(ANDINA).- El presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edmundo Peláez Bardales, confirmó hoy la apertura de una investigación preliminar a la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Elcira Vásquez, y estimó que en una semana estaría listo el informe sobre este caso.
La magistrada es investigada por la denuncia que interpuso el coronel PNP Juan Santibáñez Antúnez, quien afirma que separó de manera irregular a una jueza que falló a su favor.
Se trata de la jueza Alicia Salinas quien habría fallado irregularmente a favor de medidas cautelares presentadas por diferentes oficiales que buscaban ser ascendidos o reincorporados en su institución.
"En el caso de Alicia Salinas, esa denuncia ha sido entregada de inmediato a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios, así que espero que en los próximos días se emita un informe ante el pleno del Consejo para adoptar la decisión que corresponda", señaló Peláez.
Tras aclarar que no puede adelantar opinión, indicó que si en esta investigación preliminar se encuentran indicios de responsabilidad, y tras el acuerdo del pleno del CNM, se abriría un proceso disciplinario a Vásquez Cortez.
Estas declaraciones las formuló ante los medios de comunicación durante una ceremonia en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la cual se entregó la credencial como parlamentario a Eduardo Peláez Bardales quien reemplazará en el cargo a la fallecida colega Fabiola Salazar.
La magistrada es investigada por la denuncia que interpuso el coronel PNP Juan Santibáñez Antúnez, quien afirma que separó de manera irregular a una jueza que falló a su favor.
Se trata de la jueza Alicia Salinas quien habría fallado irregularmente a favor de medidas cautelares presentadas por diferentes oficiales que buscaban ser ascendidos o reincorporados en su institución.
"En el caso de Alicia Salinas, esa denuncia ha sido entregada de inmediato a la Comisión Permanente de Procesos Disciplinarios, así que espero que en los próximos días se emita un informe ante el pleno del Consejo para adoptar la decisión que corresponda", señaló Peláez.
Tras aclarar que no puede adelantar opinión, indicó que si en esta investigación preliminar se encuentran indicios de responsabilidad, y tras el acuerdo del pleno del CNM, se abriría un proceso disciplinario a Vásquez Cortez.
Estas declaraciones las formuló ante los medios de comunicación durante una ceremonia en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la cual se entregó la credencial como parlamentario a Eduardo Peláez Bardales quien reemplazará en el cargo a la fallecida colega Fabiola Salazar.
Dice que es víctima de hostigamiento constante, que nadie hace nada para protegerlo y que, por el contrario, lo persiguen.
Ana Véliz.La República
Luchador. Juez José Cruz Cala asegura que el Partido Aprista está detrás de la persecución en su contra.
El juez titular del módulo Básico de Justicia de Andahuaylas, José Cruz Cala, denunció que los magistrados que apoyaron las acciones de amparo a favor de los casinos y tragamonedas están vinculados al Partido Aprista Peruano, actualmente en el gobierno.
Sostiene en su solicitud de asilo a Urugay que por esta razón los pedidos que ha hecho a las instancias judiciales y de la fiscalía para que los investiguen han sido dejadas de lado u olvidadas.
Mientras que a él, dice, se le persigue y pretendería eliminar física y moralmente a través de procesos administrativos, solo por mantener su independencia y resolver de acuerdo con la ley y responder con firmeza a las represalias.
COMPAÑEROS
Cruz Cala sustenta su acusación en la supuesta relación familiar entre el ex presidente de la Corte de Apurimac Elí Glicerio Alarcón con el representante legal en Andahuaylas de los casinos y tragamonedas, Teófilo Hoyos Altamirano, quien sería su cuñado.
El magistrado dice que este representante es un alto dirigente del Apra en Apurímac, y subraya que el representante nacional de los casinos y tragamonedas cuando se inicio todo este lío era el actual presidente de la corte superior de Lima y ex personero legal del Apra Ángel Romero Díaz, quien regresó a la corte luego de más de un año de estar suspendido en su funciones en mérito a un proceso de la OCMA y el Consejo Nacional de la Magistratura.
Al respecto, consultado por La República, el doctor Romero dice que ya no tiene relación con el Apra, y menos con lo que actualmente sucede en Apurímac y que desconoce las denuncias del juez Cruz Cala.
Según la denuncia del juez, los vocales superiores y ex presidentes de la Corte de Apurímac Elí Glicerio Alarcón y René Olmos Huallpa habrían dado su respaldo a las acciones de amparo que presentaron los casinos Zlata Actividades Recreacionales, Cathay Entretenimientos, Recreativos Fargo y Balshen Gaming.
El juez dice que para acabar con el hostigamiento en su contra insistirá en pedir su traslado o que de una vez se acepte su renuncia.
EL DATO
Asilo. Cruz Cala espera que al menos una embajada de las cuatro a las que se presentó lo escuche y apoye su pedido de asilo político, pues teme por su seguridad personal y la de su familia.
Juez de Andahuaylas que denunció mafia a favor de casinos pide asilo político
José Cruz rechazó carrusel de acciones de amparo. Además, desde mayo existe una orden judicial de captura en su contra por una querella que presentó un denunciado.
César Romero. La República
Denuncia. Juez José Cruz Cala dice que la corrupción quiere destruirlo moralmente para desacreditar sus denuncias.
José Domingo Cruz Cala, el juez titular del módulo básico de justicia de Andahuaylas que en el 2005 denunció la existencia de una mafia judicial que negociaba con las acciones de amparo a favor de los casinos y tragamonedas, solicitó asilo político.
Las solicitudes han sido presentadas a las embajadas de Uruguay, Costa Rica, Argentina y España.
El magistrado refiere que desde que denunció ante la prensa que un grupo de magistrados apoyaba las acciones de amparo y, además, se negó a extender a todo el país el alcance de una resolución a favor de los casinos y tragamonedas, ha sido objeto de amenazas y presiones dentro y fuera del Poder Judicial.
Agregó que ante esta situación el 2005 solicitó ser trasladado a otro juzgado u otra ciudad, pero le rechazaron su solicitud y lo mismo sucedió cuando decidió renunciar al cargo de magistrado titular.
Desprotegido
Cruz Cala indica que sus denuncias ante los órganos de control disciplinario en Andahuaylas y en Lima no han prosperado, por supuesta falta de pruebas.
Sin embargo, dice, cuando decidió reunir, por su propia cuenta, las pruebas que sustentaran sus sospechas le dijeron que eso no era válido y le han abierto proceso disciplinario de destitución.
Además, ahora, uno de los supuestos implicados en la mafia judicial lo denunció por supuesta difamación agravada y logró que uno de los jueces que favorecieron a los tragamonedas ordene su captura. "Temo por mi vida y mi libertad", indica Cruz.
De acuerdo con su denuncia, las acciones de amparo a favor de los casinos Zlata Actividades Recreacionales , Cathay Entretenimientos, Recreativos Fargo y Balshen Gaming tuvieron el respaldo de los vocales superiores y presidentes de la Corte de Andahuaylas Elí Glicerio Alarcón y René Olmos Huallpa.
Como prueba de su denuncia indica que uno de los representantes legales de las mencionadas empresas de juegos de azar es el abogado Teófilo Hoyos Altamirano, cuñado de Glicerio Alarcón.
El 2004, cuando se dieron las acciones de amparo a favor de los casinos y tragamonedas, Glicerio Alarcón era el presidente de la Corte de Apurímac. En esa condición, Alarcón nombró al juez suplente que falló a favor de las empresas representadas por Hoyos Altamirano.
Sin salida
En esa circunstancia, Cruz Cala fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura fue juez titular del Módulo Básico de Andahuaylas. Al llegar a ese despacho, se encuentra con el amparo a favor de los casinos y la pretensión de los apoderados para que esa resolución se haga extensiva a todo el país.
Al joven magistrado Cruz Cala eso no le pareció correcto y lo rechazó pensando, tal vez, que sus superiores aplaudirían su decisión. Sin embargo, no fue así. Desde ese momento se inició, dice, un largo calvario del que no sabe cómo salir.
ORDEN DE CAPTURA
1) El 22 de mayo último, el juez del Segundo Juzgado Penal de Andahuaylas, en Apurímac, ordenó a la policía la conducción de grado y fuerza del juez querellado José Domingo Cruz Cala a su despacho para responder por una querella presentada por el secretario judicial Wilfredo Bravo Yapias.
2) Bravo Yapias es otro de los personajes a los que Cruz Cala señala y denuncia como integrante de la red judicial que protege y apoya las demandas de los casinos y tragamonedas en la Corte Superior de Apurímac.
3) Durante estos años, Cruz Cala ha reunido fotografías y videos de las reuniones que realizan en restaurants, bares y oficinas, los jueces que ha denunciado con abogados patrocinantes, pero estas pruebas son consideradas violatorias de la intimidad y desechadas por los órganos de control disciplinario.
4) Cruz Cala espera que el asilo le ayude a recuperar su tranquilidad.
José Cruz rechazó carrusel de acciones de amparo. Además, desde mayo existe una orden judicial de captura en su contra por una querella que presentó un denunciado.
César Romero. La República
Denuncia. Juez José Cruz Cala dice que la corrupción quiere destruirlo moralmente para desacreditar sus denuncias.
José Domingo Cruz Cala, el juez titular del módulo básico de justicia de Andahuaylas que en el 2005 denunció la existencia de una mafia judicial que negociaba con las acciones de amparo a favor de los casinos y tragamonedas, solicitó asilo político.
Las solicitudes han sido presentadas a las embajadas de Uruguay, Costa Rica, Argentina y España.
El magistrado refiere que desde que denunció ante la prensa que un grupo de magistrados apoyaba las acciones de amparo y, además, se negó a extender a todo el país el alcance de una resolución a favor de los casinos y tragamonedas, ha sido objeto de amenazas y presiones dentro y fuera del Poder Judicial.
Agregó que ante esta situación el 2005 solicitó ser trasladado a otro juzgado u otra ciudad, pero le rechazaron su solicitud y lo mismo sucedió cuando decidió renunciar al cargo de magistrado titular.
Desprotegido
Cruz Cala indica que sus denuncias ante los órganos de control disciplinario en Andahuaylas y en Lima no han prosperado, por supuesta falta de pruebas.
Sin embargo, dice, cuando decidió reunir, por su propia cuenta, las pruebas que sustentaran sus sospechas le dijeron que eso no era válido y le han abierto proceso disciplinario de destitución.
Además, ahora, uno de los supuestos implicados en la mafia judicial lo denunció por supuesta difamación agravada y logró que uno de los jueces que favorecieron a los tragamonedas ordene su captura. "Temo por mi vida y mi libertad", indica Cruz.
De acuerdo con su denuncia, las acciones de amparo a favor de los casinos Zlata Actividades Recreacionales , Cathay Entretenimientos, Recreativos Fargo y Balshen Gaming tuvieron el respaldo de los vocales superiores y presidentes de la Corte de Andahuaylas Elí Glicerio Alarcón y René Olmos Huallpa.
Como prueba de su denuncia indica que uno de los representantes legales de las mencionadas empresas de juegos de azar es el abogado Teófilo Hoyos Altamirano, cuñado de Glicerio Alarcón.
El 2004, cuando se dieron las acciones de amparo a favor de los casinos y tragamonedas, Glicerio Alarcón era el presidente de la Corte de Apurímac. En esa condición, Alarcón nombró al juez suplente que falló a favor de las empresas representadas por Hoyos Altamirano.
Sin salida
En esa circunstancia, Cruz Cala fue nombrado por el Consejo Nacional de la Magistratura fue juez titular del Módulo Básico de Andahuaylas. Al llegar a ese despacho, se encuentra con el amparo a favor de los casinos y la pretensión de los apoderados para que esa resolución se haga extensiva a todo el país.
Al joven magistrado Cruz Cala eso no le pareció correcto y lo rechazó pensando, tal vez, que sus superiores aplaudirían su decisión. Sin embargo, no fue así. Desde ese momento se inició, dice, un largo calvario del que no sabe cómo salir.
ORDEN DE CAPTURA
1) El 22 de mayo último, el juez del Segundo Juzgado Penal de Andahuaylas, en Apurímac, ordenó a la policía la conducción de grado y fuerza del juez querellado José Domingo Cruz Cala a su despacho para responder por una querella presentada por el secretario judicial Wilfredo Bravo Yapias.
2) Bravo Yapias es otro de los personajes a los que Cruz Cala señala y denuncia como integrante de la red judicial que protege y apoya las demandas de los casinos y tragamonedas en la Corte Superior de Apurímac.
3) Durante estos años, Cruz Cala ha reunido fotografías y videos de las reuniones que realizan en restaurants, bares y oficinas, los jueces que ha denunciado con abogados patrocinantes, pero estas pruebas son consideradas violatorias de la intimidad y desechadas por los órganos de control disciplinario.
4) Cruz Cala espera que el asilo le ayude a recuperar su tranquilidad.
Ejecutivo propone exonerar a presos extranjeros de pago de reparación civil
(ANDINA).- Con la finalidad de reducir el hacinamiento en las cárceles, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, presentó un proyecto a través del cual se plantea trasladar a sus países de origen a los reos extranjeros que hayan cumplido su condena en el Perú, pero sean incapaces de pagar la reparación civil.
“Se trata en los casos donde exclusivamente el Estado es el agraviado; ahí se hace un análisis de costo beneficio y se llega a la conclusión de que mucho más caro le resulta mantener al interno durante un largo tiempo y esperar a la posibilidad de cobrar una reparación civil que además tiene montos muy pequeños, pues en su mayoría oscilan entre los 500 y 2,500 soles”, explicó.
Luego de presentar la referida iniciativa legislativa en la Comisión de Justicia del Congreso, la ministra dijo esperar que el Parlamento se sensibilice y apruebe dicho proyecto, pues permitiría reducir el problema del hacinamiento de las cárceles del país.
“Si logramos aprobar esta norma, por lo menos vamos a resolver el problema de 1,100 personas (extranjeros en la cárceles) que ya es bastante, son personas que rápidamente podría acceder al trámite de traslado de condenados y nosotros hacer un espacio mayor para mejorar las condiciones de vida en nuestros establecimientos penitenciarios”, agregó en declaraciones a la prensa.
Recordó que el 70 por ciento de prisioneros extranjeros son condenados por transportar ilegalmente drogas y el 30 por ciento por delitos comunes.
Del mismo modo, refirió que podrían acogerse a dicha medida los presos extranjeros que presenten un informe socioeconómico y razones humanitarias.
Ante la consulta de la prensa, aclaró que el ex presidente Alberto Fujimori, quien cuenta con doble nacionalidad, no puede ser favorecido por dicho proyecto, pues su país de origen es el Perú.
Además, preciso que unos de los objetivos de dicha iniciativa apunta a la re socialización de los reos en los países de origen.
“La norma no ha sido prevista para el caso de la persona que tiene doble nacionalidad, una de ellas la peruana”, agregó.
(ANDINA).- Con la finalidad de reducir el hacinamiento en las cárceles, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, presentó un proyecto a través del cual se plantea trasladar a sus países de origen a los reos extranjeros que hayan cumplido su condena en el Perú, pero sean incapaces de pagar la reparación civil.
“Se trata en los casos donde exclusivamente el Estado es el agraviado; ahí se hace un análisis de costo beneficio y se llega a la conclusión de que mucho más caro le resulta mantener al interno durante un largo tiempo y esperar a la posibilidad de cobrar una reparación civil que además tiene montos muy pequeños, pues en su mayoría oscilan entre los 500 y 2,500 soles”, explicó.
Luego de presentar la referida iniciativa legislativa en la Comisión de Justicia del Congreso, la ministra dijo esperar que el Parlamento se sensibilice y apruebe dicho proyecto, pues permitiría reducir el problema del hacinamiento de las cárceles del país.
“Si logramos aprobar esta norma, por lo menos vamos a resolver el problema de 1,100 personas (extranjeros en la cárceles) que ya es bastante, son personas que rápidamente podría acceder al trámite de traslado de condenados y nosotros hacer un espacio mayor para mejorar las condiciones de vida en nuestros establecimientos penitenciarios”, agregó en declaraciones a la prensa.
Recordó que el 70 por ciento de prisioneros extranjeros son condenados por transportar ilegalmente drogas y el 30 por ciento por delitos comunes.
Del mismo modo, refirió que podrían acogerse a dicha medida los presos extranjeros que presenten un informe socioeconómico y razones humanitarias.
Ante la consulta de la prensa, aclaró que el ex presidente Alberto Fujimori, quien cuenta con doble nacionalidad, no puede ser favorecido por dicho proyecto, pues su país de origen es el Perú.
Además, preciso que unos de los objetivos de dicha iniciativa apunta a la re socialización de los reos en los países de origen.
“La norma no ha sido prevista para el caso de la persona que tiene doble nacionalidad, una de ellas la peruana”, agregó.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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22/09/08: Sucari, próxma desaforada por actos de corrupción: recortaba derechos laborales a sus empleados
Acuerdan acusar a legisladora Sucari por caso de recorte de sueldo a ex trabajadora
(ANDINA).- La Comisión Permanente del Congreso acordó hoy acusar a la legisladora Margarita Sucari Cari por los presuntos delitos de concusión y falsedad genérica, por apoderarse supuestamente de parte del sueldo de la ex auxiliar Ivonne Araujo para favorecer a terceras personas.
Fue al aprobarse por 20 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendaba la formulación de la denuncia respectiva.
Tras la votación correspondiente se designó al legislador nacionalista Daniel Abugattás como presidente del grupo que se encargará de sustentar la denuncia correspondiente ante el pleno del Congreso.
Al igual que en el caso del legislador José Anaya, Margarita Sucari, de UPP, tampoco se presentó a ejercer personalmente su derecho a la defensa.
Como justificación, se leyó un informe médico expedido por el doctor Jorge Luis Jacome, que certificaba que la referida legisladora habría sufrido un síncope y una crisis generada por un cuadro de hipertensión arterial.
Debate
La presentación de dicho certificado médico originó, antes de la aprobación, que el legislador Oswaldo Luizar (UPP) pidiera la suspensión de la sesión hasta que la legisladora Sucari pudiera defenderse.
Ante ello, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, sostuvo que el reglamento del Parlamento establece que en ese caso ella podía acreditar un abogado, cosa que hasta ese momento tampoco hizo.
Al respecto, el legislador Luis Galarreta (UN) indicó que minutos antes de la presentación del referido certificado médico, la legisladora Sucari Cari estuvo por los pasillos del Congreso conversando con diversos parlamentarios.
Ante ello, se decidió continuar con el análisis del informe acusatorio, y la legisladora acreditó inmediatamente a su abogado José Llontop Quesquén, quien finalmente la defendió.
Sobre el tema, Llontop indicó que los hechos imputados a Sucari habrían sido “provocados” y aclaró que así lo demostraría una grabación.
“Esto ha sido un hecho provocado, porque inclusive en el video se aprecia que la congresista Sucari responde en ese sentido.”
En torno al caso del trabajador Giovanni Palacios, cuyo sueldo habría sido pagado con parte de la remuneración de Ivonne Araujo, precisó que está probado que él realizó un trabajo efectivo en la comisión que investigó el caso de la carretera Interoceánica, de la cual Sucari era presidenta.
El abogado dijo que el caso de Giovanni Palacios está acreditado en autos, no se ha probado que el Congreso le haya pagado, pero que sí lo hizo Ivonne Araujo.
“Lo que se trata aquí es un hecho sui géneris en la labor parlamentaria. En este sentido, sólo debemos expresar que la congresista Sucari no ha incurrido en actos que tengan relevancia jurídica legal, no se apropió de ningún centavo, no ha robado. En tal sentido, solicitamos que se desapruebe el informe de la subcomisión, y que se archive el proceso.”
Por su parte, el congresista Edgar Reymundo (UPP) dijo que Sucari cometió exceso e incurrió en actos reprochables, por lo cual merece la suspensión de 60 días que le impuso la Comisión de Ética, pero no una acusación constitucional.
El legislador Oswaldo Luizar (UPP) también defendió a Sucari, al precisar que no se puede acusar a nadie a base de un video que ha sido editado, en alusión a lo difundido por un canal de televisión que dio origen a la denuncia, más aún cuando se desconocería el íntegro de la conversación que sostuvo la parlamentaria con su ex auxiliar Ivonne Araujo.
El legislador Pedro Santos (PNP) indicó que está acreditado que Giovanni Palacios trabajó para el Congreso en la comisión investigadora que presidió Sucari Cari, para lo cual contaba inclusive con la credencial del Congreso.
“El Parlamento debió pagarle a esta persona y si no lo hizo quiere decir que tuvo un pasivo. Hubo una suplantación porque se dijo a una persona: 'cobras tú, pero le pagas a otro', el error está hecho, no sé si es administrativo, pero eso lo prohíben las leyes del Sistema Nacional de Control y de Tesorería”, enfatizó.
(ANDINA).- La Comisión Permanente del Congreso acordó hoy acusar a la legisladora Margarita Sucari Cari por los presuntos delitos de concusión y falsedad genérica, por apoderarse supuestamente de parte del sueldo de la ex auxiliar Ivonne Araujo para favorecer a terceras personas.
Fue al aprobarse por 20 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendaba la formulación de la denuncia respectiva.
Tras la votación correspondiente se designó al legislador nacionalista Daniel Abugattás como presidente del grupo que se encargará de sustentar la denuncia correspondiente ante el pleno del Congreso.
Al igual que en el caso del legislador José Anaya, Margarita Sucari, de UPP, tampoco se presentó a ejercer personalmente su derecho a la defensa.
Como justificación, se leyó un informe médico expedido por el doctor Jorge Luis Jacome, que certificaba que la referida legisladora habría sufrido un síncope y una crisis generada por un cuadro de hipertensión arterial.
Debate
La presentación de dicho certificado médico originó, antes de la aprobación, que el legislador Oswaldo Luizar (UPP) pidiera la suspensión de la sesión hasta que la legisladora Sucari pudiera defenderse.
Ante ello, el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, sostuvo que el reglamento del Parlamento establece que en ese caso ella podía acreditar un abogado, cosa que hasta ese momento tampoco hizo.
Al respecto, el legislador Luis Galarreta (UN) indicó que minutos antes de la presentación del referido certificado médico, la legisladora Sucari Cari estuvo por los pasillos del Congreso conversando con diversos parlamentarios.
Ante ello, se decidió continuar con el análisis del informe acusatorio, y la legisladora acreditó inmediatamente a su abogado José Llontop Quesquén, quien finalmente la defendió.
Sobre el tema, Llontop indicó que los hechos imputados a Sucari habrían sido “provocados” y aclaró que así lo demostraría una grabación.
“Esto ha sido un hecho provocado, porque inclusive en el video se aprecia que la congresista Sucari responde en ese sentido.”
En torno al caso del trabajador Giovanni Palacios, cuyo sueldo habría sido pagado con parte de la remuneración de Ivonne Araujo, precisó que está probado que él realizó un trabajo efectivo en la comisión que investigó el caso de la carretera Interoceánica, de la cual Sucari era presidenta.
El abogado dijo que el caso de Giovanni Palacios está acreditado en autos, no se ha probado que el Congreso le haya pagado, pero que sí lo hizo Ivonne Araujo.
“Lo que se trata aquí es un hecho sui géneris en la labor parlamentaria. En este sentido, sólo debemos expresar que la congresista Sucari no ha incurrido en actos que tengan relevancia jurídica legal, no se apropió de ningún centavo, no ha robado. En tal sentido, solicitamos que se desapruebe el informe de la subcomisión, y que se archive el proceso.”
Por su parte, el congresista Edgar Reymundo (UPP) dijo que Sucari cometió exceso e incurrió en actos reprochables, por lo cual merece la suspensión de 60 días que le impuso la Comisión de Ética, pero no una acusación constitucional.
El legislador Oswaldo Luizar (UPP) también defendió a Sucari, al precisar que no se puede acusar a nadie a base de un video que ha sido editado, en alusión a lo difundido por un canal de televisión que dio origen a la denuncia, más aún cuando se desconocería el íntegro de la conversación que sostuvo la parlamentaria con su ex auxiliar Ivonne Araujo.
El legislador Pedro Santos (PNP) indicó que está acreditado que Giovanni Palacios trabajó para el Congreso en la comisión investigadora que presidió Sucari Cari, para lo cual contaba inclusive con la credencial del Congreso.
“El Parlamento debió pagarle a esta persona y si no lo hizo quiere decir que tuvo un pasivo. Hubo una suplantación porque se dijo a una persona: 'cobras tú, pero le pagas a otro', el error está hecho, no sé si es administrativo, pero eso lo prohíben las leyes del Sistema Nacional de Control y de Tesorería”, enfatizó.
El Comercio
Resulta inconcebible que malos jueces pretenden viciar la aplicación de un instrumento novedoso y necesario como el Código Procesal Penal, recurriendo a subterfugios para sacarle la vuelta a la norma y avalar la impunidad en casos que demandan la máxima sanción.
En La Libertad , un juez, de modo injustificable, decidió no asistir a las lecturas de la sentencia en un proceso de violación de menores, a sabiendas de que ello podría ocasionar --según el nuevo código-- que el juicio se quebrara, es decir, que volviera a fojas cero.
¿Coincidencia o mala fe? Todo indica que al magistrado Jorge Guerra Calderón no le importó mucho la suerte de las víctimas, que esperan se sancione a los culpables de un hecho criminal despreciable. Tampoco que el supuesto agresor podría solicitar libertad al cumplir 18 meses en prisión sin recibir sentencia.
Desde su implementación, el Código Procesal Penal ha demostrado su eficiencia, no solo para agilizar el sistema de justicia, sino también para reducir los actos de corrupción. Corresponde ahora al Poder Judicial evaluar lo ocurrido, determinar si hubo dolo o errada interpretación y explicar al país las repercusiones de todo ello, de modo que no se repitan estos abusos incalificables. Aquí no puede haber aquello de hecha la ley, hecha la trampa.
Resulta inconcebible que malos jueces pretenden viciar la aplicación de un instrumento novedoso y necesario como el Código Procesal Penal, recurriendo a subterfugios para sacarle la vuelta a la norma y avalar la impunidad en casos que demandan la máxima sanción.
En La Libertad , un juez, de modo injustificable, decidió no asistir a las lecturas de la sentencia en un proceso de violación de menores, a sabiendas de que ello podría ocasionar --según el nuevo código-- que el juicio se quebrara, es decir, que volviera a fojas cero.
¿Coincidencia o mala fe? Todo indica que al magistrado Jorge Guerra Calderón no le importó mucho la suerte de las víctimas, que esperan se sancione a los culpables de un hecho criminal despreciable. Tampoco que el supuesto agresor podría solicitar libertad al cumplir 18 meses en prisión sin recibir sentencia.
Desde su implementación, el Código Procesal Penal ha demostrado su eficiencia, no solo para agilizar el sistema de justicia, sino también para reducir los actos de corrupción. Corresponde ahora al Poder Judicial evaluar lo ocurrido, determinar si hubo dolo o errada interpretación y explicar al país las repercusiones de todo ello, de modo que no se repitan estos abusos incalificables. Aquí no puede haber aquello de hecha la ley, hecha la trampa.
(ANDINA).- Como una medida para desincentivar las actuaciones maliciosas y dilatorias en abogados y justiciables, la Corte de Justicia de Lima inició el requerimiento de pago de las multas impuestas contra todos aquellos malos letrados que hubieran actuado dentro del proceso en contravención a los deberes de probidad, veracidad, lealtad y buena fe.
Dichos cobros implicarán la ejecución forzada del embargo o extracción de bienes muebles, de las cuentas, fondos, valores y otros que tuviera el multado en alguna entidad bancaria o financiera y hasta la captura y retención del vehículo, si lo hubiera, precisa la resolución administrativa que aprueba la directiva sobre normas para el funcionamiento de la secretaría encargada de la cobranza de multas (Secom), de este distrito judicial limeño.
Según la norma, suscrita por el titular de la corte, Ángel Romero, es facultad de los jueces sancionar con multas, entre otras medidas, a todas las personas, incluyendo abogados, que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y, en general, cuando falten a los deberes de lealtad, probidad, veracidad y buena fe, así como cuando incumplan sus mandatos.
Aunque la excesiva carga procesal que soportan los órganos jurisdiccionales y la inoperatividad de la ejecución de multas hacen que en la practica el cobro de tales sanciones pecuniarias no se haga oportunamente, lo cual conlleva a la presentación de escritos y recursos dilatorios por parte de los justiciables y abogados, al ver que éstas no son efectivizadas.
De ahí, el interés de esta corte de implementar la Secom para optimizar el cumplimiento de la ejecución de cobranza de multas, a fin de coadyuvar, además, a desincentivar las actuaciones maliciosas y dilatorias de abogados y justiciables.
Trámites
El juez es el que impone la multa conforme a sus atribuciones coercitivas según nuestra normatividad procesal vigente, la que se efectivizará en el expediente principal, en cumplimiento del mandato ejecutorio, debiendo registrarse esta medida en el libro de multas respectivo que obra en el juzgado.
Los miembros de la Secom serán responsables también de notificar al multado, precisando la sanción impuesta más los intereses legales y devengados, así como todos los datos contenidos en la citada disposición, a fin de que cumpla con pagar las multas.
Luego se ordenará al multado pagar el importe señalado a favor del Poder Judicial en la cuenta corriente Nº 0000-281743 del Banco de la Nación, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.
Ejecutabilidad
Ante el incumplimiento del pago del multado, la corte limeña podrá aplicar cualquiera de las siguientes modalidades:
Secuestro conservativo: esta medida se ejecutará ante el caso omiso del requerimiento de pago por concepto de multa impuesta, el cual se acredita con el cargo de la notificación, luego se procederá al embargo o extracción de bienes muebles, debiendo designar para tal efecto al custodio judicial. Se solicitará además el apoyo de la Policía Nacional, así como de terceros: cargadores, cerrajeros y movilidad.
Embargo en forma de devolución. Si el obligado tiene fondos susceptibles de embargo en entidades bancarias y/o financieros, por lo que se ordena se trabe embargo en forma de retención sobre las cuentas, fondos, valores y otros a nombre del multado.
Embargo en forma de inscripción. Procede si el multado tiene inscrita una propiedad inmueble ante el registro de propiedad inmueble de la Sunarp, que se realizará cursando partes a dicha entidad, a efectos de inscribir la medida cautelar ordenada.
Secuestro de vehículo. Se realiza previa búsqueda en el registro vehicular para determinar la existencia de este tipo de bien a nombre del ejecutado, y luego se ordenará la medida.
Dichos cobros implicarán la ejecución forzada del embargo o extracción de bienes muebles, de las cuentas, fondos, valores y otros que tuviera el multado en alguna entidad bancaria o financiera y hasta la captura y retención del vehículo, si lo hubiera, precisa la resolución administrativa que aprueba la directiva sobre normas para el funcionamiento de la secretaría encargada de la cobranza de multas (Secom), de este distrito judicial limeño.
Según la norma, suscrita por el titular de la corte, Ángel Romero, es facultad de los jueces sancionar con multas, entre otras medidas, a todas las personas, incluyendo abogados, que se conduzcan de modo inapropiado, actúen de mala fe, planteen solicitudes dilatorias o maliciosas y, en general, cuando falten a los deberes de lealtad, probidad, veracidad y buena fe, así como cuando incumplan sus mandatos.
Aunque la excesiva carga procesal que soportan los órganos jurisdiccionales y la inoperatividad de la ejecución de multas hacen que en la practica el cobro de tales sanciones pecuniarias no se haga oportunamente, lo cual conlleva a la presentación de escritos y recursos dilatorios por parte de los justiciables y abogados, al ver que éstas no son efectivizadas.
De ahí, el interés de esta corte de implementar la Secom para optimizar el cumplimiento de la ejecución de cobranza de multas, a fin de coadyuvar, además, a desincentivar las actuaciones maliciosas y dilatorias de abogados y justiciables.
Trámites
El juez es el que impone la multa conforme a sus atribuciones coercitivas según nuestra normatividad procesal vigente, la que se efectivizará en el expediente principal, en cumplimiento del mandato ejecutorio, debiendo registrarse esta medida en el libro de multas respectivo que obra en el juzgado.
Los miembros de la Secom serán responsables también de notificar al multado, precisando la sanción impuesta más los intereses legales y devengados, así como todos los datos contenidos en la citada disposición, a fin de que cumpla con pagar las multas.
Luego se ordenará al multado pagar el importe señalado a favor del Poder Judicial en la cuenta corriente Nº 0000-281743 del Banco de la Nación, dentro del tercer día de notificado, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.
Ejecutabilidad
Ante el incumplimiento del pago del multado, la corte limeña podrá aplicar cualquiera de las siguientes modalidades:
Secuestro conservativo: esta medida se ejecutará ante el caso omiso del requerimiento de pago por concepto de multa impuesta, el cual se acredita con el cargo de la notificación, luego se procederá al embargo o extracción de bienes muebles, debiendo designar para tal efecto al custodio judicial. Se solicitará además el apoyo de la Policía Nacional, así como de terceros: cargadores, cerrajeros y movilidad.
Embargo en forma de devolución. Si el obligado tiene fondos susceptibles de embargo en entidades bancarias y/o financieros, por lo que se ordena se trabe embargo en forma de retención sobre las cuentas, fondos, valores y otros a nombre del multado.
Embargo en forma de inscripción. Procede si el multado tiene inscrita una propiedad inmueble ante el registro de propiedad inmueble de la Sunarp, que se realizará cursando partes a dicha entidad, a efectos de inscribir la medida cautelar ordenada.
Secuestro de vehículo. Se realiza previa búsqueda en el registro vehicular para determinar la existencia de este tipo de bien a nombre del ejecutado, y luego se ordenará la medida.
Secretario general de la CGTP mató a José Kobashigawa, que convivía con una hermana suya hace 15 años
Lima (DPA).- El máximo líder sindical de Perú, Mario Huamán, afirmó hoy que las circunstancias en que le dio muerte a su cuñado en 1993 fueron accidentales, y acusó al gobierno, del que es duro opositor, de lanzar acusaciones en su contra con el fin de hacerle daño.
"El gobierno y algunos medios recurren a un hecho doloroso para mí y mi familia, zanjado desde el punto de vista judicial. No tuve intención de matar a nadie. Lamento que el gobierno y algunos medios usen este tema para dañarme y desprestigiarme no solo a mí, sino a la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), para silenciarnos, dividirnos y desclasificarnos ante la opinión pública", dijo Huamán en una declaración.
Una información revelada la semana pasada por el semario "Caretas" y profundizada hoy por el diario "Correo" señala que el ahora secretario general de la CGTP mató de un disparo en la cabeza a José Kobashigawa, que convivía con una hermana suya, en un confuso episodio ocurrido hace 15 años en una casa de Lima.
Huamán, quien en su momento reconoció haber estado ebrio cuando se produjeron los hechos, argumentó entonces que en esa condición manipuló sin querer su pistola, de la que salió el tiro que mató a Kobashigawa. La justicia encontró válido ese alegato y sólo lo condenó a un año de cárcel no efectiva y al pago de una multa.
El episodio había pasado inadvertido por la opinión pública hasta ahora, cuando Huamán, de 50 años y militante comunista, tiene activo protagonismo al frente de la CGTP y es uno de los más visibles orquestadores de las protestas multisectoriales contra el gobierno.
Algunos analistas consideran que Huamán trata de construir una candidatura presidencial marxista para las elecciones de 2011, pero otros estiman que terminará adhiriendo al teniente coronel en retiro Ollanta Humala, el líder más visible de la izquierda peruana.
Según informes policiales elaborados en su momento y publicados hoy por "Correo", cuando se produjeron los hechos de 1993 Huamán no sólo había consumido licor, sino que también, según el examen toxicológico, "se hallaba bajo los efectos de la cocaína".
Lima (DPA).- El máximo líder sindical de Perú, Mario Huamán, afirmó hoy que las circunstancias en que le dio muerte a su cuñado en 1993 fueron accidentales, y acusó al gobierno, del que es duro opositor, de lanzar acusaciones en su contra con el fin de hacerle daño.
"El gobierno y algunos medios recurren a un hecho doloroso para mí y mi familia, zanjado desde el punto de vista judicial. No tuve intención de matar a nadie. Lamento que el gobierno y algunos medios usen este tema para dañarme y desprestigiarme no solo a mí, sino a la CGTP (Confederación General de Trabajadores del Perú), para silenciarnos, dividirnos y desclasificarnos ante la opinión pública", dijo Huamán en una declaración.
Una información revelada la semana pasada por el semario "Caretas" y profundizada hoy por el diario "Correo" señala que el ahora secretario general de la CGTP mató de un disparo en la cabeza a José Kobashigawa, que convivía con una hermana suya, en un confuso episodio ocurrido hace 15 años en una casa de Lima.
Huamán, quien en su momento reconoció haber estado ebrio cuando se produjeron los hechos, argumentó entonces que en esa condición manipuló sin querer su pistola, de la que salió el tiro que mató a Kobashigawa. La justicia encontró válido ese alegato y sólo lo condenó a un año de cárcel no efectiva y al pago de una multa.
El episodio había pasado inadvertido por la opinión pública hasta ahora, cuando Huamán, de 50 años y militante comunista, tiene activo protagonismo al frente de la CGTP y es uno de los más visibles orquestadores de las protestas multisectoriales contra el gobierno.
Algunos analistas consideran que Huamán trata de construir una candidatura presidencial marxista para las elecciones de 2011, pero otros estiman que terminará adhiriendo al teniente coronel en retiro Ollanta Humala, el líder más visible de la izquierda peruana.
Según informes policiales elaborados en su momento y publicados hoy por "Correo", cuando se produjeron los hechos de 1993 Huamán no sólo había consumido licor, sino que también, según el examen toxicológico, "se hallaba bajo los efectos de la cocaína".
(ANDINA).- La Oficina de Control de la Magistratura (Ocma), dispuso hoy, a través de un dispositivo publicado en El Peruano, la conformación de una comisión para que elabore en un plazo de 20 días un plan integral de lucha contra la corrupción.
Las estrategias diseñadas, que tienen carácter preventivo, tienen por finalidad reducir las inconductas funcionales de los magistrados del Poder Judicial y malas prácticas de los abogados, así como de todas las demás personas que integran el sistema judicial.
Involucrarán también a otras instituciones públicas y privadas en la dinámica anticorrupción.
Conforman la Comisión el jefe de la Unidad de Operativa Móvil de la Ocma, Segundo Morales Parraguez y los magistrados integrantes, Hernán Layme Yepez, Hilda Sancarranco Cáceda, Víctor Corante Morales y Ernesto Lechuga Pino, quien es gerente de Desarrollo-Secretario técnico.
Todos ellos deberán elaborar el “Plan Maestro de Lucha Integral Contra la Corrupción” en un plazo de 20 días útiles.
Luego, se deberá presentar a la Presidencia del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo, que dirige Francisco Távara; así como al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que dirige Edmundo Peláez Bardales.
La Comisión deberá tener en cuenta al elaborar las estrategias la información y antecedentes nacionales e internacionales desarrollados en los últimos años.
La disposición fue publicada hoy en el cuaderno de Normas Legales del Diario Oficial Peruano, y está firmada por la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez Cortez, vocal suprema.
Las estrategias diseñadas, que tienen carácter preventivo, tienen por finalidad reducir las inconductas funcionales de los magistrados del Poder Judicial y malas prácticas de los abogados, así como de todas las demás personas que integran el sistema judicial.
Involucrarán también a otras instituciones públicas y privadas en la dinámica anticorrupción.
Conforman la Comisión el jefe de la Unidad de Operativa Móvil de la Ocma, Segundo Morales Parraguez y los magistrados integrantes, Hernán Layme Yepez, Hilda Sancarranco Cáceda, Víctor Corante Morales y Ernesto Lechuga Pino, quien es gerente de Desarrollo-Secretario técnico.
Todos ellos deberán elaborar el “Plan Maestro de Lucha Integral Contra la Corrupción” en un plazo de 20 días útiles.
Luego, se deberá presentar a la Presidencia del Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo, que dirige Francisco Távara; así como al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que dirige Edmundo Peláez Bardales.
La Comisión deberá tener en cuenta al elaborar las estrategias la información y antecedentes nacionales e internacionales desarrollados en los últimos años.
La disposición fue publicada hoy en el cuaderno de Normas Legales del Diario Oficial Peruano, y está firmada por la jefa de la Ocma, Elcira Vásquez Cortez, vocal suprema.
Ya está probada la culpabilidad del ex presidente Alberto Fujimori, según la fiscalía y la parte civil
En tanto, la defensa del procesado dice que no se ha acreditado ninguna acusación. Juristas consultados señalan que el juicio se lleva de manera ejemplar y transparente
Por Mario Mejía Huaraca. El Comercio
A nueve meses de su inicio, el juicio oral contra el ex mandatario Alberto Fujimori, quizás el más trascendental y el que mayor expectativa ha despertado en la historia del país, está ingresando a la recta final. La sentencia es de pronóstico reservado, pero terminadas las etapas de los testigos y peritos se está prácticamente a puertas de conocer este fallo: solo resta ejecutar la fase de difusión de pruebas contenidas en cintas de audio, video o documentos, y los especialistas calculan que ello no tardará más de dos meses, es decir en noviembre conoceremos ya la decisión del jurado.
La fiscalía y la parte civil aseguran que está suficientemente acreditada la responsabilidad del procesado, por lo que debería recibir un fallo condenatorio. Sin embargo, la defensa afirma que no se ha logrado probar ninguno de los cargos y solo resta la absolución.
El fiscal supremo adjunto Avelino Guillén considera que se ha demostrado que Fujimori dispuso durante su mandato que Vladimiro Montesinos controlara el otrora SIN y diseñara una estrategia de guerra sucia, producto de la cual se formó el grupo Colina, que cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. "Los abundantes testimonios prueban que el acusado estuvo al tanto de la creación y las acciones del destacamento, le dio apoyo y trató de lograr su impunidad. La pena que le corresponde es de 30 años de prisión", dijo.
Todo lo contrario sostiene César Nakazaki, abogado de la defensa. "Ni los 'testigos estrellas' de la acusación (Umberto Jara, Rodolfo Robles y Santiago Martin Rivas) han podido probar que hubo una política antisubversiva de guerra sucia y menos que Fujimori tuviera algo que ver con Colina o haya dado órdenes concretas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta", dice.
Mientras que para la fiscalía la revelación que Martin hizo a Jara es clave (que la guerra sucia fue aprobada por el alto mando del Ejército en 1991 en una reunión llamada Mesa Redonda), para Nakazaki esa versión fue desbaratada por los generales y coroneles que habrían participado en la cita, pues negaron que esta se haya producido. A decir verdad, a lo largo del juicio los jefes militares negaron todas las irregularidades atribuidas a ellos.
Nakazaki afirma que un presidente responde por sus políticas y no por las desviaciones que se produzcan en ella. "La única directiva que dio Fujimori fue la de acercamiento de las Fuerzas Armadas al pueblo y eso permitió vencer al terrorismo", dijo. La argumentación de que no se puede acreditar la responsabilidad del acusado porque no hay órdenes escritas fue desvirtuada por los peritos internacionales. Así lo señala Ronald Gamarra, uno de los abogados de la parte civil: "Lo que esos expertos sostienen, a través de la experiencia internacional, es que en los crímenes de Estado las órdenes son verbales y no por escrito. Más bien al amparo del poder se borran las huellas".
En cuanto a la acusación de secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, la fiscalía y la parte civil aseguran que se ha probado que no se trató de una detención ilegal, sino de un secuestro efectuado por militares y que, según los participantes, la orden vino de Fujimori. Nakazaki insiste en que solo se trató de una detención ilegal de la que Fujimori fue ajeno, pero el asunto no lo inquieta porque la pena que se pueda imponer, sea por secuestro o detención ilegal, ya prescribió.
Sobre el manejo del proceso a cargo de la Sala Penal Especial, las partes coinciden en que ha sido hasta hoy profesional, transparente e impecable. El jurista Francisco Eguiguren opina que las diligencias se efectuaron acertadamente y destacó el buen comportamiento de las partes y sus estrategias. El constitucionalista Raúl Ferrero, a su vez, cree que se ha respetado el debido proceso y considera que los miembros del tribunal ya deben tener un criterio formado sobre el caso. ¿Fallo condenatorio o absolutorio? La sala tiene la palabra.
ALTA VOZ
JOSÉ MIGUEL VIVANCO. DIRECTOR EJECUTIVO DE HUMAN RIGHTS WATCH
¿Cuál es la importancia que tiene el juicio a Fujimori en la comunidad internacional?
Tiene gran repercusión por la transparencia y profesionalismo con los que es conducido y sobre todo porque se está juzgando a un ex mandatario que aún tiene peso en la política del país y posee una representación importante en el Congreso.
¿Usted sigue las audiencias por Internet desde Washington y ha asistido a una de ellas. ¿Cuál es su apreciación de la sala?
Yo la calificaría de ejemplar. Esto es algo inaudito, un país en vías de desarrollo como el Perú le está dando una lección al mundo, pues está llevando adelante un proceso judicial impecable, televisado y con las garantías del debido proceso. No dudo de que el fallo de la sala estará bien fundado. Me preocupa lo que pueda pasar después. Lo que pueda ocurrir cuando esa sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, sea apelada y vista en la Corte Suprema.
¿Qué podría ocurrir?
Me preocupa que un alto dirigente fujimorista (Martha Moyano) haya sido elegido presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esa comisión es estratégica, está facultada para iniciar procesos contra los vocales supremos. Ese es un factor que podría constituirse en un elemento intimidatorio para los futuros jueces que vayan a ocuparse del Caso Fujimori.
¿Cuál de los testimonios le ha parecido más significativo?
El testimonio del ex vicepresidente Máximo San Román fue devastador para Fujimori. Su tesis de que no sabía nada, que ignoraba lo que sucedía a su alrededor, ya no es creíble, pues San Román le dijo en su cara que le informó a tiempo de las actividades del grupo Colina y de la responsabilidad de Montesinos; sin embargo, Fujimori le ordenó no inmiscuirse en esos temas.
LO QUE SE VIENE
Aún quedan dos juicios pendientes
Hoy finaliza la etapa de los peritos con la participación de Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
El lunes 22 se iniciará la fase de la lectura de las piezas del proceso. Se leerá y analizará lo más resaltante de las pruebas (documentos, videos, etc.) aportadas por las partes.
Luego seguirá la etapa de los alegatos de cierre. La fiscalía sustentará su acusación y solicitará la pena. La parte civil y la defensa también realizarán su exposición oral.
Finalmente, el tribunal dictará sentencia (posiblemente en noviembre). Si el fallo es impugnado, será revisado en segunda instancia por la Corte Suprema.
Después de que finalice el proceso por Barrios Altos, Cantuta y sótanos del SIE, la sala juzgará a Fujimori en otros dos procesos. Uno es por el caso de los congresistas tránsfugas y por la compra de Cable Canal de Noticias (CCN).
El otro juicio pendiente es por el caso del ilegal pago de US$15 millones a Montesinos por concepto de CTS.
ASÍ LO DIJO
Marco Flores Albán declaró que Supo Sánchez le comentó que después de realizar los crímenes él y los demás miembros del grupo Colina se emborrachaban.
Julio Chuqui Aguirre dijo que después de Barrios Altos se dio cuenta de que Colina fue creado para matar. Reconoció que sus miembros "eran de lo peor".
Jesús Sosa Saavedra confirmó que las operaciones especiales significaban eliminar personas. Dijo que 4 de esas operaciones terminaron en muerte.
Pablo Atúncar Cama confesó que hubo un plan para eliminar a Yehude Simon, pero la misión abortó a último minuto.
En tanto, la defensa del procesado dice que no se ha acreditado ninguna acusación. Juristas consultados señalan que el juicio se lleva de manera ejemplar y transparente
Por Mario Mejía Huaraca. El Comercio
A nueve meses de su inicio, el juicio oral contra el ex mandatario Alberto Fujimori, quizás el más trascendental y el que mayor expectativa ha despertado en la historia del país, está ingresando a la recta final. La sentencia es de pronóstico reservado, pero terminadas las etapas de los testigos y peritos se está prácticamente a puertas de conocer este fallo: solo resta ejecutar la fase de difusión de pruebas contenidas en cintas de audio, video o documentos, y los especialistas calculan que ello no tardará más de dos meses, es decir en noviembre conoceremos ya la decisión del jurado.
La fiscalía y la parte civil aseguran que está suficientemente acreditada la responsabilidad del procesado, por lo que debería recibir un fallo condenatorio. Sin embargo, la defensa afirma que no se ha logrado probar ninguno de los cargos y solo resta la absolución.
El fiscal supremo adjunto Avelino Guillén considera que se ha demostrado que Fujimori dispuso durante su mandato que Vladimiro Montesinos controlara el otrora SIN y diseñara una estrategia de guerra sucia, producto de la cual se formó el grupo Colina, que cometió las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. "Los abundantes testimonios prueban que el acusado estuvo al tanto de la creación y las acciones del destacamento, le dio apoyo y trató de lograr su impunidad. La pena que le corresponde es de 30 años de prisión", dijo.
Todo lo contrario sostiene César Nakazaki, abogado de la defensa. "Ni los 'testigos estrellas' de la acusación (Umberto Jara, Rodolfo Robles y Santiago Martin Rivas) han podido probar que hubo una política antisubversiva de guerra sucia y menos que Fujimori tuviera algo que ver con Colina o haya dado órdenes concretas en los casos de Barrios Altos y La Cantuta", dice.
Mientras que para la fiscalía la revelación que Martin hizo a Jara es clave (que la guerra sucia fue aprobada por el alto mando del Ejército en 1991 en una reunión llamada Mesa Redonda), para Nakazaki esa versión fue desbaratada por los generales y coroneles que habrían participado en la cita, pues negaron que esta se haya producido. A decir verdad, a lo largo del juicio los jefes militares negaron todas las irregularidades atribuidas a ellos.
Nakazaki afirma que un presidente responde por sus políticas y no por las desviaciones que se produzcan en ella. "La única directiva que dio Fujimori fue la de acercamiento de las Fuerzas Armadas al pueblo y eso permitió vencer al terrorismo", dijo. La argumentación de que no se puede acreditar la responsabilidad del acusado porque no hay órdenes escritas fue desvirtuada por los peritos internacionales. Así lo señala Ronald Gamarra, uno de los abogados de la parte civil: "Lo que esos expertos sostienen, a través de la experiencia internacional, es que en los crímenes de Estado las órdenes son verbales y no por escrito. Más bien al amparo del poder se borran las huellas".
En cuanto a la acusación de secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer, la fiscalía y la parte civil aseguran que se ha probado que no se trató de una detención ilegal, sino de un secuestro efectuado por militares y que, según los participantes, la orden vino de Fujimori. Nakazaki insiste en que solo se trató de una detención ilegal de la que Fujimori fue ajeno, pero el asunto no lo inquieta porque la pena que se pueda imponer, sea por secuestro o detención ilegal, ya prescribió.
Sobre el manejo del proceso a cargo de la Sala Penal Especial, las partes coinciden en que ha sido hasta hoy profesional, transparente e impecable. El jurista Francisco Eguiguren opina que las diligencias se efectuaron acertadamente y destacó el buen comportamiento de las partes y sus estrategias. El constitucionalista Raúl Ferrero, a su vez, cree que se ha respetado el debido proceso y considera que los miembros del tribunal ya deben tener un criterio formado sobre el caso. ¿Fallo condenatorio o absolutorio? La sala tiene la palabra.
ALTA VOZ
JOSÉ MIGUEL VIVANCO. DIRECTOR EJECUTIVO DE HUMAN RIGHTS WATCH
¿Cuál es la importancia que tiene el juicio a Fujimori en la comunidad internacional?
Tiene gran repercusión por la transparencia y profesionalismo con los que es conducido y sobre todo porque se está juzgando a un ex mandatario que aún tiene peso en la política del país y posee una representación importante en el Congreso.
¿Usted sigue las audiencias por Internet desde Washington y ha asistido a una de ellas. ¿Cuál es su apreciación de la sala?
Yo la calificaría de ejemplar. Esto es algo inaudito, un país en vías de desarrollo como el Perú le está dando una lección al mundo, pues está llevando adelante un proceso judicial impecable, televisado y con las garantías del debido proceso. No dudo de que el fallo de la sala estará bien fundado. Me preocupa lo que pueda pasar después. Lo que pueda ocurrir cuando esa sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, sea apelada y vista en la Corte Suprema.
¿Qué podría ocurrir?
Me preocupa que un alto dirigente fujimorista (Martha Moyano) haya sido elegido presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Esa comisión es estratégica, está facultada para iniciar procesos contra los vocales supremos. Ese es un factor que podría constituirse en un elemento intimidatorio para los futuros jueces que vayan a ocuparse del Caso Fujimori.
¿Cuál de los testimonios le ha parecido más significativo?
El testimonio del ex vicepresidente Máximo San Román fue devastador para Fujimori. Su tesis de que no sabía nada, que ignoraba lo que sucedía a su alrededor, ya no es creíble, pues San Román le dijo en su cara que le informó a tiempo de las actividades del grupo Colina y de la responsabilidad de Montesinos; sin embargo, Fujimori le ordenó no inmiscuirse en esos temas.
LO QUE SE VIENE
Aún quedan dos juicios pendientes
Hoy finaliza la etapa de los peritos con la participación de Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
El lunes 22 se iniciará la fase de la lectura de las piezas del proceso. Se leerá y analizará lo más resaltante de las pruebas (documentos, videos, etc.) aportadas por las partes.
Luego seguirá la etapa de los alegatos de cierre. La fiscalía sustentará su acusación y solicitará la pena. La parte civil y la defensa también realizarán su exposición oral.
Finalmente, el tribunal dictará sentencia (posiblemente en noviembre). Si el fallo es impugnado, será revisado en segunda instancia por la Corte Suprema.
Después de que finalice el proceso por Barrios Altos, Cantuta y sótanos del SIE, la sala juzgará a Fujimori en otros dos procesos. Uno es por el caso de los congresistas tránsfugas y por la compra de Cable Canal de Noticias (CCN).
El otro juicio pendiente es por el caso del ilegal pago de US$15 millones a Montesinos por concepto de CTS.
ASÍ LO DIJO
Marco Flores Albán declaró que Supo Sánchez le comentó que después de realizar los crímenes él y los demás miembros del grupo Colina se emborrachaban.
Julio Chuqui Aguirre dijo que después de Barrios Altos se dio cuenta de que Colina fue creado para matar. Reconoció que sus miembros "eran de lo peor".
Jesús Sosa Saavedra confirmó que las operaciones especiales significaban eliminar personas. Dijo que 4 de esas operaciones terminaron en muerte.
Pablo Atúncar Cama confesó que hubo un plan para eliminar a Yehude Simon, pero la misión abortó a último minuto.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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