En una reciente encuesta realizada en Lima y Callao se ha registrado la percepción que tienen los ciudadanos a propósito del cambio climático global y del papel de las instituciones llamadas a atender sus causas y consecuencias.

Los recientes desastres naturales de origen climático y la cobertura mediática de ellos han contribuido a que se genere una mayor información y una renovada conciencia respecto del problema. Así, el 64,1% de los encuestados afirma estar informado o muy informado sobre dicho fenómeno, en tanto que el 91% sostiene que está afectando mucho o bastante al país.

Nos encontramos frente a un tema de creciente relevancia pública, lo que ha originado, al mismo tiempo, el surgimiento de una demanda de acción dirigida a las autoridades, a los medios de comunicación y a la población en general. No obstante, aquí se advierte un gran contraste.

Apenas el 6,8% de los encuestados señala que las autoridades le confieren mucha o bastante importancia al tema, mientras la cifra llega apenas al 19,5% si se trata de la población. Bastante mejor aparecen los medios, con un 38,5%.

Estos resultados revelan una profunda autocrítica. Aunque se reconoce la dimensión del problema y la urgencia de atenderlo, se acepta asimismo la aún incipiente capacidad de nuestras instituciones y de la sociedad en general para enfrentar este desafío. Revertir esta situación exige el ejercicio de un fuerte liderazgo, y esto no es solo necesario en la esfera del Estado.

Desde una perspectiva de participación, derechos y naturaleza.

Aunque la reciente aprobación de la ley de Recursos Hídricos (Nº 29338), fue recibida con gran expectativa, diversos expertos en este campo consideran que ha dejado algunos vacíos, que bien podrían ser subsanados en el reglamento de dicha norma, en análisis en este momento.

Para Patricia Urteaga Crovetto, del Instituto de Promoción para la Gestión del Agua (Iproga), el reconocimiento del derecho al agua que tienen las comunidades indígenas y nativas, y por tanto la necesidad de consultarles en esta materia, es sin duda un gran acierto.

“La incorporación del cambio climático me parece muy importante; sin embargo, hay que enriquecerlo en el reglamento. Hay que destacar la intención de promover la gestión integral de recurso”, comentó por su parte el coordinador de la asociación civil Labor, Anthony Jo Noles.

Los expertos, que participaron del conversatorio Gestión del agua en el Perú, por una ley que garantice su uso y protección, pidieron analizar con meticulosidad el proyecto de reglamento y se mostraron a favor de incorporar algunos aspectos.

“Tal como indica la ley, la asignación de agua para usos productivos queda un poco a criterio de la propia Autoridad Nacional del Agua (ANA) y no se sabe cómo y a quién se le asignará. No existe esa prelación que existía antes a favor de la agricultura, sector del que depende la soberanía alimentaria”, destacó Urteaga, quien es profesora de la Facultad de derecho de la PUCP.

Advierte que los consejos de cuenca, en los que participan todos los usuarios, incluidos comunidades campesinas y nativas, si bien elaboran los planes de manejo no tienen facultades de aprobación, pese a que ellos son los que usan directamente el recurso.

“Considero que la norma debe analizarse desde una perspectiva de participación, derechos y naturaleza. Hay que cautelar los derechos de las comunidades al agua, que no van a ser atropellados por otros usuarios tal vez con más recursos económicos”, dijo.

Tras indicar que si bien la promoción de la inversión privada es sin duda positiva para el país, cuando se trata de agua, subrayó, no hay que perder de vista que se trata de un bien fundamental para el ser humano; por tanto, deben tomarse en cuenta todos los valores que tienen para las personas, como los ambientales, culturales e incluso sociales.

Lima, set. 03 (ANDINA).- El ministro del Ambiente, Antonio Brack, pidió “mirar con otros ojos” al cambio climático aprovechando las oportunidades de negocios que éste presenta en el campo de servicios ambientales, mediante la captura de gas invernadero, la producción de agua y conservación de la biodiversidad. Mencionó también como oportunidades de negocios en el marco del cambio climático áreas como ecoturismo y biocomercio, plantaciones forestales, energías renovables y desalinización del agua.

“El cambio climático trae para nuestro país, con base en los servicios ambientales, nuevas posibilidades de negocio y de empleo. Perú participa en el mercado nacional e internacional con 150 proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, los que contribuirán a dar empleo a millones de peruanos en el sector de las energías renovables. Y esto se da gracias al cambio climático.”

Detalló que cada hectárea de bosques amazónicos en Perú puede capturar entre 300 a 500 toneladas de carbono, que se cotizan favorablemente en los mercados internacionales de bonos de carbono.

La captura de este gas de efecto invernadero (GEI) es uno de los servicios ambientales que puede prestar nuestro país a diferentes empresas nacionales y extranjeras interesadas en contribuir con la mitigación del cambio climático al reducir sus emisiones de CO2 como producto de sus actividades productivas, indicó.

“La captura de carbono, la producción de agua, la conservación de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático son algunos de los servicios ambientales que pueden prestar nuestros bosques amazónicos, contribuyendo a revertir de este modo las cifras que auguran que a 2025 el desgaste económico generado por el cambio climático puede significar una pérdida aproximada de 10,000 millones de dólares anuales, lo que equivale al 4.4 por ciento del PBI.”

Un crédito de 100 millones de dólares de la cooperación japonesa ha logrado el Ministerio del Ambiente, para implementar en 40 ciudades del Perú programas de gestión de residuos sólidos en el marco del programa de Municipios Ecoeficientes que lanzó el Ministerio del Ambiente el año pasado. Este programa busca dar solución a tres graves problemas que enfrentan los gobiernos locales y regionales del país: el uso, tratamiento y reuso de aguas servidas, la gestión integral de residuos sólidos y el ordenamiento territorial.

“Este préstamo de la cooperación japonesa permitirá al Ministerio del Ambiente abordar la problemática de la gestión integral de residuos sólidos, y no quedarnos solamente en el tema de la asistencia técnica y formulación de proyectos, sino apoyar directamente en la implementación y la ejecución de los mismos a partir del año 2010”, sostiene la viceministra Ana María González del Valle.

Participarán en este programa de gestión de residuos sólidos que se llevará a cabo en el marco del programa de Municipios Ecoeficientes del MINAM, los gobiernos locales y regionales de ciudades grandes y conglomerados de ciudades pequeñas del norte, centro y sur del país, así como de la costa, sierra y selva, que se beneficiarán con este préstamo de 100 millones de dólares, más una contrapartida del presupuesto peruano.

“Junto al Ministerio de Economía y Finanzas, que ahora es nuestro aliado en la gestión de residuos sólidos en 40 ciudades del Perú, el Ministerio del Ambiente podrá llegar a la meta de mejorar la gestión de los residuos sólidos en todo el país”, recalcó la Viceministra de Gestión Ambiental.

Para el caso de Lima no se tiene ningún proyecto en particular sobre gestión de residuos sólidos porque se sabe que en Lima la disposición final de residuos sólidos se hace de manera correcta en un 90%, sin embargo, es en provincias donde la cifra se invierte, pues cerca del 80% de los residuos no se dispone adecuadamente y termina en botaderos inseguros, por tanto la focalización de este programa del MINAM se orienta justamente en las regiones del país.

El Ministro del Ambiente calificó como positiva la iniciativa del Presidente de la República para promover los denominados núcleos ejecutores, ya que estos permitirán que muchas comunidades puedan desarrollar obras que algunos municipios no llegan a realizar. "El gobierno ha establecido los núcleos ejecutores para las zonas más alejadas del país. Muchas de estas comunidades podrían dar continuidad a sus acciones a través de estos núcleos, o lograr nuevos financiamientos para seguir con sus proyectos”, sostuvo el ministro.

El titular del Ambiente se refirió a las iniciativas exitosas que fueron presentadas hoy en la Sexta Feria de Proyectos Ambientales promovida por el Programa de Pequeñas disponibles.

Consultado sobre los avances en materia de descontaminación atmosférica del país, al celebrarse hoy el Día Interamericano del Aire, señaló que está en marcha un grupo de iniciativas que sin duda redundarán en el logro de este objetivo.

Entre US$ 200 y US$ 300 millones anuales se requiere para implementar medidas de adaptación al cambio climático en el Perú, según revela un estudio preliminar encomendado por el Ministerio del Ambiente (MINAM), dado a conocer en el Taller Diálogo Interministerial sobre Cambio Climático. El evento contó con la participación de más de 120 representantes de diversas instituciones del Gobierno Nacional y de los diferentes gobiernos regionales y de la sociedad civil. Asimismo, se acordó identificar las prioridades de financiamiento para lograr la adaptación al cambio climático y planificar íntegramente las políticas de inversión con visión de sostenibilidad.

En el último día del Taller, el Director General de Cambio Climático, Desertificación y Recursos Hídricos del MINAM, Eduardo Durand, señaló que el Ministerio del Ambiente está abierto a impulsar el fortalecimiento de capacidades al interior de las regiones, de manera que éstas asuman un rol protagónico en la ejecución de proyectos de adaptación a este fenómeno mundial.

“Es necesario desarrollar estrategias de adaptación relacionadas con el uso de la tierra, cambios en calendarios productivos, tecnología de riego y otras acciones en el sector agua. En tal sentido, creemos que debe haber una mayor articulación entre los gobiernos locales y regionales para impulsar proyectos de desarrollo que contemplen el componente del cambio climático”, acotó Durand.

Por otro lado, José Remigio -especialista en temas ambientales- sostuvo que el común denominador en las medidas de adaptación del sector agro es la implementación de sistemas de alerta temprana, sistemas de comunicación y planificación agrícola. Informes internacionales advierten que la productividad de la agricultura retrocederá entre 10% a 20% durante el próximo siglo; lo cual ocasionaría una mayor inseguridad alimentaria. El 81% de la producción agrícola de los ocho cultivos alimentarios principales -entre ellos oca, quinua, habas y algunas variedades de la papa- podrían desaparecer por causa de los efectos de este fenómeno global.