Miguel Ángel Soto Palacios
Practicante del Área de Recursos Naturales de Rubio Leguía Normand. Alumno del Sétimo Ciclo de la Facultad de Derecho de la PUCP

Es evidente que el desarrollo de actividades mineras ocasiona frecuentemente una situación de tensión entre el titular minero y las comunidades del área de influencia del proyecto, principalmente debido al temor de que las operaciones agoten recursos, como el agua, a fin de implementar sus procesos productivos.

“El Perú es un país minero y no agrario”, fueron las palabras del presidente Alan García durante la ceremonia de firma del Contrato de Transferencia del Proyecto Minero Las Bambas. Dichas expresiones tajantes describen una situación de tensión y eventual conflicto entres dos actividades económicas que, bajo mirada de muchos, son vistas como no compatibles.

Es así que el problema de los conflictos socio ambientales cobra mayor relevancia cuando enfrenta a una actividad ancestral y con gran valor cultural, como es la agricultura, con la actividad minera, que por su importancia económica es reconocida como de utilidad pública y actor importante e indiscutido de la bonanza que viene experimentando nuestro país en los últimos años, pero a la que también se le achaca la contaminación de las fuentes de agua producto de años de gestión a espaldas de estándares ambientales.

Y es que los referidos conflictos se encienden aún más no solo por las connotaciones sociales y políticas que lo rodean, sino por una consecuencia inevitable del calentamiento global como lo es el agotamiento del recurso hídrico y, además, por la poca conciencia de la necesidad de su aprovechamiento a nivel de cuenca hidrográfica.

Es por ello que vemos que en zonas donde la disponibilidad de agua de por sí ya es limitada para las tradicionales tareas agrícolas y pecuarias, como el sur del país, se suman actividades en las que se requiere uso intensivo de dicho recurso a efectos de desarrollar procesos productivos eficientes, como en el caso de la minería.

Entonces, tenemos que sobre el recurso hídrico convergen todo tipo de actividades que responden a finalidades distintas y, por ende, se enmarcan en políticas sectoriales diferentes. De ello se desprende el primer factor generador de conflictos, aún cuando la novísima normativa de aguas prevé la centralización de la administración y gestión del recurso en una sola autoridad, y que es la gran reticencia de las instituciones públicas por ceder sus cuotas de poder, lo cual genera escasa o nula coordinación en la gestión del agua.

Por tanto, en la competencia por el acceso y gestión del recurso hídrico encontramos que lo que está en juego es la disponibilidad y calidad del mismo. Es así que el derecho de uso de agua otorgado a un titular minero asusta no en función al derecho que ostenta, sino a su capacidad de disponer del recurso y la posibilidad de los otros usuarios de acceder a esta disponibilidad.

El temor a la capacidad de un titular minero de disponer de fuentes de agua, puede explicar que en muchos casos los propios campesinos prefieran, por ejemplo, la desalinización del agua, aunque esto no les traiga beneficios, antes que un reservorio que les podría asegurar disponibilidad más allá de la vida de la operación minera.

Por lo dicho, es evidente que la problemática del acceso a un recurso como el agua trasciende los aspectos meramente técnicos o jurídicos, invadiendo los ámbitos culturales, sociales y de políticas públicas; es decir, nos encontramos ante un tema complejo, que por ser así, debe ser abordado con sumo cuidado.

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Un análisis más completo sobre este tema se encuentra publicado en la edición No. 35 de la Revista Derecho & Sociedad de la Facultad de Derecho de la PUCP

EL ESTADO DE DERECHO EN JUEGO

Los sucesos en Bagua de junio de 2009 tuvieron como saldo trágico la muerte de 25 policías, 5 nativos y 4 civiles, 87 heridos así como 74 detenidos y un incierto número de desaparecidos; dejándose en evidencia las falencias de un Estado que pretendió establecer un orden legal de espaldas a la participación de las poblaciones involucradas.

A más de un año de los referidos acontecimientos, muchos de las causas que lo originaron siguen latentes e incluso van en aumento; el sentir popular frente a la actuación del Estado cae en el total escepticismo y descontento: Nadie cree en el Estado. Las políticas macroeconómicas y la bonanza que se experimenta no se ven reflejadas en los lugares más recónditos de nuestro país, lo cual conlleva a la ampliación de las brechas sociales y el surgimiento de conflictos en un escenario de enfrentamientos frente a los cuales el Estado permanece impávido.

Tomando como punto de partida esta coyuntura, el segundo número de nuestra Revista PÓLEMOS tiene como temática central la “Crisis del Estado de Derecho”, contando para ello con controversiales artículos que analizan el rol que juega el Estado frente a la crisis y debilitamiento del ordenamiento legal.

Siendo así, esperamos que la presente publicación constituya una herramienta para el inicio de un debate en torno a los problemas que afectan la estabilidad de nuestro país y contribuya a su análisis.

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Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de casos reportados las autoridades decidieron no declarar en estado de emergencia a Loreto.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo que una nueva variedad de dengue de origen asiático-americano detectada en Iquitos produce un shock inmediato que podría llevar a la muerte.

El virus que se ha propagado desde Brasil y entrado por el Río Amazonas, difiere de este modo, de los síntomas habituales que presenta una persona que ha contraído dengue, pues no causa hemorragias.

Por ello, Ugarte refirió que el Estado intenta frenar su expansión hacia Pucallpa y Yurimaguas, desde donde podría extenderse a todo el país.

En tal sentido, recordó a la población eliminar adecuadamente sus desechos y tapar los tanques de aguas y otros provisorios para evitar la proliferación de larvas.

Sin embargo, y a pesar de la gran cantidad de casos reportados luego de una reunión de más de tres horas, las autoridades decidieron no declarar en estado de emergencia a la Región Loreto.

Pero acordaron acudir a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para que declaren los hospitales y centros de salud en desabastecimiento inminente.

VIsita nuestra web:

www.revistaderechoysociedad.org/polemos

Mediante Oficio N° 558-2010-SCM-PR, la Secretaría del Consejo de Ministros solicita se publique Fe de Erratas del Decreto Legislativo N° 1097, publicado en nuestra edición del día 1 de setiembre de 2010.

DICE:
“Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto adelantar la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, a todos los Distritos Judiciales del país, con la finalidad de establecer un marco regulatorio uniforme respecto de los delitos que implican violación de derechos humanos.”

DEBE DECIR:
“Artículo 1.- Objeto
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto adelantar la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, a los Distritos Judiciales donde aún no se encuentra vigente y que serán indicados mediante Decreto Supremo, con la finalidad de establecer un marco regulatorio uniforme respecto de los delitos que implican violación de derechos humanos.”

Fuente: Diario Oficial El Peruano, Edición extraordinaria, 14 de setiembre de 2010

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“VIVE LA EXPERIENCIA DyS”

La Asociación Civil Derecho & Sociedad, consolidada con 21 años en la Facultad de Derecho de la PUCP, tiene el agrado de invitarte a participar en nuestro:

Proceso de Convocatoria 2010-2

Buscamos seguir creciendo y te invitamos a formar parte de la Asociación Civil Derecho & Sociedad, donde podrás tener una experiencia única de desarrollo constante, te animamos a que “Vivas la experiencia DyS” con nosotros.
Al ser parte de la Asociación, puedes participar en cualquiera de nuestras comisiones (Economía y Financiamiento, Relaciones Públicas, Eventos, Publicaciones y Proyección Académica) aprovechando tu tiempo con nosotros, complementando la actividad académica con la edición y publicación de una revista semestral de gran nivel, participar en la realización de eventos, seminarios y talleres con muchos temas interesantes que ayudarán a conocer el entorno legal y a hacer de ti un mejor profesional.

¡TE ESPERAMOS, ÉSTE ES TU MOMENTO!

Envía tu CV más consolidado de notas* a: derysoc@pucp.edu.pe hasta el 10 de setiembre, cualquier duda o información sobre el proceso no dudes en escribirnos a la misma dirección.
*Si eres alumno de 1er ciclo de facultad, puedes enviarnos tu consolidado de Generales Letras.

Visita nuestra página web www.revistaderechoysociedad.org

UNA NUEVA ADMINISTRACION DE JUSTICIA


1. ¿Qué es la Justicia?
Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. El fin del Derecho es que se aplique la justicia en un conflicto entre partes, todo lo anterior consiste en establecer los derechos y obligaciones de las partes al interior de los contratos, lo que permitirá resolver la causa según lo acordado.

2. ¿Quién ejerce la Justicia en el Perú?
El Poder Judicial, el Fuero Militar y el Fuero Arbitral.

3. ¿Cómo se ejerce la Administración de Justicia?
La Justicia se ejerce a través de abogados y jueces. En esta administración prima la forma antes que el fondo, y no existe predictibilidad, estos dos hechos apoyan la corrupción porque permiten inclinar la balanza a uno u otro lado.

4. ¿Cuándo se ejerce la Administración de Justicia?
En forma inoportuna, la justicia llega muy tarde y por ende no cumple su función, esta lentitud también apoya al sistema de sobornos, puesto que aun así tengas la razón se pasa dinero para obtener el resultado lo más rápido posible.


Solución del problema:

1. Cambiar al Poder Judicial
2. Incluir un sistema de justicia paralelo que compita con el sistema de justicia estatal.

• ¿Cuál es el sistema propuesto y cuales son sus características más importantes?
El sistema alternativo para solucionar el problema en la administración de justicia es el arbitraje, que a diferencia de la conciliación tiene la facultad de ejercer jurisdicción, es decir, puede resolver un conflicto entre las partes mediante un proceso mucho más rápido.

El Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario viene desarrollando procesos que modificarán dramáticamente la sociedad peruana, puesto que pondrán al alcance de las Pymes y personas naturales la posibilidad de acceder a hacer valer sus derechos en sólo pocos días, esto agilizará los negocios en una forma tal que impulsará al crecimiento económico del país, desde el sector más dinámico de nuestra economía que son los emprendedores.


• ¿Cuáles son las características del proceso propuesto por el Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario.
Velocidad: uno de los puntos fuertes de este proceso es su velocidad, la demanda se admite en el día, luego se emite una resolución que otorga un plazo para la contestación de la demanda y/o recusación del arbitro, a su vez en esa misma resolución se señala fecha para la audiencia única de Conciliación, Puntos Controvertidos, Pruebas y Laudo. Llevada a cabo la audiencia el árbitro puede decidir si señala nueva fecha para la continuación de la audiencia o si considera estar debidamente instruido declara la causa expedita para ser laudada y resuelve inmediatamente lo que da un promedio de resolución de diez días útiles.
Es importante señalar que dicho laudo es inapelable, por lo que en caso de incumplimiento puede ser inmediatamente ejecutado, si se ha otorgado facultades de ejecución para el arbitro, este puede ejecutar por ejemplo el remate de un inmueble en un promedio de cuarenta cinco días adicionales, la entrega de posesión del mismo suele durar otros cuarenta y cinco días. En consecuencia los procesos serán resueltos y ejecutados en plazos sumamente breves, con consiguiente beneficio para el desarrollo sostenible del comercio.

Grado de Seguridad del Proceso

Nosotros consideramos que el grado de seguridad de un proceso está ligado a la eficiencia del mismo, por ejemplo, si demandas el pago de una suma de dinero y ganas el proceso, deberías poder cobrar ese dinero. Este grado de seguridad del cobro de esta suma depende en realidad de que se haya logrado previamente embargar bienes del demandado o que en todo caso existan garantías previas como prendas o hipotecas, que permitan efectivizar el cobro de las acreencias.

Por lo tanto las medidas cautelares resultan ser claves para poder hacer real el cobro. En consecuencia la obtención de las medidas cautelares deben realizarse lo más rápido posible. El Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario otorga medidas cautelares en un promedio de dos días, dentro de estas se tienen las de retención en cuentas bancarias y las de inscripción en registros públicos, de obtenerse estas medidas se tiene un alto grado de seguridad en el proceso, existen otras medidas que por su complejidad o requerimiento del auxilio de las fuerza pública demoran en su ejecución un promedio de cuarenta y cinco días, sin embargo estos plazos son lo más rápido que existe en el mercado.

De la experiencia que tenemos, el trabar medidas cautelares genera una conclusión anticipada del proceso, puesto que el demandado se ve obligado a cumplir su obligación. Por lo tanto el grado de seguridad del Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario es el más alto al que se puede aspirar dentro de la justicia del país.

Predictibilidad

Otra característica importante es que nuestro proceso arbitral da mas importancia al fondo que a la forma, por lo que lo pactado por las partes siempre que no vulnere normas de orden público, resulta ser lo que se aplicara al momento de resolver las causas, a su vez proponemos ciertos contratos tipo para relaciones comunes que permitan un alto grado de predictibilidad en la resolución del conflicto, ya hemos desarrollado contratos de arrendamiento y otros que tienen que ver con la actividad inmobiliaria.

Como se accede al sistema

El acceso al sistema es muy simple basta colocar una cláusula arbitral en su contrato, y al momento de suscribirlo entregar a las partes un reglamento procesal del centro.

La cláusula figura en www.cafiperu.com.pe y el reglamento se puede adquirir en la sede del Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario sito en calle Diez Canseco 442 – oficina 201 Miraflores.

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Dogma Tributario realizará este taller a fin de precisar los conceptos necesarios para comprender los regímenes de perfeccionamiento activo, cálculo del beneficio, requisitos y exigencias relacionadas con el beneficiario del régimen, entre otros. El evento se realizará este viernes 23 de abril. Informes al teléfono 7100200. E-mail: ventas@dogma.com.pe

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