22/02/12: Para no perder el juicio
Justicia :::: Aumenta entre los jueces el estrés, la depresión y la ansiedad.
Según un inquietante estudio reciente sobre la salud mental de los jueces del Poder Judicial, el 26% del total de la muestra presenta un severo cuadro de estrés; el 15% padece de depresión y un 12.5% sufre de ansiedad.
La muestra estuvo conformada por 149 magistrados del Poder Judicial y 138 fiscales de Lima, evaluados al azar por un equipo siquiátrico del Instituto Nacional de Salud (INS) conformado por los doctores Alberto Perales, Héctor Chue, Lorenzo, Barahona y Alberto Padilla.
Los jueces respondieron preguntas relacionadas a su entorno laboral, formación y presión de la opinión pública por sus sentencias.
En
Según un inquietante estudio reciente sobre la salud mental de los jueces del Poder Judicial, el 26% del total de la muestra presenta un severo cuadro de estrés; el 15% padece de depresión y un 12.5% sufre de ansiedad.
La muestra estuvo conformada por 149 magistrados del Poder Judicial y 138 fiscales de Lima, evaluados al azar por un equipo siquiátrico del Instituto Nacional de Salud (INS) conformado por los doctores Alberto Perales, Héctor Chue, Lorenzo, Barahona y Alberto Padilla.
Los jueces respondieron preguntas relacionadas a su entorno laboral, formación y presión de la opinión pública por sus sentencias.
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22/02/12: ¡Habla, PJ!
Fernando Vivas. Periodista
Extraño a Javier Villa Stein, el ex presidente del Poder Judicial. Era polémico y arrebatado, pero sintonizaba con los nuevos tiempos: se abocó a difundir el concepto de ‘caso emblemático’ (CE) para no desentonar con la pasión humana por seguir juicios célebres como si fueran los grandes relatos contemporáneos.
Un CE es aquel donde los procesados tienen en vilo a la nación porque con sus culpas y sus razones encarnan valores esenciales en conflicto. Y todos estamos a la espera de una sentencia satisfactoria para restablecer no solo la confianza en la justicia, sino en el sistema.
Por eso es necesario romper la reserva burocrática y, mientras no peligre una pesquisa importante, comunicar los avances y explicar las sentencias. Para colmo, la mudez judicial pareciera dar la razón a la defensa de los condenados que arremete contra los fallos (por ejemplo, casos
Fefer, Alicia Delgado o ‘petroaudios’), sin que jueces o vocales repliquen. El ciudadano no sabe si la justicia calla por endeble o por soberbia, pero en cualquier caso siente que ha desertado de su misión pedagógica. ¡Justicia ciega, hermética y necia que cree que se hace para sí misma y no para la sociedad! ¡Qué mayor prueba de hermetismo que el lenguaje indescifrable de sus resoluciones!
Los jueces y periodistas que participamos en un encuentro organizado por el Consejo Peruano de la Prensa en el 2010 concluimos que era necesario humanizar la jerga de juzgado y alentar la formación de voceros judiciales que encaren la demanda pública de información. El relator que resumió las conclusiones fue el actual ministro de Justicia, Juan Jiménez, y entre los vocales supremos que acompañaron a Villa Stein estuvo César San Martín, actual jefe del PJ.
Me temo que San Martín, más parco y convencional, no asume como Villa Stein el mandato comunicativo que supone un CE. Pero podría reivindicarse cumpliendo la Resol. Administrativa 200-2009 del PJ, que estableció la necesidad de la vocería y que Villa no supo o no pudo ejecutar. Si la mudez judicial deprime, la del Ministerio Público escandaliza. Los fiscales que podrían ser elocuentes y pedagógicos acusadores públicos, como en otros países, callan por miedo o comodidad, a pesar de que están autorizados para declarar. La justicia tiene mucho que decirnos
EL COMERCIO
Extraño a Javier Villa Stein, el ex presidente del Poder Judicial. Era polémico y arrebatado, pero sintonizaba con los nuevos tiempos: se abocó a difundir el concepto de ‘caso emblemático’ (CE) para no desentonar con la pasión humana por seguir juicios célebres como si fueran los grandes relatos contemporáneos.
Un CE es aquel donde los procesados tienen en vilo a la nación porque con sus culpas y sus razones encarnan valores esenciales en conflicto. Y todos estamos a la espera de una sentencia satisfactoria para restablecer no solo la confianza en la justicia, sino en el sistema.
Por eso es necesario romper la reserva burocrática y, mientras no peligre una pesquisa importante, comunicar los avances y explicar las sentencias. Para colmo, la mudez judicial pareciera dar la razón a la defensa de los condenados que arremete contra los fallos (por ejemplo, casos
Fefer, Alicia Delgado o ‘petroaudios’), sin que jueces o vocales repliquen. El ciudadano no sabe si la justicia calla por endeble o por soberbia, pero en cualquier caso siente que ha desertado de su misión pedagógica. ¡Justicia ciega, hermética y necia que cree que se hace para sí misma y no para la sociedad! ¡Qué mayor prueba de hermetismo que el lenguaje indescifrable de sus resoluciones!
Los jueces y periodistas que participamos en un encuentro organizado por el Consejo Peruano de la Prensa en el 2010 concluimos que era necesario humanizar la jerga de juzgado y alentar la formación de voceros judiciales que encaren la demanda pública de información. El relator que resumió las conclusiones fue el actual ministro de Justicia, Juan Jiménez, y entre los vocales supremos que acompañaron a Villa Stein estuvo César San Martín, actual jefe del PJ.
Me temo que San Martín, más parco y convencional, no asume como Villa Stein el mandato comunicativo que supone un CE. Pero podría reivindicarse cumpliendo la Resol. Administrativa 200-2009 del PJ, que estableció la necesidad de la vocería y que Villa no supo o no pudo ejecutar. Si la mudez judicial deprime, la del Ministerio Público escandaliza. Los fiscales que podrían ser elocuentes y pedagógicos acusadores públicos, como en otros países, callan por miedo o comodidad, a pesar de que están autorizados para declarar. La justicia tiene mucho que decirnos
EL COMERCIO
* Jorge Pellicer
* Juan Carlos La Puente
Amnistía Internacional
El sacerdote Michael Woodward se vio obligado a subir a un barco, de nombre Armada Esmeralda, en el año 1973. Anclado en la costa chilena, el que años después se acertó en llamar el Barco Tortura, fue escenario del maltrato y muerte de Woodward por parte de las fuerzas policiales y militares de Pinochet. El fallecimiento del religioso, junto con el de más de dos mil personas, formó parte del bochornoso catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del dictador.
Por suerte para la justicia universal y la dignidad humana alguien, al otro lado del charco, pensó que los crímenes de Pinochet no podían pasar desapercibidos. Woodward y otros tantos miles de chilenos lo merecían.
Así fue como Baltasar Garzón Real, en aquel entonces juez de la Audiencia Nacional española, dictó el auto de prisión el 18 de octubre de 1998, atribuyendo al ex dictador Augusto Pinochet un delito de genocidio conformado por numerosas detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos que el propio juez español llegó a tipificar como “terrorismo”.
De esta manera, y de acuerdo al Código Penal español y a los convenios internacionales firmados por España, el delito de genocidio o, lo que es lo mismo, el "propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, iba a ser juzgado por primera vez cruzando las fronteras.
A diferencia de Michael Woodward, Marcos Ana sigue vivo, aunque también fue víctima de un dictador. Fue el preso que durante más tiempo sufrió las cárceles de la dictadura franquista. Nada menos que 23 años. Fue encarcelado en 1938 por defender un gobierno democráticamente constituido. Su padre, también republicano, murió durante un bombardeo franquista durante la Guerra Civil Española. Su madre, como Marcos cuenta, “murió de desesperación” siguiéndolo de cárcel en cárcel por todo del país.
Durante el tiempo que permaneció recluido, fue numerosas veces vejado y torturado, por estar en contra del régimen impuesto. Otra víctima de las persecuciones políticas del franquismo, de la intolerancia, de sus métodos de tortura. Con todo, Marcos tuvo la fuerza para seguir vivo, hasta que, en 1961, por fin cambió la dolorosa vista de los paredones de las cárceles franquistas por el de los amplios paisajes de la libertad.
Pero no todos los detenidos del franquismo corrieron igual suerte: solo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 el régimen dejó un rastro de 114 mil desapariciones forzosas. Una cifra a todas luces escandalosa.
Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio
De esta forma debió de considerarlo Garzón cuando, en virtud de los mismos tratados de defensa de los derechos humanos que habían avalado la extradición, enjuiciamiento y condena de Pinochet, emprendió la investigación sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo.
De hecho, según sus propias palabras, “había sospechas fundadas para investigar el franquismo por tener un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas". Estas declaraciones corresponden a la vista judicial que se está cursando en su contra desde el pasado 23 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Madrid, donde asistimos a una incoherencia en el sistema judicial español: el que permite investigar crímenes de lesa humanidad en el extranjero en pro de la justicia universal y los veta en su propio feudo en un dudoso acto de justicia doméstica.
Es importante tener en cuenta quién es quién en este caso: el grupo que ha formulado la denuncia contra el magistrado español es un autodenominado sindicato de nombre Manos Limpias del que su máximo dirigente es un reconocido simpatizante franquista galardonado años atrás como “Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco” por sus “servicios en defensa de los ideales del Movimiento”.
Su acusación se cimienta en la Ley de Amnistía de 1977, por la que la España de la transición hizo un borrón en el pasado para así solidificar la construcción de la democracia.
En base a esta ley no se deben de investigar ni el franquismo ni la Guerra Civil. No se debe de tocar a los culpables de las masacres, de la tortura o de la intimidación. De esta forma, las investigaciones del juez Garzón sobre las desapariciones producidas durante la dictadura se consideraron ilegales y se admitió la denuncia a trámite.
Pero aquí entra la paradoja. Según la legalidad internacional, la misma que España suscribió en el pasado y a la que está obligada a adaptar sus leyes nacionales, los crímenes de derecho internacional son imprescriptibles y no pueden conllevar amnistías o indultos a sus perpetradores. Con lo que la investigación del juez Baltasar Garzón no solamente sería legal, sino que pondría en evidencia la propia ilegalidad de la Ley de Amnistía de 1977 en base a la cual está siendo juzgado.
Las víctimas, sepultadas bajo la indiferencia
Ante estos hechos, Amnistía Internacional considera espeluznante que el juicio se siga llevando a cabo en estos términos y ve con profunda preocupación la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo.
De hecho, una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón. Además, hay indicios de que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos, con el consecuente perjuicio de los derechos de las víctimas y sus familias.
No obstante, irónicamente, el juicio a Garzón está devolviendo a las portadas de los periódicos españoles los horrores del franquismo, las familias olvidadas.
María Martín, de 75 años, ha reclamado en público el cuerpo de su madre, fusilada en 1936. María Antonia Oliver ha denunciado también la desaparición de su abuela. Ellas son solo una mínima representación de las familias que siguen sufriendo en el olvido, y que seguirán penosamente enterradas en la memoria colectiva si Garzón resulta condenado.
Parafraseando a Marcos Ana cuando se refería a quienes prefieren no tocar el pasado: no hay que pasar página. No. Hay que leerla, releerla y memorizarla para no recaer en los mismos errores.
Algo que, en su momento, aprendió bien el pueblo peruano y quedó reflejado en el informe y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Todo un desafío para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ahora también en España.
En http://www.revistaideele.com/content/garz%C3%B3n-y-las-sombras-de-la-justicia-espa%C3%B1ola
* Juan Carlos La Puente
Amnistía Internacional
El sacerdote Michael Woodward se vio obligado a subir a un barco, de nombre Armada Esmeralda, en el año 1973. Anclado en la costa chilena, el que años después se acertó en llamar el Barco Tortura, fue escenario del maltrato y muerte de Woodward por parte de las fuerzas policiales y militares de Pinochet. El fallecimiento del religioso, junto con el de más de dos mil personas, formó parte del bochornoso catálogo de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen del dictador.
Por suerte para la justicia universal y la dignidad humana alguien, al otro lado del charco, pensó que los crímenes de Pinochet no podían pasar desapercibidos. Woodward y otros tantos miles de chilenos lo merecían.
Así fue como Baltasar Garzón Real, en aquel entonces juez de la Audiencia Nacional española, dictó el auto de prisión el 18 de octubre de 1998, atribuyendo al ex dictador Augusto Pinochet un delito de genocidio conformado por numerosas detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzosas y asesinatos que el propio juez español llegó a tipificar como “terrorismo”.
De esta manera, y de acuerdo al Código Penal español y a los convenios internacionales firmados por España, el delito de genocidio o, lo que es lo mismo, el "propósito de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”, iba a ser juzgado por primera vez cruzando las fronteras.
A diferencia de Michael Woodward, Marcos Ana sigue vivo, aunque también fue víctima de un dictador. Fue el preso que durante más tiempo sufrió las cárceles de la dictadura franquista. Nada menos que 23 años. Fue encarcelado en 1938 por defender un gobierno democráticamente constituido. Su padre, también republicano, murió durante un bombardeo franquista durante la Guerra Civil Española. Su madre, como Marcos cuenta, “murió de desesperación” siguiéndolo de cárcel en cárcel por todo del país.
Durante el tiempo que permaneció recluido, fue numerosas veces vejado y torturado, por estar en contra del régimen impuesto. Otra víctima de las persecuciones políticas del franquismo, de la intolerancia, de sus métodos de tortura. Con todo, Marcos tuvo la fuerza para seguir vivo, hasta que, en 1961, por fin cambió la dolorosa vista de los paredones de las cárceles franquistas por el de los amplios paisajes de la libertad.
Pero no todos los detenidos del franquismo corrieron igual suerte: solo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951 el régimen dejó un rastro de 114 mil desapariciones forzosas. Una cifra a todas luces escandalosa.
Viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio
De esta forma debió de considerarlo Garzón cuando, en virtud de los mismos tratados de defensa de los derechos humanos que habían avalado la extradición, enjuiciamiento y condena de Pinochet, emprendió la investigación sobre los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante el franquismo.
De hecho, según sus propias palabras, “había sospechas fundadas para investigar el franquismo por tener un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas". Estas declaraciones corresponden a la vista judicial que se está cursando en su contra desde el pasado 23 de enero en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Madrid, donde asistimos a una incoherencia en el sistema judicial español: el que permite investigar crímenes de lesa humanidad en el extranjero en pro de la justicia universal y los veta en su propio feudo en un dudoso acto de justicia doméstica.
Es importante tener en cuenta quién es quién en este caso: el grupo que ha formulado la denuncia contra el magistrado español es un autodenominado sindicato de nombre Manos Limpias del que su máximo dirigente es un reconocido simpatizante franquista galardonado años atrás como “Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco” por sus “servicios en defensa de los ideales del Movimiento”.
Su acusación se cimienta en la Ley de Amnistía de 1977, por la que la España de la transición hizo un borrón en el pasado para así solidificar la construcción de la democracia.
En base a esta ley no se deben de investigar ni el franquismo ni la Guerra Civil. No se debe de tocar a los culpables de las masacres, de la tortura o de la intimidación. De esta forma, las investigaciones del juez Garzón sobre las desapariciones producidas durante la dictadura se consideraron ilegales y se admitió la denuncia a trámite.
Pero aquí entra la paradoja. Según la legalidad internacional, la misma que España suscribió en el pasado y a la que está obligada a adaptar sus leyes nacionales, los crímenes de derecho internacional son imprescriptibles y no pueden conllevar amnistías o indultos a sus perpetradores. Con lo que la investigación del juez Baltasar Garzón no solamente sería legal, sino que pondría en evidencia la propia ilegalidad de la Ley de Amnistía de 1977 en base a la cual está siendo juzgado.
Las víctimas, sepultadas bajo la indiferencia
Ante estos hechos, Amnistía Internacional considera espeluznante que el juicio se siga llevando a cabo en estos términos y ve con profunda preocupación la dilación que ha sufrido la investigación de los crímenes de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo.
De hecho, una de las investigaciones de Amnistía Internacional actualmente en curso, cuyas conclusiones se harán públicas este año, parece evidenciar que al menos cuatro procesos de investigación de dichos crímenes se han visto postergados y su avance ha sido condicionado a la decisión final por parte del Tribunal Supremo en la causa contra Garzón. Además, hay indicios de que los criterios utilizados para fundamentar los cargos contra el juez han sido esgrimidos por juzgados territoriales que investigaban los crímenes cometidos durante el franquismo para archivar masivamente los procedimientos, con el consecuente perjuicio de los derechos de las víctimas y sus familias.
No obstante, irónicamente, el juicio a Garzón está devolviendo a las portadas de los periódicos españoles los horrores del franquismo, las familias olvidadas.
María Martín, de 75 años, ha reclamado en público el cuerpo de su madre, fusilada en 1936. María Antonia Oliver ha denunciado también la desaparición de su abuela. Ellas son solo una mínima representación de las familias que siguen sufriendo en el olvido, y que seguirán penosamente enterradas en la memoria colectiva si Garzón resulta condenado.
Parafraseando a Marcos Ana cuando se refería a quienes prefieren no tocar el pasado: no hay que pasar página. No. Hay que leerla, releerla y memorizarla para no recaer en los mismos errores.
Algo que, en su momento, aprendió bien el pueblo peruano y quedó reflejado en el informe y recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú. Todo un desafío para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Ahora también en España.
En http://www.revistaideele.com/content/garz%C3%B3n-y-las-sombras-de-la-justicia-espa%C3%B1ola
11/02/12: El paradigma Garzón ha sido condenado
Luis García Miró Elguera
El juez Baltasar Garzón ha sido condenado por la Suprema a 11 años de inhabilitación en el juicio del llamado caso Gurtel. Allí el todopoderoso juez caviar ordenó interceptar las conversaciones entre los abogados y los acusados, mientras éstos se hallaban en la cárcel sin condena. Es la primera de tres sentencias que le espera. Las otras son: 1) por investigar los crímenes del franquismo sin tener la debida competencia; y 2) el patrocinio de unos cursos a su cargo en la Universidad de Nueva York. Se trata del delito de cohecho propio y continuado, en relación a unos “patrocinios” financiados por Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa precisamente para solventar los citados cursos. Existe otro pedido de condena de prevaricación contra Garzón por una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín –uno de los “patrocinadores” de sus cursos en NY– que, ¡oh sorpresa! se ventilaba nada menos que en el juzgado del súper juez. Garzón aprovechó la coyuntura para dirigirle sendas cartas –con membrete del juzgado– al banquero Botín, solicitándole decenas de miles de dólares para que auspicie sus cursos. Lo que reúne visos de extorsión. A lo largo de los tres procesos, Garzón ha recurrido a infinidad de tachas a los vocales que integrarían las salas donde caerían sus juicios, tratando de hallar jueces a su medida. Para desgracia del súper juez, engreído de la progresía, la Suprema no le dio gusto en todas.
Pero si Garzón es el ícono de la progresía, ¿cómo lo condena la Justicia? ¡Los evangelios por tierra! Por supuesto la reacción de los caviares ha sido denunciar a la Justicia por fascista, aduciendo que “castiga a Garzón porque se atrevió a perseguir al franquismo”. No, señor. Garzón incumplió la norma, por tanto prevaricó. Y en el asunto del “patrocinio” a sus cursos –pedir cientos de miles de dólares a las grandes firmas españolas, en tono de ucase y a sabiendas de que, tarde o temprano, caerían en sus manos– revela que Garzón cometió un obvio chantaje. Indigna por eso el aura de corrección que rodea a todo lo relacionado con la progresía internacional. Es que los caviares actúan como todo grupo mafioso. Sólo ellos son honestos, incorruptibles, dueños de la verdad, etc. Y por si fuera poco, se alaban mutuamente y blindan entre sí usando la maquinaria mediática de la que disponen, gracias a que muchos propietarios de diarios, radios y canales de tv sucumben ante el chantaje de la progresía que no tiene reparo en crucificarlos por lo que fuere. Por eso prefieren tener al enemigo a sueldo, para apaciguar el ataque. Bienvenidos al mundo de los caviares. Todo aquel que se manifieste contra ellos la pagará con la deshonra. ¿Y si delinque alguno del clan, como Garzón? Pues a defenderlo y a crucificar a sus acusadores, enrostrándoles los clásicos epítetos de corruptos, fascistas, violadores de ddhh, etc.
En
http://www.expreso.com.pe/el-mundo-al-reves/el-paradigma-garzon-ha-sido-condenado
El juez Baltasar Garzón ha sido condenado por la Suprema a 11 años de inhabilitación en el juicio del llamado caso Gurtel. Allí el todopoderoso juez caviar ordenó interceptar las conversaciones entre los abogados y los acusados, mientras éstos se hallaban en la cárcel sin condena. Es la primera de tres sentencias que le espera. Las otras son: 1) por investigar los crímenes del franquismo sin tener la debida competencia; y 2) el patrocinio de unos cursos a su cargo en la Universidad de Nueva York. Se trata del delito de cohecho propio y continuado, en relación a unos “patrocinios” financiados por Telefónica, BBVA, CEPSA y Endesa precisamente para solventar los citados cursos. Existe otro pedido de condena de prevaricación contra Garzón por una querella contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín –uno de los “patrocinadores” de sus cursos en NY– que, ¡oh sorpresa! se ventilaba nada menos que en el juzgado del súper juez. Garzón aprovechó la coyuntura para dirigirle sendas cartas –con membrete del juzgado– al banquero Botín, solicitándole decenas de miles de dólares para que auspicie sus cursos. Lo que reúne visos de extorsión. A lo largo de los tres procesos, Garzón ha recurrido a infinidad de tachas a los vocales que integrarían las salas donde caerían sus juicios, tratando de hallar jueces a su medida. Para desgracia del súper juez, engreído de la progresía, la Suprema no le dio gusto en todas.
Pero si Garzón es el ícono de la progresía, ¿cómo lo condena la Justicia? ¡Los evangelios por tierra! Por supuesto la reacción de los caviares ha sido denunciar a la Justicia por fascista, aduciendo que “castiga a Garzón porque se atrevió a perseguir al franquismo”. No, señor. Garzón incumplió la norma, por tanto prevaricó. Y en el asunto del “patrocinio” a sus cursos –pedir cientos de miles de dólares a las grandes firmas españolas, en tono de ucase y a sabiendas de que, tarde o temprano, caerían en sus manos– revela que Garzón cometió un obvio chantaje. Indigna por eso el aura de corrección que rodea a todo lo relacionado con la progresía internacional. Es que los caviares actúan como todo grupo mafioso. Sólo ellos son honestos, incorruptibles, dueños de la verdad, etc. Y por si fuera poco, se alaban mutuamente y blindan entre sí usando la maquinaria mediática de la que disponen, gracias a que muchos propietarios de diarios, radios y canales de tv sucumben ante el chantaje de la progresía que no tiene reparo en crucificarlos por lo que fuere. Por eso prefieren tener al enemigo a sueldo, para apaciguar el ataque. Bienvenidos al mundo de los caviares. Todo aquel que se manifieste contra ellos la pagará con la deshonra. ¿Y si delinque alguno del clan, como Garzón? Pues a defenderlo y a crucificar a sus acusadores, enrostrándoles los clásicos epítetos de corruptos, fascistas, violadores de ddhh, etc.
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http://www.expreso.com.pe/el-mundo-al-reves/el-paradigma-garzon-ha-sido-condenado
11/02/12: Zaffaroni: 'Fallo contra Garzón es un peligro como modelo para los jueces de todo el mundo'
El ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni consideró que la condena contra el juez español Baltasar Garzón "es la expresión de un corporativismo judicial autoritario", y lo calificó como "la aberración propia de un Poder Judicial de herencia napoleónica y un peligro como modelo para todos los jueces del mundo".
Zaffaroni sostuvo que la condena del Tribunal Supremo de España a Garzón a 11 años de inhabilitación "significa la pérdida total de independencia interna de los jueces".
"El fallo tiene un sentido disciplinante para abajo", consideró, y agregó que "es una suerte de dictadura de los cuerpos colegiados de los propios poderes judiciales", dijo en declaraciones a Télam, en las que añadió que cualquier magistrado puede preguntarse "qué no podrían hacerme a mí si le hacen esto a Garzón".
El integrante de la Corte dijo que espera "que el tribunal constitucional español remiende este terrible papelón que hace la Justicia española y, si no lo recompone Tribunal Constitucional de España, lo tendrá que recomponer el Tribunal de Estrasburgo", instancia ante la cual puede llevar el caso el propio Baltasar Garzón, o el mismo ministerio público.
Zaffaroni rescató también que "el mismo ministerio público español, en este caso, actuó con una dignidad que merece el mayor elogio".
Consultado sobre si ese intento de disciplinamiento intentaba cortar la posibilidad de que se investiguen delitos "globales" como los vuelos clandestinos que trasladaron prisioneros de un país a otro, Zaffaroni aceptó esa posibilidad y recordó que "hemos tenido un caso de esa naturaleza; en Italia se intentó sancionar a un ministerio público que quiso investigar esos vuelos".
También indicó que Garzón no podría haber investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina cuando esa posibilidad estaba negada en el país.
Zaffaroni afirmó que "hay dos independencias de los jueces, una externa, que es que el judicial no reciba presiones de facto de poderes como el económico y el político; y una interna, que hay que preservar para que el juez no reciba presiones de los propios órganos del Poder Judicial"
Esto último, consideró, "es lo que garantiza la autonomía del juez para interpretar el derecho, de lo contrario todos los jueces se convierten en empleados o amanuenses del órgano supremo".
El ministro de la Corte y catedrático consideró que "el Poder Judicial no es corporativo ni vertical, cada juez tiene su propia responsabilidad e independencia interna; lo que los jueces tenemos son diferencias de competencia".
"Si entendemos que está equivocado algo que hizo alguien de otra instancia, lo corregimos; pero no podemos imponer una dictadura ideológica desde un cuerpo colegiado supremo. Eso es creer que el Poder Judicial es un ejército", subrayó.
En
Zaffaroni sostuvo que la condena del Tribunal Supremo de España a Garzón a 11 años de inhabilitación "significa la pérdida total de independencia interna de los jueces".
"El fallo tiene un sentido disciplinante para abajo", consideró, y agregó que "es una suerte de dictadura de los cuerpos colegiados de los propios poderes judiciales", dijo en declaraciones a Télam, en las que añadió que cualquier magistrado puede preguntarse "qué no podrían hacerme a mí si le hacen esto a Garzón".
El integrante de la Corte dijo que espera "que el tribunal constitucional español remiende este terrible papelón que hace la Justicia española y, si no lo recompone Tribunal Constitucional de España, lo tendrá que recomponer el Tribunal de Estrasburgo", instancia ante la cual puede llevar el caso el propio Baltasar Garzón, o el mismo ministerio público.
Zaffaroni rescató también que "el mismo ministerio público español, en este caso, actuó con una dignidad que merece el mayor elogio".
Consultado sobre si ese intento de disciplinamiento intentaba cortar la posibilidad de que se investiguen delitos "globales" como los vuelos clandestinos que trasladaron prisioneros de un país a otro, Zaffaroni aceptó esa posibilidad y recordó que "hemos tenido un caso de esa naturaleza; en Italia se intentó sancionar a un ministerio público que quiso investigar esos vuelos".
También indicó que Garzón no podría haber investigado los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina cuando esa posibilidad estaba negada en el país.
Zaffaroni afirmó que "hay dos independencias de los jueces, una externa, que es que el judicial no reciba presiones de facto de poderes como el económico y el político; y una interna, que hay que preservar para que el juez no reciba presiones de los propios órganos del Poder Judicial"
Esto último, consideró, "es lo que garantiza la autonomía del juez para interpretar el derecho, de lo contrario todos los jueces se convierten en empleados o amanuenses del órgano supremo".
El ministro de la Corte y catedrático consideró que "el Poder Judicial no es corporativo ni vertical, cada juez tiene su propia responsabilidad e independencia interna; lo que los jueces tenemos son diferencias de competencia".
"Si entendemos que está equivocado algo que hizo alguien de otra instancia, lo corregimos; pero no podemos imponer una dictadura ideológica desde un cuerpo colegiado supremo. Eso es creer que el Poder Judicial es un ejército", subrayó.
En
Nota Pública de Garzón
"Rechazo frontalmente la sentencia"
Garzón emite un comunicado en el que asegura que la decisión del Tribunal Supremo "no se ajusta a derecho" y le condena "de forma injusta y predeterminada"
Baltasar Garzón acaba de hacer pública una nota como respuesta a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le considera culpable de un delito de prevaricación por ordenar grabar las conversaciones entre la trama Gürtel y sus abogados, por lo que le condena a 11 años de inhabilitación. Este es el comunicado:
NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO
"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
Madrid a 9 de febrero de 2012
En
"Rechazo frontalmente la sentencia"
Garzón emite un comunicado en el que asegura que la decisión del Tribunal Supremo "no se ajusta a derecho" y le condena "de forma injusta y predeterminada"
Baltasar Garzón acaba de hacer pública una nota como respuesta a la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que le considera culpable de un delito de prevaricación por ordenar grabar las conversaciones entre la trama Gürtel y sus abogados, por lo que le condena a 11 años de inhabilitación. Este es el comunicado:
NOTA DE BALTASAR GARZÓN REAL ANTE LA SENTENCIA DE LA SALA 2 DEL TRIBUNAL SUPREMO EN LA CAUSA SEGUIDA CONTRA EL MISMO
"Rechazo frontalmente la sentencia que me ha sido notificada en el día de hoy.
Lo hago por entender que no se ajusta a derecho, que me condena de forma injusta y predeterminada.
He trabajado contra el terrorismo, el narcotráfico, los crímenes contra la humanidad y la corrupción. Lo he hecho con la ley en la mano y en unión de fiscales, jueces y policía. En este trabajo, siempre he cumplido con rigor las normas, he defendido los derechos de los justiciables y de las víctimas en situaciones muy adversas.
Ahora y a lo largo de este procedimiento, mis derechos han sido sistemáticamente violentados, mis peticiones de defensa desatendidas, el juicio oral una excusa, cuyo contenido ha sido utilizado sólo contra mí, prescindiendo de los elementos favorables que me beneficiaban, para, con ello, poder dar forma a una sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses.
Mi actuación en el denominado caso Gürtel, se ajustó a la ley y en su desarrollo, tomé todas las medidas para garantizar el derecho de defensa y la investigación de delitos muy graves relacionados con la corrupción, partiendo de los contundentes indicios y para evitar la continuidad delictiva de blanqueo de dinero de los jefes mafiosos que utilizaban, como ya lo habían hecho antes, a los abogados designados.
Se me ha impedido aportar las pruebas que lo demostraban y se ha prescindido de la implicación y participación de abogados en la trama.
La afirmación que se contiene en la sentencia para justificar el supuesto dolo de que “la inclusión de la cláusula previniendo el derecho de defensa dejando a un lado su efectividad, revela que sabía que su resolución afectaba a este derecho” es una aberración que contradice todo el sentido de la misma y se utiliza para eliminar la base de mi absolución. La sentencia no dice en ningún momento cual es el daño producido en el derecho de defensa y no lo dice sencillamente porque no existe. Lo inventa. Así mismo falta a la verdad cuando se dice que no se ejecutó la medida de salvaguardar dicho derecho, cuando personalmente me cuide de garantizarlo y así lo avalan las pruebas practicadas e ignoradas por el tribunal.
Esta sentencia, sin razón jurídica para ello ni pruebas que la sustenten, elimina toda posibilidad para investigar la corrupción y sus delitos asociados abriendo espacios de impunidad y contribuye gravemente, en el afán de acabar con un concreto juez, a laminar la independencia de los jueces en España.
Acudiré a las vías legales que correspondan para combatir esta sentencia y ejerceré todas las acciones que sean pertinentes para tratar de paliar el perjuicio irreparable que los autores de esta sentencia han cometido.
Madrid a 9 de febrero de 2012
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