Derecho Penal
Nullum Crimen Sine Lege

El atentado suicida más sangriento desde la caída del régimen talibán en 2001 ha causado hoy al menos ochenta muertos y decenas de heridos en un ataque perpetrado en la ciudad sureña afgana de Kandahar.

El gobernador de la provincia de Kandahar, Assadullah Khalid, explicó en rueda de prensa que el suicida hizo estallar la carga explosiva que portaba durante el transcurso de una pelea de perros.

El suicida aprovechó la aglomeración de cientos de lugareños para perpetrar el atentado.

En Afganistán, este tipo de competiciones suelen tener lugar al aire libre, en explanadas y áreas abiertas.

El portavoz del Ministerio afgano de Interior, Zemarai Bashari, confirmó a Efe la explosión y aseguró que hubo varias "decenas" de muertos, aunque no precisó si se trata de un ataque suicida.

La insurgencia talibán no ha reivindicado la autoría del ataque, algo que no acostumbra a hacer cuando los atentados causan la muerte de muchas personas.

El pasado 6 de noviembre, 75 personas murieron, entre ellos 59 escolares y cinco profesores, en un atentado contra una comitiva parlamentaria en el norte de Afganistán, según el Ministerio afgano de Educación, aunque algunas fuentes elevaron el número de muertos a ochenta.

En aquel ataque suicida, que tuvo lugar en la relativamente tranquila provincia septentrional de Baghlan, también resultaron heridos unos 96 estudiantes.

Kandahar, en cambio, es una conflictiva provincia donde los combates entre la insurgencia talibán y las tropas internacionales y afganas son constantes.

El propio gobernador de la región salió ileso el pasado 11 de febrero de un atentado contra el vehículo en el que viajaba en el distrito de Shah Wali Kot, en el norte de la provincia.

Considerada uno de los feudos principales de los talibanes junto a otras regiones sureñas como Helmand, Kandahar es también uno de los puntos principales de la ruta del opio en Afganistán.

Es en el tercio meridional del país, donde predomina la etnia pastún, la propia de los talibanes, donde se concentra el grueso de las fuerzas insurgentes y donde se registran más enfrentamientos.

Durante este invierno los combates no han sido tan duros, ya que los insurgentes acostumbran a llevar a cabo su ofensiva en primavera.

El pasado mes de enero trascendió que el líder de los insurgentes, el mulá Omar, decidió "destituir" a Baitullah Mehsud como dirigente del movimiento talibán en Pakistán, escudándose en que las fuerzas insurgentes deben centrarse en combatir a las tropas de la OTAN en Afganistán.

Según una fuente de los servicios de inteligencia paquistaníes, Omar prevé así que muchos de los integristas que están luchando contra el Ejército paquistaní en el cinturón tribal del país pasen por la permeable frontera afgano-paquistaní para combatir a la Alianza Atlántica en el sur de Afganistán.

El mulá Omar quiere priorizar la lucha contra la OTAN frente a los combates que los islamistas paquistaníes están manteniendo con el Ejército en Pakistán, según la fuente.

El año pasado, el más sangriento desde que empezó la operación Libertad Duradera en Afganistán en 2001, unas 6.300 personas murieron víctimas de la violencia en el país.

EFE

Egipto cierra la frontera de Gaza y desata la tensión

Miles de palestinos cruzan para comprar todo tipo de productos básicos. Algunas personas le arrojaron piedras a la policía y fueron repelidas con mangueras de agua.


Egipto comenzó a cerrar la brecha de su frontera con la Franja de Gaza controlada por Hamas, utilizando alambrados y cañones de agua para impedir que los palestinos crucen a Egipto desafiando el bloqueo israelí.

Ataques aéreos israelíes durante la noche dejaron a cuatro milicianos palestinos muertos en la ciudad de Rafá, en el sur de Gaza, donde Hamas explotó una parte del muro fronterizo el miércoles, dejando que decenas de miles de personas se precipitaran al otro lado para hacer acopio de suministros que escasean en la empobrecida Franja, donde viven 1,5 millones de personas.

Presionadas por Estados Unidos e Israel para que tome el control de la situación, fuerzas antidisturbios egipcias se desplegaron en la frontera y comenzaron a instalar alambrados y vallas encadenadas para impedir que más palestinos entre en territorio egipcio.


Las tensiones aumentaron cuando algunas personas en la multitud arrojaron piedras a la policía egipcia, que respondió con bastones y mangueras de agua. Al empeorar la situación, Hamas comenzó a desplegar a sus propias fuerzas en el lado palestino de la frontera.


"Tengo dos hermanos aún dentro de Egipto. No deberían cerrar la frontera hasta que todo el mundo haya vuelto", dijo Mohamed al-Masri, de 20 años, uno de los palestinos que tiró piedras.


Fuerzas de seguridad egipcias dijeron a los palestinos mediante megáfonos que la frontera se cerraría a las 3 p.m. (13:00 GMT), aunque una fuente del servicio de seguridad comentó que todavía no se han dado las órdenes para sellarla completamente.

PALESTINOS ENCUENTRAN UN CAMINO. El portavoz del Gobierno de Hamas Taher al-Nono dijo que los esfuerzos de Egipto por volver a cerrar la frontera no son parte de ningún acuerdo con el grupo islamita, que se hizo con el control de la Franja de Gaza en junio.


"Insistimos y urgimos a nuestros hermanos egipcios que debe haber un mecanismo que permita el paso de personas y bienes a través de Rafá de una manera legal y organizada", dijo al-Nono, refiriéndose a un puesto de control instalado por la Unión Europea que se cerró luego que Hamas tomó el control de Gaza.


En los dos días que han pasado desde la voladura del muro, la frontera se ha transformado en un gran mercado al aire libre, donde se vende de todo, desde cabras hasta neveras y colchones.


"Compré una motocicleta, cigarrillos, galletas, maíz, queso y un pequeño generador. Creo que pueden cerrar la frontera ahora", dijo Saeed al-Helo, de 38 años, luego de cruzar de vuelta a la Franja. "Creo que Gaza tiene suficiente comida para un mes", agregó.


Al-Nono aseguró que no es así. "La crisis en Gaza aún existe, en lo que afecta a electricidad y combustible. Lo que los comerciantes trajeron de Egipto no es suficiente para compensar la carestía de los últimos siete meses", dijo.



Fuente: Reuters

El dato fue revelado por la Policía local y confirmado por la Cruz Roja. Para esta semana están previstas nuevas marchas opositoras, que ya fueron prohibidas por el Gobierno. La crisis humanitaria dejó también, hasta el momento, 255 mil desplazados. ASISTENCIA. Una mujer lleva a controlar a su bebé en una de las carpas dispuestas para la atención de los afectados por la crisis humanitaria.
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Un nuevo balance conocido hoy reveló que son más de 700 los muertos por la violencia desatada en Kenia tras las elecciones del 27 de diciembre. La oposición, en tanto, convocó a nuevas protestas contra la reelección de Kibaki.

"Hemos descubierto en los últimos cinco días 89 cuerpos más en los matorrales del valle del Rift y en las provincias del oeste del país", indicó un alto oficial de la Policía. La Cruz Roja confirmó la información, con lo que la cifra total supera ya a los 700 muertos.

El país africano está sumido desde hace más de dos semanas en una grave crisis, originada por el rechazo de la oposición a la reelección del presidente Mwai Kibaki, al que acusa de fraude para mantenerse en el poder.

La crisis política provocó también unos 255.000 desplazados, según la ONU, que calcula que en las próximas semanas podrán necesitar ayuda humanitaria hasta medio millón de personas.

La oposición, liderada por Raila Odinga, convocó a marchas de protesta para los próximos 16, 17 y 18 de enero, que fueron inmediatamente prohibidas por la Policía.

En ese sentido, la organización Humans Right Watch (HRW) exigió hoy a las autoridades del país que "rebajen la tensión, levantando inmediatamente la prohibición de concentraciones públicas y autorizando las manifestaciones convocadas", aseguró la responsable de esta ONG en África, Georgette Gagnon.

Ante el temor a nuevos disturbios, muchos kenianos acudieron este fin de semana a los supermercados, especialmente en la capital Nairobi, para aprovisionarse de alimentos y también para retirar dinero de los cajeros automáticos.

Esta semana, en tanto, se espera que llegue a Nairobi el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, nombrado nuevo mediador en el conflicto.


Fuente: Clarin.com

Testigos de Fujimori dicen no se violaban DDHH



La defensa del ex presidente Alberto Fujimori trató el lunes de demostrar que durante su gobierno no hubo una política de aniquilamiento de sospechosos de terrorismo o de malos tratos a detenidos, en base a las declaraciones de dos ex jefes policiales que declararon como testigos.

En la décimoprimera audiencia pública del juicio a Fujimori por dos matanzas y por el secuestro de un periodista y un empresario, los generales retirados Héctor John Caro y Marco Miyashiro afirmaron que la policía antiterrorista (Dircote) respetaba los derechos humanos.

"Nosotros no registramos en la Dircote un solo herido ni maltratado", afirmó John, quien fue jefe de esa dirección policial contra el terrorismo.

John, que fue citado como testigo de la defensa de Fujimori, dijo que la policía había logrado un nivel de inteligencia eficaz que le permitió efectuar importantes capturas de elementos subversivos.



"En un equipo donde existe una muy buena inteligencia casi no se altera el orden, casi no se viola ningún derecho humano", señaló.

Miyashiro, ex director de la Policía, y quien antes encabezó el equipo de inteligencia que logró capturar al cabecilla del grupo subversivo Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, dijo que fueron las labores de inteligencia las que contribuyeron con las detenciones y no ninguna guerra sucia clandestina o "de baja intensidad".

"Una guerra sucia o de baja intensidad siempre trae como consecuencia el desprestigio tanto de la fuerza armada como de la policía nacional... siempre es perjudicial recurrir a estos métodos", dijo Miyashiro.

Fujimori, de 69 años, es acusado por haber supuestamente avalado las operaciones clandestinas de un escuadrón de la muerte, conformado por miembros del Ejército, para eliminar a sospechosos de terrorismo, lo que el ex presidente ha negado.

La fiscalía ha pedido 30 años de prisión para Fujimori por la matanza de Barrios Altos (1991) en que murieron acribilladas 15 personas, y de La Cantuta (1992), en que fueron asesinados nueve estudiantes universitarios y un profesor; así como por el secuestro de un empresario y un periodista en 1992.

Fuente: Univisión.com

Amnistía Internacional se felicita por liberación de dos rehenes de las FARC


La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) se felicitó hoy por la liberación de dos mujeres secuestradas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En un comunicado, AI dio la 'bienvenida' a la puesta en libertad de la ex candidata a la vicepresidencia de Colombia Clara Rojas y la ex congresista Consuelo González de Perdomo y afirmó que la toma de rehenes es 'una violación flagrante de la normativa humanitaria internacional, que puede constituir un crimen de guerra'.

'Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, otro grupo guerrillero colombiano) deben liberar de forma inmediata e incondicional a todos los civiles que tengan como rehenes', dijo Amnistía en la nota, emitida desde su sede en Londres.

'Las FARC y el ELN no deben asesinar y han de tratar con humanidad a quien hayan capturado, sean civiles o miembros de las Fuerzas Armadas', agregó AI.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, confirmó hoy que las FARC liberaron en territorio colombiano a las dos secuestradas que había prometido dejar en libertad y que ambas viajan hacia Venezuela.

Ambas figuran entre los 45 rehenes 'canjeables' que la guerrilla colombiana pretende liberar a cambio de unos 500 guerrilleros presos.



Fuente: Terra actualidad

Hasta 1.000 personas habrían muerto Kenia: oposición



NAIROBI (Reuters) - Los disturbios y la violencia posterior a las elecciones en Kenia habrían dejado más de 1.000 muertos, dijo la oposición el lunes, al tiempo que detuvo las protestas para dar oportunidad a un proceso de mediación.

El país de Africa oriental se vio convulsionado por una ola de manifestaciones y enfrentamientos tribales desde la controvertida victoria del presidente Mwai Kibaki en las elecciones del 27 de diciembre.

El Gobierno aumentó el lunes el número de víctimas a cerca de 500 y el de desplazados a 255.000. Pero el rival de Kibaki, Raila Odinga, dijo a Reuters que "cerca de un millar" de personas habrían muerto.

Trabajadores de asistencia humanitaria dijeron que la cifra podría ser mucho más alta, luego de una de las peores crisis de Kenia desde la independencia de Gran Bretaña en 1963.

El Gobierno de Kibaki dijo que invitó a Odinga y a varios líderes religiosos a realizar conversaciones el viernes sobre cómo detener la violencia, consolidar la paz y forjar una "reconciliación nacional."

Los asesores de Odinga no pudieron ser contactados de inmediato.

El titular de la Unión Africana, John Kufuor, tenía previsto llegar a Nairobi el martes y Odinga dijo que el presidente de Ghana podría comenzar a liderar las conversaciones de mediación el miércoles.

Los líderes mundiales se horrorizaron por el repentino y sangriento estallido en un país antes visto como una de las democracias más estables y economías más prometedoras del continente

En sus primeros comentarios públicos desde su llegada el viernes, la principal diplomática de Washington para Africa dijo que la crisis no había minado la confianza de Estados Unidos en Kenia como un fuerte eje regional.

"En realidad se ha profundizado aún más nuestra visión de que Kenia es un fuerte socio regional," dijo la secretaria de Estado Adjunto de Estados Unidos, Jendayi Frazer, en una conferencia de prensa.

Pero dijo que los kenianos fueron defraudados por sus líderes: "ellos han sido engañados por sus dirigentes y sus instituciones. (...) Los dirigentes políticos tienen que poner fin a la violencia (...) Y tienen que reformar las instituciones," señaló.

Odinga parecía encaminado a ganar la votación del 27 de diciembre hasta que Kibaki, de 76 años, obtuvo una pequeña victoria. Ambas partes alegaron resultados amañados, mientras los observadores internacionales dijeron que las elecciones estuvieron a la altura de los estándares democráticos.

"KIBAKI CARECE DE LEGITIMIDAD"

Odinga, que cumplió 63 años el lunes, enfrenta el dilema de responder a la presión internacional para evitar provocar más violencia, al tiempo de mantener el impulso para derrotar a Kibaki.

El Gobierno de Kibaki acusa a Odinga de conducir y atizar aún más el malestar.

Para mayor confusión, la Sociedad de Derecho de Kenia (LSK por su sigla en inglés), la mayor organización de abogados del país, acusó a los funcionarios electorales de "ineptitud y falta de honestidad," calificó el juramento de Kibaki como "nulo y sin valor," e instó a una nueva votación.

"Kibaki carece de legitimidad para gobernar y esta es la causa de los problemas a los que nos enfrentamos como país," dijo la asociación.

El portavoz del Gobierno, Alfred Mutua, dijo que la declaración de los abogados es inexacta, engañosa y confusa para el público.

"LSK no debe ser partidista y debe ejercer la responsabilidad de abstenerse de hacer reclamos basados en eventos en los que no estuvo presente. No tiene idea de lo que ocurrió y en qué momento," dijo Mutua.

Los kenianos creen que la desconfianza mutua entre Kibaki y Odinga es el mayor obstáculo para cualquier solución.

Kibaki dijo estar dispuesto a formar "un gobierno de unidad nacional," pero Odinga quiere que renuncie y mantener conversaciones internacionales para un "acuerdo de transición" antes de una nueva votación en tres a seis meses.

En el país de 36 millones de personas, los pobres de los barrios marginales de la ciudad y de las zonas rurales han sido los más afectados por la violencia. La élite política, otros kenianos acomodados y los expatriados ricos quedaron en gran medida al margen.

La controversial elección desató protestas, disturbios y anarquía que dejó refugiados a través de toda la nación, comúnmente utilizada para ayudar a personas que huyen de países como Sudán y Somalia.

Once camiones de la ONU se dirigían el lunes bajo escolta policial al occidente del país, corazón de la crisis de los refugiados, con comida suficiente para alimentar a 38.000 personas durante dos semanas.

Gran parte del conflicto enfrentó a los partidarios de la oposición contra los miembros de la tribu Kikuyu de Kibaki, incluida la masacre de unas 30 personas refugiadas en una iglesia cerca de Eldoret, una ciudad occidental con décadas de tensiones.

El Gobierno dijo que estaba investigando las denuncias de algunas víctimas de los enfrentamientos a quienes se les advirtió de antemano que si apoyaban a Kibaki "debían pagar por ello."

El portavoz del Gobierno, Alfred Mutua, dijo que la declaración de los abogados es inexacta, engañosa y confusa para el público.

"LSK no debe ser partidista y debe ejercer la responsabilidad de abstenerse de hacer reclamos basados en eventos en los que no estuvo presente. No tiene idea de lo que ocurrió y en qué momento," dijo Mutua.

Los kenianos creen que la desconfianza mutua entre Kibaki y Odinga es el mayor obstáculo para cualquier solución.

Kibaki dijo estar dispuesto a formar "un gobierno de unidad nacional," pero Odinga quiere que renuncie y mantener conversaciones internacionales para un "acuerdo de transición" antes de una nueva votación en tres a seis meses.

En el país de 36 millones de personas, los pobres de los barrios marginales de la ciudad y de las zonas rurales han sido los más afectados por la violencia. La élite política, otros kenianos acomodados y los expatriados ricos quedaron en gran medida al margen.

La controversial elección desató protestas, disturbios y anarquía que dejó refugiados a través de toda la nación, comúnmente utilizada para ayudar a personas que huyen de países como Sudán y Somalia.

Once camiones de la ONU se dirigían el lunes bajo escolta policial al occidente del país, corazón de la crisis de los refugiados, con comida suficiente para alimentar a 38.000 personas durante dos semanas.

Gran parte del conflicto enfrentó a los partidarios de la oposición contra los miembros de la tribu Kikuyu de Kibaki, incluida la masacre de unas 30 personas refugiadas en una iglesia cerca de Eldoret, una ciudad occidental con décadas de tensiones.

El Gobierno dijo que estaba investigando las denuncias de algunas víctimas de los enfrentamientos a quienes se les advirtió de antemano que si apoyaban a Kibaki "debían pagar por ello."

Fuente: Reuters

& Felipe León León, uno de los sobrevivientes de la matanza de Barrios Altos y quien recibió siete balazos en 1991, acusó al ex presidente Alberto Fujimori de haber pretendido entorpecer las investigaciones sobre el caso.
“Siete años después (de la masacre) el presidente Fujimori, a través del padre ‘Carlos’, se reunió para preguntarme qué necesidades tenía”, señaló mientras recordaba que ese interés por ayudarlo se presentó recién cuando la jueza Antonia Saquicuray avanzaba en dichas investigaciones.
León León fue interrogado ayer junto a su esposa Natividad Condorcahuana, ambos víctimas de la matanza de Barrios Altos.
El testigo señaló que al principio no aceptó la ayuda, pero días después acudió al colegio La Recolecta, en La Molina, domicilio que el padre “Carlos” le había proporcionado, y donde halló al cura Hubert Lanssiers.
Recordó que su mayor sorpresa vino luego cuando el padre Lanssiers le negó todo tipo de ayuda y le dijo, de malas formas, que el Presidente no tenía tiempo de atenderlo.
Sin embargo, Fujimori negó conocer al tal padre “Carlos”, y aunque admitió tener amistad con Lanssiers –éste enseñaba en el colegio donde estudiaban sus hijos– aseguró que nunca le solicitó que conversara con los sobrevivientes de Barrios Altos.

Gorriti
Posteriormente, la Sala reinició la audiencia con el interrogatorio al periodista Gustavo Gorriti, quien fue secuestrado el 6 de abril de 1992 y llevado a los sótanos del SIE, en el Pentagonito.
Gorriti dijo estar seguro de que su secuestro se debió a las investigaciones que realizaba de la matanza de los Barrios Altos y que lo ordenó Vladimiro Montesinos.
El periodista reveló que el 8 de abril, cuando fue trasladado a la Dircote, el general PNP (r) Antonio Ketín Vidal le confesó que Montesinos había ordenado que lo denunciara por terrorismo.
Gorriti afirmó que Fujimori sabía sobre su secuestro. Relató que éste ni se inmutó cuando en una conferencia de prensa, dos días después de su liberación, le increpó por su detención.

MAS DATOS
& La audiencia se postergó hasta el próximo lunes donde han sido citados 25 testigos, entre ellos el premier Jorge del Castillo. La Sala ordenó que sean conducidos de grado o fuerza el empresario Samuel Dayer y el testigo Miguel Santana.

Fuente: Diario Correo

Bogotá (EFE).- El sitio de Internet Anncol, que suele divulgar declaraciones de las FARC, acusó hoy a Estados Unidos de manipular pruebas de ADN para presentar al niño que está bajo los cuidados de un organismo oficial de menores como hijo de Clara Rojas, secuestrada por esa guerrilla.


"Ya ellos saben el resultado. Allí estará la mano siniestra de los Estados Unidos. Todos los exámenes que ellos hagan demostrarán que ese niño 'es Emmanuel'. Habrá en consecuencia dos Emmanuel. Solo su madre sabrá cuál es el verdadero, el de ella", señaló la página web.


En una columna publicada hoy, Anncol cuestionó la hipótesis lanzada el pasado lunes por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien dijo que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no liberaron a los tres secuestrados que habían prometido entregar porque no tienen en su poder al niño Emmanuel, que era uno de ellos.


Emmanuel es el hijo que tuvo en cautiverio hace unos tres años la ex candidata a vicepresidente Clara Rojas, secuestrada por las FARC en 2001 y cuya liberación, así como la del menor y la de la ex congresista Consuelo González de Perdomo, habían prometido los rebeldes el pasado 18 de diciembre.


Según dijo Uribe, las FARC no cumplieron su compromiso porque no tienen a Emmanuel, de quien su Gobierno tiene indicios de que en realidad es un menor que está en Bogotá bajo los cuidados del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y con el nombre de Juan David Gómez Tapiero.


Un hombre que se presentó en el 2005 como tío abuelo del menor lo entregó a una sede del ICBF en San José del Guaviare, capital del departamento selvático del Guaviare, desde donde fue trasladado luego a Bogotá debido a su delicado estado de salud, según la versión oficial.


Científicos colombianos viajaron ayer a Caracas, donde están la madre y un hermano de Clara Rojas esperando su liberación, para practicarles pruebas de ADN cuyos resultados se contrastarán con un examen similar practicado al menor para establecer si realmente se trata de Emmanuel. Pero según Anncol, el objetivo de Uribe al anunciar que Emmanuel puede ser el niño que está en el ICBF era "torpedear el contacto de la comunidad internacional" para la liberación de los tres cautivos, que forman parte del grupo de 45 que esa guerrilla pretende canjear por unos 500 rebeldes presos.


Para Anncol, esa liberación, que fue aplazada por la propia guerrilla el pasado 31 de diciembre con el argumento de que "intensos operativos" militares comprometían su seguridad y la de los secuestrados, "mostraría la verdadera dimensión de las FARC como organización insurgente beligerante". "Ese fue su verdadero objetivo. Mandado por el gobierno de EE.UU. ", puntualizó el texto.


Mientras tanto, fuentes de la Fiscalía colombiana, citadas por emisoras de radio, indicaron que el hombre que entregó el menor al ICBF y que el mes pasado se presentó como su padre para pedir la devolución, manifestó más tarde no tener parentesco con él y dijo a las autoridades que ese niño "es de las FARC".