El presidente del Senado, José Sarney, dijo que su país tiene ahora la Constitución con los mejores derechos sociales del mundo.
Perú 21
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Lula pretende mandar un proyecto en el que los programas sociales sean adoptados como leyes. (Archivo)
El Congreso brasileño proclamó hoy la alimentación como un nuevo derecho constitucional, junto con la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad social y la protección a la infancia, entre otros que ya figuraban en la carta magna.
La inclusión de la alimentación entre esos derechos fue aprobada en una sesión celebrada hoy, en la que el presidente del Senado, José Sarney, dijo que Brasil “tiene ahora la satisfacción de contar con una Constitución con los mejores capítulos de derechos sociales del mundo”.
Ese listado de derechos sociales que ya figura en la Constitución puede ser ampliado en los próximos meses, gracias a una iniciativa que prepara el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
El propio mandatario ha declarado que, durante este año, pretende enviar al Parlamento un proyecto en el que propondrá que los vastos programas sociales que su Gobierno aplica desde 2003 sean adoptados como leyes.
Según Lula, su intención es que “no se pierdan las conquistas” sociales alcanzadas durante su mandato, que concluirá el próximo 1 de enero, cuando le entregará el poder al ganador de las elecciones del 3 de octubre de este año.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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El Jurado Nacional de Elecciones dio a conocer algunas novedades para los próximos procesos electorales
ANDINA. Los candidatos que postulan a cualquier cargo en los comicios ediles y regionales de octubre próximo y consignen información falsa en sus hojas de vida deberán ser retirados por su respectiva organización política y además serán denunciados penalmente, según informó hoy Virgilio Hurtado, director de Gobernabilidad, Investigación y Proyectos Especiales del JNE.
El funcionario indicó que dicha medida ha sido establecida en la Ley 29490, que modifica diversos artículos de la Ley de Partidos Políticos y que fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso.
Dijo también que los postulantes deberán informar en sus declaraciones juradas sus antecedentes partidarios, es decir las renuncias efectuadas a otras agrupaciones de alcance nacional, regional o local.
En conferencia de prensa, Hurtado dio a conocer los nuevos procedimientos, plazos y requisitos que regirán para las elecciones del 3 de octubre, en virtud de la norma antes mencionada, así como también de la Ley 29470, que modificó la Ley de Elecciones Regionales, y la 29837.
A TENER EN CUENTA
Los movimientos regionales y departamentales están obligados a realizar elecciones internas para seleccionar a sus candidatos, entre los 180 días antes de la fecha de elección y 21 días antes del plazo de vencimiento para la inscripción de candidatos (5 de julio).
Asimismo, los candidatos a cargos regionales deberán acreditar un mínimo de 3 años de residencia efectiva en la circunscripción a la que postula, y en el caso de zonas de frontera, estos deberán ser peruanos de nacimiento.
Las agrupaciones políticas deberán presentar una lista de aspirantes a consejeros regionales; las cuales deberán estar acompañadas del respectivo plan de gobierno regional.
Estas litas deberán estar formadas en un 20% por ciudadanos jóvenes menores de 29 años; por no menos del 30% de hombres o mujeres, y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios en cada región donde existan.
Asimismo, en caso ninguno de los candidatos a presidente y vicepresidente regional obtenga el 30% de los votos válidos se realizará una segunda vuelta entre las fórmulas que alcanzaron las dos más altas votaciones.
ANDINA. Los candidatos que postulan a cualquier cargo en los comicios ediles y regionales de octubre próximo y consignen información falsa en sus hojas de vida deberán ser retirados por su respectiva organización política y además serán denunciados penalmente, según informó hoy Virgilio Hurtado, director de Gobernabilidad, Investigación y Proyectos Especiales del JNE.
El funcionario indicó que dicha medida ha sido establecida en la Ley 29490, que modifica diversos artículos de la Ley de Partidos Políticos y que fue aprobada en diciembre pasado por el Congreso.
Dijo también que los postulantes deberán informar en sus declaraciones juradas sus antecedentes partidarios, es decir las renuncias efectuadas a otras agrupaciones de alcance nacional, regional o local.
En conferencia de prensa, Hurtado dio a conocer los nuevos procedimientos, plazos y requisitos que regirán para las elecciones del 3 de octubre, en virtud de la norma antes mencionada, así como también de la Ley 29470, que modificó la Ley de Elecciones Regionales, y la 29837.
A TENER EN CUENTA
Los movimientos regionales y departamentales están obligados a realizar elecciones internas para seleccionar a sus candidatos, entre los 180 días antes de la fecha de elección y 21 días antes del plazo de vencimiento para la inscripción de candidatos (5 de julio).
Asimismo, los candidatos a cargos regionales deberán acreditar un mínimo de 3 años de residencia efectiva en la circunscripción a la que postula, y en el caso de zonas de frontera, estos deberán ser peruanos de nacimiento.
Las agrupaciones políticas deberán presentar una lista de aspirantes a consejeros regionales; las cuales deberán estar acompañadas del respectivo plan de gobierno regional.
Estas litas deberán estar formadas en un 20% por ciudadanos jóvenes menores de 29 años; por no menos del 30% de hombres o mujeres, y un mínimo de 15% de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios en cada región donde existan.
Asimismo, en caso ninguno de los candidatos a presidente y vicepresidente regional obtenga el 30% de los votos válidos se realizará una segunda vuelta entre las fórmulas que alcanzaron las dos más altas votaciones.
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Expertos dicen que proyecto del Apra para recortar mandato es improvisado
Constitucionalistas como Enrique Bernales y Raúl Ferrero afirman que lo mejor para el Congreso es retornar al antiguo sistema bicameral
Por: Débora Dongo-Soria S
El Comercio
Los constitucionalistas Enrique Bernales y Raúl Ferrero consideraron ayer que la reducción del período congresal de cinco a dos años y medio puede generar inestabilidad legislativa y política.
Bernales calificó la propuesta aprista de improvisada y explicó que no es aplicable al sistema unicameral porque paralizaría el Congreso. “Vamos a tener una sola cámara que va a funcionar año y medio porque el año previo a las elecciones va a ser de una desenfrenada campaña electoral. Lo que garantizaría la continuidad del sistema legislativo es que una cámara permanezca, mientras que la otra se va renovando”.
Propuso tres medidas previas a la reducción del período parlamentario: contar con partidos serios, retornar al sistema bicameral y separar la política del oportunismo.
Cuestionó el costo económico de tener elecciones cada dos años y medio así como la viabilidad de contar con candidatos serios.
NO HAY GARANTÍA
El constitucionalista Raúl Ferrero opinó que la medida no garantiza una mejora en la calidad profesional y ética de los candidatos, pero indicó que, al parecerse a una revocatoria, la oposición podría llegar a ser mayoría en el Congreso, lo cual exigiría que el presidente de turno concilie.
Señaló, sin embargo, que se puede generar inestabilidad política y que lo ideal sería retornar al sistema bicameral. Precisó que la medida se ajusta más a un régimen parlamentario que a uno semipresidencialista como el peruano.
RETORNO A LA BICAMERALIDAD
El congresista Javier Valle Riestra admitió que la renovación debe ir de la mano con la restauración del sistema bicameral. Dijo que, a pedido del presidente del Congreso, Luis Alva, trabaja en un proyecto con varios constitucionalistas para que la Cámara de Diputados sea la que se renueve cada dos años y medio y el Senado se mantenga por cinco años.
Dijo que el Apra no rechaza la propuesta y que se debería incorporar en marzo. “Un sistema unicameral con mandato de dos años y medio sería una mala herencia para el 2011. Hay que agregar el bicameralismo”.
Negó que se genere inestabilidad y señaló, más bien, que habrá una buena sintonía entre el Parlamento y el pueblo. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, coincidió con él.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, argumentó que el pueblo podrá fiscalizar a los congresistas. El vocero de Unidad Nacional, Rafael Yamashiro, dijo que se trata de una cortina de humo.
PARA TENER EN CUENTA
ARGENTINA
La Cámara de Diputados de Argentina tiene 257 miembros.
Un tercio de los miembros es elegido cada dos años para un período de seis.
La mitad es elegida cada dos años por un período de cuatro.
CHILE
En la Cámara de Diputados de Chile, 120 miembros son elegidos por cuatro años.
En el Senado se elige a 38 miembros por ocho años.
La mitad de los miembros en el Senado son elegidos cada cuatro años.
COLOMBIA
En el Senado colombiano 102 miembros son elegidos por lista de partido por cuatro años.
En la Cámara de Representantes, 166 miembros son elegidos por voto popular también para un período de cuatro años.
Constitucionalistas como Enrique Bernales y Raúl Ferrero afirman que lo mejor para el Congreso es retornar al antiguo sistema bicameral
Por: Débora Dongo-Soria S
El Comercio
Los constitucionalistas Enrique Bernales y Raúl Ferrero consideraron ayer que la reducción del período congresal de cinco a dos años y medio puede generar inestabilidad legislativa y política.
Bernales calificó la propuesta aprista de improvisada y explicó que no es aplicable al sistema unicameral porque paralizaría el Congreso. “Vamos a tener una sola cámara que va a funcionar año y medio porque el año previo a las elecciones va a ser de una desenfrenada campaña electoral. Lo que garantizaría la continuidad del sistema legislativo es que una cámara permanezca, mientras que la otra se va renovando”.
Propuso tres medidas previas a la reducción del período parlamentario: contar con partidos serios, retornar al sistema bicameral y separar la política del oportunismo.
Cuestionó el costo económico de tener elecciones cada dos años y medio así como la viabilidad de contar con candidatos serios.
NO HAY GARANTÍA
El constitucionalista Raúl Ferrero opinó que la medida no garantiza una mejora en la calidad profesional y ética de los candidatos, pero indicó que, al parecerse a una revocatoria, la oposición podría llegar a ser mayoría en el Congreso, lo cual exigiría que el presidente de turno concilie.
Señaló, sin embargo, que se puede generar inestabilidad política y que lo ideal sería retornar al sistema bicameral. Precisó que la medida se ajusta más a un régimen parlamentario que a uno semipresidencialista como el peruano.
RETORNO A LA BICAMERALIDAD
El congresista Javier Valle Riestra admitió que la renovación debe ir de la mano con la restauración del sistema bicameral. Dijo que, a pedido del presidente del Congreso, Luis Alva, trabaja en un proyecto con varios constitucionalistas para que la Cámara de Diputados sea la que se renueve cada dos años y medio y el Senado se mantenga por cinco años.
Dijo que el Apra no rechaza la propuesta y que se debería incorporar en marzo. “Un sistema unicameral con mandato de dos años y medio sería una mala herencia para el 2011. Hay que agregar el bicameralismo”.
Negó que se genere inestabilidad y señaló, más bien, que habrá una buena sintonía entre el Parlamento y el pueblo. El presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez, coincidió con él.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, argumentó que el pueblo podrá fiscalizar a los congresistas. El vocero de Unidad Nacional, Rafael Yamashiro, dijo que se trata de una cortina de humo.
PARA TENER EN CUENTA
ARGENTINA
La Cámara de Diputados de Argentina tiene 257 miembros.
Un tercio de los miembros es elegido cada dos años para un período de seis.
La mitad es elegida cada dos años por un período de cuatro.
CHILE
En la Cámara de Diputados de Chile, 120 miembros son elegidos por cuatro años.
En el Senado se elige a 38 miembros por ocho años.
La mitad de los miembros en el Senado son elegidos cada cuatro años.
COLOMBIA
En el Senado colombiano 102 miembros son elegidos por lista de partido por cuatro años.
En la Cámara de Representantes, 166 miembros son elegidos por voto popular también para un período de cuatro años.
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09/01/10: Lista de candidatos al TC 2010 (Carlos Ramos y Chanamé son los de mejor perfil profesional)
COMISIÓN ESPECIAL PUBLICA LISTA DE CANDIDATOS AL TC
El presidente de la Comisión Especial encargada de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos aptos para ser elegidos Magistrados del Tribunal Constitucional, señor Congresista Luis Humberto Falla Lamadrid, informó que, conforme al cronograma de trabajo acordado en el seno de su Comisión, los días viernes 8 y sábado 9 de enero se publica en el diario oficial El Peruano y otros diarios de circulación nacional, la relación de personas que han presentado o han sido postulados al cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, según el orden de ingreso de sus solicitudes.
Como se recordará, el 30 de diciembre de 2009 concluyó la recepción de solicitudes de postulación con 52 candidatos. La relación de postulantes se ha reducido a 50 tras la declinación de dos abogados.
De acuerdo con el cronograma de trabajo de la Comisión Especial, los ciudadanos en general pueden presentar tachas contra uno o más postulantes del 12 al 19 de enero hasta las 17 horas, mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión Especial, a través de la Mesa de Partes del Congreso de la República. Las tachas deben estar acompañadas de prueba instrumental, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El presidente de la Comisión Especial informó, además, que los curriculums vitae de los postulantes están empezando a ser revisados. Se observa que, en algunos casos, no han presentado documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como de no estar incursos en impedimento alguno. En ese sentido, invocó a los postulantes que se encuentren en esa situación, cumplan con presentar al término de la distancia la documentación faltante.
RELACION DE POSTULANTES
Nombres y apellidos
1.JESÚS LINARES CORNEJO
2.TONY JAIME YALLES RAMÍREZ
3.MANUEL JESÚS MIRANDA CANALES
4.LUCIO ALFONSO ARANA SÁNCHEZ (Propuesto por CA. Piura y Escuela de Post Grado de Univ. Nac. de Piura).
5.FAUSTINO FELIX BERAÚN BARRANTES(Propuesto por Decano de la Facultad de Derecho de la UNMSM).
6.WILS ANSELMO HUGO GONZÁLES MUÑOZ
7.JOSÉ DEL CARMEN SANDOVAL COURRIOLES
8.SERGIO ROBERTO SALAS VILLALOBOS
9.ELADIO GONZALES RÍOS
10.LUIS PALACIOS REYES (Propuesto por CPP).
11.MIGUEL Á. LLANOS ROMERO (Propuesta Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación y otros).
12.LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ ESQUECHE
13.CÉSAR AUGUSTO PARODI GASTAÑETA
14.SILVESTRE MÁXIMO ALVARADO TRUJILLO
15.JOSÉ ROQUE RUIZ RUESTA
16.JORGE ALBERTO ANGULO IBERICO(Propuesto por Facultad de Derecho de la Univ.Nac.Pedro Ruiz Gallo, y CA. Lambayeque)
17.JUAN BAUTISTA BARDELLI LARTIRIGOYEN
18.ZENÓN ALEJANDRO BERNUY CUNZA
19.LUIS HILARIO LLAMOJA FLORES
20.RAMÓN RAMÍREZ ERAZO
21.SANTIAGO OSORIO ARRASCUE
22.TERESA DE JESÚS SEIJAS RENGIFO
23.RAÚL DURAND VALLADARES
24.OSCAR URVIOLA HANI (Propuesto por CA Arequipa y otros)
25.HUGO LAMADRID IBÁÑEZ (Propuesto por Dr. César Mera Liza)
26.NELSÓN MONTENEGRO ARRASCUE
27.DEMETRIO LÓPEZ SANTOS
28.JANET OFELIA LOURDES TELLO GILARDI (Propuesto por Asociación Humanitaria del Perú)
29.DAVID MIGUEL DUMET DELFÍN
30.RAÚL CHANAMÉ ORBE
31.GUILLERMO GARCÍA COELLO (Propuesta Colegio de Lic. de Administración de Lambayeque)
32.JESÚS FANNY FREIGEIRO MORÁN
33.MANUEL AGUILAR BERMÚDEZ
34.ROSENDO ESTACIO BUSTAMANTE
35.ANGEL EDUARDO NAVARRETE RAMÍREZ
36.BENJAMÍN CARLOS ENRÍQUEZ CONFER
37.ABEL ALBERTO MUÑOZ SAENZ
38.MANUEL EDUARDO CEVALLOS FLORES (Propuesta Escuela de Postgrado de la Univ. Nac. de Piura)
39.ZOILA MONTENEGRO CANNON
40.MARLENE RODRÍGUEZ SIFUENTES
41.JUAN CRISÓSTOMO MUNAYCO
42.JULIO QUINTANILLA LOAIZA (Propuesto por FUC)
43.LUZ DEL CARMEN IBAÑEZ CARRANZA (*)
44.TOMÁS MORÁN ORTEGA
45.BENJAMÍN GUILLERMO FERNÁNDEZ GARCÍA
46.CARLOS ALBERTO CÉLIS ZAPATA
47.MARÍA ZAVALA VALLADARES
48.LUZ AUREA SAENZ ARANA
49.JUAN ENRIQUE PESTANA URIBE
50.ANTONIO BALDEMAR SOLANO PIMENTEL (**)
51.CLOTILDE VIGIL DE QUIROZ
52.CARLOS RAMOS NÚÑEZ (Propuesto por Decano del CAL)
(*) La Dra. Luz del Carmen Ibáñez Carranza renunció a su postulación el 5 de enero de 2010, sin haber acreditado la fe pública de su renuncia.
(**) El Dr. Antonio Baldemar Solano Pimentel renunció a su postulación el 6 de enero de 2010, con firma legalizada ante Notario Público.
Lima, 7 de enero de 2010
Congreso de la República
El presidente de la Comisión Especial encargada de recibir propuestas y seleccionar a los candidatos aptos para ser elegidos Magistrados del Tribunal Constitucional, señor Congresista Luis Humberto Falla Lamadrid, informó que, conforme al cronograma de trabajo acordado en el seno de su Comisión, los días viernes 8 y sábado 9 de enero se publica en el diario oficial El Peruano y otros diarios de circulación nacional, la relación de personas que han presentado o han sido postulados al cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, según el orden de ingreso de sus solicitudes.
Como se recordará, el 30 de diciembre de 2009 concluyó la recepción de solicitudes de postulación con 52 candidatos. La relación de postulantes se ha reducido a 50 tras la declinación de dos abogados.
De acuerdo con el cronograma de trabajo de la Comisión Especial, los ciudadanos en general pueden presentar tachas contra uno o más postulantes del 12 al 19 de enero hasta las 17 horas, mediante escrito dirigido al Presidente de la Comisión Especial, a través de la Mesa de Partes del Congreso de la República. Las tachas deben estar acompañadas de prueba instrumental, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El presidente de la Comisión Especial informó, además, que los curriculums vitae de los postulantes están empezando a ser revisados. Se observa que, en algunos casos, no han presentado documentación suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como de no estar incursos en impedimento alguno. En ese sentido, invocó a los postulantes que se encuentren en esa situación, cumplan con presentar al término de la distancia la documentación faltante.
RELACION DE POSTULANTES
Nombres y apellidos
1.JESÚS LINARES CORNEJO
2.TONY JAIME YALLES RAMÍREZ
3.MANUEL JESÚS MIRANDA CANALES
4.LUCIO ALFONSO ARANA SÁNCHEZ (Propuesto por CA. Piura y Escuela de Post Grado de Univ. Nac. de Piura).
5.FAUSTINO FELIX BERAÚN BARRANTES(Propuesto por Decano de la Facultad de Derecho de la UNMSM).
6.WILS ANSELMO HUGO GONZÁLES MUÑOZ
7.JOSÉ DEL CARMEN SANDOVAL COURRIOLES
8.SERGIO ROBERTO SALAS VILLALOBOS
9.ELADIO GONZALES RÍOS
10.LUIS PALACIOS REYES (Propuesto por CPP).
11.MIGUEL Á. LLANOS ROMERO (Propuesta Sindicato de Trabajadores del Banco de la Nación y otros).
12.LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ ESQUECHE
13.CÉSAR AUGUSTO PARODI GASTAÑETA
14.SILVESTRE MÁXIMO ALVARADO TRUJILLO
15.JOSÉ ROQUE RUIZ RUESTA
16.JORGE ALBERTO ANGULO IBERICO(Propuesto por Facultad de Derecho de la Univ.Nac.Pedro Ruiz Gallo, y CA. Lambayeque)
17.JUAN BAUTISTA BARDELLI LARTIRIGOYEN
18.ZENÓN ALEJANDRO BERNUY CUNZA
19.LUIS HILARIO LLAMOJA FLORES
20.RAMÓN RAMÍREZ ERAZO
21.SANTIAGO OSORIO ARRASCUE
22.TERESA DE JESÚS SEIJAS RENGIFO
23.RAÚL DURAND VALLADARES
24.OSCAR URVIOLA HANI (Propuesto por CA Arequipa y otros)
25.HUGO LAMADRID IBÁÑEZ (Propuesto por Dr. César Mera Liza)
26.NELSÓN MONTENEGRO ARRASCUE
27.DEMETRIO LÓPEZ SANTOS
28.JANET OFELIA LOURDES TELLO GILARDI (Propuesto por Asociación Humanitaria del Perú)
29.DAVID MIGUEL DUMET DELFÍN
30.RAÚL CHANAMÉ ORBE
31.GUILLERMO GARCÍA COELLO (Propuesta Colegio de Lic. de Administración de Lambayeque)
32.JESÚS FANNY FREIGEIRO MORÁN
33.MANUEL AGUILAR BERMÚDEZ
34.ROSENDO ESTACIO BUSTAMANTE
35.ANGEL EDUARDO NAVARRETE RAMÍREZ
36.BENJAMÍN CARLOS ENRÍQUEZ CONFER
37.ABEL ALBERTO MUÑOZ SAENZ
38.MANUEL EDUARDO CEVALLOS FLORES (Propuesta Escuela de Postgrado de la Univ. Nac. de Piura)
39.ZOILA MONTENEGRO CANNON
40.MARLENE RODRÍGUEZ SIFUENTES
41.JUAN CRISÓSTOMO MUNAYCO
42.JULIO QUINTANILLA LOAIZA (Propuesto por FUC)
43.LUZ DEL CARMEN IBAÑEZ CARRANZA (*)
44.TOMÁS MORÁN ORTEGA
45.BENJAMÍN GUILLERMO FERNÁNDEZ GARCÍA
46.CARLOS ALBERTO CÉLIS ZAPATA
47.MARÍA ZAVALA VALLADARES
48.LUZ AUREA SAENZ ARANA
49.JUAN ENRIQUE PESTANA URIBE
50.ANTONIO BALDEMAR SOLANO PIMENTEL (**)
51.CLOTILDE VIGIL DE QUIROZ
52.CARLOS RAMOS NÚÑEZ (Propuesto por Decano del CAL)
(*) La Dra. Luz del Carmen Ibáñez Carranza renunció a su postulación el 5 de enero de 2010, sin haber acreditado la fe pública de su renuncia.
(**) El Dr. Antonio Baldemar Solano Pimentel renunció a su postulación el 6 de enero de 2010, con firma legalizada ante Notario Público.
Lima, 7 de enero de 2010
Congreso de la República
Categoría: Artículos derecho constitucional
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La sentencia del TC falla de esta manera por considerarla violatorio de la Constitución y porque su aprobación no se hizo con el número de votos requeridos.
Rpp
El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional una resolución del Congreso que condicionaba el reemplazo de legisladores suspendidos por algún proceso judicial, al acuerdo previo de la mitad más uno del número legal de parlamentarios.
Según nota de prensa del Tribunal, la demanda de inconstitucionalidad formulada por más del 25 por ciento de parlamentarios contra la resolución legislativa 008-2007-CR, obtuvo el voto mayoritario de los magistrados.
La fundamentación señala que la resolución -que modifica el segundo párrafo del artículo 25 del reglamento del Congreso- resulta inconstitucional en la frase "previo acuerdo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso", como requisito para el reemplazo del congresista suspendido por el accesitario.
La sentencia del TC falla de esta manera por considerarla violatorio de la Constitución, no solo porque dicha norma debe regularse en el marco normativo referido a la Ley Orgánica de las Elecciones, sino también porque su aprobación no se hizo con el número de votos que exige el artículo 106 de la Carta Magna.
Así se consigna en el fundamento de la sentencia recaída en el expediente 00013-2009-PI/TC, resolviendo además, recomendar al Congreso regule el plazo máximo de suspensión temporal y la tramitación preferencial, exclusiva y rápida del proceso penal en el que se encuentren comprometidos los altos funcionarios a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.
El TC señala que la suspensión temporal y provisional para el ejercicio congresal, por el hecho de estar incurso en un proceso judicial por delito doloso con mandato de detención y en el que se pida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y ésta haya sido concedida; o por estar incurso en proceso penal a propósito de la declaración de "a lugar a la formación de causa" en antejuicio político, no vulnera el principio derecho de presunción de inocencia.
"La finalidad constitucional es legítima en la medida en que el mandato representativo implica el ejercicio de funciones que entrañan grandes y graves responsabilidades frente a terceros en particular, y frente a la nación en general", precisa el Tribunal.
Se añade que, en todo caso, el ejercicio discrecional de la facultad del Parlamento para decidir, en los supuestos analizados, si se suspende temporalmente o no temporalmente al congresista sometido a proceso penal, no escapa al análisis de proporcionalidad y razonabilidad que podría ser susceptible de judicialización.
"La suspensión decretada debe ser de carácter excepcional en tanto entraña una limitación de derechos y deberes constitucionales", acotó.
Rpp
El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional una resolución del Congreso que condicionaba el reemplazo de legisladores suspendidos por algún proceso judicial, al acuerdo previo de la mitad más uno del número legal de parlamentarios.
Según nota de prensa del Tribunal, la demanda de inconstitucionalidad formulada por más del 25 por ciento de parlamentarios contra la resolución legislativa 008-2007-CR, obtuvo el voto mayoritario de los magistrados.
La fundamentación señala que la resolución -que modifica el segundo párrafo del artículo 25 del reglamento del Congreso- resulta inconstitucional en la frase "previo acuerdo de la mitad más uno del número de miembros del Congreso", como requisito para el reemplazo del congresista suspendido por el accesitario.
La sentencia del TC falla de esta manera por considerarla violatorio de la Constitución, no solo porque dicha norma debe regularse en el marco normativo referido a la Ley Orgánica de las Elecciones, sino también porque su aprobación no se hizo con el número de votos que exige el artículo 106 de la Carta Magna.
Así se consigna en el fundamento de la sentencia recaída en el expediente 00013-2009-PI/TC, resolviendo además, recomendar al Congreso regule el plazo máximo de suspensión temporal y la tramitación preferencial, exclusiva y rápida del proceso penal en el que se encuentren comprometidos los altos funcionarios a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.
El TC señala que la suspensión temporal y provisional para el ejercicio congresal, por el hecho de estar incurso en un proceso judicial por delito doloso con mandato de detención y en el que se pida el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, y ésta haya sido concedida; o por estar incurso en proceso penal a propósito de la declaración de "a lugar a la formación de causa" en antejuicio político, no vulnera el principio derecho de presunción de inocencia.
"La finalidad constitucional es legítima en la medida en que el mandato representativo implica el ejercicio de funciones que entrañan grandes y graves responsabilidades frente a terceros en particular, y frente a la nación en general", precisa el Tribunal.
Se añade que, en todo caso, el ejercicio discrecional de la facultad del Parlamento para decidir, en los supuestos analizados, si se suspende temporalmente o no temporalmente al congresista sometido a proceso penal, no escapa al análisis de proporcionalidad y razonabilidad que podría ser susceptible de judicialización.
"La suspensión decretada debe ser de carácter excepcional en tanto entraña una limitación de derechos y deberes constitucionales", acotó.
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Accesitaria de José Anaya: Fallo del TC reinvindica a las regiones
Nena Escalante León dijo recibir con mucha alegría el fallo del Tribunal Constitucional sobre la norma que condiciona reemplazo de legisladores suspendidos.
Rpp
TC declara inconstitucional norma sobre reemplazo de legisladores suspendidos
Nena Escalante León, accesitaria del legislador por Ancash José Anaya Oropeza, dijo recibir con mucha alegría el fallo del Tribunal Constitucional que señala que no hay mayor condicionamiento para que un accesitario suceda a un legislador procesado.
En dialogo con RPP, Escalante León dijo que este fallo reivindica a todas las regiones y sirve para que no vuelva a ocurrir con ningún otro accesitario que represente a determinadas secciones.
Asimismo, dijo estar preparada para asumir sus funciones congresales, e indicó que su labor se centrará básicamente en el impulso de proyectos importantes para el desarrollo de la región Ancash, a nivel de todas las instancias y ministerios.
De otro lado, León sostuvo que la propuesta para reducir la gestión legislativa de cinco a dos años y medios es una "jugarreta" más del Partido Aprista para distraer a toda la ciudadanía de todos los entretelones que tendrá en contra de la población.
"El APRA nunca ha trabajado de cara al pueblo, siempre ha buscado jugarretas para distraer a la ciudadanía", enfatizó.
Nena Escalante León dijo recibir con mucha alegría el fallo del Tribunal Constitucional sobre la norma que condiciona reemplazo de legisladores suspendidos.
Rpp
TC declara inconstitucional norma sobre reemplazo de legisladores suspendidos
Nena Escalante León, accesitaria del legislador por Ancash José Anaya Oropeza, dijo recibir con mucha alegría el fallo del Tribunal Constitucional que señala que no hay mayor condicionamiento para que un accesitario suceda a un legislador procesado.
En dialogo con RPP, Escalante León dijo que este fallo reivindica a todas las regiones y sirve para que no vuelva a ocurrir con ningún otro accesitario que represente a determinadas secciones.
Asimismo, dijo estar preparada para asumir sus funciones congresales, e indicó que su labor se centrará básicamente en el impulso de proyectos importantes para el desarrollo de la región Ancash, a nivel de todas las instancias y ministerios.
De otro lado, León sostuvo que la propuesta para reducir la gestión legislativa de cinco a dos años y medios es una "jugarreta" más del Partido Aprista para distraer a toda la ciudadanía de todos los entretelones que tendrá en contra de la población.
"El APRA nunca ha trabajado de cara al pueblo, siempre ha buscado jugarretas para distraer a la ciudadanía", enfatizó.
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08/01/10: Entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad: el límite es la forma de la expresión
Rosa María, Tola y Sol se salvaron de juicio
El Comercio
Por difundir en sus programas de América TV el caso de un coronel de la Policía acusado de enriquecimiento ilícito
¿Qué tienen de común Rosa María Palacios, Raúl Tola y Sol Carreño? Pues que no solamente trabajan en el área periodística de América Televisión, sino que se acaban de salvar de un millonario juicio entablado por familiares de un coronel de la Policía implicado en un caso de presunto enriquecimiento ilícito durante dos programas transmitidos por la televisora en el 2007.
Así, Jesús Vizcardo Jiménez e Hilda López Vizcardo querellaron por los presuntos delitos de difamación y calumnia a los referidos periodistas en agravio de un coronel de apellido López. Vizcardo y López son esposa e hija, respectivamente, del mando policial.Pedían un millón de soles.
Los programas “Cuarto Poder” y “Prensa Libre” dieron cuenta que López tenía cincuenta mil dólares escondidos en su dormitorio, aparentemente obtenidos de forma irregular.
El reportaje de ´Cuarto Poder” , del 25 de octubre del 2007, indicaba que la empledada del hogar de la casa del coronel López fue denunciada por este de haberle robado los cincuenta mil. Luego, Prensa Libre, conducido por Rosa María Palacios, dio repercusión al hecho.
Sin embargo, en el trascurso de la investigación se concluyó que el dinero habría tenido un origen ilícito y que la denuncia de robo formulada en contra de Verónica Carrillo Sivincha no era cierta y tenia la intención de tapar las interrogantes sobre la procedencia del dinero.
En ese contexto, la esposa e hija de López denunciaron también a la autora del informe, la periodista Maribel Toledo, y la directora de prensa de América Televisión, Laura Puertas.
JUEZA DEL CASO MAGALY
Pues bien, la titular del 27 Juzgado Penal de Lima, María Cabrera , la misma que dictó orden de prisión para la conductora Magaly Medina, desestimó la denuncia a principios de diciembre.
En su resolución, a la que obtuvo acceso elcomercio.pe, la magistrada sostiene que en los programas se ejerció válidamente el derecho a la libertad de expresión y que los periodistas “no han efectuado afirmaciones definitivas que lesionen el honor” de los querellantes.
El Comercio
Por difundir en sus programas de América TV el caso de un coronel de la Policía acusado de enriquecimiento ilícito
¿Qué tienen de común Rosa María Palacios, Raúl Tola y Sol Carreño? Pues que no solamente trabajan en el área periodística de América Televisión, sino que se acaban de salvar de un millonario juicio entablado por familiares de un coronel de la Policía implicado en un caso de presunto enriquecimiento ilícito durante dos programas transmitidos por la televisora en el 2007.
Así, Jesús Vizcardo Jiménez e Hilda López Vizcardo querellaron por los presuntos delitos de difamación y calumnia a los referidos periodistas en agravio de un coronel de apellido López. Vizcardo y López son esposa e hija, respectivamente, del mando policial.Pedían un millón de soles.
Los programas “Cuarto Poder” y “Prensa Libre” dieron cuenta que López tenía cincuenta mil dólares escondidos en su dormitorio, aparentemente obtenidos de forma irregular.
El reportaje de ´Cuarto Poder” , del 25 de octubre del 2007, indicaba que la empledada del hogar de la casa del coronel López fue denunciada por este de haberle robado los cincuenta mil. Luego, Prensa Libre, conducido por Rosa María Palacios, dio repercusión al hecho.
Sin embargo, en el trascurso de la investigación se concluyó que el dinero habría tenido un origen ilícito y que la denuncia de robo formulada en contra de Verónica Carrillo Sivincha no era cierta y tenia la intención de tapar las interrogantes sobre la procedencia del dinero.
En ese contexto, la esposa e hija de López denunciaron también a la autora del informe, la periodista Maribel Toledo, y la directora de prensa de América Televisión, Laura Puertas.
JUEZA DEL CASO MAGALY
Pues bien, la titular del 27 Juzgado Penal de Lima, María Cabrera , la misma que dictó orden de prisión para la conductora Magaly Medina, desestimó la denuncia a principios de diciembre.
En su resolución, a la que obtuvo acceso elcomercio.pe, la magistrada sostiene que en los programas se ejerció válidamente el derecho a la libertad de expresión y que los periodistas “no han efectuado afirmaciones definitivas que lesionen el honor” de los querellantes.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Justicia :::: Diego García-Sayán es el primer peruano elegido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el Círculo De Fuego
Caretas
García Sayán el martes 1 en el monumento El Ojo que Llora, en el Campo de Marte.
“Un contacto electrónico enfervorizado”. Así describe Diego García-Sayán la parte no presencial de su trabajo como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pese a su nombre tan pomposo, es el tribunal más pobre que existe en el planeta. Más pobre que el Tribunal Andino de Justicia y que la Corte de Centroamérica”.
Ello implica que los siete jueces deban continuar con sus ocupaciones en sus respectivos países.
Por eso este rockero ocasional, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores deberá intensificar todavía más su frenética lectura de correos electrónicos. Se acaba de convertir en el primer peruano elegido unánimemente por sus seis colegas como presidente de la CIDH, con sede en Costa Rica.
A pesar del presupuesto, este tribunal supranacional tiene un significado trascendente para el Perú. El retiro de su jurisdicción signó un momento en el que el régimen de Alberto Fujimori decidió aislarse de la comunidad internacional. A su vez, volver a su esfera de competencia significó reconocer que las instancias supranacionales no eran para ser tomadas a la broma. Sus fallos en casos claves como las masacres de la Cantuta y Barrios Altos fueron, a su vez, determinantes en la histórica sentencia de veinticinco años impuesta a Fujimori. El gobierno peruano invitó al tribunal a realizar sus audiencias en Lima en abril próximo.
García-Sayán otea el cambio de los vientos desde el monumento El Ojo que Llora en el Campo de Marte: “Hoy los estados latinoamericanos no van con el discurso viejo que tenían las dictaduras o los autócratas de decir: eso es mentira, es invención de los terroristas, de los izquierdistas y de las ONG. Aquí hay hechos y son ciertos, aceptamos que fueron así y que no deben de producirse más. Hace diez años hubiéramos pensado que era algo más para europeos. Era imposible pensar que iba a funcionar una corte que no tiene policías ni manera de trabarle embargo a una cuenta del Estado para que pague una reparación. Eso demuestra que no todo está funcionando, pero hay cosas que sí están funcionando”. El 80% de las reparaciones determinadas por la CIDH a favor de ciudadanos demandantes han sido sufragadas por los estados aludidos.
No ha sido un reciente camino exento de baches. Ciertamente, regaló munición a los críticos de la Corte la resolución (2007) del caso de la masacre del penal de Castro Castro, que incluyó una reflexión del juez brasileño Cançado Trindade calificando a las senderistas como “Juanas de Arco”. García-Sayán, que se inhibe en todos los casos relacionados con el Perú, aclara que “no era el pensamiento de la Corte porque no era parte de la sentencia y en segundo lugar era una reflexión retórica poética que no tenía una consecuencia jurídica particular”. El brasileño es ahora juez en la Corte Penal de La Haya.
“Nunca fui juez”. García-Sayán reconoce que le costó integrarse a la rutina de trabajo de la Corte. La toga (“la pijama”) propia de los magistrados y los interminables debates jurídicos no eran lo suyo. Pero la mirada de este abogado de 59 años se ilumina cuando explica las razones que hacen apasionante el trabajo.
“Las decisiones de la Corte en los últimos años están influyendo de manera muy decidida en políticas públicas”, explica. En tiempos de autoritarismos y guerras sucias, los fallos de la Corte lidiaban con los crímenes del Estado. Hoy imponen lo que García-Sayán llama sus “obligaciones positivas”. Esto significa “tener un sistema judicial eficiente, que funcione, que sea accesible, al que la gente pueda llegar y que resuelva en un plazo razonable”.
De alguna manera, corren tiempos en los que el Estado asume un nuevo rol central. “Es una fase muy distinta a la del pensamiento único del consenso de Washington, que le decía a los estados: tienen que privatizar empresas e imponían una injerencia constante”.
Hoy la Corte le hinca el diente a casos relacionados con “asuntos muy interesantes sobre pueblos indígenas y el requisito del consentimiento para otorgar concesiones. Lo que no significa que no se pueden dar, pero tiene que haber algún tipo de compensación económica para la gente. Esto a propósito de unos casos de Surinam que tienen vigencia más allá”. Los trágicos ecos de Bagua vienen de inmediato a la memoria.
Otros ejes actuales son los de acceso a la información –con una reciente sentencia ejemplar para un caso de Chile– y regímenes pensionarios. Bárbaros crímenes de Estado todavía son denunciados desde México –con el feminicidio en Ciudad Juárez como triste ejemplo– y Colombia. El filtro previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibilita que la carga procesal de la Corte sea moderada. Ven solo unos veinte casos al mismo tiempo.
Un gran pendiente es la ausencia de Estados Unidos en el sistema. “Quisiera pensar que con la administración Obama se puedan dar pasos en esa dirección”, confía García-Sayán. “Podría darse el caso que, con algunas reservas, EE.UU. se adhiera a la Corte Penal Internacional. No creo, realistamente, que con la CIDH se pueda dar un giro de 180 grados pero estoy convencido de que puede establecer un camino de diálogo para generar sensibilidad, no tanto en los sectores académicos donde ésta ya existe, sino en los círculos políticos”. Seguro que centenares de correos electrónicos se invertirán en el esfuerzo. (Enrique Chávez)
En el Círculo De Fuego
Caretas
García Sayán el martes 1 en el monumento El Ojo que Llora, en el Campo de Marte.
“Un contacto electrónico enfervorizado”. Así describe Diego García-Sayán la parte no presencial de su trabajo como magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Pese a su nombre tan pomposo, es el tribunal más pobre que existe en el planeta. Más pobre que el Tribunal Andino de Justicia y que la Corte de Centroamérica”.
Ello implica que los siete jueces deban continuar con sus ocupaciones en sus respectivos países.
Por eso este rockero ocasional, director general de la Comisión Andina de Juristas y ex ministro de Justicia y Relaciones Exteriores deberá intensificar todavía más su frenética lectura de correos electrónicos. Se acaba de convertir en el primer peruano elegido unánimemente por sus seis colegas como presidente de la CIDH, con sede en Costa Rica.
A pesar del presupuesto, este tribunal supranacional tiene un significado trascendente para el Perú. El retiro de su jurisdicción signó un momento en el que el régimen de Alberto Fujimori decidió aislarse de la comunidad internacional. A su vez, volver a su esfera de competencia significó reconocer que las instancias supranacionales no eran para ser tomadas a la broma. Sus fallos en casos claves como las masacres de la Cantuta y Barrios Altos fueron, a su vez, determinantes en la histórica sentencia de veinticinco años impuesta a Fujimori. El gobierno peruano invitó al tribunal a realizar sus audiencias en Lima en abril próximo.
García-Sayán otea el cambio de los vientos desde el monumento El Ojo que Llora en el Campo de Marte: “Hoy los estados latinoamericanos no van con el discurso viejo que tenían las dictaduras o los autócratas de decir: eso es mentira, es invención de los terroristas, de los izquierdistas y de las ONG. Aquí hay hechos y son ciertos, aceptamos que fueron así y que no deben de producirse más. Hace diez años hubiéramos pensado que era algo más para europeos. Era imposible pensar que iba a funcionar una corte que no tiene policías ni manera de trabarle embargo a una cuenta del Estado para que pague una reparación. Eso demuestra que no todo está funcionando, pero hay cosas que sí están funcionando”. El 80% de las reparaciones determinadas por la CIDH a favor de ciudadanos demandantes han sido sufragadas por los estados aludidos.
No ha sido un reciente camino exento de baches. Ciertamente, regaló munición a los críticos de la Corte la resolución (2007) del caso de la masacre del penal de Castro Castro, que incluyó una reflexión del juez brasileño Cançado Trindade calificando a las senderistas como “Juanas de Arco”. García-Sayán, que se inhibe en todos los casos relacionados con el Perú, aclara que “no era el pensamiento de la Corte porque no era parte de la sentencia y en segundo lugar era una reflexión retórica poética que no tenía una consecuencia jurídica particular”. El brasileño es ahora juez en la Corte Penal de La Haya.
“Nunca fui juez”. García-Sayán reconoce que le costó integrarse a la rutina de trabajo de la Corte. La toga (“la pijama”) propia de los magistrados y los interminables debates jurídicos no eran lo suyo. Pero la mirada de este abogado de 59 años se ilumina cuando explica las razones que hacen apasionante el trabajo.
“Las decisiones de la Corte en los últimos años están influyendo de manera muy decidida en políticas públicas”, explica. En tiempos de autoritarismos y guerras sucias, los fallos de la Corte lidiaban con los crímenes del Estado. Hoy imponen lo que García-Sayán llama sus “obligaciones positivas”. Esto significa “tener un sistema judicial eficiente, que funcione, que sea accesible, al que la gente pueda llegar y que resuelva en un plazo razonable”.
De alguna manera, corren tiempos en los que el Estado asume un nuevo rol central. “Es una fase muy distinta a la del pensamiento único del consenso de Washington, que le decía a los estados: tienen que privatizar empresas e imponían una injerencia constante”.
Hoy la Corte le hinca el diente a casos relacionados con “asuntos muy interesantes sobre pueblos indígenas y el requisito del consentimiento para otorgar concesiones. Lo que no significa que no se pueden dar, pero tiene que haber algún tipo de compensación económica para la gente. Esto a propósito de unos casos de Surinam que tienen vigencia más allá”. Los trágicos ecos de Bagua vienen de inmediato a la memoria.
Otros ejes actuales son los de acceso a la información –con una reciente sentencia ejemplar para un caso de Chile– y regímenes pensionarios. Bárbaros crímenes de Estado todavía son denunciados desde México –con el feminicidio en Ciudad Juárez como triste ejemplo– y Colombia. El filtro previo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos posibilita que la carga procesal de la Corte sea moderada. Ven solo unos veinte casos al mismo tiempo.
Un gran pendiente es la ausencia de Estados Unidos en el sistema. “Quisiera pensar que con la administración Obama se puedan dar pasos en esa dirección”, confía García-Sayán. “Podría darse el caso que, con algunas reservas, EE.UU. se adhiera a la Corte Penal Internacional. No creo, realistamente, que con la CIDH se pueda dar un giro de 180 grados pero estoy convencido de que puede establecer un camino de diálogo para generar sensibilidad, no tanto en los sectores académicos donde ésta ya existe, sino en los círculos políticos”. Seguro que centenares de correos electrónicos se invertirán en el esfuerzo. (Enrique Chávez)
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Expreso
Villa Stein pide aclaración a ente constitucional.
El general (r) Walter Chacón aún deberá esperar más para obtener justicia, y es que el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, aseveró ayer que el fallo del Tribunal Constitucional a favor del ex jefe del SIN no será acatado hasta que el ente constitucional emita la aclaración respectiva solicitada por su sector.
”El tema está siendo objeto de una aclaración a solicitud del procurador del Poder Judicial (…) hay una solicitud de aclarar el fallo, porque el fallo, así como está, no lo hemos comprendido”, sostuvo.
Villa recordó que “el único llamado a resolver una diferencia en esa materia es la justicia ordinaria” ya que “ningún otro organismo del Estado puede abocarse a causas pendientes ante el Poder Judicial”, acotando que si el Tribunal Constitucional interfiere es “bajo su responsabilidad”.
“Es inaceptable”
No obstante a lo advertido al TC, Villa Stein sí hizo un “mea culpa” por la demora que ha tenido el Poder Judicial en el proceso del general (r) Chacón, calificando ello de “inaceptable”.
El dato
El titular del PJ dio estas declaraciones durante la ceremonia de implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Ica.
KAREM BARBOZA
Villa Stein pide aclaración a ente constitucional.
El general (r) Walter Chacón aún deberá esperar más para obtener justicia, y es que el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, aseveró ayer que el fallo del Tribunal Constitucional a favor del ex jefe del SIN no será acatado hasta que el ente constitucional emita la aclaración respectiva solicitada por su sector.
”El tema está siendo objeto de una aclaración a solicitud del procurador del Poder Judicial (…) hay una solicitud de aclarar el fallo, porque el fallo, así como está, no lo hemos comprendido”, sostuvo.
Villa recordó que “el único llamado a resolver una diferencia en esa materia es la justicia ordinaria” ya que “ningún otro organismo del Estado puede abocarse a causas pendientes ante el Poder Judicial”, acotando que si el Tribunal Constitucional interfiere es “bajo su responsabilidad”.
“Es inaceptable”
No obstante a lo advertido al TC, Villa Stein sí hizo un “mea culpa” por la demora que ha tenido el Poder Judicial en el proceso del general (r) Chacón, calificando ello de “inaceptable”.
El dato
El titular del PJ dio estas declaraciones durante la ceremonia de implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Ica.
KAREM BARBOZA
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Por tercera vez la inasistencia de los congresistas frustra esta selección. El mandato de dos magistrados constitucionales culmina en un mes
Por: Gerardo Caballero
El Comercio
El poco interés de los congresistas por cumplir con sus labores ha quedado nuevamente de manifiesto. Por tercera vez, los parlamentarios no instalaron la comisión que evaluará a los candidatos para ocupar dos plazas en el Tribunal Constitucional (TC).
Aunque el mandato de cinco años de los magistrados César Landa Arroyo y Juan Vergara Gotelli termina el 27 de diciembre, el Congreso no inicia aún el proceso para hallar a sus relevos.
Ayer se tenía previsto instalar la comisión evaluadora a la 1:30 de la tarde, aprovechando un receso del pleno del Congreso. Sin embargo, poco antes del mediodía se supo que esta reunión se suspendería. ¿Cuál fue el motivo?
RELATO DE UN PRETEXTO
Este grupo evaluador tiene nueve miembros. Por esta razón, es necesario que acudan seis legisladores para que haya quórum y pueda funcionar.
Pero desde la convocatoria, ya se sabía que habría dos ausencias. Los congresistas José Vega (Unión por el Perú) y Miguel Guevara (Apra) están de viaje.
Y si eran solo dos los congresistas ausentes, ¿por qué no se llevó a cabo la sesión de instalación de todas maneras? El encargado de convocar a esta sesión de instalación (coordinador), el congresista aprista Humberto Falla, ensayó una explicación: había otros dos congresistas de la comisión evaluadora (él mismo y su colega de bancada Wilder Calderón Castro) que también son parte de la comisión investigadora de los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua”.
¿Y eso qué tiene que ver? Según Falla, él y Calderón tenían la intención de participar en la sesión de la comisión investigadora. Sin embargo, este grupo de trabajo se reunió a las 10 de la mañana y terminó de hacerlo a las 11:30 aproximadamente.
A la 1:30 de la tarde, momento para el cual tenía previsto reunirse la comisión del TC, Falla y Calderón se encontraban muy despreocupados en el hemiciclo de Palacio Legislativo.
INTENTOS FALLIDOS
La primera vez que se intentó instalar la comisión que evaluará a los candidatos al TC fue el 6 de noviembre. En aquella oportunidad acudieron Humberto Falla, los humalistas Fredy Otárola y Juvenal Ordóñez, José Vega y Víctor García Belaunde (Alianza Parlamentaria). El martes 17 se intentó una nueva instalación. Solo acudieron Wilder Calderón, Humberto Falla, Raúl Castro (Unidad Nacional), el fujimorista Rolando Sousa.
El cuarto intentó se llevará a cabo el miércoles de la próxima semana a las 10:30.
REACCIONES
JAVIER ALVA ORLANDINI. EX MAGISTRADO DEL TC
Cabe mencionar que el artículo 10 de la Ley Orgánica del TC precisa que sus magistrados continúan ejerciendo sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederlos.
HUMBERTO FALLA. CONGRESISTA APRISTA
El 15 de diciembre el Congreso entra en receso. Previsiblemente esta comisión no termine su labor para entonces. Pediremos autorización para sesionar durante el receso. Estimo que hasta marzo no habrá una publicación de candidatos ganadores”.
Aunque la ley dice que el magistrado sigue en el cargo hasta que se nombre a su reemplazo, Delia Revoredo cumplió su mandato y renunció a seguir continuando. Si Landa y Vergara hicieran lo mismo, dejarían al TC con cinco miembros”.
SEPA MÁS
Un proceso clave
Luego de que se instale la comisión, esta debe elegir a su presidente. Luego aprobará su plan de trabajo y realizará la convocatoria de postulantes.
El TC resuelve en única instancia las acciones de inconstitucionalidad, y en última instancia, los hábeas corpus y hábeas data.
Para poder declarar inconstitucional una norma (tras una acción de inconstitucionalidad), el TC requiere 5 votos.
Por: Gerardo Caballero
El Comercio
El poco interés de los congresistas por cumplir con sus labores ha quedado nuevamente de manifiesto. Por tercera vez, los parlamentarios no instalaron la comisión que evaluará a los candidatos para ocupar dos plazas en el Tribunal Constitucional (TC).
Aunque el mandato de cinco años de los magistrados César Landa Arroyo y Juan Vergara Gotelli termina el 27 de diciembre, el Congreso no inicia aún el proceso para hallar a sus relevos.
Ayer se tenía previsto instalar la comisión evaluadora a la 1:30 de la tarde, aprovechando un receso del pleno del Congreso. Sin embargo, poco antes del mediodía se supo que esta reunión se suspendería. ¿Cuál fue el motivo?
RELATO DE UN PRETEXTO
Este grupo evaluador tiene nueve miembros. Por esta razón, es necesario que acudan seis legisladores para que haya quórum y pueda funcionar.
Pero desde la convocatoria, ya se sabía que habría dos ausencias. Los congresistas José Vega (Unión por el Perú) y Miguel Guevara (Apra) están de viaje.
Y si eran solo dos los congresistas ausentes, ¿por qué no se llevó a cabo la sesión de instalación de todas maneras? El encargado de convocar a esta sesión de instalación (coordinador), el congresista aprista Humberto Falla, ensayó una explicación: había otros dos congresistas de la comisión evaluadora (él mismo y su colega de bancada Wilder Calderón Castro) que también son parte de la comisión investigadora de los sucesos ocurridos el 5 de junio en Bagua”.
¿Y eso qué tiene que ver? Según Falla, él y Calderón tenían la intención de participar en la sesión de la comisión investigadora. Sin embargo, este grupo de trabajo se reunió a las 10 de la mañana y terminó de hacerlo a las 11:30 aproximadamente.
A la 1:30 de la tarde, momento para el cual tenía previsto reunirse la comisión del TC, Falla y Calderón se encontraban muy despreocupados en el hemiciclo de Palacio Legislativo.
INTENTOS FALLIDOS
La primera vez que se intentó instalar la comisión que evaluará a los candidatos al TC fue el 6 de noviembre. En aquella oportunidad acudieron Humberto Falla, los humalistas Fredy Otárola y Juvenal Ordóñez, José Vega y Víctor García Belaunde (Alianza Parlamentaria). El martes 17 se intentó una nueva instalación. Solo acudieron Wilder Calderón, Humberto Falla, Raúl Castro (Unidad Nacional), el fujimorista Rolando Sousa.
El cuarto intentó se llevará a cabo el miércoles de la próxima semana a las 10:30.
REACCIONES
JAVIER ALVA ORLANDINI. EX MAGISTRADO DEL TC
Cabe mencionar que el artículo 10 de la Ley Orgánica del TC precisa que sus magistrados continúan ejerciendo sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes han de sucederlos.
HUMBERTO FALLA. CONGRESISTA APRISTA
El 15 de diciembre el Congreso entra en receso. Previsiblemente esta comisión no termine su labor para entonces. Pediremos autorización para sesionar durante el receso. Estimo que hasta marzo no habrá una publicación de candidatos ganadores”.
Aunque la ley dice que el magistrado sigue en el cargo hasta que se nombre a su reemplazo, Delia Revoredo cumplió su mandato y renunció a seguir continuando. Si Landa y Vergara hicieran lo mismo, dejarían al TC con cinco miembros”.
SEPA MÁS
Un proceso clave
Luego de que se instale la comisión, esta debe elegir a su presidente. Luego aprobará su plan de trabajo y realizará la convocatoria de postulantes.
El TC resuelve en única instancia las acciones de inconstitucionalidad, y en última instancia, los hábeas corpus y hábeas data.
Para poder declarar inconstitucional una norma (tras una acción de inconstitucionalidad), el TC requiere 5 votos.
Categoría: Artículos derecho constitucional
Publicado por: mbermudez
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