Buscan obtener en el Congreso los 61 votos para retomar el caso Sucari
El congresista Daniel Abugattás recordó que el presidente del Parlamento se comprometió a volver a someter a votación el caso de la cuestionada legisladora
El Comercio
El legislador nacionalista Daniel Abugattás señaló esta tarde que se requieren 61 votos para que prospere el pedido de reconsideración para rectificar la votación del desafuero de la legisladora de UPP Margarita Sucari Cari.
La semana pasada, el pleno del Congreso rechazó la acusación constitucional que pendía sobre la parlamentaria puneña por los presuntos delitos de concusión y falsedad genérica. Ahora solo está vigente la suspensión por sesenta días sin goce de haber.
En diálogo con elcomercio.com.pe, Abugattás comentó que su colega Yonhy Lescano (AP) presentó hoy el pedido de reconsideración de la votación, tomando en cuenta que en el pleno del jueves pasado, el presidente del Legislativo, Javier Velásquez Quesquén, no pidió dispensa de trámite para levantar la sesión y elaborar el acta respectiva.
"La sesión fue suspendida nada más, y ahí si cabría la reconsideración sin ningún problema. Ahora, el tema de fondo es en qué dirección van a votar las bancadas, eso es lo que habría que definir", explicó Abugattás.
El legislador nacionalista precisó que el pedido de reconsideración procede de inmediato una vez presentado, e indicó que lo ideal sería que la votación del caso Sucari se vuelva a repetir este jueves, en la sesión plenaria.
Ayer, diferentes congresistas de oposición afirmaron que la acusación constitucional contra Margarita Sucari debe votarse nuevamente y recordaron que este fue un compromiso asumido por el propio titular del Parlamento.
El congresista Daniel Abugattás recordó que el presidente del Parlamento se comprometió a volver a someter a votación el caso de la cuestionada legisladora
El Comercio
El legislador nacionalista Daniel Abugattás señaló esta tarde que se requieren 61 votos para que prospere el pedido de reconsideración para rectificar la votación del desafuero de la legisladora de UPP Margarita Sucari Cari.
La semana pasada, el pleno del Congreso rechazó la acusación constitucional que pendía sobre la parlamentaria puneña por los presuntos delitos de concusión y falsedad genérica. Ahora solo está vigente la suspensión por sesenta días sin goce de haber.
En diálogo con elcomercio.com.pe, Abugattás comentó que su colega Yonhy Lescano (AP) presentó hoy el pedido de reconsideración de la votación, tomando en cuenta que en el pleno del jueves pasado, el presidente del Legislativo, Javier Velásquez Quesquén, no pidió dispensa de trámite para levantar la sesión y elaborar el acta respectiva.
"La sesión fue suspendida nada más, y ahí si cabría la reconsideración sin ningún problema. Ahora, el tema de fondo es en qué dirección van a votar las bancadas, eso es lo que habría que definir", explicó Abugattás.
El legislador nacionalista precisó que el pedido de reconsideración procede de inmediato una vez presentado, e indicó que lo ideal sería que la votación del caso Sucari se vuelva a repetir este jueves, en la sesión plenaria.
Ayer, diferentes congresistas de oposición afirmaron que la acusación constitucional contra Margarita Sucari debe votarse nuevamente y recordaron que este fue un compromiso asumido por el propio titular del Parlamento.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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ONPE debe canalizar iniciativas a través del JNE para evitar contradicciones, dice presidente del jurado
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza Ramírez, recibe Certificación ISO 9001: 2000; asimismo, inauguró Sala de Partidos Políticos, en el local del JNE. Foto: ANDINA/Jorge Paz H.
(ANDINA).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su satisfacción por un informe aprobado en el Congreso que le reserva la facultad de presentar proyectos de ley en materia electoral, y dijo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debe coordinar sus iniciativas para no entrar en contradicciones.
Consultado por el referido informe aprobado por la Comisión de Constitución, Enrique Mendoza, presidente del JNE, dijo que lo acordado se ajusta a lo establecido en la Constitución, que indica que únicamente le corresponde al jurado tener iniciativa legislativa directa.
“Así lo dice la Constitución, entonces esa comisión del Parlamento hace cumplir la Carta Magna (…) Y no cualquier norma genérica que se pueda argüir. Esa es la manera en que se hacen las cosas bien, de modo ordenado”, declaró a los periodistas.
Mendoza destacó que el sistema electoral diseñado por la Constitución de 1993 señala que sólo el JNE tiene la facultad de formular iniciativas legislativas para abordar cualquier asunto electoral.
“Las entidades del sistema electoral tienen una serie de inquietudes que son legítimas y las debemos procesar, como dice la Constitución, para no entrar en contradicciones ni tampoco estar en situaciones indeseables.”
Agregó que la ONPE debe pasar cualquier inquietud, modificación o problema que encuentre en el ámbito electoral, a través del jurado, tal como lo hace actualmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Lo que tiene que hacer la ONPE, como lo hacen otras entidades tipo el Reniec, es coordinar con nosotros para presentar proyectos al Congreso. Eso es lo correcto.”
En agosto pasado, la ONPE solicitó al Congreso la derogatoria de la Ley 28582, que le amplía al JNE la facultad de desarrollar programas de educación electoral durante los diversos comicios; mientras que el tribunal electoral solicitó al Congreso desarrollar de manera exclusiva y permanente la educación electoral.
Mendoza sostuvo que la presentación de iniciativas por parte de la ONPE se hace “fuera del camino” y se incumple con la Constitución Política.
Consultado del referéndum impulsado por los fonavistas para la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda, señaló que ya el JNE se ha pronunciado sobre el tema, pero aseguró que sus integrantes “no tienen problema en hacerlo nuevamente”.
En la anterior resolución, el jurado se pronunció contra la consulta popular al considerar que los temas en materia tributaria no pueden ser sometidos a referéndum.
“El JNE es un órgano jurisdiccional, y los órganos jurisdiccionales emiten una resolución colegiada. Cuando se emita una resolución colegiada, allí se enterarán. Tenemos 30 días útiles (…) Ya faltan pocos días.”
Certificación ISO 9001
Enrique Mendoza formuló estas declaraciones luego de recibir la certificación ISO 9001:2000, que convierte al JNE en la segunda institución de carácter electoral en América Latina que desarrolla sus procesos dentro de los estándares internacionales de calidad.
La certificación se obtuvo al acreditar el Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de inscripción, mantenimiento y custodia del Registro de Organizaciones Políticas (OROP) de alcance nacional, regional y local.
“Esta certificación tiene mucha importancia, porque el JNE, como ente encargado de hacer elecciones, debe preocuparse por uno de los principales elementos del sistema democrático como son los partidos”, puntualizó.
Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza Ramírez, recibe Certificación ISO 9001: 2000; asimismo, inauguró Sala de Partidos Políticos, en el local del JNE. Foto: ANDINA/Jorge Paz H.
(ANDINA).- El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) expresó su satisfacción por un informe aprobado en el Congreso que le reserva la facultad de presentar proyectos de ley en materia electoral, y dijo que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debe coordinar sus iniciativas para no entrar en contradicciones.
Consultado por el referido informe aprobado por la Comisión de Constitución, Enrique Mendoza, presidente del JNE, dijo que lo acordado se ajusta a lo establecido en la Constitución, que indica que únicamente le corresponde al jurado tener iniciativa legislativa directa.
“Así lo dice la Constitución, entonces esa comisión del Parlamento hace cumplir la Carta Magna (…) Y no cualquier norma genérica que se pueda argüir. Esa es la manera en que se hacen las cosas bien, de modo ordenado”, declaró a los periodistas.
Mendoza destacó que el sistema electoral diseñado por la Constitución de 1993 señala que sólo el JNE tiene la facultad de formular iniciativas legislativas para abordar cualquier asunto electoral.
“Las entidades del sistema electoral tienen una serie de inquietudes que son legítimas y las debemos procesar, como dice la Constitución, para no entrar en contradicciones ni tampoco estar en situaciones indeseables.”
Agregó que la ONPE debe pasar cualquier inquietud, modificación o problema que encuentre en el ámbito electoral, a través del jurado, tal como lo hace actualmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Lo que tiene que hacer la ONPE, como lo hacen otras entidades tipo el Reniec, es coordinar con nosotros para presentar proyectos al Congreso. Eso es lo correcto.”
En agosto pasado, la ONPE solicitó al Congreso la derogatoria de la Ley 28582, que le amplía al JNE la facultad de desarrollar programas de educación electoral durante los diversos comicios; mientras que el tribunal electoral solicitó al Congreso desarrollar de manera exclusiva y permanente la educación electoral.
Mendoza sostuvo que la presentación de iniciativas por parte de la ONPE se hace “fuera del camino” y se incumple con la Constitución Política.
Consultado del referéndum impulsado por los fonavistas para la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda, señaló que ya el JNE se ha pronunciado sobre el tema, pero aseguró que sus integrantes “no tienen problema en hacerlo nuevamente”.
En la anterior resolución, el jurado se pronunció contra la consulta popular al considerar que los temas en materia tributaria no pueden ser sometidos a referéndum.
“El JNE es un órgano jurisdiccional, y los órganos jurisdiccionales emiten una resolución colegiada. Cuando se emita una resolución colegiada, allí se enterarán. Tenemos 30 días útiles (…) Ya faltan pocos días.”
Certificación ISO 9001
Enrique Mendoza formuló estas declaraciones luego de recibir la certificación ISO 9001:2000, que convierte al JNE en la segunda institución de carácter electoral en América Latina que desarrolla sus procesos dentro de los estándares internacionales de calidad.
La certificación se obtuvo al acreditar el Sistema de Gestión de la Calidad en el proceso de inscripción, mantenimiento y custodia del Registro de Organizaciones Políticas (OROP) de alcance nacional, regional y local.
“Esta certificación tiene mucha importancia, porque el JNE, como ente encargado de hacer elecciones, debe preocuparse por uno de los principales elementos del sistema democrático como son los partidos”, puntualizó.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Presidente del TC pretende que abogados y las ONG no opinen
En juicio a Alberto Fujimori. Le responden que su propuesta es inconstitucional y afecta los derechos de opinión, expresión y publicidad de las decisiones judiciales.
César Romero. La Reoública
Sorprende. El reclamo del presidente del TC fue tomado como un intento de silenciar el juicio a Fujimori.
El pedido del presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, para que los abogados y los Organismos no Gubernamentales (ONG) no realicen declaraciones públicas sobre el juicio a Alberto Fujimori logró la unión de los acusadores y defensores del procesado ex dictador.
Ubicados en lados opuestos, esta vez los abogados de las ONG, de las familias de las víctimas y los de Fujimori coincidieron en que esa propuesta era inconstitucional e imposible de aceptar.
Además, dijeron que atenta contra los derechos de opinión, expresión y crítica de las decisiones judiciales, así como también de la publicidad de los juicios y el derecho de las personas de estar enteradas de lo que sucede en los tribunales.
Propuesta mordaza
"El TC no se deja presionar, resuelve con arreglo a derecho, pero (esas declaraciones) perturban a la ciudadanía sobre el papel de los tribunales de justicia porque son críticas innecesarias que lo único que hacen es menoscabar el sistema y las instituciones democráticas", afirmó Mesía en declaraciones a la agencia oficial Andina.
Y agregó: "Hago un pedido al CAL para que tenga en cuenta quiénes son los abogados que cuando hay procesos constitucionales, en el Poder Judicial y el TC, opinan en los medios de comunicación y dicen que si los magistrados no dictan sentencia de una u otra manera están presionados por el poder económico, el político o social. Eso constituye una falta grave a la ética".
"Hay que tener mucho cuidado cuando la ciudadanía o las ONG presionan desde los medios de comunicación para tratar de desviar el sentido de la justicia, presionan a jueces con clara violación de lo que puede ser la ética", expresó.
Mesía puso como ejemplo al abogado de Fujimori, César Nakazaki. "Existen muchos casos, vemos en la televisión cómo los abogados salen a defender sus casos, como Nakazaki, eso está muy mal. Mientras haya un proceso que está en trámite hay que dejar que los jueces resuelvan sin presión", manifestó.
Seguirán declarando
La respuesta de uno y otro lado del proceso a Fujimori es que no van a aceptar la invocación del presidente del TC. "Me parece que el doctor Mesía aún no entiende su papel en el TC. Él debe proteger y pedir que se respeten los derechos, no puede obligar a alguien a que cierre la boca", opinó Carlos Rivera de IDL.
Nakazaki compartió la opinión y afirmó que seguirá declarando cuando se lo soliciten porque esto también es parte de su defensa.
REACCIONES
Carlos Rivera
Abogado de IDL
"Nadie entiende la posición del doctor Mesía, él es el último que debería hablar de una mordaza a los derechos de opinión, expresión y crítica de las decisiones judiciales’’.
César Nakazaki
Abogado de Alberto Fujimori
"El juicio oral se caracteriza por la publicidad, nada nos impide informar. Además, tenemos el deber de defender a nuestro cliente en el juicio mediático’’.
Se respeta el debido proceso
Juez de Chile Alfredo Chaigneau.
1) "Por lo que yo sé, por lo que he visto, por lo que he escuchado, tengo la certeza plena de que se están respetando las normas al debido proceso (en el juicio a Alberto Fujimori) y eso me satisface plenamente", declaró ayer Alberto Chaigneau, ex presidente de la Segunda Sala Penal Suprema de Chile que concedió la extradición del ex presidente.
2) Acotó que se siente tranquilo al advertir que la justicia peruana es suficientemente independiente para juzgar al ex presidente Fujimori sin ninguna presión. "Fujimori será absuelto o condenado dependiendo de lo que se pueda probar en el juicio que se está siguiendo y eso es lo que uno espera, no más ni menos que eso", enfatizó el magistrado.
3) En otro momento de sus declaraciones a Ideele Radio, Chaigneau indicó que le gustaría conversar con los jueces peruanos que juzgan a Alberto Fujimori para intercambiar opiniones porque los respeta profundamente.
4) El magistrado anotó que la justicia chilena nunca tuvo dudas en conceder la extradición. "Recuerdo que había declaraciones de que no se iba a hacer justicia, que Fujimori no iba a salir de Chile, todas esas cosas que se dijeron porque la sentencia demoraba en salir. Pero se demoró porque era muy largo y no porque tuviéramos dudas de que debiera concederse la extradición. Nunca la Sala tuvo dudas al respecto de por lo menos siete casos", apuntó.
En juicio a Alberto Fujimori. Le responden que su propuesta es inconstitucional y afecta los derechos de opinión, expresión y publicidad de las decisiones judiciales.
César Romero. La Reoública
Sorprende. El reclamo del presidente del TC fue tomado como un intento de silenciar el juicio a Fujimori.
El pedido del presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, para que los abogados y los Organismos no Gubernamentales (ONG) no realicen declaraciones públicas sobre el juicio a Alberto Fujimori logró la unión de los acusadores y defensores del procesado ex dictador.
Ubicados en lados opuestos, esta vez los abogados de las ONG, de las familias de las víctimas y los de Fujimori coincidieron en que esa propuesta era inconstitucional e imposible de aceptar.
Además, dijeron que atenta contra los derechos de opinión, expresión y crítica de las decisiones judiciales, así como también de la publicidad de los juicios y el derecho de las personas de estar enteradas de lo que sucede en los tribunales.
Propuesta mordaza
"El TC no se deja presionar, resuelve con arreglo a derecho, pero (esas declaraciones) perturban a la ciudadanía sobre el papel de los tribunales de justicia porque son críticas innecesarias que lo único que hacen es menoscabar el sistema y las instituciones democráticas", afirmó Mesía en declaraciones a la agencia oficial Andina.
Y agregó: "Hago un pedido al CAL para que tenga en cuenta quiénes son los abogados que cuando hay procesos constitucionales, en el Poder Judicial y el TC, opinan en los medios de comunicación y dicen que si los magistrados no dictan sentencia de una u otra manera están presionados por el poder económico, el político o social. Eso constituye una falta grave a la ética".
"Hay que tener mucho cuidado cuando la ciudadanía o las ONG presionan desde los medios de comunicación para tratar de desviar el sentido de la justicia, presionan a jueces con clara violación de lo que puede ser la ética", expresó.
Mesía puso como ejemplo al abogado de Fujimori, César Nakazaki. "Existen muchos casos, vemos en la televisión cómo los abogados salen a defender sus casos, como Nakazaki, eso está muy mal. Mientras haya un proceso que está en trámite hay que dejar que los jueces resuelvan sin presión", manifestó.
Seguirán declarando
La respuesta de uno y otro lado del proceso a Fujimori es que no van a aceptar la invocación del presidente del TC. "Me parece que el doctor Mesía aún no entiende su papel en el TC. Él debe proteger y pedir que se respeten los derechos, no puede obligar a alguien a que cierre la boca", opinó Carlos Rivera de IDL.
Nakazaki compartió la opinión y afirmó que seguirá declarando cuando se lo soliciten porque esto también es parte de su defensa.
REACCIONES
Carlos Rivera
Abogado de IDL
"Nadie entiende la posición del doctor Mesía, él es el último que debería hablar de una mordaza a los derechos de opinión, expresión y crítica de las decisiones judiciales’’.
César Nakazaki
Abogado de Alberto Fujimori
"El juicio oral se caracteriza por la publicidad, nada nos impide informar. Además, tenemos el deber de defender a nuestro cliente en el juicio mediático’’.
Se respeta el debido proceso
Juez de Chile Alfredo Chaigneau.
1) "Por lo que yo sé, por lo que he visto, por lo que he escuchado, tengo la certeza plena de que se están respetando las normas al debido proceso (en el juicio a Alberto Fujimori) y eso me satisface plenamente", declaró ayer Alberto Chaigneau, ex presidente de la Segunda Sala Penal Suprema de Chile que concedió la extradición del ex presidente.
2) Acotó que se siente tranquilo al advertir que la justicia peruana es suficientemente independiente para juzgar al ex presidente Fujimori sin ninguna presión. "Fujimori será absuelto o condenado dependiendo de lo que se pueda probar en el juicio que se está siguiendo y eso es lo que uno espera, no más ni menos que eso", enfatizó el magistrado.
3) En otro momento de sus declaraciones a Ideele Radio, Chaigneau indicó que le gustaría conversar con los jueces peruanos que juzgan a Alberto Fujimori para intercambiar opiniones porque los respeta profundamente.
4) El magistrado anotó que la justicia chilena nunca tuvo dudas en conceder la extradición. "Recuerdo que había declaraciones de que no se iba a hacer justicia, que Fujimori no iba a salir de Chile, todas esas cosas que se dijeron porque la sentencia demoraba en salir. Pero se demoró porque era muy largo y no porque tuviéramos dudas de que debiera concederse la extradición. Nunca la Sala tuvo dudas al respecto de por lo menos siete casos", apuntó.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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El Comercio | El dictamen correspondiente recayó en proyectos sobre una autógrafa observada por el presidente de la República
El pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría limeña la ley de la Carrera Judicial, que incorpora las observaciones que formuló en su momento el Poder Ejecutivo.
Entre otras cosas, la norma regula el acceso a la carrera judicial y hace esta transparente, aparte de contribuir a una mejor imagen del Poder Judicial ante el país.
"La gestión de los procesos será evaluada en virtud de las actuaciones judiciales que se desprendan de los respectivos expedientes judiciales. Éstos serán fijados en partes iguales por el juez evaluado y el órgano evaluador", índica la norma.
La ley fue aprobada por 92 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Requería de por lo menos 61 votos para su aprobación. También se le exoneró de la segunda votación por 66 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones.
El pleno del Congreso de la República aprobó por amplia mayoría limeña la ley de la Carrera Judicial, que incorpora las observaciones que formuló en su momento el Poder Ejecutivo.
Entre otras cosas, la norma regula el acceso a la carrera judicial y hace esta transparente, aparte de contribuir a una mejor imagen del Poder Judicial ante el país.
"La gestión de los procesos será evaluada en virtud de las actuaciones judiciales que se desprendan de los respectivos expedientes judiciales. Éstos serán fijados en partes iguales por el juez evaluado y el órgano evaluador", índica la norma.
La ley fue aprobada por 92 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Requería de por lo menos 61 votos para su aprobación. También se le exoneró de la segunda votación por 66 votos a favor, siete en contra y 20 abstenciones.
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Aprueban modificar artículo hecho contra García
Expreso
La Comisión de Constitución aprobó modificar el artículo 100 de la Carta Magna para permitir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tipifiquen los delitos de congresistas y altos funcionarios públicos con derecho a antejuicio, conforme a sus atribuciones.
La modificación, aprobada por amplia mayoría, busca poner fin a la actual obligación de la Fiscalía como del Poder Judicial de formular la acusación correspondiente por los mismos delitos tipificados en el Congreso. El dictamen de reforma constitucional sería sometido a consideración del pleno del Congreso en la sesión de mañana jueves.
De igual manera, se precisa que la sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Al respecto, el congresista aprista Aurelio Pastor recordó que este artículo fue creado por Fernando Olivera en la Constitución de 1993 como una forma de perseguir al ahora presidente Alan García “pero que luego, de manera paradójica, sirvió para acusar a todos los altos funcionarios del régimen fujimorista”.
Expreso
La Comisión de Constitución aprobó modificar el artículo 100 de la Carta Magna para permitir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tipifiquen los delitos de congresistas y altos funcionarios públicos con derecho a antejuicio, conforme a sus atribuciones.
La modificación, aprobada por amplia mayoría, busca poner fin a la actual obligación de la Fiscalía como del Poder Judicial de formular la acusación correspondiente por los mismos delitos tipificados en el Congreso. El dictamen de reforma constitucional sería sometido a consideración del pleno del Congreso en la sesión de mañana jueves.
De igual manera, se precisa que la sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos.
Al respecto, el congresista aprista Aurelio Pastor recordó que este artículo fue creado por Fernando Olivera en la Constitución de 1993 como una forma de perseguir al ahora presidente Alan García “pero que luego, de manera paradójica, sirvió para acusar a todos los altos funcionarios del régimen fujimorista”.
Categoría: Artículos derecho constitucional
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Por primera vez himno nacional del Perú es entonado en quechua en el Congreso
(ANDINA).- En el marco de las celebraciones por el 186 aniversario del Congreso de la República, 25 integrantes del servicio de atención telefónica en Quechua de Movistar y Atento Perú, acompañados por miembros de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú (ANLFFAAP), entonaron hoy nuestro Himno Nacional en idioma quechua.
La ceremonia que se realizó en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, y contó con la presencia de los legisladores Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) y María Sumire de Conde (Partido Nacionalista).
El coro estuvo integrado por integrantes del servicio de call center (atención telefónica) de Movistar en Quechua y Aymara, empresa de telefonía móvil que desde el mes de marzo de este año brinda este servicio especialmente dirigido a clientes cuyas lenguas de origen son el Quechua y/o el Aymara.
Patricia Novak, gerente de Servicio al Cliente de Movistar, señaló que desde su lanzamiento, el servicio de atención telefónica en Quechua y Aymara de esta compañía ha logrado una importante acogida por parte de sus clientes quechuahablantes y aymarahablantes.
“Actualmente atendemos alrededor de 1,500 llamadas diarias provenientes especialmente de los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, y Junín”, señaló.
Se estima que en nuestro país existen más de seis millones de quechuahablantes y más de un millón de aymarahablantes, lo cual hace necesario que las empresas con presencia en zonas andinas, conviertan sus servicios en herramientas de inclusión social e integración.
(ANDINA).- En el marco de las celebraciones por el 186 aniversario del Congreso de la República, 25 integrantes del servicio de atención telefónica en Quechua de Movistar y Atento Perú, acompañados por miembros de la Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas del Perú (ANLFFAAP), entonaron hoy nuestro Himno Nacional en idioma quechua.
La ceremonia que se realizó en la Plaza Bolívar del Congreso de la República, y contó con la presencia de los legisladores Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) y María Sumire de Conde (Partido Nacionalista).
El coro estuvo integrado por integrantes del servicio de call center (atención telefónica) de Movistar en Quechua y Aymara, empresa de telefonía móvil que desde el mes de marzo de este año brinda este servicio especialmente dirigido a clientes cuyas lenguas de origen son el Quechua y/o el Aymara.
Patricia Novak, gerente de Servicio al Cliente de Movistar, señaló que desde su lanzamiento, el servicio de atención telefónica en Quechua y Aymara de esta compañía ha logrado una importante acogida por parte de sus clientes quechuahablantes y aymarahablantes.
“Actualmente atendemos alrededor de 1,500 llamadas diarias provenientes especialmente de los departamentos de Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, y Junín”, señaló.
Se estima que en nuestro país existen más de seis millones de quechuahablantes y más de un millón de aymarahablantes, lo cual hace necesario que las empresas con presencia en zonas andinas, conviertan sus servicios en herramientas de inclusión social e integración.
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El Comercio | Organismo autónomo considera que la Ley 28996 le obliga a presentar acciones de inconstitucionalidad
La Defensoría del Pueblo presentó el último viernes una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo tercero de la Ley 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. Esto por considerar que la norma la obliga, precisamente, a presentar acciones de inconstitucionalidad.
La defensoría considera que esa es una facultad que tiene de acuerdo con su autonomía y no una obligación, según la Constitución.
El cuestionado artículo señala que "el Indecopi podrá interponer una demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos (...) y con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad".
La institución que dirige Beatriz Merino considera que la cuestionada ley altera sus funciones, pues las acciones de inconstitucionalidad deben tener uso justificado y solo cuando se estime conveniente.
La Defensoría del Pueblo presentó el último viernes una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo tercero de la Ley 28996, Ley de Eliminación de Sobrecostos, Trabas y Restricciones a la Inversión Privada. Esto por considerar que la norma la obliga, precisamente, a presentar acciones de inconstitucionalidad.
La defensoría considera que esa es una facultad que tiene de acuerdo con su autonomía y no una obligación, según la Constitución.
El cuestionado artículo señala que "el Indecopi podrá interponer una demanda de acción popular contra barreras burocráticas contenidas en decretos supremos (...) y con el mismo propósito, acudir a la Defensoría del Pueblo para que se interponga la demanda de inconstitucionalidad".
La institución que dirige Beatriz Merino considera que la cuestionada ley altera sus funciones, pues las acciones de inconstitucionalidad deben tener uso justificado y solo cuando se estime conveniente.
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Consulta a los nativos y la educación bilingüe tendrán prioridad
El Comercio
Ministro Antonio Brack y un sector de indígenas elaboraron una agenda de trabajo
Por Rocío La Rosa Vásquez
La problemática de la población amazónica en nuestro país parece haber dado un paso adelante y al mismo tiempo otro para atrás. Esa es la sensación luego de que el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgara ayer la ley que deroga los polémicos decretos 1015 y 1073, una vez que el Ejecutivo decidiera no observarla.
Ambos establecían la votación para decidir sobre las tierras comunales y habían ocasionado la más enérgica protesta de esa parte del país.
Ayer el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, que encabezó la mencionada protesta, confirmó que pese a la promulgación de la derogatoria --lo que para ellos viene a ser un triunfo-- no se sentarán a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno para buscar solución a sus demandas. De allí que se retiraran del local de la PCM el último viernes.
Y esto porque los otros convidados a la mesa para conversar con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, fueron los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), a la que descalifican por supuestamente responder a los intereses del gobierno y de las empresas petroleras.
"Nosotros tenemos el mandato de los pueblos de decidir, sentarnos y plantear el problema sin la intervención de la Conap, porque eso sí entorpece. Eso dijeron los pueblos", declaró Pizango en entrevista a Radioprogramas.
El dirigente precisó que esta decisión ya la habían hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros a través de una carta.
En el documento --según dijo-- explican que el acta de la movilización de agosto pasado, así como su plataforma de lucha solo están firmados por Aidesep.
En otro momento reiteró su satisfacción porque la derogatoria ya es un hecho. "Para nosotros esta derogatoria es un gran paso (...) ahora sí creo que tenemos que confiar en nuestro Poder Legislativo, porque sí puede velar por nuestros derechos".
LOS PRIMEROS FRUTOS
Ciertamente la reunión del último viernes entre Brack y los miembros de la Conap ya empezó a dar sus primeros frutos.
Aunque, como el mismo ministro dice, la solución es un poco complicada. Para empezar citó el hecho de que los propios indígenas amazónicos mantengan sus diferencias.
"Ellos mismos están divididos y enfrentados (...) Aidesep quiere paralizar, no dialogar e incendiar la pradera, mientras que la Conap quiere un diálogo pacífico y sin desistir de sus derechos". Y agregó que la puerta siempre quedaba abierta para la organización que dirige Pizango.
Pero, diferencias aparte, en la referida reunión se comenzó a elaborar una agenda de discusión con la Conap, la que contempla los temas que serán prioritarios. Brack hizo un breve recuento de estos en entrevista a CPN Radio.
"La educación bilingüe, en que hay algunas fallas por mejorar; el derecho a la tierra y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo", citó.
En este último punto detalló que si bien el Perú está adscrito a este convenio, que establece el derecho a consulta y participación de las comunidades nativas en temas que los involucran, aún no se ha establecido en el Perú cómo hacer las consultas.
Otros temas incluidos en la agenda serán el desarrollo sostenible de la selva --en armonía con el ambiente-- y la ley de comunidades indígenas y amazónicas, "que data de hace algunos decenios y que debe ser actualizada".
Brack señaló que todos estos temas deberán trabajarse en coordinación con el grupo de trabajo del Congreso designado para este fin. Sin embargo, este aún no ha empezado a trabajar. Según contó ayer a este Diario una de sus miembros, la congresista Elizabeth León (BP), su colega aprista Nidia Vílchez ha presentado una reconsideración de su composición, lo que se resolverá recién en los próximos días.
Asimismo, el ministro Brack recordó que se le ha encargado diseñar una política nacional del ambiente y que ha podido detectar que no hay un buen manejo del agua y que existe en el país una gran minería informal, así como pasivos ambientales pendientes.
Plantean audiencias para consultas
El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología, Róger Nájar (BP), anunció hace unos días que este grupo discutirá un proyecto de consulta y participación de los pueblos indígenas en materia ambiental. Esto de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Adelantó que el proyecto no contempla el referéndum como mecanismo de consulta en las comunidades, sino las audiencias con participación directa y sin exclusiones.
PARA RECORDAR
-Cronología de una larga discusión
[20/5/2008 ]
El Ejecutivo promulga el Decreto Legislativo 1015, que baja la valla de votos de 66% (dos tercios) a 50% más uno en una comunidad, para el establecimiento de negocios y venta de sus tierras a terceros.
[30/5/2008]
La Defensoría del Pueblo presenta ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto por ser contrario al convenio 169 de la OIT.
[7/8/2008]
Los indígenas de la etnia aguaruna-huambisa inician una huelga indefinida convocada por Aidesep en demanda de la derogatoria del cuestionado decreto.
[15/8/2008]
Las conversaciones entre el ministro Antonio Brack y Marcial Mudarro, subdirector regional de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, se rompe. El dirigente minimizó la presencia de Brack.
[22/8/2008]
El pleno del Congreso deroga los decretos 1015 y 1073 (una ampliación del primero). La decisión se tomó con 66 votos a favor y 29 en contra.
[1/9/2008]
El pleno del Congreso aprueba con 90 votos la creación de la comisión especial multipartidaria que se encargue de evaluar los lineamientos y las políticas destinados a resolver la problemática de los pueblos indígenas. El grupo será presidido por Gloria Ramos (No Agrupados), y entre sus miembros figuran Renzo Reggiardo (GPF), Yonhy Lescano (AP) y Gabriela Pérez del Solar.
El Comercio
Ministro Antonio Brack y un sector de indígenas elaboraron una agenda de trabajo
Por Rocío La Rosa Vásquez
La problemática de la población amazónica en nuestro país parece haber dado un paso adelante y al mismo tiempo otro para atrás. Esa es la sensación luego de que el presidente del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, promulgara ayer la ley que deroga los polémicos decretos 1015 y 1073, una vez que el Ejecutivo decidiera no observarla.
Ambos establecían la votación para decidir sobre las tierras comunales y habían ocasionado la más enérgica protesta de esa parte del país.
Ayer el presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Alberto Pizango, que encabezó la mencionada protesta, confirmó que pese a la promulgación de la derogatoria --lo que para ellos viene a ser un triunfo-- no se sentarán a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno para buscar solución a sus demandas. De allí que se retiraran del local de la PCM el último viernes.
Y esto porque los otros convidados a la mesa para conversar con el ministro del Ambiente, Antonio Brack, fueron los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap), a la que descalifican por supuestamente responder a los intereses del gobierno y de las empresas petroleras.
"Nosotros tenemos el mandato de los pueblos de decidir, sentarnos y plantear el problema sin la intervención de la Conap, porque eso sí entorpece. Eso dijeron los pueblos", declaró Pizango en entrevista a Radioprogramas.
El dirigente precisó que esta decisión ya la habían hecho saber a la Presidencia del Consejo de Ministros a través de una carta.
En el documento --según dijo-- explican que el acta de la movilización de agosto pasado, así como su plataforma de lucha solo están firmados por Aidesep.
En otro momento reiteró su satisfacción porque la derogatoria ya es un hecho. "Para nosotros esta derogatoria es un gran paso (...) ahora sí creo que tenemos que confiar en nuestro Poder Legislativo, porque sí puede velar por nuestros derechos".
LOS PRIMEROS FRUTOS
Ciertamente la reunión del último viernes entre Brack y los miembros de la Conap ya empezó a dar sus primeros frutos.
Aunque, como el mismo ministro dice, la solución es un poco complicada. Para empezar citó el hecho de que los propios indígenas amazónicos mantengan sus diferencias.
"Ellos mismos están divididos y enfrentados (...) Aidesep quiere paralizar, no dialogar e incendiar la pradera, mientras que la Conap quiere un diálogo pacífico y sin desistir de sus derechos". Y agregó que la puerta siempre quedaba abierta para la organización que dirige Pizango.
Pero, diferencias aparte, en la referida reunión se comenzó a elaborar una agenda de discusión con la Conap, la que contempla los temas que serán prioritarios. Brack hizo un breve recuento de estos en entrevista a CPN Radio.
"La educación bilingüe, en que hay algunas fallas por mejorar; el derecho a la tierra y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo", citó.
En este último punto detalló que si bien el Perú está adscrito a este convenio, que establece el derecho a consulta y participación de las comunidades nativas en temas que los involucran, aún no se ha establecido en el Perú cómo hacer las consultas.
Otros temas incluidos en la agenda serán el desarrollo sostenible de la selva --en armonía con el ambiente-- y la ley de comunidades indígenas y amazónicas, "que data de hace algunos decenios y que debe ser actualizada".
Brack señaló que todos estos temas deberán trabajarse en coordinación con el grupo de trabajo del Congreso designado para este fin. Sin embargo, este aún no ha empezado a trabajar. Según contó ayer a este Diario una de sus miembros, la congresista Elizabeth León (BP), su colega aprista Nidia Vílchez ha presentado una reconsideración de su composición, lo que se resolverá recién en los próximos días.
Asimismo, el ministro Brack recordó que se le ha encargado diseñar una política nacional del ambiente y que ha podido detectar que no hay un buen manejo del agua y que existe en el país una gran minería informal, así como pasivos ambientales pendientes.
Plantean audiencias para consultas
El presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Ambiente y Ecología, Róger Nájar (BP), anunció hace unos días que este grupo discutirá un proyecto de consulta y participación de los pueblos indígenas en materia ambiental. Esto de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Adelantó que el proyecto no contempla el referéndum como mecanismo de consulta en las comunidades, sino las audiencias con participación directa y sin exclusiones.
PARA RECORDAR
-Cronología de una larga discusión
[20/5/2008 ]
El Ejecutivo promulga el Decreto Legislativo 1015, que baja la valla de votos de 66% (dos tercios) a 50% más uno en una comunidad, para el establecimiento de negocios y venta de sus tierras a terceros.
[30/5/2008]
La Defensoría del Pueblo presenta ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra ese decreto por ser contrario al convenio 169 de la OIT.
[7/8/2008]
Los indígenas de la etnia aguaruna-huambisa inician una huelga indefinida convocada por Aidesep en demanda de la derogatoria del cuestionado decreto.
[15/8/2008]
Las conversaciones entre el ministro Antonio Brack y Marcial Mudarro, subdirector regional de la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas, se rompe. El dirigente minimizó la presencia de Brack.
[22/8/2008]
El pleno del Congreso deroga los decretos 1015 y 1073 (una ampliación del primero). La decisión se tomó con 66 votos a favor y 29 en contra.
[1/9/2008]
El pleno del Congreso aprueba con 90 votos la creación de la comisión especial multipartidaria que se encargue de evaluar los lineamientos y las políticas destinados a resolver la problemática de los pueblos indígenas. El grupo será presidido por Gloria Ramos (No Agrupados), y entre sus miembros figuran Renzo Reggiardo (GPF), Yonhy Lescano (AP) y Gabriela Pérez del Solar.
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13/09/08: Chequean a futuros fiscales supremos
Expreso
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) siguen realizando desde hace varios días un minucioso chequeo a los currículum vitae, de los seis postulantes para ocupar las dos vacantes existentes para Fiscalías Supremas titulares del Ministerio Público, aseguró una fuente próxima a dicho organismo.
Independientemente de ello, según se informó, los siete consejeros del CNM tienen que darse tiempo también para investigar y cruzar información con diversas instituciones, a raíz de las tachas contra los aspirantes a convertirse en fiscales supremos titulares.
“Las tachas, si bien es cierto forman parte de las cosas imprescindibles en esta clase de procesos, tienen que ser confrontadas con la realidad”, explicó el vocero que prefirió no ser identificado por el momento.
“De los seis postulantes, pasarán a la siguiente y decisiva ronda de las entrevistas personales, luego de lo cual serán nombrados los dos fiscales supremos titulares por los siete consejeros del CNM, quienes los auscultarán previamente sobre diversos tópicos y no necesariamente sobre aspectos legales como podría suponerse”, puntualizó la fuente.
Uno de los que pretendía ser nombrado como fiscal supremo titular fue Avelino Guillén Jáuregui, el fiscal supremo adjunto del caso Fujimori; sin embargo, fue desaprobado por no responder satisfactoriamente respecto a una sentencia que debía emitir en referencia a un expediente que se le entregó, al igual que a los 20 aspirantes calificados inicialmente para esas pruebas.
Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) siguen realizando desde hace varios días un minucioso chequeo a los currículum vitae, de los seis postulantes para ocupar las dos vacantes existentes para Fiscalías Supremas titulares del Ministerio Público, aseguró una fuente próxima a dicho organismo.
Independientemente de ello, según se informó, los siete consejeros del CNM tienen que darse tiempo también para investigar y cruzar información con diversas instituciones, a raíz de las tachas contra los aspirantes a convertirse en fiscales supremos titulares.
“Las tachas, si bien es cierto forman parte de las cosas imprescindibles en esta clase de procesos, tienen que ser confrontadas con la realidad”, explicó el vocero que prefirió no ser identificado por el momento.
“De los seis postulantes, pasarán a la siguiente y decisiva ronda de las entrevistas personales, luego de lo cual serán nombrados los dos fiscales supremos titulares por los siete consejeros del CNM, quienes los auscultarán previamente sobre diversos tópicos y no necesariamente sobre aspectos legales como podría suponerse”, puntualizó la fuente.
Uno de los que pretendía ser nombrado como fiscal supremo titular fue Avelino Guillén Jáuregui, el fiscal supremo adjunto del caso Fujimori; sin embargo, fue desaprobado por no responder satisfactoriamente respecto a una sentencia que debía emitir en referencia a un expediente que se le entregó, al igual que a los 20 aspirantes calificados inicialmente para esas pruebas.
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En ese periodo Inrena y Conam pasarán del Ministerio de Agricultura al nuevo portafolio
(Andina).- Este 23 de setiembre culminará el proceso de fusión de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental y la protección del ecosistema, anunció hoy el titular del Ambiente, Antonio Brack, con lo cual el Ministerio iniciará oficialmente sus actividades.
"Actualmente estamos en plena organización. Este 23 de setiembre, por ejemplo, termina el proceso de fusión entre el Consejo Nacional del Ambiente con parte del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) del Ministerio de Agricultura", dijo a la agencia Andina.
Sostuvo que esta fusión permitirá al Ministerio del Ambiente asumir las funciones que cumplían anteriormente ambos organismos, de tal forma que su despacho inicie oficialmente las actividades designadas por el Poder Ejecutivo.
Del mismo modo, manifestó que se encuentra en pleno proceso de organización el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas que también entrará en funcionamiento este mes.
"Y para noviembre próximo tendremos lista a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que esperemos que inicie plenamente sus funciones en enero del próximo año", puntualizó.
(Andina).- Este 23 de setiembre culminará el proceso de fusión de las instituciones vinculadas a la gestión ambiental y la protección del ecosistema, anunció hoy el titular del Ambiente, Antonio Brack, con lo cual el Ministerio iniciará oficialmente sus actividades.
"Actualmente estamos en plena organización. Este 23 de setiembre, por ejemplo, termina el proceso de fusión entre el Consejo Nacional del Ambiente con parte del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) del Ministerio de Agricultura", dijo a la agencia Andina.
Sostuvo que esta fusión permitirá al Ministerio del Ambiente asumir las funciones que cumplían anteriormente ambos organismos, de tal forma que su despacho inicie oficialmente las actividades designadas por el Poder Ejecutivo.
Del mismo modo, manifestó que se encuentra en pleno proceso de organización el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas que también entrará en funcionamiento este mes.
"Y para noviembre próximo tendremos lista a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que esperemos que inicie plenamente sus funciones en enero del próximo año", puntualizó.
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