Adjunto encontrara un documento serio de observaciones formulado por un grupo de profesionales especialistas en Derecho Administrativo y docentes universitarios sobre las deficiencias y errores del Proyecto de Ley N° 4210/2010-CG, lamentablemente aprobada el miércoles pasado en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.


Ver los documentos en mención:

Carta de remisión de Observaciones

Texto de Observacones formuladas

Ha llamado poderosamente nuestra atención una noticia aparecida en las páginas centrales de El Comercio el dia de hoy, en la que el Contralor General de la República, propone que para ingresar a trabajar a la administración pública se exija al postulante que presente un "Certificado de Antecedentes" de no haber sido sancionado en otra entidad del Estado, de cualquiera de los tres niveles de gobierno (Nacional, regional o Local).
Quiero pensar que hay algun error en la noticia, porque considerando los esfuerzos que en los últimos años se viene realizando para lograr la modernización del Estado y los esfuerzos permanentes para simplificar los trámites y la exigencia de papeles innecesarios, una propuesta como esa no encaja en el referido esfuerzo de un estado más moderno.

Fuente: El Comercio

El diario Peru 21 da cuenta el dia 29 de octubre último que el Consejo Directivo del Congreso ha acordado en sesión secreta del 12 de octubre ( cuyo texto exacto no se ha dado a conocer), que los gastos que realicen los congresistas por concepto de viajes (en el ejercicio de sus funciones) solo serán sustentados en el 30%, mediante comprobantes de pago y el resto mediante declaración jurada. Se justifica en el hecho en que en determinadas provincias o poblados al interior del pais, no hay como obtener comprobantes de pago por los gastos realizados. Entonces en función de las excepciones se generaliza una regla: todos podrán (viajen o no viajen a lugares donde no pueden obtener comprobantes de pago), sustentar solo con documentos el 30% de los gastos realizados y el resto con declaración jurada. Ello ¿acaso no afecta la TRANSPARENCIA EN EL GASTO PÚBLICO?

En sentido afirmativo, esta es una noticia publicada por el diario El Comercio el día de hoy.

En dicha noticia se alude a que la referida suspensión se habría producido porque según el Contralor no podía considerarse que la compra haya sido ilegal, "debido a que la subasta inversa con la que se realizó la operación era una alternativa reconocida por el órgano encargado de aprobar las adquisiciones estatales, el Consucode".


En ese sentido,"no se ha producido ningún tema contrario a los intereses del Estado, así que no podemos culpar a las personas por lo que piensan. Si la compra hubiera sido mala, entonces sí se afectaban los intereses del Estado", manifestó, según la agencia Andina.