Sinesio López Jiménez
Al elegir a Ollanta, la izquierda trabajó para la derecha sin saberlo y ahora, al combatir y reprimir a los movimientos sociales, el gobierno y la derecha trabajan para la izquierda. A 10 meses del gobierno, con más de una docena de muertos en su cuenta, Humala se parece cada vez más a los gobernantes contra los que insurgió. Ahora ya se puede decir que es un García más y que su captura por las derechas se ha convertido en una metamorfosis a lo Kafka. Llegó al gobierno con el apoyo de los movimientos sociales que hoy combate y reprime. Cuando era candidato afirmó que la protesta social no era un delito y criticó su criminalización por el gobierno de García. Reconoció entonces que los movimientos de protesta canalizaban demandas justas de la población que debían ser atendidas por las empresas mineras y por el Estado. Sostuvo también que la mejor forma de entender y atender las razones de los movimientos de protesta era el diálogo.
El discurso y la política cambiaron con la caída del gabinete Lerner, con la salida de la izquierda del gobierno y el ingreso de Valdés como primer ministro. Se pasó entonces del diálogo a la confrontación, al disparo y a la muerte. Ollanta y Valdés no pueden decir ahora que sus manos no están manchadas de sangre. Ellos comandan y coordinan la ofensiva del Estado contra los movimientos socio-ambientalistas de protesta. Todos los aparatos represivos del Estado se han puesto en movimiento para aplastarlos. Los servicios de inteligencia “siembran” bombas molotov en los aeropuertos o en los municipios, los fiscales incriminan, los jueces se preparan para condenar, el ejército acecha y amenaza (en Cajamarca), la policía reprime, apresa, dispara y mata, la derecha celebra y aplaude. Un diario, que chuponeó probablemente el titular de primera plana a Valdés o al demonio, llegó a decir con sorna y con cinismo: Ya tienen los muertos que buscaban.
Luego de haber dado la orden de disparar contra los manifestantes y de apresar a sus dirigentes, Valdés les ofrece dialogar y “escuchar las demandas de la población” apenas “se restablezca el orden y la paz”. Llama la atención que el Primer Ministro que lleva varios meses en el cargo no conozca hasta ahora las viejas demandas de los constestarios. Está un poco desencaminado y confunde el país con un cuartel y la política con la guerra. En política el orden y la paz es el producto del diálogo que los políticos de raza no temen desplegar incluso en medio de la turbulencia. Restablecidos el orden y la paz, además, no se sabe si los contestarios y el mismo gobierno tengan aún interés en dialogar. Lo que Valdés esté probablemente reclamando es el llamado principio de autoridad, pero éste puede ser reclamado legítimamente en la democracia por alguien que ha sido elegido por los ciudadanos o que tiene un buen desempeño en el cargo. Este no es obviamente el caso de Valdés.
Contra lo que piensan los gobernantes de turno y las derechas, el aparatoso despliegue del Estado contra los movimientos de protesta revela, no fortaleza, sino debilidad y temor porque sienten que han perdido o han comenzado a perder el apoyo de los ciudadanos. Hay algo de eso, pero no es para tanto. Las protestas socio-ambientales son importantes, sin duda, porque ponen en jaque a una de la columnas de la economía primario-exportadora; tienen un apoyo masivo, pero localizado en una provincia o en alguna región (Cajamarca); sus reclamos de respeto al agua, al medio ambiente, a más recursos, son intensos, pero varían de caso en caso y son totalmente atendibles por las boyantes empresas mineras gracias a los buenos precios y a la demanda internacional; sus líderes son dirigentes sociales o político-sociales, pero de ninguna manera terroristas; sus discursos son radicales, pero en modo alguno subversivos; tienen apoyo y resonancia en medios locales (radios principalmente) y en poca prensa de alcance nacional, pero la mayoría de los grandes medios les es ajena y las sataniza; sus formas de acción son despliegues legales de protesta (paros, huelgas, marchas, manifestaciones) y algunas fuertes dramatizaciones (tomas de carreteras, apedreamientos, quema de algún carro), pero no quieren echarse abajo el sistema político y social, sino que quieren hacerlo funcionar.
Su debilidad radica quizá en su poca articulación nacional. Mientras los movimientos socio-ambientales sigan fragmentados, su capacidad de presión y de negociación seguirá siendo limitada. Su fuerza y su eficacia serán mayores a medida que sea mayor su concentración negociadora. Aquí es donde se hace sentir la ausencia de una representación política de los movimientos sociales, esto es, de la izquierda. La cancha está libre, la comida está servida y la izquierda tiene que agradecer al gobierno y a las derechas su torpeza por entregarle en bandeja a los movimientos sociales de protesta. Es probable que de las luchas sociales actuales y de las que se vienen, salga una izquierda unida, representativa, capaz de disputar el poder con éxito en el 2014 y en el 2016. Ha llegado probablemente el momento propicio para formar el bloque de las izquierdas en el Congreso.

Sinesio López Jiménez
La derecha perdió las elecciones, pero gobierna. Todo el secreto radica en el avasallamiento del poder político por el poder económico. El avasallamiento, sin embargo, no obedece sólo a la fuerza estructural del capital sino también a la fragilidad del poder político de Humala. A esto hay que añadir lo que hoy pomposamente se llama la agencia. Existen, por el lado derecho, los actores y los operadores que, aparte de canalizar la fuerza estructural del dinero, ponen su cuota de poder: el control de los medios, de la agenda política y de las organizaciones e instituciones conservadoras. En el otro lado, en cambio, casi no hay nada. Además de la ausencia de bases sólidas del poder político, la fragilidad de los actores y los operadores políticos (con excepciones), comenzando por el Presidente de la República, es espeluznante. Si existe un avasallador es porque hay alguien que se deja avasallar.
Apenas perdió, la derecha se propuso recuperar en la mesa el poder que Humala había ganado legítimamente en la cancha y que tenía (y tiene) miedo ejercer. Para lograr su objetivo, presiona, amenaza y ataca mientras Humala se asusta, retrocede y cede. Así llegaron Castilla y Velarde al manejo de los aparatos económicos del Estado. Ellos son los representantes del capital en el Ejecutivo gracias a los chantajes de la derecha y a los miedos de Humala. La operación se repite cada vez que la derecha quiere avanzar sus piezas en el juego del poder. Vuelve al ataque, apela a los halagos, avanza y toma otros puestos claves mientras Humala vuelve a retroceder, a ceder y conceder. Las permanentes concesiones a los poderosos de siempre han transformado a Humala de repudiado chavista en un honorable estadista (para la derecha).
La verdad es que no hay la derecha sino las derechas que establecen, sin embargo, una especie de división del trabajo entre ellas. Las derechas políticas y mediáticas amenazan, chantajean y atarantan y la derecha económica avanza sigilosamente y coloca a sus hombres de confianza en los puestos de mando del gobierno y del Estado. Lo que pasó con el gabinete Lerner ilustra bien esas movidas. La derecha no estaba satisfecha con el control del MEF y del BCR. Querían tomar el gabinete y sacar a los cuadros de la izquierda del gobierno. La derecha política y mediática desplegó una ofensiva feroz contra ella mientras los representantes de la derecha económica en el gobierno se encargaban de asustar a Humala con el cuento de que si Conga no iba llegaban todas las plagas de Egipto y los daltónicos Servicios de Inteligencia (con Villafuerte a la cabeza) azuzaban las iras de su jefe para que ponga en su sitio a los rojos del gobierno y del país que movían al cotarro social.
Humala cedió, el gabinete Lerner cayó, un fujimorista autoritario, apoyado por los servicios de inteligencia, lo sucedió, la izquierda salió del gobierno y la derecha económica sumó algunos ministerios más. Pero el logro mayor de la derecha en esta operación fue la ruptura de Ollanta con la izquierda, con sus electores y su refugio en las FF.AA. Humala, como todos los militares y los militaristas de todos los pelajes, confunde el poder con las armas. Con ellas se siente seguro, pero resulta que ahora la derecha pretende arrebatarle las armas aprovechando la endeblez política y moral de los ministros que él mismo ha puesto en los ministerios de la coerción. Asistimos a una sorda batalla entre el capital y la coerción en las alturas del poder. No es la dura batalla de los tiempos de Velasco, sino su pálido reflejo.
Luego de la caída del gabinete Lerner, la derecha apostó, a través de rápidas campañas, a homogeneizar el gabinete Valdés, sacando a lo que queda de la izquierda y del progresismo en el gabinete y en el gobierno. Sus logros, sin embargo, han sido sólo parciales. Ensayaron también una agresiva campaña contra el Presidente del Congreso, como para calentar el cuerpo y para bajarle el moño a Daniel Abugattás, uno de los mejores cuadros que tiene el nacionalismo, pero sólo obtuvieron una pequeña victoria parcial. Es probable que, con motivo de la elección del nuevo Presidente del Congreso, la derecha reinicie una ofensiva despiadada contra los representantes más destacados del nacionalismo (Daniel Abugattás, Marisol Espinoza) para demolerlos y busque ahondar la brecha entre el nacionalismo y el toledismo para impedir la formación de una coalición que les permita mantener las riendas del Congreso.
Arrebatar a Humala los ministerios de la coerción es una aspiración audaz de la derecha, casi como quitarle los huevos al águila. Si no lo logra, al menos lo habrá debilitado y desgastado más aún para seguir avanzando en el control de los puestos claves del gobierno y del Estado. ¿Se dejará Humala arrebatar las armas que constituyen su bastión de poder?. Si eso pasara, Humala se convertiría en un pelele a tiempo completo del conjunto de las derechas. Pago por ver.

Sinesio López Jiménez
El nombramiento de los nuevos ministros revela que Humala ha perdido definitivamente el horizonte del cambio, que deambula temporalmente sin rumbo (hasta la hoja de parra se le ha caído) y que ya no tiene cuadros de calidad para el manejo de la cosa pública. Confirma también que el camino autoritario y pro-fujimorista abierto por Valdez se acentúa y que los representantes del capital ganan una pieza más en el juego del poder en el Ejecutivo. Mientras tanto la derecha sigue presionando a Humala para que desaloje a lo que queda de la izquierda, de los nacionalistas descontentos y de los progresistas en el gobierno e incorpore a los cuadros orgánicos de sus propias filas.
El viraje de Ollanta de la centro-izquierda a la centro-derecha es ya indiscutible. Lo que se debate es si ese desplazamiento llegará hasta la derecha pura y dura. Y lo que es más discutible aún es la explicación de ese viraje. Los comentaristas y los analistas (que no son lo mismo) han sugerido dos tipos de explicación: Políticas y estructurales. Entre las políticas se han esgrimido razones de tipo subjetivo del Presidente Humala, y otras de tipo institucional, organizativo y de relaciones de fuerza. Los que creen que la persona de Ollanta explica todo sostienen que él no es de izquierda, que no sabe lo que quiere, que es una persona influenciable (sobre todo por Nadine), que es un hombre pragmático, que es un traidor, que desconfía de los políticos de izquierda, que es un timorato frente a los cambios. Los rasgos personales de los que tienen y manejan el poder cuentan mucho, sin duda, en situaciones caracterizadas por la ausencia de partidos políticos institucionalizados, pero no tienen la fuerza suficiente para explicar un viraje político de enormes consecuencias políticas e históricas.
Un mayor peso explicativo tienen las argumentaciones basadas en la relación de fuerzas (económicas, sociales y políticas) existentes en el país. La derecha controla la política a través de los medios, la vida social mediante una serie de organizaciones conservadoras (la CONFIEP, las iglesias, asociaciones etc.) y la economía a través de las grandes empresas y de los grupos empresariales. Las fuerzas del cambio, por el contrario, carecen del respaldo organizativo e institucional suficiente para impulsar, sostener y defender una propuesta de profundas transformaciones en el país. Para reforzar esta explicación basada en la capacidad política de los actores organizados e institucionalizados, se apela a argumentaciones de tipo estructural.
La teoría de la dependencia estructural sostiene que a los gobiernos de los países capitalistas, incluidos los que buscan gobernar para los de abajo de la escala social, no les queda otra cosa que someterse a la lógica que imponen los dueños del capital. A través de la inversión que determina la producción, el empleo y el consumo de todos, los capitalistas construyen una jaula de hierro de la que no pueden escapar ni la sociedad ni el Estado. Los diversos grupos sociales tienen que modular sus demandas, aspiraciones y acciones de acuerdo al nivel de voracidad de los dueños del capital. La estructura paquidérmica del Estado se mueve también al ritmo de la inversión y de su tasa de rentabilidad. El trade-off que enfrentan los gobiernos entre los impuestos y la inversión es idéntico a la relación entre esta y los salarios. El Estado es colocado en la misma situación de los asalariados.
Los capitalistas que buscan maximizar sus utilidades responden a los aumentos de impuestos con una menor inversión. Pero los gobiernos pueden adoptar políticas que alteran el equilibrio entre la inversión y la distribución del ingreso. De hecho, todos los gobiernos en los países capitalistas desarrollados gravan, a un ritmo diferente, a la parte de las rentas del capital que se invierte y a la parte que se consume. Si el gobierno adopta un impuesto al consumo puro, el efecto más importante es que la tasa de inversión no se ve afectada por este tipo de gravamen, cualquiera que sea su nivel, siempre y cuando los salarios sean constantes. Con este instrumento fiscal, los gobiernos mantienen la tasa de inversión determinada por el mercado, distribuyen el resto de los ingresos de los accionistas a los asalariados y, sobre todo, ponen un pie fuera de la dependencia estructural.
Según Wallerstein y Przeworski el bienestar de los trabajadores se puede lograr tanto bajo el socialismo como bajo el capitalismo democrático siempre y cuando haya una negociación centralizada de los trabajadores y exista un gobierno de la misma orientación que tome las medidas adecuadas sobre los impuestos al consumo de los accionistas y sobre la transferencias de los ingresos a los trabajadores sin afectar la inversión privada e incluso incrementándola. De ese modo queda rota la jaula de hierro de la dependencia estructural y se abre una posible ruta hacia el desarrollo con justicia. Si Humala no hubiera tirado la toalla antes de pelear, el Estado y la mayoría del país estarían en capacidad de recorrer ese camino.

Sinesio López Jiménez
No sólo el gobierno, también el Estado está en disputa. Ganaron los nacionalistas y las izquierdas, pero está gobernando la derecha. La historia escueta es la siguiente: Presión a fondo de toda la derecha sobre el candidato triunfante; resistencia del vencedor durante un mes; siguen las desconfianzas, amenazas y chantajes de la derecha; el electo presidente cede e incorpora a su gobierno a dos representantes del capital en el control de los aparatos económicos del Estado (Castilla y Velarde); se forma un gobierno de centro izquierda, la derecha política y mediática presiona al presidente para desalojar a la izquierda del gobierno; Ollanta cede con “Conga va”, instaura el Estado de emergencia en Cajamarca, deja caer al gabinete Lerner y desaloja a la izquierda del gobierno; y los representantes del capital y una corriente autoritaria y pro-fujimorista (Valdez) ensanchan su poder y controlan el gobierno.
Toda esta apretada historia puede resumirse más aún: Captura del Estado, captura de Ollanta y captura del gobierno. Tres capturas distintas y un solo dios verdadero: el capital. Ella también puede ser vista desde el lado estructural. En el capitalismo toda la sociedad depende de la asignación de los recursos elegidos por los dueños del capital. Las decisiones privadas de inversión tienen consecuencias públicas y de larga duración: determinan las posibilidades futuras de la producción, el empleo y el consumo de todos. Debido a que las posibilidades futuras de consumo dependen de la inversión privada, todos los grupos sociales se ven limitados (en la búsqueda de sus intereses materiales) por el efecto que pueden tener sus acciones sobre la voluntad de invertir de los dueños del capital, la misma que depende, a su vez, de la rentabilidad de la inversión. En una sociedad capitalista, el intercambio entre el consumo presente y futuro de todos pasa por un trade-off entre el consumo de quienes no poseen un capital propio y las ganancias de los que lo poseen, sostienen Michael Wallerstein y Adam Przeworski, dos destacados politólogos de la U. de Chicago.

Estas reglas rígidas se aplican especialmente a los asalariados que cuidan tanto sus salarios futuros como sus ingresos presentes. Si las empresas responden a los aumentos salariales con menos inversión, los asalariados pueden ser los más interesados en moderar sus demandas salariales. Los ingresos futuros de los trabajadores dependen de la realización de los intereses actuales de los capitalistas. En realidad, todos los grupos tienen una dependencia estructural del capital: las minorías que luchan por la igualdad económica, las mujeres que quieren transformar la división del trabajo en el seno de la familia, los viejos que buscan seguridad material, los trabajadores que se esfuerzan por mejorar las condiciones de trabajo, los militares que buscan renovar su armamento. En el capitalismo las condiciones materiales de todo el mundo dependen de las decisiones privadas de los dueños de la riqueza.
La teoría de la dependencia estructural infiere que, debido a que la sociedad en su conjunto depende de los dueños del capital, le pasa lo mismo al Estado. Si los gobiernos tienen intereses particulares y objetivos propios y actúan en nombre de una coalición de grupos o de una clase social, la búsqueda de cualquier objetivo que requiera recursos materiales coloca a los gobiernos en una situación de dependencia estructural. Los políticos que buscan votos deben anticipar el impacto de sus políticas en las decisiones de las empresas debido a que esas decisiones repercuten en el empleo, la inflación y los ingresos personales de los votantes. Incluso un gobierno pro-trabajadores no quiere y no puede comportarse de manera muy diferente de uno que representa a los capitalistas. Si los trabajadores son los que tienen una buena dosis de moderación salarial, un gobierno pro-trabajadores, asimismo, tratará de evitar las políticas que dramáticamente alteren la distribución del ingreso y la riqueza. La gama de acciones que los gobiernos encuentran mejores para los intereses que representan está estrechamente circunscrita, cualquiera que puedan ser esos intereses.
La razón por la cual el Estado es estructuralmente dependiente es que ningún gobierno puede al mismo tiempo reducir las utilidades y aumentar la inversión. Las empresas invierten en función de los rendimientos esperados, las políticas de transferencia de ingresos fuera de los dueños del capital reducen la tasa de retorno y por lo tanto de la inversión. Los gobiernos se enfrentan a un trade-off entre distribución y crecimiento, entre la igualdad y la eficiencia. Ellos pueden negociar una más (o menos) distribución igualitaria de ingresos a cambio de menos (o más) de inversión, pero no pueden alterar los términos de este trade-off: Esta es la tesis central de la teoría de la dependencia estructural. Los gobiernos pueden y deben escoger entre el crecimiento y la distribución de los ingresos, pero el bienestar material de todos depende del crecimiento económico. En la medida que la distribución puede lograrse sólo a costa de crecimiento, todos los gobiernos terminan persiguiendo políticas con efectos redistributivos limitados.
La teoría de la dependencia estructural de la sociedad y del Estado con respecto al capital ha sido esgrimida como crítica del marxismo al capitalismo y es la a vez usada por el neoliberalismo para mostrar las virtudes estructurales del mismo. Wallerstein y Pzreworski no dejan de expresar su sorpresa por la coincidencia de estas contrapuestas perspectivas teóricas sobre el capitalismo. La diferencia entre las dos teorías es que los neoliberales son "pluralistas", esto es, son agnósticos sobre los grupos que tienen el poder de infligir las pérdidas al público mediante la retirada de sus inversiones. Esta diferencia no debe ocultar, sin embargo, el hecho de que ambas teorías entienden de la misma manera la relación entre distribución del ingreso y la inversión.
En un próximo artículo discutiremos esta perspectiva estructural así como la posibilidad de torcerle el cuello desde la política para abrir las puertas a nuevas apuestas que hagan compatible el desarrollo y la democracia.

Sinesio López Jiménez
Hablar de la izquierda peruana como si fuera un sujeto político único es un abuso del lenguaje y un falseamiento de la realidad. Lo que existe es un conjunto de grupos políticos de izquierda con poca o nula articulación entre ellos. En ese conjunto es posible diferenciar subconjuntos diferentes de acuerdo a ciertos criterios relevantes: tradiciones políticas, niveles de autonomía conceptual y política, grados de influencia social, niveles de renovación cultural y política, orígenes sociales, experiencia de gobierno y de gestión pública, grados de radicalidad, etc. Me parece, sin embargo, que el criterio más relevante que reagrupa a las izquierdas de una manera decisiva es su relación con la democracia.
Ese divortium aquarum en el Perú se produjo en los 80. Allí nació, por un lado, la IU que reagrupó a los fragmentados partidos de izquierda y los alineó en la apuesta democrática, no sin ciertas dudas y ambigüedades; y por otro, las izquierdas insurreccionales que nacieron como terroristas (Sendero Luminoso) o se transformaron en tales ( el MRTA). Ese pasado marca el presente y probablemente marque el futuro de las izquierdas en el Perú. Me parece que es totalmente plausible la formación de un agrupamiento de izquierda integrado por antiguas fuerzas provenientes de la IU de los 80 con nuevas fuerzas de izquierda que tienen la misma apuesta: Realizar profundos cambios sociales dentro de las reglas de juego democrático. Es posible también que surjan dos agrupamientos políticos de menor significación política pero de mayor radicalidad que se agrupen en torno a Sendero (Movadef) o a lo que fue el MRTA. Estás serán la izquierda de la izquierda.
Me parece que la izquierda que puede llegar a ser relevante en el escenario político nacional es aquella que impulsa la reforma democrática o el cambio en democracia. Su viabilidad no sólo depende de la existencia de un conjunto de condiciones sociales, políticas y culturales que favorece su emergencia y crecimiento sino también de su capacidad de organizarse como una gran fuerza política nacional y de constituir una alternativa de gobierno en los diversos niveles de gestión. ¿Cuáles son los principales desafíos que debe enfrentar la izquierda para llegar a ser una fuerza política de gravitación nacional?. La respuesta requiere diferenciar el mediano y el largo plazo, por un lado, del corto plazo, por otro, para luego establecer las conexiones necesarias porque, después de todo, el futuro se construye en el presente.
El primer desafío de la izquierda democrática en el mediano y largo plazo es organizarse como fuerza política capaz de incidir en el escenario nacional y de gobernar el Perú en sus diversas instancias en el 2014 y en el 2016. El segundo es la conformación de una vasta coalición social y política que impulse, realice y sostenga un conjunto de reformas profundas que enfrenten y resuelvan los clivajes históricos irresueltos del país. El tercero es la propuesta viable de cambio del actual modelo de desarrollo por otro de desarrollo sostenible e inclusivo. El cuarto es la realización de un Reforma del Estado radical que acabe con la captura del Estado por los representantes del capital y que lo ponga al servicio del bien común y del interés general de todos los peruanos. El quinto es el reconocimiento de la situación pluricultural del Perú dentro de la República unitaria. El sexto es reducir la desigualdad económica y social y acabar con la pobreza y la pobreza extrema. El séptimo es la consolidación de un régimen democrático de calidad para todos. El octavo es el despliegue de la transparencia, de la ética pública y de sanciones ejemplares que permitan luchar contra la corrupción y contra la impunidad.
¿Cuáles son los desafíos del corto plazo?. El primero es la definición precisa del adversario al que la izquierda tiene que enfrentar y derrotar en las actuales circunstancias que vive el país. Me parece que la opinión mayoritaria apunta a la derecha económica, política y mediática. El segundo es el impulso a la unidad de los partidos de izquierda que apuestan al cambio en democracia para tener presencia y voz en la coyuntura. El tercero es la articulación de la izquierda con los movimientos sociales para darles una representación política. El cuarto es conformar un bloque de izquierda en el Congreso que desarrolle con autonomía su rol de representación política y que evite la toma del Congreso por una coalición de la derecha. El quinto es exigir que el gobierno cumpla con el programa de la gran transformación y de la hoja de ruta primigenia.
Es cierto que estos desafíos de la coyuntura pueden cambiar a medida que el gobierno redefina claramente sus alianzas políticas, despida lo que queda de la izquierda, repudie a los nacionalistas de izquierda que aún siguen en el gobierno, se distancie aún más del toledismo y se abra a una coalición explícita o implícita con el fujimorismo y con la derecha política que se agrupa en la Alianza para el Gran Cambio. Me parece que este es un escenario posible que se está cocinando ahora mismo y que bien puede expresarse en el cambio o ajustes en el gabinete actual y particularmente en la nueva directiva del Congreso de la República.
Este es el escenario buscado desde hace un buen rato por la derecha mediática que, como es evidente, tiene un enorme peso en la coyuntura política actual. Sus principales voceros en columnas y editoriales vienen presionando al unísono al presidente Humala para que se sincere en el campo político y ponga a tono a los cuadros del gobierno y del Congreso con su decisión de continuidad del modelo económico liberal. Eso implica, entre otras, el despliegue de la mano dura del gobierno para que pueda funcionar sin cortapisas la mano invisible del mercado. Si este escenario se concretara, cambiarían algunos desafíos de corto plazo y la izquierda pasaría abiertamente a la oposición.

Sinesio López Jiménez
En los países andinos, a diferencia de los países homogéneos (Uruguay, Chile y Costa Rica), el Estado no llega a todo el territorio ni a toda la población, ni como estructura ni como gestor de políticas públicas. Ni por lo que es ni por lo que hace el Estado llega cubrir a todos los ciudadanos. En un tercio del territorio peruano hay una especie de vacío estatal, lo que abre la posibilidad de emergencia de otras formas de dominación (patriarcal, patrimonial, de bandas armadas, de grupos subversivos, etc) ajenas a la dominación moderna, racional, legal y burocrática.
La ausencia del Estado se siente en una gran parte del territorio de la sierra y de la selva. En varias centenas de distritos no hay comisarias, las escuelas son unidocentes, no existe personal médico ni centros de salud, no tienen agua potable ni desagüe, no hay luz eléctrica, no existen caminos rurales, la ley y la justicia no llegan a todos por igual. La ausencia del Estado arrastra otras ausencias: no hay mercado ni desarrollo. Existe una relación directa entre ausencia de Estado y falta de desarrollo. A más ausencia del Estado, menos desarrollo y a menos ausencia estatal, más desarrollo. Los pobres demandan la presencia del Estado como una forma de inclusión.
A otras centenas de distritos el Estado llega mal. Cada ministerio despliega sus políticas sin saber lo que hacen otros ministerios. Educación no sabe lo que hace Salud; ni Justicia, lo que hace Interior; ni Vivienda, lo que hace Transportes. Como no conocen las actividades mutuas, tampoco coordinan, no generan sinergias, ni abaratan costos ni potencian capacidades. Tampoco existe una integración vertical de sus actividades entre los distintos niveles de gobierno (central, regional y local). Todo eso genera una dilapidación de recursos y una política irracional del gasto público. La inversión pública per cápita es mayor en las regiones donde hay menos distritos pobres y es menor donde hay más pobreza. En este caso, como en otros, la inversión estatal es un monumento a la irracionalidad.
En las zonas en donde no está presente el Estado tampoco existe la ciudadanía. Existen electores, pero no ciudadanos. La ciudadanía civil (que tiene que ver con la libertad individual) es muy frágil y la ciudadanía social (que tiene que ver con el acceso al bienestar que produce el país) brilla por su ausencia. La mayoría de ellos demandan más Estado y más comunidad (son comunitaristas-estatistas) como formas de integración. En esas zonas no hay democracia o su calidad es muy baja. La mayoría de la población de las zonas en donde el Estado está ausente no apoya la democracia ni está satisfecha con ella.
¿Qué hacer?. Uno de los horizontes de cambio, propuestos el gabinete Lerner, era acercar el Estado al mundo rural para cerrar la brecha territorial. Con esta finalidad se diseñó el Estado Móvil como una estructura ágil que se proponía articular las políticas sectoriales de salud, educación, seguridad, justicia, saneamiento, electricidad, caminos rurales, agricultura; que se organizaba en redes y que se desplazaba permanentemente en las zonas rurales en donde no hay Estado o éste llega mal.
La articulación del Estado Móvil no era sólo sectorial sino también vertical por niveles de gobierno (central, regional y local). Se propuso un plan piloto en ocho regiones para que el Estado Móvil despegue y verlo en operación, evaluarlo, hacer los ajustes necesarios y extenderlo luego a todo el país. La propuesta quedó en el congelador del despacho presidencial. En su lugar, Humala ha sugerido la organización de los tambos rurales para atender algunas emergencias (friaje, sequías, etc), propuesta que, a todas luces, no tiene el punche necesario para cerrar la brecha territorial del Estado.
El Estado Móvil hacía parte de la propuesta de una Reforma del Estado en serio que buscaba desprivatizar el Estado para convertirlo en el espacio del bien común y del interés general, defender la soberanía y el Estado-nación como el lugar en donde se desarrolla la democracia y se ejerce la ciudadanía, modernizar todos sus aparatos para hacerlos eficientes y creíbles, democratizarlo para que todas las políticas públicas sean de calidad y lleguen a todos, convertirlo en un efectivo Estado de Derecho, hacer del Estado un promotor del desarrollo y de la competitividad, descentralizarlo, reconocer la situación multicultural del Perú dentro de la república unitaria, garantizar la seguridad externa e interna. Como se ve, una profunda reforma del Estado va más allá de una mera reforma burocrática y supone cambios drásticos en las relaciones de poder dentro de los aparatos del Estado y entre ellos, los poderes fácticos y los ciudadanos.

Sinesio López Jiménez
VRAE, Conga y Doe Run son puntas de un iceberg que han producido una parálisis decisoria en el gobierno que, al parecer, no sabe qué hacer. El “gabinete de la cohesión” hace rato que ha desaparecido, desconcertado por una activa y persistente oposición social a sus políticas neoliberales, aguijoneado por la presencia de grupos terroristas en las zonas en donde el Estado no existe y devorado por las ambiciones y tensiones de sus circuitos de poder y por la ausencia de un director de orquesta.
Los ministros que representan directamente al capital en el gobierno no saben qué hacer con Doe Run y Conga cuando tienen un pueblo movilizado que pone límites a las arbitrariedades y a las voracidades de los mineros. En el caso de Conga los cajamarquinos no quieren a la mina porque daña su hábitat, su agricultura, su medio ambiente y los beneficios que genera no compensan los daños que ella produce en la región. En el caso de Doe Run, por el contrario, la gente pide que la fundición funcione porque en la Oroya ella vive de su trabajo en las minas. Los ministros del capital quieren lo que la población rechaza. Quieren imponer la mina en Cajamarca y cerrar la de la Oroya. ¿Para quien gobiernan?.
Ante esta situación de parálisis, la derecha busca desplegar la política de siempre: disparar y matar a quien se opone e imponer el orden a como dé lugar. Esa política tiene, sin embargo, un límite político claro cuando la oposición es masiva. El arma es la violencia, pero el poder es el número. Claro que no faltan locos y energúmenos que quisieran disparar sobre la multitud para acabar con los cholos y los caviares, pero creo que ellos todavía no están el gobierno o, en todo caso, no constituyen aún una mayoría en él. La salida autoritaria que se impuso el 4 de Diciembre con la declaración del Estado de emergencia, primero, y con el gabinete Valdés, después, ha desembocado en un callejón sin salida. Eso explica que ahora algunos ministros quieran volver al diálogo con Santos, el presidente de la región al que buscaron destruir. Bienvenido el uso público de la razón.
Lo que sucede en el VRAE es una vergüenza. Un pequeño grupo terrorista secuestra a 36 trabajadores de una empresa, los libera luego de haber negociado con ella o con su aseguradora el pago de un monto de dinero y la presencia de la prensa para divulgar sus hazañas, ataca y asesina a los efectivos de la policía y del Ejército, los humilla, huye y el gobierno no ha detenido a ningún terrorista hasta ahora. El problema tiene una historia de más de 20 años, pero los diversos gobiernos y las FF.AA. no han podido resolverlo. Los actuales ministros de Defensa e Interior están más perdidos que los anteriores y no tienen una idea de lo que hay que hacer en su sector porque el gobierno no tiene una política definida y está jugando a la gallinita ciega. ¿De dónde han sacado ese Ministro del Interior?.
El problema parece pequeño pero esconde un problemón: la ausencia del Estado en más de un tercio del territorio y la debilidad del mismo en donde existe. Este un viejo drama que viene desde el nacimiento mismo de la república. El Perú nació a la vida independiente con tres brechas, dos de las cuales hasta ahora no puede superar: la brecha étnica y racial, la socio-política y la territorial. Nacimos como un Estado de criollos divorciado de la población andina, como una república en una sociedad de esclavos y de siervos campesinos y sin un cuerpo estatal que ocupe y atienda a todo el territorio geográficamente difícil y socialmente fragmentado. Hay muchos procesos económicos y sociopolíticos en la base, pero si hubiera que personificar la liberación de los esclavos y de los siervos del mundo rural no hay que olvidar dos nombres: Castilla y Velasco. Sí, el mismo que odia tanto la derecha
Las otras brechas (la étnico-racial y la territorial) se mantienen en pie, pero es posible superarlas. La solución es política. Cuando el Estado se identifique con la población mayoritaria del país y las élites gobiernen para ella se habrá comenzado a superar esas brechas. Decirlo es fácil, pero hacerlo es difícil. Yo esperaba que Ollanta Humana lo intentara desde su gobierno impulsando una reforma radical del Estado (acabando con su captura por parte del capital, extendiendo la modernidad a todos sus aparatos, democratizándolo y haciendo que todas las políticas públicas [las políticas sociales y la ley] de calidad lleguen a todo el territorio y a toda la población, descentralizándolo, reconociendo la multiculturalidad compleja del país, haciéndolo eficiente y creíble y acabando con la corrupción), pero me equivoqué. La propuesta del Estado móvil mantiene, sin embargo, su vigencia.