La sentencia contra el ex presidente Alberto Fujimori recién estaría lista en febrero

El Comercio | El deterioro de la salud del acusado contribuyó a que se dilatara el proceso. Espescialistas reconocieron el manejo imparcial y profesional por parte del tribunal

Por: Mario Mejía

Dentro de dos días se cumplirá un año del inicio del juicio oral del llamado megaproceso. La atención nacional e internacional se concentró aquel 10 de diciembre del 2007 en la sala de audiencias instalada en la sede de la Diroes, donde se juzgaba al ex presidente Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. Pese a algunos temores y críticas iniciales, el complejo juicio se ha desarrollado con el debido proceso hasta el momento.


Sin embargo, se ha extendido más de lo que se calculaba. Muchos pronosticaron que la sentencia se dictaría a más tardar en octubre, pero --según estimación de la fiscalía y del mismo abogado de la defensa, César Nakazaki-- el esperado fallo recién se conocería en los primeros días de febrero del 2009.


En una entrevista concedida a una revista local, el todavía presidente de la Corte Suprema Francisco Távara dijo que se iba con la desilusión de que el proceso no termine este año como le habían augurado los miembros de la Sala Penal Especial.


En opinión del ex procurador anticorrupción César Azabache, el proceso ha sido extremadamente largo, y eso le quitará impacto social al resultado . "La sentencia que se dicte dentro de algunos meses no tendrá el mismo efecto que si se hubiese emitido hace tres meses", dice, tras precisar que ese punto en contra no es responsabilidad del tribunal sino del modo como se han conducido la fiscalía y la defensa. Algunos debates fueron innecesarios.


El fiscal supremo Avelino Guillén considera que una de las causas de la extensión del proceso ha sido la salud de Fujimori que desde el mes de julio empezó a quebrantarse. "Para garantizar su salud la sala tuvo que reducir los horarios de las audiencias; además el caso es muy complejo. El expediente tenía cerca de 25 mil folios cuando se inició el juicio, ahora tiene más de 60 mil", dice.


Para el constitucionalista Francisco Eguiguren, el juicio no ha sido más rápido porque el proceso penal que lo rige es anacrónico. "No obstante, y a diferencia de otros juicios más lentos, en este proceso, por el que han desfilado más de 50 testigos, ya se está a punto de dictar sentencia", indica.


Uno de los puntos que se destaca del megaproceso, además del manejo impecable, imparcial y solvente por parte de la sala presidida por César San Martín que todas las partes reconocen, es su resultado pedagógico y cívico en la ciudadanía. "Antes de este juicio no estaba muy claro cuál era el papel de la fiscalía en estos procesos. También se ha demostrado que un tribunal es capaz de brindar un debate equilibrado, sensato y prudente", anota Azabache.


EN LA ÚLTIMA ETAPA
El juicio ha entrado a la recta final. El último viernes finalizó la etapa de presentación de pruebas documentales. La próxima semana se verán los videos presentados y se escucharán los audios. Después vendrá la última fase, la de los alegatos que --según adelantaron la fiscalía, la defensa y la parte civil-- les tomará mínimo cuatro sesiones a cada uno.


El fiscal Guillén dice que su alegato se basará en que hubo una estrategia antisubversiva sucia paralela a la oficial diseñada y ejecutada por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por orden de Fujimori. El alegato de la parte civil se centrará en la existencia de un patrón sistemático de violación de los derechos humanos, del cual formó parte Barrios Altos y La Cantuta. Nakazaki no quiso revelar cuál sería lo medular de su alegato. Tras escuchar a todos ellos, la sala dictará por fin la sentencia.


SERÁ CONSTITUIDA EL PRÓXIMO AÑO
Preocupación por sala suprema que resolvería apelación del fallo
Está cantado que la sentencia de la Sala Penal Especial que condenará o absolverá a Fujimori será apelada por una de las partes en conflicto. Una sala suprema se encargará de resolver esa impugnación.


La fiscalía y la parte civil han mostrado su preocupación por la constitución de esa sala que tendrá la misión de emitir el fallo definitivo. "La conformación de ese tribunal se sabrá el próximo año y la designará el nuevo presidente del Poder Judicial Javier Villa Stein. Nos preocupa porque antes ha emitido opinión que lo vincula a una estrategia de impunidad. Creemos que este proceso debe seguir siendo manejado con la misma imparcialidad y objetividad de ahora", indicó Carlos Rivera, abogado de las víctimas.


Pero ahora ya Villa Stein ha reiterado que garantizará un comportamiento imparcial, profesional y técnico en el Caso Fujimori. Él ha saludado el manejo de la sala presidida por San Martín y asegura que en el futuro tiene que ser igual.


Se prevé que la nueva sala resolverá la apelación en un plazo que tomaría entre cinco y ocho meses, dependiendo de su carga procesal. Mientras tanto la Sala Penal Especial iniciaría, entre abril o mayo, un nuevo juicio oral contra Fujimori, en el que están acumulados los casos de los congresistas tránsfugas, de la CTS de Montesinos y de Cable Canal de Noticias (CCN).


El fiscal supremo Avelino Guillén espera que para ese juicio se mantengan los mismos magistrados que componen la actual Sala Penal Especial.


Todavía quedaría pendiente de término el proceso por interceptación telefónica. Como se recuerda, se logró extraditar al ex presidente para juzgarlo por siete casos en total. El que ya está resuelto es el del allanamiento de la casa de la esposa de Montesinos, en el cual Fujimori fue sentenciado a seis años de cárcel.


CLAVES
Fujimori hablará antes de la sentencia
4 La presentación de los peritos nacionales e internacionales en el juicio se realizó a lo largo de diez audiencias.
4 Mientras la fase testimonial tomó 7 meses, la etapa de lectura de pruebas documentales demoró dos meses y una semana. La fiscalía presentó pruebas en 18 audiencias, la parte civil en 3 y la defensa en 8 sesiones.
4 Después de que la fiscalía, la parte civil y la defensa formulen sus alegatos finales, el tribunal escuchará la defensa personal del acusado y luego emitirá sentencia.
4 Durante el proceso, Fujimori fue citado como testigo en otros tres juicios en los que juzgan a Vladimiro Montesinos, pero se negó tajantemente a declarar.


DEL CONSULTOR
La salud moral del país en juego*
Creo que este proceso resulta de enorme trascendencia para el Perú. Están en juego cuestiones cruciales. No solamente por un sentido de justicia y reparación a las víctimas de graves violaciones a derechos fundamentales, sino para afirmar valores que resultan indispensables en toda sociedad democrática. La salud moral del país demanda un pronunciamiento justo y ampliamente fundamentado.


La conducción del proceso por parte de los magistrados que forman la sala ha sido impecable. Más allá de cuestiones menores que siempre resultan opinables, se ha actuado con suma prudencia, permitiendo un amplio ejercicio del derecho de defensa.


Se trata de un proceso complejo, en que se juzga una presunta autoría que exige establecer una cadena de mando. En consecuencia, es razonable que un proceso de estas características siga un trámite más dilatado que, en todo caso, debe concluir posiblemente antes de febrero próximo.
* WALTER ALBÁN. Decano de la Facultad de Derecho de la PUCP

Pleno aprueba incorporar al Código Penal delito de administración fraudulenta

La República

El Pleno del Congreso aprobó un dictamen que modifica el Código Penal e incorpora el delito de administración fraudulenta de personas jurídicas y el delito financiero de ocultamiento.

El dictamen, emanado de la Comisión de Justicia, fue aprobado por 86 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Fue exonerado de la segunda votación por 83 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones.

Estos delitos serán reprimidos con una pena de cárcel de no menor de uno ni mayor de cuatro años. La norma busca garantizar la transparencia y corrección de personas e instituciones en cuanto a sus informaciones financieras y contables, entre otros fines; diferenciando la actuación de los auditores internos o externos, de las personas jurídicas.

La mencionada pena recaerá sobre los auditores que a sabiendas presenten informes o dictámenes en los que se omita revelar, o lo hagan de forma distorsionada, la situación real de falta de solvencia o insuficiencia patrimonial de una persona jurídica.

Tal sanción recaerá también en los auditores que no revelen actos u omisiones que violen alguna disposición, que la persona jurídica esté obligada a cumplir, y que se encuentre relacionada con algunas de las conductas tipificadas en la misma norma.

Asimismo, se precisa que la pena fluctuará entre 1 y 4 años de cárcel para los que ejerciendo funciones de administración o representación de una entidad, oculten a los accionistas, entre otros, la verdadera situación de la persona jurídica.

La misma sanción recaerá sobre quienes proporcionen datos falsos, promuevan por cualquier medio fraudulento falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones.

El Comercio | Hoy fue aprobado un proyecto de ley en la comisión de Defensa del Congreso, el que determina de 20 a 30 años de cárcel para este tipo de delito

(dpa).- La Comisión de Defensa del Congreso peruano aprobó hoy un proyecto que establece penas de entre 20 y 30 años de cárcel para quienes busquen financiamiento para las actividades de los grupos armados ilegales en el país.

El proyecto, que debe ser aprobado por el Pleno del Congreso para que adquiera vigencia, establece las penas para quienes en forma directa o indirecta, fuera o dentro del país, recolecten o realicen cualquier acción para obtener fondos, ayuda o mediación para financiar las "actividades subversivas".

Un artículo del dictamen señala además que en los casos en que la búsqueda de financiamiento se realice en el extranjero, el autor del delito será procesado según lo previsto en los convenios y tratados internacionales suscritos por el país.

El presidente de la Comisión de Defensa, Édgar Núñez, recordó que en el pasado hubo casos de personas que salían al exterior para buscar recursos a favor del grupo maoísta Sendero Luminoso o el guevarista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), cuyos principales dirigentes se encuentran ahora en prisión.

Ahora que Sendero está reducido a un par de contingentes aliados con el narcotráfico y que el MRTA está desmantelado, parte de esos fondos se encuentran supuestamente en instituciones financieras del exterior sin que hayan podido ser repatriados, según aseguró Núñez, del gobernante Partido Aprista Peruano.

Por presentar documentación falsa para justificar gastos

Fiscal de la Nación denuncia penalmente a congresista Anaya


(ANDINA).- La fiscal de la Nación, Gladys Echaiz, formalizó la denuncia penal contra el suspendido congresista José Anaya Oropeza, por presuntamente haber falsificado documentos a fin de justificar el uso irregular del dinero entregado por el Parlamento para los denominados gastos operativos.

La máxima representante del Ministerio Público denunció ante la Corte Suprema de Justicia al suspendido parlamentario por los delitos de falsa declaración en proceso administrativo, falsificación de documentos y peculado.

De esta manera, el Fiscalía tramitó la denuncia constitucional que interpuso el Congreso de la República, que encontró responsable a dicho legislador por supuestamente haber presentado documentación irregular para efectos de sustentar los gastos operativos que le asignó el Congreso durante los meses de abril, mayo y junio del año pasado, indicó una fuente judicial.

La imputación señala además que Anaya solicitó al Parlamento el reembolso de un pasaje aéreo a Italia, para lo cual habría presentado como medio de prueba una boleta de venta de la empresa IDA Service S.A.C, documento que ha sido cuestionado, presumiéndose su falsedad.

También se le imputa haber presentado otros documentos irregulares para justificar sus gastos.

Echaiz Ramos interpuso la denuncia ante la Vocalía de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a cargo del magistrado Carlos Zecenarro Mateus.

Dicho vocal supremo decidirá en los próximos días si abre proceso penal al congresista Anaya, en el cual se determinará su responsabilidad.

De acuerdo a la legislación actual, la Fiscalía de la Nación tramita la denuncia tal cual el Congreso la presenta, puesto que no puede modificarla o adecuarla a los hechos delictivos.

La acusación constitucional contra Anaya fue aprobada por el Congreso el 25 de setiembre pasado.

En su defensa, el legislador negó los cargos y aseveró que no presentó documentación falsa.

Los congresistas de la República, así como otros altos funcionarios públicos, son procesados ante el máximo tribunal de justicia, por su prerrogativa constitucional.