El Comercio

El especialista en temas de educación León Trahtemberg sostuvo hoy lunes que la norma del tercio superior emitida por el ministerio del sector supone un doble acto de discriminación, ya que impedirá a un buen grupo de los actuales docentes y de los futuros egresados la posibilidad de ser contratados en las escuelas públicas.

El decreto Nº 004 señala que, a partir del año lectivo 2008, es requisito fundamental para ser contratado como docente en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva, ser profesor egresado, dentro del tercio superior del cuadro de méritos promocional de las Instituciones de Educación Superior no Universitaria y facultades de Educación de las Universidades del País.

"Hay doble discriminación. Por un lado, porque (la norma) establece que dentro de un grupo de profesores igualmente formados, igualmente titulados en instituciones a nombre de la Nación, unos puedan aplicar a la plaza (en colegios estatales) y otros no; ni siquiera les dan la posibilidad a los que no estuvieron en el tercio superior de demostrar sus méritos. Por otro lado, a los estudiantes que actualmente están en tercero, cuarto y quinto año en los institutos y que no están en el tercio superior no han sido avisados que existiría esa regla", dijo.

Trahtemberg señaló que la norma del tercio superior tiene una serie de deficiencias señaladas por una serie de analistas, en el sentido que "es una norma retroactiva al prácticamente anularles el título de maestros, otorgado a nombre de la Nación por los institutos, a dos tercios de los actuales maestros, a quienes nunca se les dijo, cuando fueron estudiantes y luego graduados, que por no estar en el tercio superior no tendrían posibilidades de aplicar a contratos con el Estado".

Por lo tanto, es una norma mal hecha y mal conceptualizada, sentenció en conversación con elcomercio.com.pe. Luego advirtió que el tercio superior de una institución mediocre no garantiza que los elegidos sean realmente buenos maestros.

Sobre la decisión tomada por algunos presidentes regionales de no acatar la norma, señaló que el problema es que hay un entrampamiento político-legal. "Si esta es una norma dada por el ministerio para sus concursos (de plazas docentes), los demás tienen que cumplirla. Por tanto, (si no se cumple) habría un desacato de los gobiernos regionales, que sería ilegal, pero a pesar de esto los gobernantes regionales opuestos a la norma obtendrían popularidad".

Para Trahtemberg "lo más sensato sería que el ministerio de Educación haga una revisión de la norma, tome en cuenta todos los pareceres que tengan sentido y la replantee, de tal manera que no se generen, inútilmente, confrontaciones porque en este caso los que objetan la norma tienen muchísimos argumentos certeros para decir que la norma está mal hecha".

NOTA.
en realidad no hay discriminación, son elementos propios de la meritocracia. En todo caso, que el consultor contrate docentes y directores que no sean del tercio superior para su colegio. Lo hara??? Que dé el ejemplo entonces.

Gobiernos regionales vulneran principio de jerarquía y competencia, dice ex presidente del TC

Lima, feb. 11 (ANDINA)- Los gobiernos regionales vulneran la jerarquía de normas y el principio de competencia, al desconocer el decreto que establece la contratación de docentes que hayan egresado en el tercio superior, advirtió hoy el ex presidente del Tribunal Constitucional (TC), Víctor García Toma.
“Si hablamos que una autoridad se resiste a aplicar un dispositivo legal y válido, entramos en la esfera penal, y ciertamente tanto los procuradores y el Ministerio Público deberían entrar en acción”, declaró a la agencia Andina.

Los gobiernos regionales de Arequipa, Puno y San Martín decidieron no acatar la respectiva norma, mientras Lambayeque y Loreto analizan también no ejercer el dispositivo.

El ex magistrado explicó que los presidentes de esas regiones vulneran el principio fundamental de jerarquía de normas porque pretenden aplicar ordenanzas regionales por encima de un decreto supremo emitido por el Gobierno central.

Recordó que el Gobierno central, a través del Ministerio de Educación, es el encargado de fijar las políticas educativas generales para todo el país, y si bien ha delegado algunas atribuciones a los gobiernos regionales como parte del proceso de descentralización, dijo que aún mantiene su preeminencia.

“Y cuando los gobierno regionales desconocen esos lineamientos y optan por aplicar sus propios dispositivos, también afecta el principio de competencia de funciones”, manifestó.

Refirió que ya existen precedentes sobre el mismo caso, al mencionar que el TC ya ha definido en el 2005 la jerarquía de normas y la competencia de funciones cuando declaró fundadas las demandas de inconstitucionalidad planteadas por el Ejecutivo contra las ordenanzas de los gobiernos regionales de Cusco y Huánuco que legalizaban el cultivo de hoja de coca en parte de sus jurisdicciones.

Auguró que lo mismo puede ocurrir si las ordenanzas regionales referidas a la contratación de docentes llegan al Poder Judicial y, eventualmente, a las instancias del TC.

“Esperemos que haya una reflexión por parte de las autoridades regionales. Vamos a entender que ha habido un error, una incomprensión de sus límites y competencias, y que ya sea por acto propio o por acción judicial, esa situación quede corregida rápidamente”, comentó.

Juzgado penal de Junín declara inaplicable el DS-004 del tercio superior en educación
Magistrado afirma que contratar maestros que solo hayan alcanzado esa condición es atentar contra el derecho al trabajo.

Por Ana Núñez. La República


Firme. El presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, sale al frente para rechazar decreto del Ejecutivo.

El Primer Juzgado Penal de Junín declaró fundado un hábeas corpus presentado por un sector del magisterio de esa región contra el Decreto Supremo 004-2008 ED, el cual fija como requisito fundamental para ser contratado como profesor en las instituciones educativas públicas que los docentes hayan egresado en el tercio superior de su promoción.

El presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc, informó a este diario que la sala judicial emitió su resolución el viernes último, por lo que de inmediato él envió un memorándum a la Dirección Regional de Educación de Junín a fin de que acate la orden judicial y se abstenga de aplicar la mencionada norma.

El hábeas corpus presentado por los maestros de Junín sostiene que el Decreto Supremo del Ejecutivo es inconstitucional, en tanto atenta contra su derecho al trabajo.

VIENEN MÁS HÁBEAS CORPUS

Huaroc afirmó que la decisión del Primer Juzgado Penal de Junín marca un importante precedente para lo que será la aplicabilidad de la controvertida norma, y comentó que tiene información de que los maestros de otras regiones han comenzado a preparar hábeas corpus similares al que fue fundado en su jurisdicción.

Tres días antes de que el Poder Judicial de Junín declare fundado el hábeas corpus contra el DS 004-2008 ED, Vladimiro Huaroc junto con las otras siete autoridades regionales pertenecientes al Consejo Interregional Centro Sur (Censur) –entidad que agrupa a las regiones de Lima, Ayacucho, Huancavelica, Ica, Huánuco, Apurímac y Pasco– suscribieron un pronunciamiento de rechazo a la norma aprobada por el Ejecutivo, por considerar que atentaba contra derechos fundamentales de las personas.

"El DS 004 es discriminatorio, por eso los presidentes regionales del Censur hemos pedido al Ministerio de Educación que reflexione y tome una actitud más sensata", comentó Huaroc.

A la posición de estos ocho presidentes regionales se suma una aún más radical, que tiene como abanderadas a las cinco autoridades que integran el Consejo Interregional de la Macrorregión Sur (Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna) y por lo menos tres integrantes de la Junta de Coordinación Interregional del Norte y Oriente del país (Lambayeque, Madre de Dios y Loreto).

Lo que significa que por lo menos 16 de las 25 autoridades regionales rechazan la norma del Ejecutivo, y estarían buscando los mecanismos necesarios (más allá de los posibles hábeas corpus que sean presentados por los propios docentes) para declarar su inaplicabilidad.

Al respecto, el coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y presidente de la región Lambayeque, Yehude Simon, indicó a este diario que ya ha tenido conversaciones con la mayoría de sus colegas y que han acordado que defenderán su "posición de principios" en contra del "ofensivo, tramposo y discriminatorio DS 004", así esto signifique que sean denunciados por el Ejecutivo.

Simon exigió al gobierno que de inmediato convoque a las autoridades regionales a un diálogo en el que se busque una salida para este asunto, el cual –según el presidente regional de Lambayeque– creará un gran conflicto social.

En ese mismo sentido se pronunció el presidente regional de Puno, Hernán Fuentes, quien afirmó que el anuncio del Ejecutivo –respecto de que se denunciará a quienes no cumplan con aplicar esa norma nacional– solo busca atemorizarlos para que ellos (las autoridades regionales) actúen de manera sumisa al gobierno central. "Así nos cueste una denuncia, actuaremos en defensa de la población", dijo.

CLAVES

DEROGAR. El presidente de la región Tacna, Hugo Ordóñez, anunció que en los próximos días se reuniría el Consejo Ejecutivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales para solicitar al Congreso derogar el DS 004-2008 ED en el caso de que el Ejecutivo no quiera dar marcha atrás.

ACUERDO. Ordóñez indicó que esa posición cuenta con el respaldo de todos los integrantes del Consejo Interregional de la Macrorregión Sur.

Lo que dice el DS del Ejecutivo

El Decreto Supremo 004-2008 ED fue publicado en el diario El Peruano el sábado 12 de enero y está referido a las políticas del sector Educación para la contratación de personal docente en las instituciones educativas públicas. La norma señala que a partir del año 2008 es requisito fundamental para ser contratado como docente en las instituciones educativas públicas haber egresado en el tercio superior del cuadro de méritos promocional.

Se indica, además, que en el caso de que no sea posible esa acreditación, se presentará una declaración jurada, la misma que estará sujeta a posterior fiscalización. El controvertido decreto lleva las rúbricas del presidente García y del ministro del sector, José Antonio Chang.


NOTA

Cualquier argumento podría ser válido para no aceptar el DS del Ejecutivo, sin embargo, el fin supremo de educar con calidad es una idea de tontos para los presidentes regionales. ¿Ellos pondrían a sus hijos a estudiar con esos profesores limitados, brutalizados y torpes que solo piensan en entrar a la política?