El pasado 25 de agosto se dio la exposición sobre la Política y Programa General de Gobierno ante el Congreso de la República a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la que se basa en cuatro “horizontes del gobierno” o “ejes de administración“ los cuales son: primero, el crecimiento con inclusión social en democracia; segundo, la igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales alineadas con los objetivos del milenio; tercero, la concertación económica y social en el ámbito nacional regional y local; y cuarto, el rencuentro histórico con el Perú rural. En este discurso también se expusieron políticas para la gran transformación:

(i) Crecimiento, políticas sociales e infraestructura para la inclusión;
(ii) Empresas del Estado competitivas y eficientes;
(iii) El gasoducto surandino;
(iv) La soberanía energética;
(v) Las principales ofertas en política social;
(vi) La Política Agraria;
(vii) El Fomento del empleo para el alivio a la pobreza;
(viii) La Universalización del acceso a la salud;
(ix) Las Políticas de género y combate frontal contra el feminicidio y la violencia contra los niños;
(x) La Reducción del déficit habitacional;
(xi) Aprovechar la apertura comercial;
(xii) El Flujo de Tres millones y medio de turistas;
(xiii) La Reducción de la brecha de la Infraestructura;
(xiv) Las Redes estatales para el Perú rural;
(xv) Las grandes regiones territoriales para el desarrollo;
(xvi) Pacto para un futuro limpio;
(xvii) La Revolución educativa;
(xviii) Seguridad para todos;
(xix) Democratización del Estado y Reforma Política;
(xx) Ataque frontal contra la corrupción;
(xxi) Política exterior para la integración;




La política de lograr Empresas del Estado competitivas y eficientes nos dice su aparente exclusividad en materia de competitividad, pues se orienta solamente a las Empresas del Estado no especificando si serán algunas de derecho público (Banco de la Nación, FONAFE); o algunas de derecho privado (COFIDE, ENAPU, SEDAPAL, CENTROMIN PERU, PETROPERU, ELECTROSUR, SIMA-PERU, etc) sabiendo que este concepto de competitividad y eficiencia no es privilegio de un grupo de empresas sino que involucra a otros objetivos como son la modernización y la simplificación administrativa aplicables a cualquier tipo de organización más aún en aquellas que lo requieran con mayor incidencia.

Hubiese sido oportuno que dicha política sobre competitividad y eficiencia no sólo se dirija a las Empresas del Estado a través de la mejora del gobierno corporativo reinvirtiendo sus utilidades u ofertando porcentajes de sus acciones en Bolsa como una opción de financiamiento, sino que también haya comprendido al resto de Entidades del Estado que también necesitan estar inmersas en ese concepto de “competitividad”, “eficiencia” y trato “gerencial”, como son: los Ministerios, Organismos Públicos Descentralizados, Programas y Proyectos, Universidades; así como las organizaciones del Poder Legislativo, Poder Judicial, Organismos Constitucionalmente Autónomos, Gobiernos Regionales y Locales. Estas otras Entidades son las que mayormente dan la cara al ciudadano o cliente externo individual y necesitan el apoyo del Estado en materia de competitividad y eficiencia. Puede inferirse que no todas las Empresas del Estado como una PETROPERU tienen contacto directo con el ciudadano o algún cliente individual, salvo excepciones – según su misión - como son el Banco de la Nación o SEDAPAL.

Por otro lado, en el rubro de “Democratización del Estado y Reforma Política” del Programa de Gobierno expuesto por la PCM, se menciona que “el gobierno iniciará una Reforma Democrática del Estado. Nos proponemos desprivatizar, modernizar, democratizar y generar eficazmente el aparato del Estado, organizándolo para todos los ciudadanos, haciendo que funcione con eficacia, que la justicia y políticas lleguen al país, e impulsar el desarrollo de una carrera pública de calidad”, dando vistos de preocupación sobre las otras Entidades del Estado en el tema. No obstante a ello, no se distingue finalmente como se articulará esta política con los avances existentes en modernización del aparato Estatal, más bien se menciona una “Reforma Democrática” que tampoco permite inferir cómo se realizará. Duro reto a tratar, dado que en la gestión pública los procesos de organización y dirección son los más pesados de modificar debido a la estructura rígida ya estandarizada del aparato estatal y presupuesto que involucra. Los procesos de organización y dirección también son los que generan mayor afectación sobre el recurso humano debido a factores como aspectos de carrera pública, diversidad de regímenes laborales, procedimientos administrativos existentes y conducción del personal.

Siendo así, se releva la necesidad de conocer cuál sería el enfoque y objetivo macro con los cuales deba abordarse de manera integral y común los ejes y políticas del discurso de la PCM para el caso del resto de Entidades Públicas, sin perder de vista la Modernización del Estado y la Simplificación Administrativa como elementos para lograr Competitividad y Eficiencia. En la gestión pública sin embargo, los procesos de planificación, ejecución y control si permiten un alto alineamiento con la razón de ser y filosofía de trabajo de cualquier Entidad del Estado: el ciudadano, administrado o beneficiario (como quiera identificársele), en otras palabras, el “recibidor” de todo servicio público brindado o, servicio dirigido directa o indirectamente por todo el aparato estatal. Esto es como algo análogo a una política de calidad sobre clientes externos que obra como motor de los servicios que ofrece la empresa privada exitosa o en constante mejora.

Teniendo en cuenta la existencia de la definición de Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento (Decreto Supremo N° 027-2007-PCM) que en su art° 10 establece la Política en materia de Simplificación Administrativa y el Decreto Supremo N° 025-2010-PCM que modifica el numeral 10 de su artículo 2°, que establece como ámbito de aplicación a todas las Entidades que conforman la Administración Pública, señaladas en el artículo I del Título Preliminar de la Ley de Procedimientos Administrativos, Ley N° 27444. Siendo así, ¿por qué entonces el Programa de Gobierno sólo considera a las Empresas del Estado en materia de eficiencia y competitividad, y no mencionó también al resto de Entidades del Estado?, ¿cómo se articularán las políticas de obligatorio cumplimiento que ya se han venido trabajando con las del Programa de Gobierno de la PCM?.




Cabe anotar que, en el marco de la intención que también se desprende de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado (Ley N° 27658) publicada en el año 2002, se ha dado esfuerzos de trabajo progresivos generados desde las diversas Entidades del Estado, no sólo desde las Empresas del Estado; a ello se suman otros esfuerzos generados desde la propia PCM en diversos campos de aplicación a la sociedad mediante servicios integrados muy interesantes muchos ya implementados y otros aún en proceso. Por ejemplo, tenemos al Portal de Servicios al Ciudadano – Ventanilla Única del Estado, MAC (Centro de mejor atención al ciudadano), TRAMIFACIL (Portal Electrónico, que brinda información sobre los avances de la Simplificación Administrativa en el país, así como las normas y herramientas técnicas que facilitan el rediseño de los trámites que vinculan a las empresa con el Estado contribuyendo a mejorar el clima de negocios en el Perú), VUCE (Ventanilla única de Comercio exterior) así como la VUS (Ventanilla Única Social) o el proyecto RUFE (Registro Único de funciones del Estado), entre otros resultados, todos en pro de facilitar una llegada mejorada y adecuada al ciudadano, basados en una articulación de los servicios brindados por todas las Entidades del Estado. A estos avances se suman otras disposiciones como por ejemplo, la aplicación de normas de inclusión ciudadana como la Obligación de las Entidades del Sector Público de contar con un Libro de Reclamaciones (Decreto Supremo N° 042-2011 – PCM) o la aprobación de lineamientos estratégicos como el Plan Nacional de Simplificación Administrativa (Art° 3 del DS N° 025-2010-PCM) y su supervisión (Art° 4 del DS N° 025-2010-PCM).

Siendo así, muchas de las entidades de la administración pública en sus distintos niveles de gobierno han venido tomando acciones en materia de mejora y modernización, desde antes de la publicación de estas últimas disposiciones. Una muestra de ello puede verse en el Concurso anual de Buenas Prácticas en Gestión Pública organizado por la Asociación Ciudadanos al Día que ya se ha convertido en un referente de gestión pública y que desde el año 2005, identifica, reconoce, califica y premia experiencias estatales exitosas así como a los funcionarios públicos que las hicieron posible; promueve también el Ranking CAD, que es una herramienta de evaluación que mide la satisfacción que brindan las entidades públicas. Este concurso es una gran vitrina para que la ciudadanía conozca los esfuerzos que hace el Estado por ella, no obstante, si preguntásemos a la ciudadanía si realmente conoce estos esfuerzos muy probablemente la respuesta sería negativa. Sin embargo, si le preguntásemos sobre la percepción de calidad que tiene respecto a los servicios públicos brindados por el Estado, el mayor porcentaje de la ciudadanía opinaría que la atención que brindan las Entidades Públicas se mantiene igual, resultado que aún se encuentra por encima de alguna mejora perceptible (RankinCAD 2008, 2010).




Surgen algunas preguntas aún válidas: ¿por qué entonces, habiendo entidades que ya han mostrado cambios en sus procedimientos y servicios a través de innovaciones o mejora de prácticas, aún no se percibe una sustancial mejora de los mismos a nivel de aparato estatal por parte del ciudadano?, ¿qué falta entonces?, ¿será un tema de decisión política, gerencial o de desarrollo de capacidades operativa y ejecutora?, ¿será el factor de competencias funcionales dentro de la organización o de competencias del recurso humano directivo, gerencial y técnico?, ¿será que el asedio de las acciones de control institucional y auditorias continúen permitiendo interpretaciones a las normas internas que no sintonizan con las acciones de simplificación y/o mejora continua que se proponen implementar?, ¿será que habrá resistencia por temores ocultos y razonables?, ¿acaso la normativa interna o externa así como la experiencia interna dentro de la administración pública contribuye a generar resistencias a los cambios e iniciativas?, ¿cómo se dará la continuidad en materia de Simplificación administrativa y mejoramiento continuo en el aparato estatal respecto a los avances del gobierno anterior?.



Fuente (1)

Al final, cada Entidad puede desarrollar mejoras importantes en sus procesos y procedimientos internos, tal como se viene demostrando en la realidad, más allá de la exigencia normativa y temor a interpretarla como ella muchas veces supone toda vez que, prevalece un principio de mejoramiento continuo en cada entidad, principio que corresponde al concepto de Competitividad y Eficiencia que hace alusión el Programa de Gobierno de la PCM y que a la fecha aún no se explota como debería ser. No es posible que, si existe una Política o norma que de lineamientos o directivas para proceder en materia de simplificación y mejora administrativa, se piense que por su existencia, las entidades públicas se encuentren obligadas a acatarla de manera indubitable sin opción de generar aportes adicionales o acciones que la complementen y que con estas se logren mejoras internas. Lamentablemente hay entornos en la administración pública que aún piensan que la norma en esta materia es la ley definitiva productos del daño ocasionado por infortunadas experiencias fiscalizadoras y sancionadoras. Las ideas de normar internamente los modelos del managemet aplicado debe ser tomado con cuidado; siempre habrá formas de mejorar desde los enfoques más elevados a nivel estado, a nivel institucional y a nivel de procesos internos para lo cual se necesita decisión y apoyo. Una conclusión que podemos tener en torno a esto es que, para fijar cambios y mejoras tendríamos que apoyarnos no solo en las decisiones técnicas sino también, recurrir al apoyo político en cada entidad para implementar mejoras y lograr competitividad.

Se puede decir entonces que, sólo a través de un permanente monitoreo y evaluación del funcionamiento de las entidades, de sus programas, proyectos y otras actividades desarrollados por la reciente gestión gubernamental, nos darán respuesta clara de tales interrogantes en materia de Simplificación Administrativa , Mejora Continua, eficiencia y Competitividad sobre TODAS las Entidades del Estado, ayudando a detectar el nivel avanzado sobre la calidad de cambio en los servicios públicos percibidos desde la ciudadanía o beneficiario, lo cual debe permitir precisamente, mirar a cada una de estas acciones bajo un enfoque de procesos de servicios atado al tema de Políticas de Simplificación administrativa y Modernización del Estado.

Ricardo Camacho. 31-08-2011
(1): http://reporterow.com/2010-08-17-colas-desde-las-5-am-en-el-banco-de-la-nacion-de-san-ignacio-noticia_4370.html

Considero que debe existir una opción técnica más que ideológica para decidir por quién votar en esta segunda vuelta Presidencial 2011. Los servicios de la administración pública han demostrado una disminución en su eficiencia y eficacia cuando han sido dirigidos por gobiernos o administraciones que han privilegiado la ideología por no privilegiar el tecnicismo, descuidándolo en sumo grado.

Prueba de ello son algunos programas sociales y el debilitamiento de organizaciones en salvaguarda de la seguridad interna de la nación. A ello podemos sumar las agrupaciones “políticas junior” que están formándose en algunas universidades privadas del Perú (contra lo cual no estoy de acuerdo) que lejos de someter a los jóvenes a una disciplina madura en política mas bien los distrae y les merma tiempo para el estudio medular que deben realizar objeto por el cual han ingresado, ello ante la preocupación de los padres y esfuerzo que realizan; o las acciones promotoras y bien ejecutadas de derechos humanos que olvidan a veces dirigirse también a las madres golpeadas, niños drogadictos, adolescentes escolares que no les queda más remedio que aceptar condones entregados por el propio Estado como si fuera una “solución “ o una “contribución” a una educación sexual responsable, u orientar con disciplina a aquellos grupos de homosexuales escandalosos (no todos son así, tengo amigos homosexuales que discrepan de estas acciones) y que se dan muestras de afecto en frente a la Catedral pudiéndolo hacer en los miradores de Barranco; o a aquellos que son humillados y maltratados por el “libertinaje” de algunos sectores de la prensa y que a la larga sufren deplorables cuadros de mortificación y estrés que afectan a su salud y bienestar, ¿dónde están los derechos humanos en esos caso?; o los trabajadores acosados laboralmente o que son victimas de mobbing, policías y militares mutilados o en discapacidad u otros casos olvidados, minúsculos, pequeños, y no solamente, mostrarse activos cuando hay temas álgidos que mueven muchos intereses y mucho dinero… o que decir cuando el sistema de “defensa” de los derechos humanos no se pronuncia en contra de la despenalización del aborto o en contra de la idea que la vida comienza en la “implantación” y no en la “concepción”…. Yo defiendo el concepto de derechos humanos, pero el sistema existente que lo conforma, su dirección y su organización en pro de la focalización y ejecución de acciones proactivas no sólo para algunos grupos, no trabaja de manera justa, es publicista, mediático, movilizador, extremadamente izquierdistalizada, no genera confianza, se deja llevar por la ideología antes que por la razón humana técnica, por tanto, me apena y deja mucho que desear.


Evidentemente, como eso, la ideología siempre ha estado divorciada de la eficacia y eficiencia práctica para dar soluciones que contenten a todos, es lo real. La ideología se reviste del tiempo necesario para filosofar y concluir en postulados o estigmas que calarán a largo plazo. Yo creo que una ideología que favorezca el desarrollo y la calidad de vida sin perjudicarnos, debería ser la base para cualquier acción practica de gestión. Eso debería ser lo óptimo; por ello, sería muy adecuado fomentarlo a nivel de micro sociedades y lo mejor es desde la familia, a efectos de dar una disciplina formativa y sincera desde pequeños. Sin embargo, a medida que la gente comienza a tener poder de decisión propia, libertad para opinar y hacer, y si los grupos crecen ante la necesidad de administrarlos, es necesario poner reglas y cada vez más y más reglas a medida que el grupo crece. Ese es el caso de una nación en donde las ideologías democráticas se atomizan o se polarizan, van ganando o perdiendo peso por más que uno quiera fomentarlas y mantenerlas, llegando en algunos casos a la violencia extrema que ni el actual sistema de derechos humanos se atreve a criticar (véase los hechos producidos por los pobladores de Moquegua, Bagua, Puno) ¿acaso estos hechos no son motivados por “ideologías”?.

Sin embargo, la ideología tiene una importancia positiva también, magnifica y trascendente pero lamentablemente, no llega a constituir una buena base para grupos voluminosos ni para gerenciar, ni administrar, ni mucho menos para gobernar una nación. Los conflictos requieren análisis técnicos para su solución, jamás existirá una solución netamente ideológica. La acción de solución debe ser consecuencia de un equilibrio entre las ideologías presentes, no la ideología en sí. Se trata de conciliar mentes, personas y posibles acciones buenas o malas que puedan ocurrir. La ideología no construye el destino o futuro, el análisis técnico en cambio sí o al menos lo respalda con mayor fundamento.

Ante esta mención de ideas, lo único que prevalece es el análisis técnico o científico. Lo que se requiere con las elecciones del 05 de junio es determinar quien administrará una nación. Por eso mi voto es por la candidata que no ofrece riesgos ante nuevos esquemas ideológicos y más bien ofrece una propuesta de gobierno más realista a nuestras circunstancias y necesidades actuales. Hace poco el ilustre Fernando de Syzlo anuncio que: “el 05 de junio será el triunfo de los ignorantes o los corruptos….(1)”. Unos alumnos míos opinaron al respecto: “prefiero la corrupción antes que la ignorancia”. Tal vez, en un sentido frívolo de justificar su vehemencia juvenil, podría decir que la corrupción es sujeta de prevenirse, sancionarse y evitarse, en cambio la ignorancia es más desastrosa de corregir. ¿Cuál es la verdad entonces?; ¿Quién se encontrará entre la espada y la pared al pensar que estamos en una encrucijada de elección por determinar si nos han de gobernar ignorantes o corruptos?, ¿acaso no nos damos cuenta que, los motivos de nuestras decisiones no tienen que ver con el decisor?, ¿acaso si yo voto por Keiko seré corrupto como sugiere la interpretación del afamado artista?, ¿acaso si yo voto por Ollanta seré ignorante?; ¿acaso no podemos separar al trigo de la paja, el pasado del presente y del futuro que queremos?; ¿Viviremos siempre recordando lo malo y no lo bueno que se han hecho en los gobiernos de Velazco, Bermúdez, Belaunde, García, Fujimori, Paniagua, Toledo, García otra vez?....¿Por qué no los ponderamos con cuotas de valor dadas por cada uno de nosotros según nuestros criterios de valoración propios?.

Usemos mejor una técnica de evaluación de cada gobierno y aclaremos dudas eliminando juicios viscerales y resentidos. No veo influencia una proactiva cuando proviene de personajes extremistas que son expertos en la producción y promoción de ideologías o en la producción de ficción, novelas o en la producción de historietas sin valor de aplicación real, prefiero valorar opiniones de personajes y/o técnicos reconocidos a nivel país e internacional que han masticado problemas reales, que han pisado el barro de la problemática más honda, que hayan sudado al verse en situaciones conflictivas en empresas o en círculos sociales de difícil temperamento y ante lo cual han brindado minutos de su tiempo analizando, participando y dando una solución metodológica o al menos, parte en ella sin tintes de ideología que la amenace.

Ante muchos como los argumentos anteriormente citados y los cuales no podemos evadir lamentablemente porque los encontramos día a día en todos los medios que nos rodean, puedo decir que, la única forma de dirimir mi voto será diferenciando los dos criterios: el ideológico y el técnico, y por ello, quien más ha mostrado el aspecto técnico es el Plan ofrecido por Keiko Fujimori (2) mientras que Ollanta Humala ha privilegiado mucho más el aspecto ideológico. Un Plan de Gobierno es un Plan Estratégico de pocas hojas no un mamotreto de hojas como el presentado por Gana Perú y que ahora ha derivado en una “hoja de ruta”, que en forma evidente muestran que no saben conceptualizan bien lo que es un planeamiento estratégico, lo cual demuestra a su vez que, este partido carece del elemento técnico básico para poder gerenciar un país. Tengamos en cuenta que, el Estado es el mayor prestador de servicios hacia los ciudadanos y éste es un espacio virtual que trata temas de servicio, por ello, la opinión expuesta. Además, es importante también que, quien postula a un cargo muestre en cualquier debate una figura adecuada, “segura” y no con “titubeos” o “lagunas en el que decir”; frente a ello, y como ha afirmado el reconocido economista Hernando De Soto, “en el último debate del 29 de abril, la candidata Keiko Fujimori se perfiló como nunca antes como una figura ‘presidenciable’…..Es en este aspecto que Keiko destacó como una mujer presidenciable; una mujer fuerte con ideas muy claras, se le vio como una mujer que conoce su verdad, tiene sus propias ideas, tiene claramente marcados sus objetivos y no está dispuesta a tolerar acusaciones sin fundamento. Me pareció bastante impresionante”,”(3).


(1) http://diariocorreo.pe/nota/12154/szyszlo-sera-el-triunfo-de-los-ignorantes-o-de-los-corruptos/
(2) A quien daré mi voto este 05 de Junio 2011.
(3) http://www.larazon.com.pe/online/indice.asp?tfi=LRPolitica03&td=02&tm=06&ta=2011

Frente a la vorágine de las operaciones de funcionamiento, actividades, programas, proyectos y servicios que desarrollan las diversas Entidades de la Administración Pública, encontramos que todas ellas se desarrollan dentro de una Organización estructuralmente funcional precisando además, la prevalencia del modelo Burocrático (Weber) cuyo aprovechamiento no ha sido el más satisfactorio por décadas toda vez que, los resultados de dicho uso a través de las personas que lo administran (o responsables directos de la calidad de las operaciones internas dentro de sí) generan percepciones no muy gratas de los servicios que brindan. Tema obsoleto y muy usado en circunstancias de decisión electoral, lo cierto es que hay avances en mejora de la calidad de algunos servicios hacia el ciudadano y los cuales se siguen midiendo a través de las percepciones que se tienen sobre tales servicios. Ensayemos dos formas de mirar las cosas para que estos cambios se logren.

La primera forma es técnica y ante lo anterior, se podría decir que hay una serie de elementos o “factores” que se encuentran dentro de la Organización, y que deben ser identificados para generar tales mejoras; citemos el caso de los servidores ubicados en algunos centros comerciales como el Jockey Plaza o el Mega Plaza, instalados por el RENIEC y que, por un monto pequeño en soles, en 5 minutos pueden emitir documentos de registro personal como actas de matrimonio, sin necesidad de ir a alguna de sus instalaciones y hacer una cola indeseable. Este es un ejemplo que, el factor tecnológico es el que determina la percepción y/o aceptación del ciudadano.

Pero, por más que se encuentre disponible el factor tecnológico, lo cierto es que debe existir antes el recurso humano que llegue a determinar la conveniencia de usar tal o cual tecnología, derivado de los estudios de la situación inicial a cambiar y de la propuesta de cambio que este factor humano haya realizado. Este factor implica todo un complejo mundo de conocimientos sobre la materia; podría decirse que es el factor que determina el buen aprovechamiento del factor anterior: aplicar la tecnología en los procesos de servicio, es el reto final.

Pero, existe otro factor que mueve no sólo a los factores humano y tecnológico, sino a la articulación y sostenimiento de ambos. ¿Qué pasaría si un buen plan queda en intenciones y no se operativiza por falta de recursos?. El factor que aparece entonces es el Presupuestal, el cual permitirá la adquisición de todas las entradas (insumos y recursos) para desarrollar el gran proceso de cambio (es decir, de la mejora) para obtener los resultados (cambios y mejoras) en los servicios hacia los administrados. Pero cuidado que no queda ahí solamente, pues hay que demostrar ante el Ministerio de Economía y Finanzas los resultados de la gestión; no todo cambio o mejora es directamente proporcional a la reducción del gasto. En la Administración Pública, ante una falta de recursos presupuestales hay que priorizar y si no se usa (gasta) de manera adecuada el presupuesto asignado, la Entidad es catalogada como no capaz de usar el mismo. La Entidad no puede demostrar “ahorros” en el presupuesto reduciendo gastos como si sería factible en una organización privada, por el contrario, debe gastar o ejecutar el presupuesto asignado en la medida de lo posible. El impacto del cambio debería justificar el uso del presupuesto (aunque no siempre es así). Podríamos decir que, el factor presupuestal es el determinante para la operativización del cambio.

Sin embargo, surge otra pregunta, ¿el presupuesto es garantía de llevar a cabo los planes de manera eficiente y eficaz, es decir, productivamente?. Probablemente, se comience a hacer algo que rompa esquemas de trabajo ortodoxo pero que genere conflicto con la funcionalidad de la Entidad o que exponga a la misma a riesgos administrativos por reacción ante observaciones de control institucional. Los mismos riesgos existirían si es que, no existen formas claras de hacer las cosas y si no existiera la base legal que ampare los cambios. Es ahí en donde aparece entonces, el nivel superior o el “factor” de más alto nivel en esta forma de mirar las cosas: el factor Normativo. Este factor es el determinante para saber si la propuesta de cambio es aplicable o no, es decir si se puede implementar.

Entonces, bajo esta mirada, las decisiones de estudio, cambio en el funcionamiento de las operaciones, actividades y/o proyectos que ejecuta la Administración Pública debe encontrarse en los aspectos internos a la Organización: i) normativo, ii) presupuestal; iii) recursos humanos y iv) tecnológico. La correspondencia y articulación precisa de estos cuatro garantizará la minimización de una mala eficiencia y eficacia.

Por otro lado encontramos la segunda forma de mirar las cosas: la mirada política. Muchas veces, la mirada técnica se somete a la mirada y decisiones políticas. Esto es natural en la Administración Pública. Lo no natural es no tomarlo en cuenta. Frente a esta forma de ver las cosas, debe prevalecer lo técnico a lo político, sin embargo no siempre es así. ¿Es posible cambiar con este factor?, la respuesta es sí, pero a costa de mucho sufrimiento y esfuerzo, pues se requiere mucha colaboración, decisión administrativa y una coherente decisión política. Lo ideal sería que estos aspectos: técnico, administrativo y político caminen alineados, a la par y sin alejarse entre ellos. Es cierto que, un buen equilibrio de los tres arroja resultados espectaculares y en beneficio de la población, pero siempre partiendo de una Política adecuada. El factor político es el que determina si toda propuesta de cambio, así goce de normativa, presupuesto, recursos humanos y tecnología, es un sueño dorado o una realidad.

Finalmente, lo anterior representa entonces un reto mayor con el cual lidiar diariamente en pos de mejorar la funcionalidad de la organización de una Entidad de la administración Pública, para que finalmente todo servicio al ciudadano, grupo de interés, beneficiario o administrado, mejore ante sus ojos. ¿Espacio de aplicación?, cada vez habrá mayores.

Ricardo Camacho

Todas las actividades giran en torno a marcos predecibles y amigables, que resulten o favorezcan el desarrollo del ejercicio económico. Los servicios (o procesos de servicios) deben acoplarse a estos marcos.

Ahora, estos marcos son los que serán modificados o emponderados según la decisión que resulte del próximo domingo 10 de abril. A continuación, les vinculo con el link del artículo del Periodista Ricardo Sánchez Serra, el cual me pareció oportuno mencionar y tomar en cuenta. el link es:

http://rsanchezserra.blogspot.com/

Opiniones van y opiniones vienen. Soy un convencido que, cuando hasta la más y extremada posición descabellada se presenta con respeto, diplomacia y seguridad, cala de buena manera en los esquemas mentales y lejos del perjuicio inherente a su contenido, promueve la reflexión y el debate sano, sin acaloramientos. Pero cuando noto que, renombradas personalidades,, notables profesionales, periodistas, educadores, etc., expresan sus opiniones con sal tendenciosa, con tono de injerencia, con tono fiscalizador, con ofensa y con pretensión de hacernos creer que ellos son los únicos en poder opinar, lo único que veo es que estos “ilustres” personajes no hacen más que perder el porcentaje de respeto en el diálogo humano. Lo mejor es, sin dejarse llevar por muchos estilos de corte periodístico, decir las cosas con naturalidad sin intentar hacer ganar la propia posición, sino más bien, esgrimir una batería de argumentos lógicos para deducir una conclusión razonable. Luego de ello, ya vendrá la decisión final de elegir tal o cual opinión o valorar la que consideramos hacer valer.

Uno de los temas que atañe a los servicios a la ciudadanía es el referido a la Seguridad Ciudadana. Y vaya, que en realidad es un gran proceso de servicio, razón por la cual amerita una reflexión más aún en estas fechas de debate y postulación electoral para las próximas Elecciones Generales 2011, del 10 de abril.

Seguridad Ciudadana debe verse como un gran proceso de actividades articuladas para cumplir con objetivos de mantenimiento del orden y seguridad en las poblaciones. El responsable de ello es la Entidad Tutelar, es decir la Policía Nacional del Perú (PNP). Hay todo un trabajo profesional que involucra análisis de capacidades, de operaciones, de recursos (tecnológicos, humanos, presupuestales, etc.) que exige la participación de muchos agentes involucrados: sociedad civil, entidades tutelares, gobiernos locales, gobierno central, etc.



Pero, ¿cómo es posible que se le exija a la PNP el cumplimiento cabal del servicio de protección y seguridad ciudadana si su personal adolece de una serie de recursos necesarios para cumplir su cometido?. Demás está hablar de la ropa que usas – me refiero a su estado – del equipamiento que poseen y del sueldo que gozan. Y que, decir de la falta de recurso moral que este elemento humano debe tener: la seguridad en si mismo. La confianza de la población, el prestigio perdido y el principio de autoridad perdido.

Frente a ello, la única candidata que realmente oferecra revalorar a la PNP es Keiko Fujimori, pues cuenta con la garantía de trabajo y el poder atribuido por el pueblo además de la autoridad para frenar la violencia: la mejor muestra es la sangre que hereda para ponerse los pantalones y afrontar el terrorismo que azotaba a la población, la población madura se acuerda de lo que hizo su padre en este tema.




No quiero entrar en detalles en razón de otros temas de su propuesta de gobierno pero si rematar en este punto: estamos a pocos días de las elecciones generales 2011 y considero que, en los últimos años, el tema de la inseguridad ciudadana sumado a los problemas de narcoterrorismo en el VRAE son muestras del desorden y de la debilidad de los últimos gobiernos que han pasado. El Estado es el primer proveedor de servicios públicos y este es un tema trascendental a tratar.

Por ello, creo que, no sólo el crecimiento económico y la pobreza debe preocupar, nada se avanzaría sin seguridad; por eso considero que la Propuesta de Keiko Fujimori es la más adecuada en este contexto, alejando temores por otras propuestas muy arraigadas.

Me parece injusto y desproporcionado que se critique tan rotundamente el proyecto de implementación del Metropolitano tal como hemos percibido en diversos medios de comunicación aseverando como principal tema de discusión el hecho que no se encontró listo para mediados del mes presente (abril 2010) tal como lo afirmó muchas veces la comuna Limeña.

Al respecto, es de mencionar que un proyecto de tal envergadura está sujeto a diversos factores externos que inciden en el desarrollo del mismo, los cuales pueden ser: de orden logístico, administrativo, social e inclusive político. El desarrollo de un proyecto viene a ser un proceso y como tal, es una secuencia de etapas y pasos que en su gran mayoría son lineales o secuenciales una tras otra: es imposible detenerse dado que la anterior es requisito de la posterior. Imagínense si alguna de las etapas o pasos se demora: las siguientes etapas también.


Foto (1)

Creo que los autores de las críticas en este momento deben comprender que se están refiriendo a un proceso y que el mismo está sujeto a riesgos de muchos aspectos, y que el producto final debe esperar. Es un gran proceso, que se desarrolla ante golpes de administración, riesgos de desabastecimiento, conflictos de mano de obra, aspectos políticos y reacciones sociales, tratar ello, caramba, es difícil, es complicado tomar decisiones que a algunos les favorezca y a otros no, aunque la decisión del diseño de las rutas no es lo que se discute en este artículo, si considero que el tiempo de extensión del proyecto tiene motivos técnicos que una y otra vez han sido explicados pero que pocos quieren entender. Claro, como sabemos que en cortos 6 meses hay elecciones Regionales y Municipales es propicio golpear las obras del actual titular del sillón edil. Cuando entre en real operatividad y usemos a diario el servicio del Metropolitano, tendremos la autoridad absoluta de criticar.

Aquella prensa que, tiene representantes que no necesitan transportarse en omnibuses como el cuestionado, deberían ponerse en los zapatos de quienes van a usarlo. Aparte es el tema de registro de pasajes y pagos por viaje, este tema no es lo que se defiende en este artìculo.


Foto (1):http://www.todo-peru.com/wp-content/uploads/2010/02/buses_el_metropolitano_lima.jpg

No coincido con este punto de vista. Se ve que está diseñado desde el punto de vista directivo, no operativo. La entrevista publicada revelada por Pastor (MINTRA), dice que el primer encargo fue la elaboración de una nueva Ley de Carrera Administrativa. “Nosotros advertimos rápidamente dos cosas: la primera, que éste no era un problema de Ley, y lo segundo, que no era un problema de carrera. Porque la Ley de Empleo Público y la Ley de Carrera Administrativa ponen énfasis en los derechos de los trabajadores del Estado, muy legítimo por cierto, pero aquí había que buscar el servicio. Por eso desde el inicio decidimos no utilizar términos como “carrera” o “empleo” y recuperar Servicio Civil. Había que poner énfasis en el servicio porque la razón de ser de la administración pública no es dar trabajo, sino servicio”.

Visitar:

http://www.egc.edu.pe/revista/numero4/enlaces/articulo3x.htm





La conclusión es la misma: "la NORMA está bien", lo que hay que mejorar es el servicio. Claro, otorongo no como otorongo.

Ricardo Camacho C.

A través del presente, se expone un enfoque que intenta promover la reflexión en torno a la identificación del punto en donde debiera nacer la reforma de la gestión de recursos humanos en la administración pública.
La respuesta no sólo escarba la imaginación como podría ser en el caso del sector público en donde la asesoría empresarial puede resolver el problema. Para el caso del Estado, la respuesta debe explorar aspectos que sólo la experiencia otorga. En primera instancia es inevitable hacer preguntas implícitas al tema y que no son de tipo académico ni tampoco creación de ilustres personajes que dirigen los lineamientos en gestión de recursos humanos (RRHH) para el Estado; son preguntas que valdría la pena hacer a modo consultivo, como por ejemplo:

 ¿por qué determinar por dónde comenzar?,
 ¿no sería mejor conocer cuál es el problema medular a atacar?,
 ¿la experiencia acaso no nos dice que siempre se ha identificado mal el problema?,
 ¿qué garantiza que las políticas públicas en este tema son acertadas?, ¿acaso las hay?
 ¿se solucionaría mucho con mejorar sólo la gestión de recursos humanos?,
 ¿eso garantizaría un cambio efectivo y positivo para la sociedad?,
 y sobre la reforma en cuestión ¿dejará de ser aislada como todas las que se han venido aplicando?,
 ¿será tal vez ahora más integral y enfocará el problema desde una óptica sistémica, multidisciplinaria y de procesos?,
 ¿dejará de existir protagonismo negativo de algunos sectores?

El tema de gestión de recursos humanos es complejo y en estos tiempos ha adoptado una singular configuración muy propia, además no deja de ser siempre un atractivo tema para el gobierno de turno, para el discurso mediático y también para la investigación, no se resuelve con foros de alto impacto o modelos teóricos tan sólo, tampoco se resuelve con la contratación de buenos perfiles de personal o con la incorporación de directores denominados ahora gerentes públicos . La gestión de RRHH en el Estado sólo es comprendida cuando se analiza el trabajo institucional desde sus bases y desde allí se mira verticalmente a la organización entera; cuando se saborea los procedimientos y obstáculos desde sus niveles más bajos; cuando se conocen los privilegios de los nombrados, del cuadro de asignación de personal (CAP) o del personal contratado; cuando se ejecutan funciones de oficio más que proyectos u otras actividades protocolares o de imagen institucional; cuando se vive entre una diferencia de clases laborales y bajo jerarquías contractuales camufladas resultantes del sistema laboral planteado por el Estado; cuando sabes que dentro de la administración pública existen otros regímenes de actividad (público, privado); cuando existe regímenes especiales (CAS ); cuando se descubre el valor del cociente productividad por área / cantidad de asesores; cuando tienes al frente público y no clientes; cuando hay una fuerte presencia de la reacción social; cuando tu paga depende del presupuesto del Estado o de recursos directamente recaudados y por último, cuando se convive día a día con los retos y obstáculos que plantea la administración pública.

La buena intención de cambiar no lo es todo. Cual sistema de trabajo que se encuentra en dificultades, falte de recursos, limitación de su capacidad de atención o que muestra ineficiencia e ineficacia en sus procesos o poca efectividad en sus resultados, es decir, que muestra una productividad dañada y que aporta poco valor a los sistemas de trabajo y clientes (o usuarios) con los cuales interactúa, lo sensato es descubrir cual es (o son) el (los) elemento(s) critico(s) que deba(n) ser tratado(s) en primera instancia, dado que, el llegar a conocerlos no representa gran novedad.

El marco normativo es pues quien otorga a la administración pública una naturaleza diferente. Ahora debemos comprender que aspectos funcionan mal dentro de este marco normativo para poder identificar el inicio de nuestro cambio en el tema de gestión de recursos humanos.

Pero ante esto también hay que tener cuidado: tratar de lograr mejoras en los servicios y productos en la administración pública tratando de imitar o emular las mejores prácticas en gestión de recursos humanos tal y como lo hace la administración privada, no es la única forma ni la más acertada para lograr cambios positivos en una organización con lineamientos organizativos y legales muy propios. La triangulación Sociedad, Empresa, Estado no es suficiente con habilidosos y experimentados negociadores o expertos en diplomacia o gerencia.

Algunos aspectos a analizar

Quienes conocemos y tenemos la oportunidad de describir cómo es realmente la vivencia en la administración pública, podemos aportar un nuevo enfoque a la situación y contribuir a que toda buena intención deje de ser solamente eso: un saludo a la bandera o una medida populista mediática y sin efectividad productiva. Además de la burocrática estructura organizativa en las entidades del Estado – algo que ya es analizado por siempre y que afecta indiscutiblemente al desarrollo organizacional y del recurso humano - presentaré algunos aspectos que afectan la gestión de recursos humanos en la administración pública y que merecen ser conocidos a la luz del tema de discusión.

1. La Normatividad en los regímenes laborales

Desde un análisis elemental nos daremos cuenta de la existencia de dos tipos de regímenes laborales en el sector público regidos por las siguientes normas:
 Decreto legislativo Nº 276 (sobre el régimen laboral público)
 Decreto legislativo Nº 728 (sobre el régimen laboral privado)

Quienes hemos estado sujetos a ambos regímenes tenemos la autoridad de preguntar: ¿para qué existen dos?. No es propósito del presente responder esto pero sí puedo decir que por ejemplo con el DL Nº 276 una gratificación por ejemplo es muchísimo menor que una gratificación con el DL Nº 728. Habría que evaluar cómo esto afecta la motivación y el desempeño del recurso humano.

Otro aspecto a tener en cuenta es la creación de un régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) vigente a mediados del 2008 con el cual se crea un “sistema híbrido” entre el modelo de servidores bajo la renta de 4ta.y 5ta. categoría de la noche a la mañana impuesta por el Estado, anulando a los Servicios No Personales (SNP) trajo como consecuencia un cambio autoritario y no consultado a quienes éramos SNP, pues tal cambio sólo demostró que ha logrado lo siguiente:
1. Evitar nombramientos futuros: muchos servidores SNP que habían trabajado por muchos años en espera del prometido nombramiento sencillamente no pudieron ver cristalizada tal promesa al no ser reconocidos los años de servicio con el nuevo régimen.
2. Golpear drásticamente el ingreso neto de los servidores SNP, dado que antes contribuían con el 10% de su ingreso por ser de 4ta. categoría, ahora con el régimen CAS no sólo deben aportar el 10% de su ingreso sino además el 12% ó 13% para la AFP, cambio que afectó a aquellos servidores contratados bajo el régimen CAS después de publicada el DL
3. Evitar demandas por desnaturalización de contrato: los servidores SNP que habiendo firmado un contrato de naturaleza civil y frente a situaciones reales de subordinación, servicio individual y remuneración de los mismos, podían demandar a la entidad pública por desnaturalización de sus contratos dado que, en la realidad ellos estaban siendo tratados como alguien que se encontrase en planilla (5ta categoría) por lo cual se incursionaba en el terreno laboral, es decir, la administración pública de despedir arbitrariamente al servidor, éste último podía exigir sus beneficios de ley e indemnización correspondiente.

2. Los procedimientos administrativos

Una solicitud de un administrado que ingresa por mesa de parte puede estar sujeto al silencio administrativo positivo o negativo. En el primer caso que es lo más preocupante para la entidad pública, de no responderse en un plazo de ley, el administrado puede asumir que la respuesta a su petitorio ha sido aceptada. En la realidad esto es manejable por las entidades pero es indiscutible que, cuando el solicitante quiere obtener un derecho a costa del silencio administrativo positivo lo más seguro es que demandará al Estado por incumplimiento lo que genera una situación de disconformidad y tensa. Los plazos de ley muchas veces están fuera del contexto real debido a la escasez de recursos para el soporte de los procesos internos en la gestión (materiales, dinero, facilidades).

La estructura burocrática en el interior de la organización estropea los flujos de información formal que son los flujos admitidos para reconocer documentos (oficialment6e hablando). Muchas veces las prioridades son obstaculizadas por las diversas revisiones que existen, gerentes, subgerentes, jefes de área, especialistas, asesores, etc. Una hoja de ruta de algún documento puede llegar a tener muchos visos (sellos) mostrando la culebrítica ruta que ha seguido y por ello, el tiempo y recursos consumidos.

3. “No es mi competencia”

Lo que ya forma parte de la cultura organizacional en la entidad pública es la participación voluntaria para sacar adelante una situación engorrosa. El “esa no es mi chamba” es son de todos los días, “no quiero vreme involucrado”, “porqué has hecho de esa manera” , “no has debido…”, son frases que denotan un extremado proteccionismo e inseguridad con el fin de no verse envuelto en algún compromiso adicional o irregular de trabajo. Se recurre de esta forma defensiva entre compañeros de un mismo piso, área o gerencia. Como conclusión, un clima no armonioso ni colaborativo sino más bien un clima que fomenta la crítica oculta y la minimización de errores en pos de mejorar los procesos o tareas más pequeñas.

4. Los nombramientos

La diferencia entre el personal denominado “Cuadro de asignación de personal” (CAP) y el personal contratado, adquiere su máxima distancia cuando los primeros tienen personas que trabajan en algún puesto determinado por muchos años y sobre quienes se comenta que es imposible removerlos así tengan mal desempeño, ellos son los “nombrados” es decir, aquellos que gozan de una casi vitalicia garantía de estar seguros en su puestos de trabajo. Dicen que la ley los ampara pero, si trabajas en una entidad pública verás que, muchos de los nombrados no tienen capacidad de ayudar o comprender situaciones de vanguardia, dado que han estado capacitados bajo modelos y circunstancias de gestión ya obsoletas, requieren una modificación en sus puntos de vista de gestión acorde a las necesidades tan cambiantes de la organización.

5. Las competencias y el liderazgo.

En las recientes convocatorias para gerentes públicos (abril, mayo 2009) se corrió la voz de un requisito que indicaba el requerimiento de contar con tantos años de experiencia en planificación y presupuesto – por ejemplo. Si el concurso intentaba llegar a ex gerentes del sector privado ¿por qué este filtro entonces?. Quien conoce la estructura de las instituciones en la administración pública sabe que en el sector privado no existe la diferencia entre planificación y presupuesto pues estas funciones se concentran en la gerencia de Administración y finanzas o quien haga sus veces. Al final, podría pensarse que algunos procesos de selección favorecerían siempre - al parecer - a funcionarios del sector público, lo cual no me parece descabellado. Lo malo creo que es, el aparentar convocatorias abiertas cuando no se enfatiza que la naturaleza del sector público es distinta a la del sector privado para este tipo de cargos y por tanto no convocar gente que ha hecho gerencia en el sector privado.

Por otro lado, el perfil profesional no lo es todo. Hace algunos años, en las entidades públicas los más altos aéreas eran conocidos como Direcciones las que eran conducidas por los Directores. Hace pocos años, se les ha cambiado el nombre, ahora son, gerentes. Ha existido un cambio de nombre que ya intenta mostrar cambios a favor de la renovación del Estado, pero una cosa es la denominación y otra cosa lo que la compone.

5. La otra misión institucional de la administración pública.

Considero que este es el aspecto más crítico que existe, que es poco conocido y el cual debemos considerar. Toda entidad pública se preocupa por sobre todo lo que hace de algo que no está revelado en su misión institucional, esto es, el cumplimiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Todas las actividades del Plan Operativo Institucional de una entidad pública deben estar reflejadas en los valores de sus Indicadores de gestión, indicadores que son reportados al MEF y deben encontrarse en rangos de aceptación razonable. La realidad indica que estas entidades siempre tienen indicadores adecuados y exitosos, es decir, ¿jamás se equivocan?. Quienes conocen como es esto, sabrán que las actividades mal llevadas se maquillan o se arreglan según explicaciones en sus informes cualitativos de gestión de modo que la alta dirección o alta gerencia de la entidad siempre encontrará “lo mejor” de la gestión, ocultándose siempre lo que se hizo mal, como conclusión NO EXISTE prueba de la mala gestión o desaciertos de los administradores o gerentes. Al fin y al cabo, esto es lo lógico dado que, cada entidad pública debe mostrar los “mejores resultados” al MEF para que pueda gozar del presupuesto para el período fiscal siguiente y pueda vivir, así funciona la cosa, más aún cuando ya se viene aplicando el “presupuesto por resultados”. Bajo este esquema, es curioso ver cómo en fechas determinadas del año, casi todo el personal se orienta a redactar los informes cuantitativos y cualitativos de gestión, se realizan correcciones de cifras y letras, se revisan documentos importantes a criterio de los jefes y la alta dirección, se añade y suprime frases para evitar problemas de interpretación, es decir, se mejora la “calidad del documento” sólo eso, del documento para que asesoría legal le de su visto bueno y vaya con la firma de la mas alta autoridad de la institución. Queda la pregunta ¿Y el proceso interno, se mejoró con ello?.

Estos aspectos sin lugar a dudas son los que influyen e influirán en el desempeño de los recursos humanos incluida la de los gerentes o conductores de la gestión y en el resto del personal a todo nivel. Por tanto, el inicio de la gestión de los recursos humanos en la administración pública debería encontrarse en comprender primero que se trata de un escenario con una camisa de fuerza, dicha camisa de fuerza es el marco normativo actual y la estructura organizativa existente. Ambas, si no se modifican no permitirán la incorporación de personal con un perfil más competente pues este personal encontrará también obstáculos e impedimentos en su gestión, inamovibles dado que la estructura, los cimientos y columnas de la institución pública ya están definidos.

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El presente articulo es el cuerpo del texto de mi ensayo: "La importancia de la gestión de los recursos humanos en el sector público: ¿por doónde iniciar la reforma?", presentado a la facultad de GAD PUCP el 24 de noviembre del 2009.

Ricardo Camacho C.

El día domingo 18 de octubre leyendo el diario El Comercio, ví la noticia que mencionaba la disposición del Poder Ejecutivo en decretar laborables los fines de semana. Hoy día jueves 22 de octubre, me enteré de que el diario El Comercio (1) redactó la noticia como sigue:

"El presidente García firmó hoy el decreto de urgencia por el cual se consideran días hábiles los días sábados, domingos y feriados no laborables con el propósito de que la administración pública brinde sus servicios de manera ininterrumpida.

El documento precisa que estos días hábiles serán computados en los plazos de los procedimientos administrativos que realizan las entidades del Poder Ejecutivo, así como los gobiernos regionales, y locales. Se exceptúan de esta norma los días 1º de enero, 1º de mayo, 28 y 29 de julio, y 25 de diciembre

Indica, además, que la norma no será aplicable en el cómputo del plazo para resolver recursos impugnativos ni para la realización de actuaciones procedimentales de notificación personal, actuaciones coactivas o de ejecución forzosa y tampoco para computar plazos de formulación de recursos administrativos.

Respecto a la gestión del personal, el decreto señala que las entidades públicas deberán establecer turnos entre su personal, independientemente de su régimen laboral o contractual, para cubrir estos servicios durante los 7 días de la semana y todo el año.

Refiere además que deberán garantizar la atención al público y mantener el descanso semanal de todos los servidores. En virtud de ello, autoriza a las entidades comprendidas en esta disposición a que renegocien los contratos laborales, civiles y de cualquier naturaleza en un plazo máximo de 30 días.

Los alcances del decreto serán aplicables a los nuevos procedimientos que se inicien durante su vigencia, desde su publicación en el diario oficial El Peruano hasta el 31 de diciembre del 2010.

El decreto lleva también la firma del presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén; del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza; del ministro de Justicia, Aurelio Pastor; y de la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Manuela García Cochagne".



Fuente: (2)


Opinión:

1. Cuando se mencionó en los medios de comunicación por primera vez esta idea, se dijo que la administración pública atendería sábados y domingos o, el tiempo adicional que fuese necesario.

2. Dias después se dijo también por los medios que esta medida sólo abarcaría a la mesa de partes (recepción de trámite documentario) de las entidades públicas.

3. La atención en mesa de partes los fines de semana sólo ayudará en la tramitación de expedientes (sean solicitudes o escritos judiciales) cuando se encuentren sujetos a plazos perentorios para su presentación, esto es, por ejemplo, para el caso de escritos judiciales por demandas en cuyos casos existen plazos determinados por ley y los cuales no pueden ser trasgredidos; o por ejemplo, los casos en que se presenten currículums vitae a la mesa de partes de una entidad dentro de un proceso de convocatoria de personal; o cuando exista un plazo determinado para presentar algún documento requisito de alguna gestión en particular.

4. La atención de mesa de partes los fines de semana no ayudará de manera alguna a agilizar el proceso de trámite correspondiente porque, lo único que se está haciendo es "adelantar" lo que se debió hacer a las 5:00pm del día viernes a las 8:00 am del día sábado, esto significa que, a primera hora del lunes inmediato siguiente, los auxiliares de despacho tendran mayor peso que cargar en papeles y las secretarias de las diversas gerencias (ah, porque todo documento tiene que entrar por el conducto regular es decir, por la secretaria de cada órgano de la institución o gerencia) tendrán que hacer un despacho a sus jefes (gerentes) con un mayor número de documents si es el caso por supuesto. Y no ayudará a agilizar el trámite porque para ello, también habría que pedirle a los que revisan y "derivan" los documentos, a que pues también, vayan a trabajar los sábados y domingos, y esto, como se ve, no será real.

5. La única manera de optimizar el uso del tiempo en los procesos de servcios de tramitación de documentos en la administración pública no debe ser "adelantando" lo que se tiene que hacer tan sólo, sino debería identificarse los puntos del proceso en los cuales la revisión se atora o se hace lenta (pues hay expedientes que son difíciles de entender) ya que de allí se deriva al área responsable correspondiente. A ello, debe tenerse en cuenta aquellos casos que son documentos que se acojen al silencio administrativo positivo para que, en el caso que no sean respondidos en el plazo establecido, no se de por aprobado lo solicitado por el recurrente y que muchas veces pueda complicar la gestión de la administración pública.

6. Aparentemente se verá que la atención - mejor dicho, la recepción de documentes en mesa de partes, se ha agilizado, pero los tiempos de respuesta al administrado seguirán IGUALES, simplemente porque no se está planteando mejorar los procesos de atención integrales.

Considero que, es una medida populista y algo superficial, tal vez sí, la intención es buena pero nuevamente, no se ve una expericia en el tema, muestra desconociomiento de lo que debe hacerse en materia de procsos de servicios, sobre todo de procesos de atención de alta demanda como lo son los servicios de la administración pública del Estado.

Por: Ricardo Camacho C. camacho.rf@pucp.edu.pe.


(1) http://elcomercio.pe/noticia/358184/administracion-publica-atendera-tambien-dias-sabados-domingos-feriados
(2): foto extraida de: http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://1.bp.blogspot.com

El pasado sábado 20 de Junio me enteré escuchando el taxi que me transportaba a la PUCP, la penosa noticia que el ex alcalde de Lima, Alberto Andrade Carmona, había fallecido en USA víctima de una terrible enfermedad al sistema respiratorio. Desde este espacio expreso mis más sinceras condolencias a sus familiares y seres cercanos. Al Dr. Andrade lo considero uno de los grandes servidores públicos que he conocido.

Tuve la oportunidad de estrecharle la mano en algunas ocasiones, pero la más significativa fue cuando él me felicitó personalmente por haber ganado el Primer Lugar en un Concurso de Pintura y Dibujo con motivo de realizarse el aniversario de la Corporación Municipal, allá en el año 2001, hecho que fue realizado en el Gran Parque de Lima. Recuerdo vívamente cómo, dicho evento estuvo matizado de bailes tìpicos en donde, el personal de la MML actuaba... algo que no he visto en otras organizaciones en donde he laborado.

Fuí Jefe de la División de Regulación y Control de la Dirección de Comercio Informal en la Dirección Municipal de Comercialización y Defensa al Consumidor, dentro de los años 2000, 2001 y 2002. Quienes hemos tenido oportunidad de trabajar en gobierno local y más aún en un area en donde se trataba de cuidar la recuperación del Centro HIstórico - como Andrade bien lo llamó - la magnitud de tal tarea sólo era concebida en la realidad: Alberto Andrade transformó la ciudad de Lima y la puso a la altura de las metrópolis más modernas de Lima.

Conservar un patrimonio así era vital para el desarrollo sostenido y atracción de la inversión. Ello, sumado al gran espíritu NACIONAL de nuestras costumbres, dieron al periodo edil que él dirigió, un sabor de criollismo y rescate de los valores culturales del Perú. Recuerdo el aprecio que siempre le manifestaban los comerciantes de la Alameda Chabuca Granda y otros, dentro de las diversas tareas de control que llevaba a cabo mi despacho: "el doctor Andrade siempre viene a comer una mazamorrita o unos anticuchos , cad vez que puede.... es bueno que el alcalde nos venga a visitar de vez en cuando...". Y precisamente esa forma de mostrar liderazgo, era la que mostró Andrade luego de la recuperación de Lima. Asimismo, tampoco faltaban comentarios de detractores pero que, en el fondo, nunca dejaban de reconocer que, la transformación de Lima le representó una titánica labor y una cruz muy pesada por asumir en adelante.



Quienes conocimos cómo era la Av. Abancay, Tacna, Emancipación, Mercado Central, Lampa, Plaza Unión, Polvos Azules (no donde ahora está, sino el costado del Colegio Santo Tomás de Aquino) así como otros espacios públicos, antes de la gestión del Dr. Andrade podremos dar fé del caos que representaba desplazarse. Recuerdo que los Stand en las vias públicas eran de 2 pisos, con luz y teléfono. Luego del cambio que hizo el Dr. Andrade, Lima ya parecía verdaderamente una señora Capital de la República, como debía de ser. Las iglesias comenzaron a lucir como imàgenes de postales para exportaciòn, la Plaza Mayor tuvo otra vista, así como los alrededores del Teatro La cabaña que estaba muy olvidada y se transformò en el Gran Parque de Lima. La red de comerciantes informales comenzó a organizarse.

Luego vinieron los trabajos con los comerciantes de Las Malvinas para que luego, la gestión entrante encuentre casi todo listo para finiquitar el gran proceso de reubicaión de estos miles de comerciantes informales hacia los locales cuyos proyectos de construcción ya estaban siendo desarrollados.

A Dr. Andrade también lo recordaremos porque fue uno de los primeros en evaluar a su personal, no le tembló la mano para evaluar a muchos que no demostraban competitividad laboral. Los efectos de estos cambios, ya son materia de otros análisis. La idea era ver a la municipalidad como un verdadero gobierno local.

La pasantía que tuve por el Municpio limeño me sirvió de mucha experiencia y oportunidad para aplicarla posteriormente pues me perimitió conocer otros ámbitos en donde la demanda social es alta: pobreza, procesos de comercialización informal, coordinaciones con la PNP, coordinaciones con otras instancias del Estado y sobretodo el funcionamiento de un Gobierno Local.

Frente a ello, puedo decir que, desde una posición siempre independiente, el cambio principal entonces que considero en la gestión del Dr. Andrade se basó en la gran recuperación del Centro HIstórico de Lima - tal como él lo llamó - y creo que como en otras grandes ciudades del Mundo, esta caracterísica comenzó a darse en el marco de un cambio de recuperar lo nuestro, sin duda el primer gran paso que ahora pretenden emular muchos políticos de verborrea. Sin, duda Alberto Andrade - luego de Bedoya - no sólo hizo grandes obras en Pro de la Ciudad de los Virreyes y de su cultura, pues no sólo buscó recuperar el patrimonio material de esta ciudad sino de su patrimonio intangible, ello ha demostrado cómo un gran servidor a la ciudadanía debe dejar su legado.

Ricardo Camacho