16/01/10: Lima, la insegura
Temor en la capital: 75.4% de encuestados cree que Lima es muy insegura
La República
La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema de nuestra capital, ya que las personas viven en latente zozobra ante los robos, asaltos y asesinatos que ocurren en las calles a cualquier hora del día, sin que hasta el momento se vea reducido el crimen en Lima.
Esto se refleja en la última encuesta realizada por la Universidad de Lima, a pobladores de Lima y Callao, en la que el 75.4% de los consultados cree que nuestra capital es muy insegura.
Solo el 12.6% de la muestra cree que es segura, y 10.8% opina que no es segura, ni insegura tampoco.
Otra de las interrogantes planteadas en el estudio de opinión es sobre la calificación al alcalde Luis Castañeda Lossio, quien tuvo un alza de casi 4% con respecto a la misma encuesta del 2009.
Esta vez el 50.1% de encuestados cree que la gestión del alcalde de Lima es buena. El 38% piensa que es regular, el 6.5% que es muy buena, y solo el 3.1% que es muy mala.
Asimismo, el 73.8% opina que Lima ha mejorado en el último año, mientras que el 14.9% cree que se ha mantenido igual, y 9.8% que la capital ha empeorado.
Aunque el alcalde tiene 50.1% de aprobación, el estudio demuestra también que en la lucha contra la delincuencia; el 41.5% de encuestados cree que la gestión de Castañeda es regular, el 18.5% dice que es buena, y solo el 2.5% lo califica de muy buena.
La República
La inseguridad ciudadana se ha convertido en el principal problema de nuestra capital, ya que las personas viven en latente zozobra ante los robos, asaltos y asesinatos que ocurren en las calles a cualquier hora del día, sin que hasta el momento se vea reducido el crimen en Lima.
Esto se refleja en la última encuesta realizada por la Universidad de Lima, a pobladores de Lima y Callao, en la que el 75.4% de los consultados cree que nuestra capital es muy insegura.
Solo el 12.6% de la muestra cree que es segura, y 10.8% opina que no es segura, ni insegura tampoco.
Otra de las interrogantes planteadas en el estudio de opinión es sobre la calificación al alcalde Luis Castañeda Lossio, quien tuvo un alza de casi 4% con respecto a la misma encuesta del 2009.
Esta vez el 50.1% de encuestados cree que la gestión del alcalde de Lima es buena. El 38% piensa que es regular, el 6.5% que es muy buena, y solo el 3.1% que es muy mala.
Asimismo, el 73.8% opina que Lima ha mejorado en el último año, mientras que el 14.9% cree que se ha mantenido igual, y 9.8% que la capital ha empeorado.
Aunque el alcalde tiene 50.1% de aprobación, el estudio demuestra también que en la lucha contra la delincuencia; el 41.5% de encuestados cree que la gestión de Castañeda es regular, el 18.5% dice que es buena, y solo el 2.5% lo califica de muy buena.
El indulto hizo “milagros” en la salud de José Enrique Crousillat
El ex dueño de América Televisión se irá a Argentina y se dedicará a la producción de telenovelas.
Perú 21
El indulto que el presidente Alan García otorgó a José Enrique Crousillat parece haber obrado milagros en la salud del ex empresario televisivo, condenado a ocho años de prisión por recibir dinero de Vladimiro Montesinos a cambio de poner la línea editorial de América Televisión a disposición del régimen fujimorista. Apenas se levantó el resguardo policial, Crousillat abandonó –el viernes a las 10:45 p.m.– la clínica en donde estuvo internado los últimos ocho meses, por la supuesta gravedad de su salud, con rumbo a la vivienda de una de sus hijas.
De acuerdo con el indulto otorgado, el diagnóstico médico de Crousillat incluye cardiopatía hipertensiva, enfermedad vascular cerebral, diabetes mellitus y el uso de un marcapasos definitivo. Sin embargo, ayer su abogado Jorge Castro anunció que el ex empresario televisivo viajará en los próximos días a Argentina para visitar a su familia y dedicarse, además, a la producción de telenovelas.
Al ser consultado sobre el pago de la reparación civil que exige la Procuraduría Anticorrupción –José Enrique Crousillat solo ha pagado S/.10,260 de los S/.80 millones que se le impuso –, el abogado Castro indicó que “si ellos quieren pueden iniciar una acción legal (para exigir el pago), pero eso tomará entre cinco o seis años”.
CUENTO CHINO. La “milagrosa” recuperación de Crousillat ha llamado la atención y ya hay quienes señalan que el presidente García ha utilizado su potestad de indulto para favorecer a “uno de los socios del fujimorismo”.
El legislador Daniel Abugattas refirió que “definitivamente no hay ninguna gravedad (en la salud de Crousillat). Este indulto es repudiable y revela el pacto del Apra con el fujimorismo, es un escándalo sin precedentes”.
El ex procurador José Ugaz dijo que si la condición médica existe, el indulto se justifica, pero advirtió que también “hay malos médicos que certifican enfermedades que no son reales (...). Imagino que la Procuraduría se habrá asegurado de verificar que las opiniones médicas se ajusten a la verdad”.
El ex dueño de América Televisión se irá a Argentina y se dedicará a la producción de telenovelas.
Perú 21
El indulto que el presidente Alan García otorgó a José Enrique Crousillat parece haber obrado milagros en la salud del ex empresario televisivo, condenado a ocho años de prisión por recibir dinero de Vladimiro Montesinos a cambio de poner la línea editorial de América Televisión a disposición del régimen fujimorista. Apenas se levantó el resguardo policial, Crousillat abandonó –el viernes a las 10:45 p.m.– la clínica en donde estuvo internado los últimos ocho meses, por la supuesta gravedad de su salud, con rumbo a la vivienda de una de sus hijas.
De acuerdo con el indulto otorgado, el diagnóstico médico de Crousillat incluye cardiopatía hipertensiva, enfermedad vascular cerebral, diabetes mellitus y el uso de un marcapasos definitivo. Sin embargo, ayer su abogado Jorge Castro anunció que el ex empresario televisivo viajará en los próximos días a Argentina para visitar a su familia y dedicarse, además, a la producción de telenovelas.
Al ser consultado sobre el pago de la reparación civil que exige la Procuraduría Anticorrupción –José Enrique Crousillat solo ha pagado S/.10,260 de los S/.80 millones que se le impuso –, el abogado Castro indicó que “si ellos quieren pueden iniciar una acción legal (para exigir el pago), pero eso tomará entre cinco o seis años”.
CUENTO CHINO. La “milagrosa” recuperación de Crousillat ha llamado la atención y ya hay quienes señalan que el presidente García ha utilizado su potestad de indulto para favorecer a “uno de los socios del fujimorismo”.
El legislador Daniel Abugattas refirió que “definitivamente no hay ninguna gravedad (en la salud de Crousillat). Este indulto es repudiable y revela el pacto del Apra con el fujimorismo, es un escándalo sin precedentes”.
El ex procurador José Ugaz dijo que si la condición médica existe, el indulto se justifica, pero advirtió que también “hay malos médicos que certifican enfermedades que no son reales (...). Imagino que la Procuraduría se habrá asegurado de verificar que las opiniones médicas se ajusten a la verdad”.
Un fiscal preso por violar a su hija de 6 años saldría libre
Pese a cuatro pericias que confirmaron los abusos sexuales, el sentenciado ganaría la apelación.
Perú 21
Han pasado tres años y el rostro de S.A.G. –hoy de 14 años– aún se llena de terror cuando escucha el nombre de su padre, el ex fiscal titular de la 4° Fiscalía Provincial de Lima R S A F (45). Ese mismo hombre a quien, en 2008, un tribunal penal condenó a 35 años de prisión por abusar sexualmente de ella desde los 6 años de edad, y que ahora podría salir libre.
ESCÁNDALO. En los próximos días, una sala penal de la Corte Suprema –liderada por el juez Robinson González– aprobaría la excarcelación de AF, quien presentó una apelación. Se justifican en un certificado médico practicado por el Instituto de Medicina Legal, que no tomó en cuenta las otras pericias que confirmaron el delito, varias cartas que la niña recibía de puño y letra de su progenitor, y hasta las declaraciones donde ella misma describió lo que el ex fiscal la obligaba a hacer.
En diálogo con Perú.21, la abogada de la defensa, Tania Quiroz Cárdenas, expresó que tres de los cinco vocales a cargo del caso –incluido el propio juez González– ya han votado a favor de la excarcelación. El martes próximo un cuarto magistrado decidirá la suerte del inculpado.
Según la letrada, el documento en el cual se basa la sala fue elaborado por un galeno que, en el pasado, también enfrentó un proceso por violación sexual, y que habría sido “influenciado a la hora de emitir los resultados”. Se trataría de Roger Pacheco Carranza, un médico legista que en 1999 fue acusado de atacar a algunas de sus pacientes.
“Es inconcebible lo que sucederá. No han tomado en cuenta los test que demuestran el himen desgarrado, los resultados psicológicos y sus testimonios que detallan situaciones y posiciones que solo un adulto puede concebir. No me cabe duda de que este monstruo ha movido sus influencias. En 2007, la niña se quiso suicidar dos veces”, manifestó Quiroz.
Pese a cuatro pericias que confirmaron los abusos sexuales, el sentenciado ganaría la apelación.
Perú 21
Han pasado tres años y el rostro de S.A.G. –hoy de 14 años– aún se llena de terror cuando escucha el nombre de su padre, el ex fiscal titular de la 4° Fiscalía Provincial de Lima R S A F (45). Ese mismo hombre a quien, en 2008, un tribunal penal condenó a 35 años de prisión por abusar sexualmente de ella desde los 6 años de edad, y que ahora podría salir libre.
ESCÁNDALO. En los próximos días, una sala penal de la Corte Suprema –liderada por el juez Robinson González– aprobaría la excarcelación de AF, quien presentó una apelación. Se justifican en un certificado médico practicado por el Instituto de Medicina Legal, que no tomó en cuenta las otras pericias que confirmaron el delito, varias cartas que la niña recibía de puño y letra de su progenitor, y hasta las declaraciones donde ella misma describió lo que el ex fiscal la obligaba a hacer.
En diálogo con Perú.21, la abogada de la defensa, Tania Quiroz Cárdenas, expresó que tres de los cinco vocales a cargo del caso –incluido el propio juez González– ya han votado a favor de la excarcelación. El martes próximo un cuarto magistrado decidirá la suerte del inculpado.
Según la letrada, el documento en el cual se basa la sala fue elaborado por un galeno que, en el pasado, también enfrentó un proceso por violación sexual, y que habría sido “influenciado a la hora de emitir los resultados”. Se trataría de Roger Pacheco Carranza, un médico legista que en 1999 fue acusado de atacar a algunas de sus pacientes.
“Es inconcebible lo que sucederá. No han tomado en cuenta los test que demuestran el himen desgarrado, los resultados psicológicos y sus testimonios que detallan situaciones y posiciones que solo un adulto puede concebir. No me cabe duda de que este monstruo ha movido sus influencias. En 2007, la niña se quiso suicidar dos veces”, manifestó Quiroz.
Guillén: Se debe investigar presuntos vínculos entre UAP, Fujimori y Montesinos
La República
El fiscal supremo Avelino Guillén, señaló que el origen, crecimiento y financiamiento de la Universidad Alas Peruanas debe ser investigado a fondo por la cercanía que habría existido con la red de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
“Creo que ahí se impone una investigación de fondo por parte del Ministerio Público. Si bien es una entidad privada la UAP, en su origen deslumbra o se percibe la intervención por parte de unos elementos vinculados a Vladimiro Montesinos”, expresó.
“(Por ello) el origen, crecimiento, desarrollo y sobre todo el financiamiento de esa universidad debe ser escrupulosamente esclarecido. No es posible que todos volteemos la mirada y dejemos pasar este grave hecho que compromete la honestidad y la rectitud en la cual se debe desempeñar cualquier funcionario público”, señaló.
Recordó que la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público –tribunal vinculado a Vladimiro Montesinos- emitió una sentencia en el año 2000 que autorizó a la Universidad Alas Peruanas a abrir filiales en todo el país y expandir sus negocios a diversos rubros, contraviniendo la Ley Universitaria Nº 23733.
“No olviden que la resolución inicial que permitió el funcionamiento de sus filiales en el interior del país y el funcionamiento de esta universidad fue dictada por un juez vinculado a la red de Vladimiro Montesinos y que de una forma u otra estuvieron también vinculados al régimen de Alberto Fujimori”, manifestó. (Con información Ideeleradio)
La República
El fiscal supremo Avelino Guillén, señaló que el origen, crecimiento y financiamiento de la Universidad Alas Peruanas debe ser investigado a fondo por la cercanía que habría existido con la red de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
“Creo que ahí se impone una investigación de fondo por parte del Ministerio Público. Si bien es una entidad privada la UAP, en su origen deslumbra o se percibe la intervención por parte de unos elementos vinculados a Vladimiro Montesinos”, expresó.
“(Por ello) el origen, crecimiento, desarrollo y sobre todo el financiamiento de esa universidad debe ser escrupulosamente esclarecido. No es posible que todos volteemos la mirada y dejemos pasar este grave hecho que compromete la honestidad y la rectitud en la cual se debe desempeñar cualquier funcionario público”, señaló.
Recordó que la Sala Corporativa Transitoria Especializada en Derecho Público –tribunal vinculado a Vladimiro Montesinos- emitió una sentencia en el año 2000 que autorizó a la Universidad Alas Peruanas a abrir filiales en todo el país y expandir sus negocios a diversos rubros, contraviniendo la Ley Universitaria Nº 23733.
“No olviden que la resolución inicial que permitió el funcionamiento de sus filiales en el interior del país y el funcionamiento de esta universidad fue dictada por un juez vinculado a la red de Vladimiro Montesinos y que de una forma u otra estuvieron también vinculados al régimen de Alberto Fujimori”, manifestó. (Con información Ideeleradio)
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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Mejor que el TC investigue estos casos”
La República
Dura réplica. Fiscal de la Nación gladys echaíz protesta por intromisión en su fuero. Presidente del Poder Judicial se sumó al desacuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional que limitan sus facultades de investigar y juzgar.
Ana Véliz.
La Fiscal de la Nación Gladys Echaíz y el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, afirmaron que el Tribunal Constitucional (TC) no puede interferir en el fondo de un proceso judicial en trámite y menos decidir “excluir” a un procesado, porque no es su competencia.
Esto al comentar el efecto dominó que han causado las sentencias del TC que ordenan excluir al general Walter Chacón de su juicio por enriquecimiento ilícito, y al abogado José Abanto Verástegui, investigado por sus vínculos con los Sánchez Paredes, por supuesta violación del plazo razonable de indagación.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, prefirió ser irónica ante los fallos. “Si el Tribunal Constitucional va a ordenar el archivamiento de las investigaciones y juicios, mejor cerremos el Ministerio Público y el Poder Judicial”, expresó.
Agregó que era mejor que el TC se ocupe de esas cosas. “A ver si lo hace en los plazos razonables que dice, con los miles y miles de expedientes que uno tiene que trabajar”, dijo, mortificada, durante una entrevista en radio San Borja.
Echaíz afirmó que no existe ley que disponga que los procesos tengan que cortarse y darse por concluidos, cuando los plazos se prolongan de una manera que puede considerarse no razonable.
“En todo caso, serán los jueces los que decidan qué se debe hacer con una sentencia de esa naturaleza, o si se nos aclara que el Tribunal Constitucional está legislando y que sus sentencias constituyen ‘leyes’ de aplicación obligatoria para jueces y fiscales que están a cargo de investigaciones en curso y en procesos en curso, que es lo más grave”, afirmó.
Por su parte, Javier Villa Stein sostuvo que ninguna autoridad puede interferir en el fondo de un proceso. Esa es competencia del Poder Judicial.
“Así, el TC tiene la misma capacidad de intervenir que el Concejo Metropolitano de Lima”, indicó. Precisó que el procurador del Poder Judicial ha pedido una aclaración del fallo al máximo órgano constitucional, pues si bien es inaceptable que un juicio dure tanto, también lo es que decida excluir a un procesado sin que se emita una sentencia.
En cuanto al caso Chacón, la Primera Sala Anticorrupción emitirá su pronunciamiento el próximo jueves 10 de diciembre, cuando se reanude el juicio contra el general (r) y su familia por presunto enriquecimiento ilícito.
PRECISIÓN
Otro criterio. El 22 de abril, el pleno del TC declaró improcedente el hábeas corpus presentado por Mildo Martínez Moreno, precisando que “la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede ni debe significar el archivo definitivo del proceso penal(...), sino que más bien corresponde al PJ emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión
del proceso penal”.
Excesos de la sentencia del TC
El ex procurador José Ugaz indicó que el Tribunal Constitucional se excedió al excluir al general (r) Walter Chacón Málaga del juicio que afrontaba. “El TC debió poner un plazo al juzgador para que rápidamente, llamándole la atención, proceda a juzgar a esa persona y resuelva su situación jurídica, pero no cancelar el proceso”, explicó.
El juez superior Anticorrupción Iván Sequeiros comentó que “es preocupante la frase que dice “debe excluirse” , pues en términos jurídicos eso significa no saber si el caso se habrá sobreseído o ha prescrito por el transcurso del tiempo; o si el juicio ha quedado nulo, se asimila a un indulto o al derecho de gracia; o cuál es la conclusión de esa decisión, cómo se debe finalizar con el proceso de Chacón. “Hay tal incertidumbre por la falta de previsión del TC al resolver este caso”, opinó.
La República
Dura réplica. Fiscal de la Nación gladys echaíz protesta por intromisión en su fuero. Presidente del Poder Judicial se sumó al desacuerdo con las sentencias del Tribunal Constitucional que limitan sus facultades de investigar y juzgar.
Ana Véliz.
La Fiscal de la Nación Gladys Echaíz y el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, afirmaron que el Tribunal Constitucional (TC) no puede interferir en el fondo de un proceso judicial en trámite y menos decidir “excluir” a un procesado, porque no es su competencia.
Esto al comentar el efecto dominó que han causado las sentencias del TC que ordenan excluir al general Walter Chacón de su juicio por enriquecimiento ilícito, y al abogado José Abanto Verástegui, investigado por sus vínculos con los Sánchez Paredes, por supuesta violación del plazo razonable de indagación.
La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, prefirió ser irónica ante los fallos. “Si el Tribunal Constitucional va a ordenar el archivamiento de las investigaciones y juicios, mejor cerremos el Ministerio Público y el Poder Judicial”, expresó.
Agregó que era mejor que el TC se ocupe de esas cosas. “A ver si lo hace en los plazos razonables que dice, con los miles y miles de expedientes que uno tiene que trabajar”, dijo, mortificada, durante una entrevista en radio San Borja.
Echaíz afirmó que no existe ley que disponga que los procesos tengan que cortarse y darse por concluidos, cuando los plazos se prolongan de una manera que puede considerarse no razonable.
“En todo caso, serán los jueces los que decidan qué se debe hacer con una sentencia de esa naturaleza, o si se nos aclara que el Tribunal Constitucional está legislando y que sus sentencias constituyen ‘leyes’ de aplicación obligatoria para jueces y fiscales que están a cargo de investigaciones en curso y en procesos en curso, que es lo más grave”, afirmó.
Por su parte, Javier Villa Stein sostuvo que ninguna autoridad puede interferir en el fondo de un proceso. Esa es competencia del Poder Judicial.
“Así, el TC tiene la misma capacidad de intervenir que el Concejo Metropolitano de Lima”, indicó. Precisó que el procurador del Poder Judicial ha pedido una aclaración del fallo al máximo órgano constitucional, pues si bien es inaceptable que un juicio dure tanto, también lo es que decida excluir a un procesado sin que se emita una sentencia.
En cuanto al caso Chacón, la Primera Sala Anticorrupción emitirá su pronunciamiento el próximo jueves 10 de diciembre, cuando se reanude el juicio contra el general (r) y su familia por presunto enriquecimiento ilícito.
PRECISIÓN
Otro criterio. El 22 de abril, el pleno del TC declaró improcedente el hábeas corpus presentado por Mildo Martínez Moreno, precisando que “la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable no puede ni debe significar el archivo definitivo del proceso penal(...), sino que más bien corresponde al PJ emitir en el plazo más breve posible el pronunciamiento definitivo sobre el fondo del asunto y que se declare la inocencia o la responsabilidad del procesado, y la consiguiente conclusión
del proceso penal”.
Excesos de la sentencia del TC
El ex procurador José Ugaz indicó que el Tribunal Constitucional se excedió al excluir al general (r) Walter Chacón Málaga del juicio que afrontaba. “El TC debió poner un plazo al juzgador para que rápidamente, llamándole la atención, proceda a juzgar a esa persona y resuelva su situación jurídica, pero no cancelar el proceso”, explicó.
El juez superior Anticorrupción Iván Sequeiros comentó que “es preocupante la frase que dice “debe excluirse” , pues en términos jurídicos eso significa no saber si el caso se habrá sobreseído o ha prescrito por el transcurso del tiempo; o si el juicio ha quedado nulo, se asimila a un indulto o al derecho de gracia; o cuál es la conclusión de esa decisión, cómo se debe finalizar con el proceso de Chacón. “Hay tal incertidumbre por la falta de previsión del TC al resolver este caso”, opinó.
El Comercio
Ex director de Salud pasó a Essalud luego del escándalo de las 838 cajas sustraídas y ahora pretende regresar al Minsa. Ministerio Público denunció al jefe de archivo, a cuatro recicladores y al vigilante del local que acusó a Guevara
Después de una lentísima investigación que tomó ocho largos meses, la Sexta Fiscalía Provincial Especializada contra Delitos de Corrupción de Funcionarios por fin se animó a formalizar denuncia penal ante el Poder Judicial por el escandaloso caso del robo de 838 cajas del Archivo Central del Ministerio de Salud. Sin embargo y de manera increíble, el médico aprista Víctor Guevara Florián, principal sospechoso de haber orquestado la masiva sustracción cuando era director de Salud de Lima Centro, no fue incluido en la denuncia.
El fiscal Erick Rivera Ruiz, a cargo de la investigación, solo formalizó denuncia penal contra el ex jefe del archivo Segundo Zárate Gonzales como presunto autor del delito de peculado culposo, y contra el vigilante del archivo Ismael Amoroto Zúñiga y cuatro recicladores como presuntos coautores de hurto agravado.
No obstante que el vigilante Amoroto reiteró su acusación contra el ex titular de la Dirección de Salud de Lima Centro de haber sido el que le pagó 600 soles para dejar que los recicladores se llevaran las cajas con documentación valiosa del Ministerio de Salud, el fiscal Rivera declaró que no había lugar para formalizar denuncia penal contra Guevara por los presuntos delitos de hurto agravado, corrupción de funcionarios ni encubrimiento real y omisión de denuncia en agravio de Estado.
RECURSO DE NULIDAD
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Procuraduría Anticorrupción y en el Ministerio de Salud. El procurador Jorge Caldas ya planteó un recurso de queja ante la sexta fiscalía, pues considera que Guevara no debe ser excluido de la denuncia. “Esperamos que la fiscalía superior tenga una decisión diferente a la que adoptó esta sala”, dijo.
Una fuente cercana al despacho ministerial comentó que estaban muy sorprendidos e indignados por la exculpación de Guevara, quien según la investigación inicial que estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Penal 26 de Lima habría sido la persona que organizó y dirigió la sustracción de los documentos.
No obstante, Guevara, quien recientemente fue nombrado secretario general del comité distrital del Apra en La Victoria, señaló en reiteradas oportunidades que no había tenido nada que ver con el escandaloso robo.
Esta persona, que parece tener protección en las altas esferas del Ejecutivo, tras el escándalo fue sacado del Ministerio de Salud, pero al poco tiempo encontró un puesto importante en Essalud. Ahora, según fuentes dignas de crédito, estaría gestionando su regreso al Ministerio de Salud en el mismo puesto que tenía.
La denuncia penal fue interpuesta el pasado martes 12 ante el juzgado penal de turno. El Poder Judicial evaluará la acusación en los próximos días y decidirá si abre un proceso penal o lo archiva. También podría devolver el expediente al fiscal y pedir que amplíe la demanda.
PARA RECORDAR
Robo buscaba eliminar documentos
El robo de las 838 cajas se perpetró durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La sustracción recién se conoció en la primera quincena de enero.
La investigación inicial derivó el caso a la Sexta Fiscalía Especializada porque había indicios de que se trataba no de un simple robo sino de un caso de corrupción.
Hasta la fecha no se ha precisado cuál fue el verdadero motivo del hurto. Se presume que fue para eliminar pruebas de importantes actos ilícitos.
El fiscal Rivera tomó el caso en febrero y recién formalizó denuncia la semana pasada.
Ex director de Salud pasó a Essalud luego del escándalo de las 838 cajas sustraídas y ahora pretende regresar al Minsa. Ministerio Público denunció al jefe de archivo, a cuatro recicladores y al vigilante del local que acusó a Guevara
Después de una lentísima investigación que tomó ocho largos meses, la Sexta Fiscalía Provincial Especializada contra Delitos de Corrupción de Funcionarios por fin se animó a formalizar denuncia penal ante el Poder Judicial por el escandaloso caso del robo de 838 cajas del Archivo Central del Ministerio de Salud. Sin embargo y de manera increíble, el médico aprista Víctor Guevara Florián, principal sospechoso de haber orquestado la masiva sustracción cuando era director de Salud de Lima Centro, no fue incluido en la denuncia.
El fiscal Erick Rivera Ruiz, a cargo de la investigación, solo formalizó denuncia penal contra el ex jefe del archivo Segundo Zárate Gonzales como presunto autor del delito de peculado culposo, y contra el vigilante del archivo Ismael Amoroto Zúñiga y cuatro recicladores como presuntos coautores de hurto agravado.
No obstante que el vigilante Amoroto reiteró su acusación contra el ex titular de la Dirección de Salud de Lima Centro de haber sido el que le pagó 600 soles para dejar que los recicladores se llevaran las cajas con documentación valiosa del Ministerio de Salud, el fiscal Rivera declaró que no había lugar para formalizar denuncia penal contra Guevara por los presuntos delitos de hurto agravado, corrupción de funcionarios ni encubrimiento real y omisión de denuncia en agravio de Estado.
RECURSO DE NULIDAD
La noticia cayó como un balde de agua helada en la Procuraduría Anticorrupción y en el Ministerio de Salud. El procurador Jorge Caldas ya planteó un recurso de queja ante la sexta fiscalía, pues considera que Guevara no debe ser excluido de la denuncia. “Esperamos que la fiscalía superior tenga una decisión diferente a la que adoptó esta sala”, dijo.
Una fuente cercana al despacho ministerial comentó que estaban muy sorprendidos e indignados por la exculpación de Guevara, quien según la investigación inicial que estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Penal 26 de Lima habría sido la persona que organizó y dirigió la sustracción de los documentos.
No obstante, Guevara, quien recientemente fue nombrado secretario general del comité distrital del Apra en La Victoria, señaló en reiteradas oportunidades que no había tenido nada que ver con el escandaloso robo.
Esta persona, que parece tener protección en las altas esferas del Ejecutivo, tras el escándalo fue sacado del Ministerio de Salud, pero al poco tiempo encontró un puesto importante en Essalud. Ahora, según fuentes dignas de crédito, estaría gestionando su regreso al Ministerio de Salud en el mismo puesto que tenía.
La denuncia penal fue interpuesta el pasado martes 12 ante el juzgado penal de turno. El Poder Judicial evaluará la acusación en los próximos días y decidirá si abre un proceso penal o lo archiva. También podría devolver el expediente al fiscal y pedir que amplíe la demanda.
PARA RECORDAR
Robo buscaba eliminar documentos
El robo de las 838 cajas se perpetró durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo. La sustracción recién se conoció en la primera quincena de enero.
La investigación inicial derivó el caso a la Sexta Fiscalía Especializada porque había indicios de que se trataba no de un simple robo sino de un caso de corrupción.
Hasta la fecha no se ha precisado cuál fue el verdadero motivo del hurto. Se presume que fue para eliminar pruebas de importantes actos ilícitos.
El fiscal Rivera tomó el caso en febrero y recién formalizó denuncia la semana pasada.
Desde el próximo 1 de octubre se implementará este sistema legal en el Cusco, Puno y Madre de Dios. Se espera que a fin de año se adelante su entrada en vigencia en los distritos judiciales de Ica y Cañete.
Perú 21
Desde el próximo jueves primero de octubre, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en los distritos de judiciales de Cusco, Puno y Madre de Dios, este nuevo sistema legal estará vigente en once jurisdicciones del país.
Hasta el momento, este nuevo sistema legal ya entró en funcionamiento en Huaura y la Libertad (2007); Tacna, Moquegua y Arequipa (2008); y Tumbes, Lambayeque y Piura (primero de abril de este año).
Se espera que a finales de año se adelante la entrada en vigencia del NCPP en los distritos judiciales de Ica y Cañete, según adelantara el titular de Justicia, Aurelio Pastor.
Para el año 2010 está prevista que se implemente en las jurisdicciones de Cajamarca, San Martín y Amazonas, previsto para el primero de abril.
Posteriormente, en el 2011 entrará en vigencia en los distritos judiciales de Áncash, Santa, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac; en tanto que un año después se haga lo mismo en Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali y Loreto.
Mientras que el primero de abril del año 2013 se tiene previsto implementar este sistema en las jurisdicciones más grandes del país, como son Callao, Lima Norte y Lima.
El nuevo Código Procesal Penal tiene la finalidad de aplicar una legislación penal coherente, sistemática y con penas proporcionadas a la gravedad de los hechos, basado en el principio de la oralidad; asimismo, establece un único proceso denominado Común.
Perú 21
Desde el próximo jueves primero de octubre, con la implementación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP) en los distritos de judiciales de Cusco, Puno y Madre de Dios, este nuevo sistema legal estará vigente en once jurisdicciones del país.
Hasta el momento, este nuevo sistema legal ya entró en funcionamiento en Huaura y la Libertad (2007); Tacna, Moquegua y Arequipa (2008); y Tumbes, Lambayeque y Piura (primero de abril de este año).
Se espera que a finales de año se adelante la entrada en vigencia del NCPP en los distritos judiciales de Ica y Cañete, según adelantara el titular de Justicia, Aurelio Pastor.
Para el año 2010 está prevista que se implemente en las jurisdicciones de Cajamarca, San Martín y Amazonas, previsto para el primero de abril.
Posteriormente, en el 2011 entrará en vigencia en los distritos judiciales de Áncash, Santa, Ayacucho, Huancavelica y Apurímac; en tanto que un año después se haga lo mismo en Huánuco, Pasco, Junín, Ucayali y Loreto.
Mientras que el primero de abril del año 2013 se tiene previsto implementar este sistema en las jurisdicciones más grandes del país, como son Callao, Lima Norte y Lima.
El nuevo Código Procesal Penal tiene la finalidad de aplicar una legislación penal coherente, sistemática y con penas proporcionadas a la gravedad de los hechos, basado en el principio de la oralidad; asimismo, establece un único proceso denominado Común.
Fiscal José Peláez reveló que el ex asesor presidencial declaró en el 2001 que los estudios de los hijos de Alberto Fujimori fueron pagados por el SIN
Lima (EFE). El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos afirmó que los estudios en Estados Unidos de Keiko Fujimori fueron pagados con dinero del Estado. Así lo asegura un informe del diario La República, el cual indica que este testimonio fue entregado por el fiscal supremo José Peláez a la Primera Fiscalía anticorrupción.
Este despacho, a cargo de la fiscal Fanny Quispe, investiga las denuncias sobre el presunto origen ilícito del dinero con el que estudiaron los hijos de Fujimori.
Pelaéz señaló que Montesinos declaró el 19 de julio de 2001 ante la fiscal suprema Gladys Echaís, actual Fiscal de la Nación, que pagó los estudios de Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, los cuatro hijos del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
El diario indicó que al momento de esta declaración “no existía una investigación abierta a Keiko Fujimori sobre el origen de los fondos que usó su padre para financiar sus estudios”.
Añadió que ahora la fiscal Quispe “se ha abocado al caso” y Peláez “le ha entregado cuatro documentos fundamentales que indican que Fujimori usó fondos públicos para pagar la universidad de Keiko y sus tres hermanos. Una de las evidencias es la declaración judicial de Montesinos”.
KEIKO HABRÍA ADMITIDO QUE RECIBÍA DINERO PARA SUS ESTUDIOS EN PALACIO
El informe aseguró que Keiko Fujimori, actual congresista y una de las precandidatas favoritas a las elecciones presidenciales de 2011, declaró en 2001 ante una comisión parlamentaria “que su padre le entregaba en Palacio de Gobierno dinero en efectivo para cubrir sus gastos universitarios y los de sus hermanos”.
Añadió que María Angélica Arce y Matilde Pinchi Pinchi, ex secretarias de Montesinos, han testificado que enviaban al Palacio de Gobierno sobres con dinero que sacaban de los fondos reservados del SIN por indicación de Montesinos.
VENTA DE INMUEBLE PARA FINANCIAR GASTOS DE ESTUDIO FUE UNA MANIOBRA
Keiko y su padre afirman que los estudios universitarios de los cuatro hijos del ex gobernante fueron pagados con recursos familiares, entre ellos 669.000 dólares que el ex mandatario obtuvo por la venta de un inmueble.
La República aseguró que Montesinos declaró que esa venta fue simulada y parte de “una maniobra para justificar el origen de los fondos con que se financiaron los estudios de los cuatro hijos”.
Montesinos también declaró en 2001, ante el juez Saúl Peña Farfán, que Fujimori le ordenó pagar un soborno a un legislador para que evitase que un programa de televisión divulgase información sobre la financiación de los estudios de sus hijos.
Peláez entregó, además, a la fiscal Quispe dos denuncias constitucionales que formuló la ex Fiscal de la Nación Nelly Calderón, el 30 de octubre de 2001, contra Fujimori.
Esos documentos señalaron que cuando se investigó la financiación de los estudios de los hijos del ex presidente, Keiko Fujimori “ofreció información que no explicaba de dónde sacó la suma que su padre había gastado en su formación universitaria y la de sus hermanos”.
La República comentó que el fiscal Peláez “resolvió entregar la documentación a la fiscal anticorrupción para que formule la denuncia correspondiente”.
Lima (EFE). El ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos afirmó que los estudios en Estados Unidos de Keiko Fujimori fueron pagados con dinero del Estado. Así lo asegura un informe del diario La República, el cual indica que este testimonio fue entregado por el fiscal supremo José Peláez a la Primera Fiscalía anticorrupción.
Este despacho, a cargo de la fiscal Fanny Quispe, investiga las denuncias sobre el presunto origen ilícito del dinero con el que estudiaron los hijos de Fujimori.
Pelaéz señaló que Montesinos declaró el 19 de julio de 2001 ante la fiscal suprema Gladys Echaís, actual Fiscal de la Nación, que pagó los estudios de Keiko, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori, los cuatro hijos del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000) con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
El diario indicó que al momento de esta declaración “no existía una investigación abierta a Keiko Fujimori sobre el origen de los fondos que usó su padre para financiar sus estudios”.
Añadió que ahora la fiscal Quispe “se ha abocado al caso” y Peláez “le ha entregado cuatro documentos fundamentales que indican que Fujimori usó fondos públicos para pagar la universidad de Keiko y sus tres hermanos. Una de las evidencias es la declaración judicial de Montesinos”.
KEIKO HABRÍA ADMITIDO QUE RECIBÍA DINERO PARA SUS ESTUDIOS EN PALACIO
El informe aseguró que Keiko Fujimori, actual congresista y una de las precandidatas favoritas a las elecciones presidenciales de 2011, declaró en 2001 ante una comisión parlamentaria “que su padre le entregaba en Palacio de Gobierno dinero en efectivo para cubrir sus gastos universitarios y los de sus hermanos”.
Añadió que María Angélica Arce y Matilde Pinchi Pinchi, ex secretarias de Montesinos, han testificado que enviaban al Palacio de Gobierno sobres con dinero que sacaban de los fondos reservados del SIN por indicación de Montesinos.
VENTA DE INMUEBLE PARA FINANCIAR GASTOS DE ESTUDIO FUE UNA MANIOBRA
Keiko y su padre afirman que los estudios universitarios de los cuatro hijos del ex gobernante fueron pagados con recursos familiares, entre ellos 669.000 dólares que el ex mandatario obtuvo por la venta de un inmueble.
La República aseguró que Montesinos declaró que esa venta fue simulada y parte de “una maniobra para justificar el origen de los fondos con que se financiaron los estudios de los cuatro hijos”.
Montesinos también declaró en 2001, ante el juez Saúl Peña Farfán, que Fujimori le ordenó pagar un soborno a un legislador para que evitase que un programa de televisión divulgase información sobre la financiación de los estudios de sus hijos.
Peláez entregó, además, a la fiscal Quispe dos denuncias constitucionales que formuló la ex Fiscal de la Nación Nelly Calderón, el 30 de octubre de 2001, contra Fujimori.
Esos documentos señalaron que cuando se investigó la financiación de los estudios de los hijos del ex presidente, Keiko Fujimori “ofreció información que no explicaba de dónde sacó la suma que su padre había gastado en su formación universitaria y la de sus hermanos”.
La República comentó que el fiscal Peláez “resolvió entregar la documentación a la fiscal anticorrupción para que formule la denuncia correspondiente”.
Categoría: Artículos derecho penal
Publicado por: mbermudez
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Congresita González: ¿Inmunidad ante el delito?
La República
Luego que González fuera sentenciada a 4 años de prisión no efectiva por robo de luz a la compañía eléctrica de Arequipa, la Comisión de Constitución presidida por Javier Velásquez negó el pedido de levantamiento de inmunidad solicitado por la Corte de Arequipa.Video
Más tarde el hoy Premier fue elegido Presidente del Congreso, en julio de 2008, con el voto de Rocío González. Hace unos días, el 9 de setiembre, un ciudadano arequipeño, Carlos Antonio Vega Ramos, solicitó al Congreso, mediante documentación presentada a su Presidencia, a la Comisión de Ética, y la Comisión de Constitución, que se declare su vacancia en vista de la condena suspendida de cuatro años que le impuso un juzgado penal de la Corte Superior de dicha región, la misma que ha sido ratificada por la propia Corte Suprema.
A la representante arequipeña, elegida en las filas de UPP y ahora perteneciente al sector de los No Agrupados, se le condenó el 24 de julio de 2006 –días antes de asumir la función congresal– por el delito de hurto agravado de energía eléctrica cometido por la empresa de su propiedad, Proalim, en perjuicio del Estado, representado por la compañía Sociedad Eléctrica de Arequipa.
El hoy premier también promovió, en julio de 2007, una modificación del artículo 25° del Reglamento del Legislativo para que la inhabilitación del Parlamento de la República se diera en casos de condena efectiva de privación de la libertad.
El pedido de vacancia de la congresista Rocío González está literalmente en el limbo, pues nadie en el Parlamento sabe con certeza cuál es el procedimiento que se debe seguir.
El vocero aprista, José Vargas, señaló que si existe una sentencia firme procede la vacancia, pero dijo que el caso tendría que ser analizado por la Comisión de Constitución para, luego, tomarse una decisión en el Pleno. Sin embargo, su colega Mercedes Cabanillas, presidenta de la citada comisión, indicó que el tema de verse en la Comisión de Acusaciones Constitucionales.
Rolando Sousa, titular de la Comisión de Justicia, indicó que el Congreso no podría tomar ninguna decisión si no hay un pedido expreso de la Corte Suprema para que se le levante la inmunidad. No obstante, sostuvo que esta solicitud solo se podría dar en caso de que la condena incluya una sanción accesoria de inhabilitación, dado que no está prohibido –aseveró– que una persona condenada a prisión suspendida ejerza el cargo de parlamentario.
El jurista Javier Valle Riestra coincidió en que tiene que haber un pedido formal del Poder Judicial, pero también manifestó que –considerando que el caso ya se conoce públicamente– nada impide que el Legislativo solicite la documentación pertinente a la Corte Suprema para que pueda tomar una decisión.
La República
Luego que González fuera sentenciada a 4 años de prisión no efectiva por robo de luz a la compañía eléctrica de Arequipa, la Comisión de Constitución presidida por Javier Velásquez negó el pedido de levantamiento de inmunidad solicitado por la Corte de Arequipa.Video
Más tarde el hoy Premier fue elegido Presidente del Congreso, en julio de 2008, con el voto de Rocío González. Hace unos días, el 9 de setiembre, un ciudadano arequipeño, Carlos Antonio Vega Ramos, solicitó al Congreso, mediante documentación presentada a su Presidencia, a la Comisión de Ética, y la Comisión de Constitución, que se declare su vacancia en vista de la condena suspendida de cuatro años que le impuso un juzgado penal de la Corte Superior de dicha región, la misma que ha sido ratificada por la propia Corte Suprema.
A la representante arequipeña, elegida en las filas de UPP y ahora perteneciente al sector de los No Agrupados, se le condenó el 24 de julio de 2006 –días antes de asumir la función congresal– por el delito de hurto agravado de energía eléctrica cometido por la empresa de su propiedad, Proalim, en perjuicio del Estado, representado por la compañía Sociedad Eléctrica de Arequipa.
El hoy premier también promovió, en julio de 2007, una modificación del artículo 25° del Reglamento del Legislativo para que la inhabilitación del Parlamento de la República se diera en casos de condena efectiva de privación de la libertad.
El pedido de vacancia de la congresista Rocío González está literalmente en el limbo, pues nadie en el Parlamento sabe con certeza cuál es el procedimiento que se debe seguir.
El vocero aprista, José Vargas, señaló que si existe una sentencia firme procede la vacancia, pero dijo que el caso tendría que ser analizado por la Comisión de Constitución para, luego, tomarse una decisión en el Pleno. Sin embargo, su colega Mercedes Cabanillas, presidenta de la citada comisión, indicó que el tema de verse en la Comisión de Acusaciones Constitucionales.
Rolando Sousa, titular de la Comisión de Justicia, indicó que el Congreso no podría tomar ninguna decisión si no hay un pedido expreso de la Corte Suprema para que se le levante la inmunidad. No obstante, sostuvo que esta solicitud solo se podría dar en caso de que la condena incluya una sanción accesoria de inhabilitación, dado que no está prohibido –aseveró– que una persona condenada a prisión suspendida ejerza el cargo de parlamentario.
El jurista Javier Valle Riestra coincidió en que tiene que haber un pedido formal del Poder Judicial, pero también manifestó que –considerando que el caso ya se conoce públicamente– nada impide que el Legislativo solicite la documentación pertinente a la Corte Suprema para que pueda tomar una decisión.
La República
El ministro de Justicia, Aurelio pastor, anunció que presentará al Ejecutivo una serie de proyectos que incluye limitar la responsabilidad de militares y policías cuando en zonas de conflicto se produzcan resultados letales.
“Es una propuesta para despenalizar este tipo de casos, estamos modificando las leyes para que estas denuncias no se produzcan”, puntualizó.
El segundo proyecto, agregó, autoriza al jefe del grupo militar para que pueda efectuar el levantamiento de cadáveres, de ser necesario, para evitar de esta manera que los cuerpos de algunos efectivos estén abandonados en zonas inaccesibles a la espera de la llegada de un fiscal.
Asimismo, refirió que también se presentará una iniciativa para prohibir la participación de cualquier grupo que no respete el pluralismo democrático, que atañe no solo a los vinculados al terrorismo, sino aquellos que promuevan algún tipo de discriminación.
Pastor refirió que estos proyectos han venido siendo trabajados en el Ministerio de Justicia y están terminados, a la espera de algunos ajustes finales.
Dijo además que espera una opinión favorable por parte del Poder Judicial sobre estos proyectos, que sin duda, generarán un gran debate.
El ministro de Justicia, Aurelio pastor, anunció que presentará al Ejecutivo una serie de proyectos que incluye limitar la responsabilidad de militares y policías cuando en zonas de conflicto se produzcan resultados letales.
“Es una propuesta para despenalizar este tipo de casos, estamos modificando las leyes para que estas denuncias no se produzcan”, puntualizó.
El segundo proyecto, agregó, autoriza al jefe del grupo militar para que pueda efectuar el levantamiento de cadáveres, de ser necesario, para evitar de esta manera que los cuerpos de algunos efectivos estén abandonados en zonas inaccesibles a la espera de la llegada de un fiscal.
Asimismo, refirió que también se presentará una iniciativa para prohibir la participación de cualquier grupo que no respete el pluralismo democrático, que atañe no solo a los vinculados al terrorismo, sino aquellos que promuevan algún tipo de discriminación.
Pastor refirió que estos proyectos han venido siendo trabajados en el Ministerio de Justicia y están terminados, a la espera de algunos ajustes finales.
Dijo además que espera una opinión favorable por parte del Poder Judicial sobre estos proyectos, que sin duda, generarán un gran debate.
