Toda historia Constitucional del Perú tiene resultados más o menos previsibles: que tuvimos once constituciones, que éstas fueron liberales y aquellas conservadoras, que duraron tantos o cuantos años. Sin olvidar recalcar, por supuesto, que ellas fueron poco menos que letra muerta, indicador sumo para marcar las distancias entre «país oficial y el país real», artificio útil para evitar cualquier complicación que acarrea el estudio y reflexión global sobre el Perú.

Los problemas suscitados a partir de este estado de la cuestión son múltiples. Primero, porque el hecho jurídico ha sido aislado de su naturaleza social, haciéndolo flotar como una entidad producto únicamente de insulsos debates doctrinarios, entre personajes completamente abstraídos de su contexto. Segundo, y como correlato de lo anterior, porque el Poder, función básica para entender lo plasmado en la legislación, no es tomado en cuenta como una variable que determina la naturaleza intrínseca de las leyes.