la separación convencional y divorcio ulterior se solicite en la vía municipal, se requerirá del visto bueno del área legal respectiva o del abogado de la municipalidad, a que se refiere el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Artículo 12.- Audiencia
La audiencia única se realizará en un ambiente privado y adecuado. Su desarrollo deberá constar en Acta suscrita por los intervinientes a que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento. Esta Acta deberá contener la ratificación o no en la voluntad de los cónyuges de separarse. De no ratificarse en dicha voluntad o de expresarse voluntad distinta se dará por concluido el procedimiento dejando constancia en el Acta.
Si fuera el caso, se dejará constancia de la inasistencia de uno o ambos cónyuges a que se refiere el quinto párrafo del artículo 6 de la Ley para efectos de la convocatoria a nueva audiencia prevista en el penúltimo párrafo del mismo artículo.
De haber nueva inasistencia de uno o de ambos cónyuges, se declarará concluido el procedimiento.
En el caso de los procedimientos seguidos en las notarías, el acta notarial de la audiencia a que se refiere el artículo 6 de la Ley será de carácter protocolar y se extenderá en el Registro Notarial de Asuntos No Contenciosos a que se refiere la Ley Nº 26662, declarándose la separación convencional, de ser el caso.
En el caso de los procedimientos seguidos en las municipalidades, se expedirá, en un plazo no mayor de cinco (05) días la resolución de alcaldía declarándose la separación convencional.
El plazo de quince (15) días previsto en el artículo 10 del presente Reglamento será de aplicación en el caso de la nueva audiencia referida en el penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley.
Artículo 13.- Divorcio Ulterior
Transcurridos dos (02) meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial a que se refiere el artículo 12 del presente Reglamento, cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o el notario la disolución del vínculo matrimonial. Dicha solicitud deberá ser resuelta dentro de los plazos máximos señalados en los párrafos siguientes de este artículo.
En el caso de los procedimientos seguidos en las notarías, el notario extenderá, en un plazo no mayor de cinco (05) días, el acta notarial en que conste la disolución del vínculo matrimonial y elevará a escritura pública la solicitud a que se refiere el artículo 7 de la Ley, la misma que tendrá el carácter de Minuta y que se extenderá en el Registro Notarial de Asuntos No Contenciosos.
En dicha escritura pública se insertarán las actas notariales a que se refieren el artículo 12 del presente Reglamento y el párrafo precedente de este artículo.
En el caso de los procedimientos seguidos en las municipalidades, el alcalde expedirá, en un plazo no mayor de cinco (05) días, la resolución que declara la disolución del vínculo matrimonial.
Declarada la disolución del vínculo matrimonial, el alcalde o el notario dispondrá las anotaciones e inscripciones correspondientes.
Artículo 14.- Carácter de la resolución de alcaldía
La resolución de alcaldía que disuelve el vínculo matrimonial, a que se refiere el artículo 13 del presente Reglamento, agota el procedimiento no contencioso establecido por la Ley.
Artículo 15.- Poder por Escritura Pública con facultades específicas
Los cónyuges podrán otorgar Poder por Escritura Pública con facultades específicas para su representación en el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías regulado por la Ley, el mismo que deberá estar inscrito en los Registros Públicos.
Artículo 16.- Régimen de acreditación de las municipalidades
16.1. Son requisitos para que las municipalidades sean acreditadas el contar con un ambiente privado y adecuado para el desarrollo del procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior, así como contar con una Oficina de Asesoría Jurídica con titular debidamente designado o, en su defecto, con un abogado autorizado para dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6 de la Ley.
16.2. Las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales de la provincia de Lima y de la Provincia Constitucional del Callao, serán acreditadas en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de presentar la información que sustenta el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral anterior.
16.3. Las municipalidades distritales del resto del país serán acreditadas en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de presentar la información que sustenta el cumplimiento de los requisitos previstos en el numeral 16.1 del presente Reglamento.
16.4. La Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia es responsable de la acreditación a que se refiere el artículo 8 de la Ley y se encargará de dictar las medidas complementarias y las directivas necesarias para efectos de la acreditación de las municipalidades.
16.5. La Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia emitirá el certificado de acreditación a las municipalidades a que se refiere el artículo 16 .del presente Reglamento.
16.6. El certificado de acreditación tendrá una vigencia de cinco (5) años.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES
PRIMERA.- La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia ejecutará las acciones de difusión y de aplicación de la Ley y del presente Reglamento.
SEGUNDA.- El Consejo del Notariado controlará que los notarios cuenten con un ambiente adecuado para el desarrollo del procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior.

LEY Nº. 29277
LEY DE DIVORCIO NOTARIAL Y ADMINISTRATIVO

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
ha dado la Ley siguiente:
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:
LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE LA SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR EN LAS MUNICIPALIDADES Y NOTARÍAS

Articulo 1".- Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer y regular el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades
y notarlas.
Articulo 2"-- Alcance de la Ley
Pueden acogerse a lo dispuesto en la presente Ley los cónyuges que, después de transcurridos dos (2) años de la celebración del matrimonio, deciden poner fin a dicha unión mediante separación convencional y divorcio ulterior.
Articulo 3".- Competencia
Son competentes para llevar a cabo el procedimiento especial establecido en la presente Ley, los alcaldes distritales y provinciales, asi como los notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal o de donde se celebró el matrimonio.
Articulo 4°.- Requisitos que deben cumplir los cónyuges
Para solicitar la separación convencional al amparo de la presente Ley, los cónyuges deben cumplir con los siguientes requisitos:
a) No tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a Ley, respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores de edad y/o hijos mayores con incapacidad; y
b) Carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar con la Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial.
Articulo 5a.- Requisitos de la solicitud
La solicitud de separación convencional y divorcio ulterior se presenta por escrito, señalando nombre, documentos de identidad y el último domicilio conyugal, con la firma y huella digital de cada uno de los cónyuges.
El contenido de la solicitud expresa de manera indubitable la decisión de separarse.
A la solicitud se adjuntan los siguientes documentos:
a) Copias simples y legibles de tos documentos de identidad de ambos cónyuges;
b) Acta o copia certificada de la Partida de Matrimonio, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud;
c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad;
d) Acta o copia certificada de la Partida de Nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera;
e) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios: o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales; y
f) Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.
Articulo 6.- Procedimiento
El alcalde o notario que recibe la solicitud, verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 5o, luego de lo cual, en un plazo de quince (15) días, convoca a audiencia única.
En caso de que la separación convencional y divorcio ulterior se solicite en la via municipal, se requerirá del visto bueno del área legal respectiva o del abogado de la municipalidad sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.
En la audiencia los cónyuges manifiestan o no su voluntad de ratificarse en la solicitud de separación convencional.
De ratificarse, el alcalde o notario declarará la separación convencional por resolución de alcaldía o por acta notarial, según corresponda.
En caso de inasistencia de uno o ambos cónyuges por causas debidamente justificadas, el alcalde o notario convoca a nueva audiencia en un plazo no mayor de quince (15) días.
De haber nueva inasistencia de uno o ambos cónyuges, declara concluido el procedimiento.
Articulo 7°.- Divorcio ulterior
Transcurridos dos (2) meses de emitida la resolución de alcaldía o el acta notarial, según sea el caso, cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el alcalde o notario la disolución del vinculo matrimonial. Dicha solicitud debe ser resuelta en un plazo no mayor de quince (15) días.
Declarada la disolución, el alcalde o notario dispondrá su inscripción en el registro correspondiente.
Articulo 8°.- Régimen de acreditación
El Ministerio de Justicia emitirá certificado de acreditación a las municipalidades que cumplan con las exigencias reguladas en el Reglamento, el cual constituye requisito previo.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
ÚNICA.- Adecuación de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos
Las municipalidades adecuarán sus Textos Únicos de Procedimientos Administrativos - TUPA para el cobro de las tasas correspondientes al procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior.
DISPOSICIONES MODIFICATORIAS
PRIMERA.- Normas modificatorias del Código Civil y Código Procesal Civil
Modifícase el articulo 354° del Código Civil, en los términos siguientes:
"Articulo 354°.- Plazo de conversión
Transcurridos dos meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional, o la sentencia de
separación de cuerpos por separación de hecho, cualquiera de los cónyuges, basándose en ellas podrá pedir, según corresponda, al juez, al alcalde o al notario que conoció el proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio.
Igual derecho podrá ejercer el cónyuge inocente de la separación por causal especifica."
Modifícase el artículo 580° del Código Procesal Civil, en los términos siguientes:
"Articulo 580°.- Divorcio
En el caso previsto en el primer párrafo del artículo 354° del Código Civil, procede la solicitud de disolver el vínculo matrimonial, después de transcurridos dos meses de notificada la sentencia de separación, la resolución de alcaldía o el acta notarial de separación convencional. El Juez expedirá sentencia, luego de tres días de notificada la otra parte; y el alcalde o el notario que conoció del proceso de separación convencional, resolverá el pedido en un plazo no mayor de quince días, bajo responsabilidad."
SEGUNDA.- Adición del numeral 7 al articulo 1°
de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos
Adiciónase el numeral 7 al articulo 1o de la Ley N° 26662, Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos, en los términos siguientes:
"Artículo 1o.-Asuntos No Contenciosos
Los interesados pueden recurrir indistintamente ante el Poder Judicial o ante Notario para tramitar según corresponda los siguientes asuntos:
(...)
7. Separación convencional ydivorcio ulterior conforme a la Ley de la materia."
Comuniqúese al señor Presidente de la República para su promulgación.
En Lima, a los quince días del mes de mayo de dos mil ocho.
LUIS GONZALES POSADA EYZAGUIRRE
Presidente del Congreso de la República
ALDO ESTRADA CHOQUE
Primer Vicepresidente del Congreso de la República
AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA
POR TANTO:
Mando se publique y cumpla.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los quince días del mes de mayo del año dos mil ocho.
ALAN GARClA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República
JORGE DEL CASTILLO GÂLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros
DISPOSICIÓN FINAL
UNICA.- Reglamento
El Ministerio de Justicia dictará el Reglamento a que hace alusión la presente Ley en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.