El Comercio
El gerente general de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), Pedro Morales, estimó que aproximadamente mil comunas de todo el país están en capacidad de gestionar su acreditación respectiva para tramitar el divorcio rápido, cuya ley entró en vigencia en la víspera.


Desde hoy, 15 de julio, los municipios provinciales y distritales que deseen ejecutar dicho mecanismo legal podrán solicitar su acreditación ante el Ministerio de Justicia (Minjus) y obtenerla en un plazo de 48 horas.


Según la titular del sector, Rosario Fernández, hasta el momento solo 21 municipalidades de Lima y el Callao han formulado el pedido para realizar los trámites relacionados con la Ley 29227.


En diálogo con elcomercio.com.pe, Morales comentó que de las 1832 municipalidades peruanas, unas 800 ubicadas en las zonas rurales no cuentan con la información necesaria sobre los requisitos y procedimientos para aplicar el divorcio rápido.


"A estos municipios hay que llegar mediante un trabajo de difusión y evaluar si tienen o no la capacidad para ejercer esta nueva función que se les está otorgando con esta ley", sugirió.


Por esta razón, el directivo recomendó ampliar los plazos fijados para el trámite de acreditación, toda vez que estas comunas necesitan recibir la información adecuada sobre los alcances y procedimientos contemplados en la norma.


No obstante, aseguró que la Ampe remitirá a todos los gobiernos locales del país una invocación para que puedan sumarse al proceso de acreditación, siempre que cumplan con los requisitos estipulados en el reglamento de la ley.


"Las municipalidades tienen que cumplir con estos requisitos, y el consejo municipal tendrá que fijar el costo de acuerdo a los gastos que puedan hacer. Esto implicaría la implementación de esta nueva función e incorporarla al Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)", culminó.