RPP
´El Estado no puede participar ni en la venta ni en la distribución gratuita de esta píldora´, afirmó el magistrado Ernesto Álvarez en diálogo con RPP.
Cipriani en contra de vender stock de ´píldoras del día siguiente´Mimdes propone vender lote de píldoras del día siguienteTC: Pedido de aclaración no cambiará sentencia sobre píldoraEl Tribunal Constitucional (TC) acordó "por unanimidad" prohibir al Gobierno la venta del lote que tiene del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), más conocido como la "píldora del día siguiente", ante la imposibilidad de comprobar si esta medicina no tiene carácter abortivo, señaló el magistrado Ernesto Álvarez.
"El tribunal ha llegado a la conclusión de que una píldora que puede ser abortiva lo es indistintamente de si se vende o si se regala. El tribunal no ha encontrado ningún fundamento que pueda establecer en forma tajante que no tenga carácter abortivo", señaló el letrado en RPP.
"El Estado no puede participar ni en la venta ni en la distribución gratuita de la "píldora del día siguiente" y tiene que apartarla como herramienta válida de la planificación", añadió.
Álvarez señaló que no está entre las facultades del TC recomendar al Ministerio de Salud qué hacer con las píldoras que aún están en sus almacenes. "Los asesores legales del Ministerio de Salud tienen una variedad de posibilidades dentro de la ley", comentó.
´El Estado no puede participar ni en la venta ni en la distribución gratuita de esta píldora´, afirmó el magistrado Ernesto Álvarez en diálogo con RPP.
Cipriani en contra de vender stock de ´píldoras del día siguiente´Mimdes propone vender lote de píldoras del día siguienteTC: Pedido de aclaración no cambiará sentencia sobre píldoraEl Tribunal Constitucional (TC) acordó "por unanimidad" prohibir al Gobierno la venta del lote que tiene del Anticonceptivo Oral de Emergencia (AOE), más conocido como la "píldora del día siguiente", ante la imposibilidad de comprobar si esta medicina no tiene carácter abortivo, señaló el magistrado Ernesto Álvarez.
"El tribunal ha llegado a la conclusión de que una píldora que puede ser abortiva lo es indistintamente de si se vende o si se regala. El tribunal no ha encontrado ningún fundamento que pueda establecer en forma tajante que no tenga carácter abortivo", señaló el letrado en RPP.
"El Estado no puede participar ni en la venta ni en la distribución gratuita de la "píldora del día siguiente" y tiene que apartarla como herramienta válida de la planificación", añadió.
Álvarez señaló que no está entre las facultades del TC recomendar al Ministerio de Salud qué hacer con las píldoras que aún están en sus almacenes. "Los asesores legales del Ministerio de Salud tienen una variedad de posibilidades dentro de la ley", comentó.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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La República
La CIDH iniciará este lunes su 137 periodo de sesiones públicas, en el que destacan casos relacionados con los derechos de los homosexuales, la discriminación de indígenas y la situación en Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio.
La jornada incluirá también las dos únicas audiencias privadas del periodo de sesiones, sobre la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en Venezuela, país que ha solicitado además dos audiencias públicas, sobre los derechos humanos y la criminalización de la protesta social en su territorio.
Los países que más casos presentarán ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas.
En el caso de Perú, la CIDH evaluará el martes las acciones del Estado ante las recomendaciones internacionales de legislar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de reconocer la propiedad colectiva de estas comunidades.
Otra de las audiencias destacadas será la que analizará la situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en Colombia, país que lleva por primera vez ante la CIDH denuncias relacionadas con este tema, relativamente nuevo para la Comisión y cuya importancia en la región está en aumento.
La misma preocupación centrará el viernes un caso sobre la ausencia de regulación en los países de la región de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
En un calendario dominado por asuntos que la CIDH ya ha estudiado con anterioridad, como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, destacan además las denuncias relacionadas con las violaciones de derechos en Honduras, tras el golpe de Estado que en junio otorgó el poder al presidente de facto Roberto Micheletti.
En una de las audiencias, dos asociaciones civiles alegarán que las mujeres son el grupo más perjudicado por la presunta represión de las manifestaciones públicas que lleva a cabo el nuevo Gobierno.
Además, los siete comisionados de la CIDH mantendrán hasta el próximo 13 de noviembre reuniones de trabajo cerradas al público, para tratar peticiones en trámite, aprobar informes de fondo, y estudiar la posible admisión de nuevos casos.
Los Estados que asistirán al 137 periodo de sesiones de la CIDH son Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Venezuela, Haití, Cuba, Perú, Colombia y México, según el calendario de audiencias. EFE
La CIDH iniciará este lunes su 137 periodo de sesiones públicas, en el que destacan casos relacionados con los derechos de los homosexuales, la discriminación de indígenas y la situación en Honduras tras el golpe de Estado del 28 de junio.
La jornada incluirá también las dos únicas audiencias privadas del periodo de sesiones, sobre la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en Venezuela, país que ha solicitado además dos audiencias públicas, sobre los derechos humanos y la criminalización de la protesta social en su territorio.
Los países que más casos presentarán ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas.
En el caso de Perú, la CIDH evaluará el martes las acciones del Estado ante las recomendaciones internacionales de legislar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de reconocer la propiedad colectiva de estas comunidades.
Otra de las audiencias destacadas será la que analizará la situación de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero en Colombia, país que lleva por primera vez ante la CIDH denuncias relacionadas con este tema, relativamente nuevo para la Comisión y cuya importancia en la región está en aumento.
La misma preocupación centrará el viernes un caso sobre la ausencia de regulación en los países de la región de las uniones civiles entre personas del mismo sexo.
En un calendario dominado por asuntos que la CIDH ya ha estudiado con anterioridad, como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, destacan además las denuncias relacionadas con las violaciones de derechos en Honduras, tras el golpe de Estado que en junio otorgó el poder al presidente de facto Roberto Micheletti.
En una de las audiencias, dos asociaciones civiles alegarán que las mujeres son el grupo más perjudicado por la presunta represión de las manifestaciones públicas que lleva a cabo el nuevo Gobierno.
Además, los siete comisionados de la CIDH mantendrán hasta el próximo 13 de noviembre reuniones de trabajo cerradas al público, para tratar peticiones en trámite, aprobar informes de fondo, y estudiar la posible admisión de nuevos casos.
Los Estados que asistirán al 137 periodo de sesiones de la CIDH son Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Venezuela, Haití, Cuba, Perú, Colombia y México, según el calendario de audiencias. EFE
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El Comercio
Iniciativa del Ejecutivo propone que los decanos y no todos los miembros de los colegios elijan a su representante
Diversos colegios profesionales rechazaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso según el cual los decanos y no todos los miembros de dichas instituciones pueden elegir a su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Mediante un comunicado, el Colegio de Enfermeras advirtió que la iniciativa es incosntitucional porque atenta con el derecho de participación que tiene todo profesional.
“La propuesta no refleja el espíritu democrático en la forma de elección con el voto directo de los profesionales y ello vulnera el derecho fundamental de participación que otorga la Constitución a todos los profesionales”, refirió dicha institución en una nota de prensa.
Además, advierte que podría haber injerencia política en las elecciones del CNM, toda vez que los decanos puedan estar sujetos a presiones políticas.
La postura también cuenta con el respaldo de los colegios de abogados, profesores y sociólogos del país, se informó.
Según la actual reglamentación del CNM , entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces de todo el país, un representante del Colegio de Abogados y otros dos de los demás colegios profesionales tienen derecho a un asiento en el Consejo, siendo elegidos por todos sus afiliados.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno indica que la elección de los representantes de los colegios solamente estarán a cargo de los decanos de todo el país.
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
En su argumentación, el Ejecutivo refiere que es necesario el cambio porque con la vigente norma se benefician los colegios que cuentan con mayor número de asociados, en desmedro de sus pares con “minoría de agremiados”.
En se sentido, detalla que el Colegio de Enfermeras cuenta con más de cincuenta mil miembros y el Colegio de Abogados con 47 mil.
Asimismo, indica que cada proceso eleccionario contará con la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El caso es analizado en la actualidad por la Comisión de Justicia del Congreso.
Iniciativa del Ejecutivo propone que los decanos y no todos los miembros de los colegios elijan a su representante
Diversos colegios profesionales rechazaron el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso según el cual los decanos y no todos los miembros de dichas instituciones pueden elegir a su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Mediante un comunicado, el Colegio de Enfermeras advirtió que la iniciativa es incosntitucional porque atenta con el derecho de participación que tiene todo profesional.
“La propuesta no refleja el espíritu democrático en la forma de elección con el voto directo de los profesionales y ello vulnera el derecho fundamental de participación que otorga la Constitución a todos los profesionales”, refirió dicha institución en una nota de prensa.
Además, advierte que podría haber injerencia política en las elecciones del CNM, toda vez que los decanos puedan estar sujetos a presiones políticas.
La postura también cuenta con el respaldo de los colegios de abogados, profesores y sociólogos del país, se informó.
Según la actual reglamentación del CNM , entidad encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces de todo el país, un representante del Colegio de Abogados y otros dos de los demás colegios profesionales tienen derecho a un asiento en el Consejo, siendo elegidos por todos sus afiliados.
Sin embargo, la propuesta del Gobierno indica que la elección de los representantes de los colegios solamente estarán a cargo de los decanos de todo el país.
ARGUMENTOS DEL GOBIERNO
En su argumentación, el Ejecutivo refiere que es necesario el cambio porque con la vigente norma se benefician los colegios que cuentan con mayor número de asociados, en desmedro de sus pares con “minoría de agremiados”.
En se sentido, detalla que el Colegio de Enfermeras cuenta con más de cincuenta mil miembros y el Colegio de Abogados con 47 mil.
Asimismo, indica que cada proceso eleccionario contará con la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
El caso es analizado en la actualidad por la Comisión de Justicia del Congreso.
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Tras una batalla legal de 8 años, Ronald Estévez figura ahora como mujer con el nombre de Dayris Estrella Estévez. Este primer caso ha generado polémica
Quito (AP). Un transexual cambió su identidad en el documento de identificación para aparecer inscrita como mujer, gracias al primer fallo judicial en ese sentido dictado tras una batalla legal que duró ocho años.
A sus 37 años, Ronald Estévez, como fue inscrito por sus padres en el registro civil ecuatoriano, pasó a convertirse en Dayris Estrella Estévez. El documento de identidad ahora lo define como una mujer.
“Me siento libre, más libre que nunca”, afirmó en una entrevista con el canal Teleamazonas, exhibiendo el documento en sus manos ante las cámaras.
El juez de la tercera sala de la Corte de Justicia de Pichincha, Ramiro García, falló a favor de la petición de Estévez cumpliendo lo establecido en acuerdos internacionales de derechos humanos y en la Constitución que rige desde hace un año.
Su decisión consideró “no remitirnos a la mera genitalidad o al dato cromosomático, sino entender que la parte sicológica de la persona también tiene mucha importancia y, es más, define la identidad. Es eso lo que nosotros hemos reconocido”, explicó el juez a la televisora.
Incluso deja abierta la puerta a que un futuro un posible cambio físico de Estévez esté a cargo del estado. “Se ha establecido que sea el estado, a través del sistema de salud público, el que tenga la responsabilidad de asumir esa carga”, señaló.
El juez se basa en varios artículos de la Constitución aprobada el año pasado que garantizan el derecho a la no discriminación y “el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad”.
Paulo Rodríguez, director del Registro Civil, reconoce que “lo que tenemos en la cédula inscrita es una mujer y no un hombre, entonces le asiste los derechos que las mujeres tienen de casarse con hombres”.
QUIERE SER MADRE
Estévez, dedicada al activismo por los derechos sexuales, no descarta casarse y adoptar niños en el futuro, aunque ahora su prioridad es “seguir luchando por los derechos” de personas como ella.
Dice que sus planteamientos ante la justicia iniciaron en 2001. En el 2008, el defensor del pueblo avaló su petición de cambiar su nombre y sexo, pero la decisión no fue acatada en el Registro Civil.
Nelson Zavala, pastor evangélico y orientador familiar, consideró el caso como “una abominación ante los ojos de Dios”.
Quito (AP). Un transexual cambió su identidad en el documento de identificación para aparecer inscrita como mujer, gracias al primer fallo judicial en ese sentido dictado tras una batalla legal que duró ocho años.
A sus 37 años, Ronald Estévez, como fue inscrito por sus padres en el registro civil ecuatoriano, pasó a convertirse en Dayris Estrella Estévez. El documento de identidad ahora lo define como una mujer.
“Me siento libre, más libre que nunca”, afirmó en una entrevista con el canal Teleamazonas, exhibiendo el documento en sus manos ante las cámaras.
El juez de la tercera sala de la Corte de Justicia de Pichincha, Ramiro García, falló a favor de la petición de Estévez cumpliendo lo establecido en acuerdos internacionales de derechos humanos y en la Constitución que rige desde hace un año.
Su decisión consideró “no remitirnos a la mera genitalidad o al dato cromosomático, sino entender que la parte sicológica de la persona también tiene mucha importancia y, es más, define la identidad. Es eso lo que nosotros hemos reconocido”, explicó el juez a la televisora.
Incluso deja abierta la puerta a que un futuro un posible cambio físico de Estévez esté a cargo del estado. “Se ha establecido que sea el estado, a través del sistema de salud público, el que tenga la responsabilidad de asumir esa carga”, señaló.
El juez se basa en varios artículos de la Constitución aprobada el año pasado que garantizan el derecho a la no discriminación y “el derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la identidad”.
Paulo Rodríguez, director del Registro Civil, reconoce que “lo que tenemos en la cédula inscrita es una mujer y no un hombre, entonces le asiste los derechos que las mujeres tienen de casarse con hombres”.
QUIERE SER MADRE
Estévez, dedicada al activismo por los derechos sexuales, no descarta casarse y adoptar niños en el futuro, aunque ahora su prioridad es “seguir luchando por los derechos” de personas como ella.
Dice que sus planteamientos ante la justicia iniciaron en 2001. En el 2008, el defensor del pueblo avaló su petición de cambiar su nombre y sexo, pero la decisión no fue acatada en el Registro Civil.
Nelson Zavala, pastor evangélico y orientador familiar, consideró el caso como “una abominación ante los ojos de Dios”.
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Incluso, las mujeres que reciben más de dos embriones tienen el doble de riesgo de tener bebes prematuros que las mujeres con un solo embrión
Boston (Reuters). Las mujeres que reciben inicialmente solo un embrión durante la fertilización in vitro tienen la misma posibilidad de tener un hijo que las mujeres que ocupan dos implantes, informaron investigadores suecos.
La investigación, que continúa un estudio del 2004, se realizó ante la extendida preocupación sobre los riesgos de salud para las madres y bebes asociados a nacimientos múltiples, que ocurren habitualmente cuando se implanta más de un embrión mediante la tecnología de bebés de tuvo de ensayo.
La doctora Ann Thurin-Kjellberg de la Universidad de Gotemburgo y sus colegas informaron en el New England Journal of Medicine que inicialmente dieron a 661 mujeres uno u dos embriones.
Si no quedaban embarazadas, recibían embriones que habían sido congelados y descongelados. En cada intento se implantaron uno u dos embriones congelados, y se realizaron hasta cuatro intentos.
El 53% de las mujeres implantadas con un embrión dieron a luz en el intento inicial, comparado con el 57% que recibió dos embriones en el primer intento, una diferencia insignificante, declararon los investigadores.
Sin embargo, hubo una gran diferencia en las posibilidades de tener gemelos o bebes prematuros.
Las mujeres que recibieron dos embriones tuvieron una tasa de nacimientos múltiples cercana al 28%, y su riesgo de tener bebés prematuros dobló al de las mujeres con un solo embrión, que tuvieron una tasa de nacimientos múltiples de 2,3%.
“Esta investigación añade mayor evidencia confirmando el valor de la transferencia electiva de un solo embrión en las tecnologías de reproducción asistida”, aseveró el doctor Richard Kennedy, un portavoz de International Federation of Fertility Societies.
Boston (Reuters). Las mujeres que reciben inicialmente solo un embrión durante la fertilización in vitro tienen la misma posibilidad de tener un hijo que las mujeres que ocupan dos implantes, informaron investigadores suecos.
La investigación, que continúa un estudio del 2004, se realizó ante la extendida preocupación sobre los riesgos de salud para las madres y bebes asociados a nacimientos múltiples, que ocurren habitualmente cuando se implanta más de un embrión mediante la tecnología de bebés de tuvo de ensayo.
La doctora Ann Thurin-Kjellberg de la Universidad de Gotemburgo y sus colegas informaron en el New England Journal of Medicine que inicialmente dieron a 661 mujeres uno u dos embriones.
Si no quedaban embarazadas, recibían embriones que habían sido congelados y descongelados. En cada intento se implantaron uno u dos embriones congelados, y se realizaron hasta cuatro intentos.
El 53% de las mujeres implantadas con un embrión dieron a luz en el intento inicial, comparado con el 57% que recibió dos embriones en el primer intento, una diferencia insignificante, declararon los investigadores.
Sin embargo, hubo una gran diferencia en las posibilidades de tener gemelos o bebes prematuros.
Las mujeres que recibieron dos embriones tuvieron una tasa de nacimientos múltiples cercana al 28%, y su riesgo de tener bebés prematuros dobló al de las mujeres con un solo embrión, que tuvieron una tasa de nacimientos múltiples de 2,3%.
“Esta investigación añade mayor evidencia confirmando el valor de la transferencia electiva de un solo embrión en las tecnologías de reproducción asistida”, aseveró el doctor Richard Kennedy, un portavoz de International Federation of Fertility Societies.
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El Comercio
El primer ministro manifestó que respalda la posición del Minsa, que le pidió al TC aclarar polémica sentencia
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que el Gobierno no acudirá a tribunales internacionales para rechazar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en el sistema nacional de salud.
Tras culminar el tradicional Consejo de Ministros en la sede de Palacio de Gobierno, Velásquez Quesquén manifestó que respalda la posición del Ministerio de Salud de pedirle una aclaración al tribunal para qué diga si las pastillas puedan ser vendidas a un precio simbólico
“Cualquier ciudadano u organización tiene expedito su derecho de acudir a un tribunal internacional en caso crea que se vulneran los derechos de las mujeres”, refirió Velásquez Quesquén, quien se presentó junto al titular de Salud, Óscar Ugarte.
El jefe del Gabinete Ministerial desvirtuó así la pretensión de la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, de presentar un esclarecimiento a la Corte Intermaericana de Derechos Humanos, con sede en Wshington (Estados Unidos).
VIAJE COINCIDENTE
Precisamente, Vílchez se encontraba en dicha ciudad con la embajadora del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, según informó en su cuenta de la red social Twitte r.
No obstante, su viaje era para presentar las conclusiones XX Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescente.
La mayoría de ministros rechaza la sentencia del TC, a excepción del titular de Defensa, Rafael Rey.
“¿Qué haría usted con un lote de rascapiés (...) que está prohibido? ¿lo regala? ¿lo vende a bajo precio?”, dijo Rey en tono figurativo.
El primer ministro manifestó que respalda la posición del Minsa, que le pidió al TC aclarar polémica sentencia
El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez Quesquén, anunció que el Gobierno no acudirá a tribunales internacionales para rechazar el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe la distribución gratuita de la píldora del día siguiente en el sistema nacional de salud.
Tras culminar el tradicional Consejo de Ministros en la sede de Palacio de Gobierno, Velásquez Quesquén manifestó que respalda la posición del Ministerio de Salud de pedirle una aclaración al tribunal para qué diga si las pastillas puedan ser vendidas a un precio simbólico
“Cualquier ciudadano u organización tiene expedito su derecho de acudir a un tribunal internacional en caso crea que se vulneran los derechos de las mujeres”, refirió Velásquez Quesquén, quien se presentó junto al titular de Salud, Óscar Ugarte.
El jefe del Gabinete Ministerial desvirtuó así la pretensión de la ministra de la Mujer, Nidia Vílchez, de presentar un esclarecimiento a la Corte Intermaericana de Derechos Humanos, con sede en Wshington (Estados Unidos).
VIAJE COINCIDENTE
Precisamente, Vílchez se encontraba en dicha ciudad con la embajadora del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), María Zavala, según informó en su cuenta de la red social Twitte r.
No obstante, su viaje era para presentar las conclusiones XX Congreso Panamericano del Niño, Niña y Adolescente.
La mayoría de ministros rechaza la sentencia del TC, a excepción del titular de Defensa, Rafael Rey.
“¿Qué haría usted con un lote de rascapiés (...) que está prohibido? ¿lo regala? ¿lo vende a bajo precio?”, dijo Rey en tono figurativo.
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Tribunal Constitucional invalidó tal política pública porque “no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo” en el medicamento.
El Comercio
El Tribunal Constitucional (TC) informó el jueves que ha invalidado la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada píldora del día siguiente, ordenando al Ministerio de Salud (Minsa) se abstenga de desarrollar tal política pública.
Esto por considerar que no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo, la inhibición de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio.
En una nota de prensa, el TC señala que declaró fundado el amparo presentado en el expediente 02005-2009-PA/TC luego de evaluar los argumentos presentados por importantes instituciones nacionales e internacionales, sin que, según el TC, se haya podido desvirtuar que, dentro de la teoría de la fecundación, el derecho a la vida del concebido pueda ser gravemente menoscabado por el uso del indicado fármaco, de acuerdo con el artículo 2.1. de la Constitución vigente.
En esa lógica, agrega, la sentencia ordena que los laboratorios que comercializan la “píldora del día siguiente” incluyan en la posología una advertencia destinada a que los consumidores tengan conocimiento suficiente de que el producto podría tener un efecto abortivo.
El Comercio
El Tribunal Constitucional (TC) informó el jueves que ha invalidado la distribución gratuita a nivel nacional de la denominada píldora del día siguiente, ordenando al Ministerio de Salud (Minsa) se abstenga de desarrollar tal política pública.
Esto por considerar que no se ha demostrado la inexistencia del efecto abortivo, la inhibición de la implantación del óvulo fecundado en el endometrio.
En una nota de prensa, el TC señala que declaró fundado el amparo presentado en el expediente 02005-2009-PA/TC luego de evaluar los argumentos presentados por importantes instituciones nacionales e internacionales, sin que, según el TC, se haya podido desvirtuar que, dentro de la teoría de la fecundación, el derecho a la vida del concebido pueda ser gravemente menoscabado por el uso del indicado fármaco, de acuerdo con el artículo 2.1. de la Constitución vigente.
En esa lógica, agrega, la sentencia ordena que los laboratorios que comercializan la “píldora del día siguiente” incluyan en la posología una advertencia destinada a que los consumidores tengan conocimiento suficiente de que el producto podría tener un efecto abortivo.
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10/10/09: Poder Judicial pide debate sobre contiunidad del Tribunal Constitucional (caray, que bueno)
Villa Stein pide un debate sobre continuidad del Tribunal Constitucional
El presidente del Poder Judicial dice que una sala de Corte Suprema podría reemplazar las funciones del organismo
(Andina) El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein , pidió un debate nacional sobre la desaparición o continuidad del Tribunal Constitucional (TC) o para que una Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República esté a cargo de este tipo de temas.
“Se debe abrir un debate nacional para ver si conviene un Tribunal Constitucional a la forma de los países detrás de la Cortina de Hierro o si queremos un modelo constitucional compatible con nuestras tradiciones jurídicas, es decir, dentro de la Corte Suprema”, refirió.
Villa Stein mencionó que de esta manera se evitarán “fallos contradictorios” que puedan establecer una “fisura” en la línea jurídica del país.
“Siempre he planteado eso (la eliminación del Tribunal Constitucional), me parece razonable, lo que no comparto es que frente a un determinado fallo del Tribunal Constitucional hagamos eso, porque eso sería castigarlos”, agregó.
MECANISMO DE CONTROL
En ese sentido, el titular de la Corte Suprema dijo que si bien el TC tiene que controlar la constitucionalidad, se han presentado algunos “casos de interferencia” que resulta necesario “controlar”.
La propuesta de desaparece el Tribunal Constitucional surgió luego de una serie de sentencias recientes, las cuales fueron criticadas, como la posible liberación de Antauro Humala – que finalmente no ocurrió – así como la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley que autoriza el uso de la fuerza a los institutos armados en casos puntuales.
De otro lado, Villa Stein afirmó en declaraciones a Frecuencia Latina que era una persona “apolítica”, por lo que la política es “un misterio” para él.
El presidente del Poder Judicial dice que una sala de Corte Suprema podría reemplazar las funciones del organismo
(Andina) El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein , pidió un debate nacional sobre la desaparición o continuidad del Tribunal Constitucional (TC) o para que una Sala de la Corte Suprema de Justicia de la República esté a cargo de este tipo de temas.
“Se debe abrir un debate nacional para ver si conviene un Tribunal Constitucional a la forma de los países detrás de la Cortina de Hierro o si queremos un modelo constitucional compatible con nuestras tradiciones jurídicas, es decir, dentro de la Corte Suprema”, refirió.
Villa Stein mencionó que de esta manera se evitarán “fallos contradictorios” que puedan establecer una “fisura” en la línea jurídica del país.
“Siempre he planteado eso (la eliminación del Tribunal Constitucional), me parece razonable, lo que no comparto es que frente a un determinado fallo del Tribunal Constitucional hagamos eso, porque eso sería castigarlos”, agregó.
MECANISMO DE CONTROL
En ese sentido, el titular de la Corte Suprema dijo que si bien el TC tiene que controlar la constitucionalidad, se han presentado algunos “casos de interferencia” que resulta necesario “controlar”.
La propuesta de desaparece el Tribunal Constitucional surgió luego de una serie de sentencias recientes, las cuales fueron criticadas, como la posible liberación de Antauro Humala – que finalmente no ocurrió – así como la inconstitucionalidad de dos artículos de la Ley que autoriza el uso de la fuerza a los institutos armados en casos puntuales.
De otro lado, Villa Stein afirmó en declaraciones a Frecuencia Latina que era una persona “apolítica”, por lo que la política es “un misterio” para él.
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Ministro Pastor se opone a ello. En tanto, la comisión revisora del Código Penal también aprueba la eutanasia. ¿Usted qué opina?
Por José Santillán / Fabiola Torres
El Comercio
¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida? La pregunta ha cobrado especial importancia luego de conocerse que la comisión especial revisora del Código Penal, integrada por 14 personas, acordó hace solo dos días —con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones— despenalizar tanto el aborto eugenésico como el mal llamado aborto sentimental, que tiene como fin impedir el nacimiento de un feto cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual.
“Debo lamentar la decisión adoptada… No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos”, dijo el presidente de esa comisión, el congresista Carlos Torres Caro (no agrupado).
TAMBIÉN LA EUTANASIA
La misma comisión que preside ese parlamentario aprobó, hace solo dos semanas, una modificación al artículo 112 del Código Penal relativo al homicidio piadoso (eutanasia).
Aunque dentro del cambio propuesto se aumenta la pena de cárcel de dos a cuatro años (el Código Penal solo considera una pena privativa de libertad no mayor de tres años), se hace un agregado que deja abierta la posibilidad de que el juez pueda eximir de sanciones “cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido o quien sufrió graves quemaduras”. Lo que llama la atención de esa modificación es que esta no haya sido puesta en conocimiento público en su debido momento y que, más bien, se mantuviera casi en secreto hasta ayer, cuando El Comercio tuvo acceso a esa información. “¿Cómo se enteró usted?”, preguntó el congresista Torres Caro.
EL ABORTO
Pero además de la eutanasia, la comisión modificó los artículos 114 al 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido tanto al aborto eugenésico —llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, o taras físicas o psíquicas que han sido comprobadas por un médico especialista— como al aborto por violación sexual. Ambos casos son castigados por el actual Código Penal con solo tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.
Para Torres Caro, este es el quid del asunto, toda vez que una investigación para sancionar la responsabilidad de los involucrados en cualquiera de los delitos señalados puede llevar hasta medio año, lo que conlleva a la prescripción de la pena.
Aun así, un hecho que llamó la atención es que uno de los miembros de la comisión nombrado por el Ministerio de Justicia votó a favor de la despenalización del aborto, no obstante que esa cartera había expresado su posición en contra con antelación.
Debido a esta contradicción, anoche el titular de Justicia, Aurelio Pastor, lamentó que uno de los comisionados, Rosa Mavila León, haya votado en sentido contrario, por lo que se le ha pedido un detallado informe al respecto. El ministro ratificó la posición institucional en contra de la despenalización del aborto.
La comisión revisora también examinó las propuestas para aprobar el aborto por necesidad (embarazo no deseado) y el aborto por indigencia, pero ambas fueron rechazadas.
LO QUE SE VIENE
Por ahora, la comisión especial revisora del Código Penal continuará con su trabajo hasta mediados de diciembre, aunque es probable que soliciten una ampliación, detalló Torres Caro.
Una vez concluidas las modificaciones del Código Penal, estas serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación, o son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.
Por José Santillán / Fabiola Torres
El Comercio
¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida? La pregunta ha cobrado especial importancia luego de conocerse que la comisión especial revisora del Código Penal, integrada por 14 personas, acordó hace solo dos días —con cuatro votos a favor, dos en contra y dos abstenciones— despenalizar tanto el aborto eugenésico como el mal llamado aborto sentimental, que tiene como fin impedir el nacimiento de un feto cuando la mujer ha sido víctima de violación sexual.
“Debo lamentar la decisión adoptada… No estoy de acuerdo porque soy un defensor de la vida y de los derechos humanos”, dijo el presidente de esa comisión, el congresista Carlos Torres Caro (no agrupado).
TAMBIÉN LA EUTANASIA
La misma comisión que preside ese parlamentario aprobó, hace solo dos semanas, una modificación al artículo 112 del Código Penal relativo al homicidio piadoso (eutanasia).
Aunque dentro del cambio propuesto se aumenta la pena de cárcel de dos a cuatro años (el Código Penal solo considera una pena privativa de libertad no mayor de tres años), se hace un agregado que deja abierta la posibilidad de que el juez pueda eximir de sanciones “cuando la muerte hubiera sido solicitada de modo consciente por el enfermo, herido o quien sufrió graves quemaduras”. Lo que llama la atención de esa modificación es que esta no haya sido puesta en conocimiento público en su debido momento y que, más bien, se mantuviera casi en secreto hasta ayer, cuando El Comercio tuvo acceso a esa información. “¿Cómo se enteró usted?”, preguntó el congresista Torres Caro.
EL ABORTO
Pero además de la eutanasia, la comisión modificó los artículos 114 al 120 del Código Penal relativos al aborto. El más polémico es el último, referido tanto al aborto eugenésico —llamado así porque se interrumpe la vida de un feto con graves malformaciones congénitas, o taras físicas o psíquicas que han sido comprobadas por un médico especialista— como al aborto por violación sexual. Ambos casos son castigados por el actual Código Penal con solo tres meses de pena privativa de libertad, aunque en la práctica no hay cárcel efectiva.
Para Torres Caro, este es el quid del asunto, toda vez que una investigación para sancionar la responsabilidad de los involucrados en cualquiera de los delitos señalados puede llevar hasta medio año, lo que conlleva a la prescripción de la pena.
Aun así, un hecho que llamó la atención es que uno de los miembros de la comisión nombrado por el Ministerio de Justicia votó a favor de la despenalización del aborto, no obstante que esa cartera había expresado su posición en contra con antelación.
Debido a esta contradicción, anoche el titular de Justicia, Aurelio Pastor, lamentó que uno de los comisionados, Rosa Mavila León, haya votado en sentido contrario, por lo que se le ha pedido un detallado informe al respecto. El ministro ratificó la posición institucional en contra de la despenalización del aborto.
La comisión revisora también examinó las propuestas para aprobar el aborto por necesidad (embarazo no deseado) y el aborto por indigencia, pero ambas fueron rechazadas.
LO QUE SE VIENE
Por ahora, la comisión especial revisora del Código Penal continuará con su trabajo hasta mediados de diciembre, aunque es probable que soliciten una ampliación, detalló Torres Caro.
Una vez concluidas las modificaciones del Código Penal, estas serán elevadas al presidente del Congreso, quien decidirá si son llevadas al pleno para su discusión y aprobación, o son remitidas a la Comisión de Justicia para su revisión.
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La República
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el Proyecto de Ley No. 3395, que propone que los tres representantes de los Colegios Profesionales (de abogados y otras profesiones) que integran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ya no sean elegidos con el voto de todos los colegiados, sino únicamente de los Decanos de dichas instituciones.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) considera que la decisión de la Comisión de Constitución es gravísima, pues representa un cambio súbito de reglas; va contra la propia Constitución, que en su artículo 155 señala que esta elección la efectúen “los miembros” de los colegios profesionales; y porque la modificación ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo, que nunca antes había realizado aportes para la regulación de esta elección.
Este hecho da lugar a serias sospechas sobre un mecanismo de injerencia política.
Ante la gravedad del cambio aprobado por la Comisión de Constitución, ¿qué han señalado los Decanos de los Colegios Profesionales, quienes se deben a sus electores y son a quienes representan? Se espera que tomen una posición.
El mismo proyecto será debatido mañana a las 3 pm, en la Comisión de Justicia del Congreso. Siendo este el grupo donde se desarrollará el principal debate, es probable que asuma una posición similar a la adoptada por la Comisión de Constitución.
Como se recuerda, el CNM está compuesto por 7 integrantes, dos de ellos, elegidos por instancias del Estado, y 5 elegidos por entidades de la sociedad civil: dos por las universidades públicas y privadas, uno por los colegios de abogados del país y, los dos restantes, por los demás colegios profesionales. Este proceso debe ser preocupación de todos, porque el CNM resuelve quiénes serán los jueces y fiscales que decidirán aspectos fundamentales de nuestras vidas.
La Comisión de Constitución del Congreso aprobó el Proyecto de Ley No. 3395, que propone que los tres representantes de los Colegios Profesionales (de abogados y otras profesiones) que integran el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ya no sean elegidos con el voto de todos los colegiados, sino únicamente de los Decanos de dichas instituciones.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) considera que la decisión de la Comisión de Constitución es gravísima, pues representa un cambio súbito de reglas; va contra la propia Constitución, que en su artículo 155 señala que esta elección la efectúen “los miembros” de los colegios profesionales; y porque la modificación ha sido propuesta por el Poder Ejecutivo, que nunca antes había realizado aportes para la regulación de esta elección.
Este hecho da lugar a serias sospechas sobre un mecanismo de injerencia política.
Ante la gravedad del cambio aprobado por la Comisión de Constitución, ¿qué han señalado los Decanos de los Colegios Profesionales, quienes se deben a sus electores y son a quienes representan? Se espera que tomen una posición.
El mismo proyecto será debatido mañana a las 3 pm, en la Comisión de Justicia del Congreso. Siendo este el grupo donde se desarrollará el principal debate, es probable que asuma una posición similar a la adoptada por la Comisión de Constitución.
Como se recuerda, el CNM está compuesto por 7 integrantes, dos de ellos, elegidos por instancias del Estado, y 5 elegidos por entidades de la sociedad civil: dos por las universidades públicas y privadas, uno por los colegios de abogados del país y, los dos restantes, por los demás colegios profesionales. Este proceso debe ser preocupación de todos, porque el CNM resuelve quiénes serán los jueces y fiscales que decidirán aspectos fundamentales de nuestras vidas.
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