Comparto con ustedes algunas reflexiones sobre la representatividad de las encuestas nacionales que se publican periódicamente en diversos medios de comunicación. Este tipo de encuestas, como por ejemplo la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP realizada entre el 5 y 8 de junio, o la última encuesta de Ipsos Apoyo publicada en el diario El Comercio el 22 de Junio, son en realidad “encuestas nacional-urbanas”, tal y como se precisa en sus fichas técnicas respectivas. Es decir representan la opinión de la población de las principales ciudades del país (16 en el caso de Ipsos Apoyo; 14 en el caso de la encuesta de la PUCP).
El llamar a estas encuestas “nacionales”, cuando excluyen de su muestra a cerca de la mitad de la población peruana, requiere adoptar algunas precauciones importantes. Los siguientes comentarios se refieren en especial a la encuesta de la PUCP, puesto que desde el 2004 trabajo en el Instituto de Opinión Pública de dicha casa de estudios y tengo una participación directa en la elaboración de esos estudios.
Sobre el alcance de las encuestas y su nivel de representatividad
La reciente encuesta del IOP-PUCP es una encuesta "Nacional Urbana", la población objetivo que busca ser representada es la que vive en las ciudades, en concreto las 14 ciudades más importantes del país (incluyendo Lima y Callao). En esas ciudades vive el 49% del conjunto de la población peruana y el 64% de la población urbana del país. Eso quiere decir que no se está representando a cerca de la mitad de la población del país que vive ya sea en otras ciudades más pequeñas (un 27% de la población nacional) o en zonas rurales (un 24% del total nacional).
El motivo principal de esa exclusión es de carácter financiero. Se puede hacer una muestra representativa del país con unos 1200 casos (el tamaño de la muestra de la PUCP) distribuyéndola en más ciudades y zonas rurales pero sus costos resultarían bastante más elevados. Encuestas de opinión de ese tipo, con muestras distribuidas en forma más dispersa (varias provincias más, incluyendo zonas rurales) se hacen usualmente en coyunturas electorales.
La exclusión de cerca de la mitad de la población nacional en sus muestras es probablemente la limitación más seria del conjunto de encuestas de opinión regulares que se hacen el país. Las encuestas nacionales mensuales que últimamente viene publicando Ipsos Apoyo tienen casi la misma cobertura que la encuesta nacional (bianual) de la PUCP aunque con un poco menos de casos (1000). Dicho sea de paso, es necesario indicar que muchas instituciones también hacen encuestas más representativas del conjunto del país. En el caso de la PUCP ello ocurrió durante la cobertura de la campaña electoral del 2006 (encuesta de mayo del 2006) o en otros estudios e investigaciones especiales que se realizan para proyectos específicos (como la encuesta mundial de valores realizada en diciembre del 2006)
Sin embargo hay que tomar en cuenta que si bien la opinión de la gente en las grandes ciudades puede ser diferente a la del resto de localidades del país, difícilmente será diametralmente opuesta, especialmente considerando que muchos de los que viven en las ciudades mantienen vínculos constantes con gente que vive en otros lugares. Lamentablemente, la única forma de medir qué tan diferentes son estas opiniones es haciendo encuestas más amplias y representativas del conjunto del país, lo que no sucede muy a menudo. Cuando se hace se puede ver que en efecto hay diferencias importantes, pero los efectos de esas diferencias sobre el resultado “nacional” no son tan abismales como se cree.
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El llamar a estas encuestas “nacionales”, cuando excluyen de su muestra a cerca de la mitad de la población peruana, requiere adoptar algunas precauciones importantes. Los siguientes comentarios se refieren en especial a la encuesta de la PUCP, puesto que desde el 2004 trabajo en el Instituto de Opinión Pública de dicha casa de estudios y tengo una participación directa en la elaboración de esos estudios.
Sobre el alcance de las encuestas y su nivel de representatividad
La reciente encuesta del IOP-PUCP es una encuesta "Nacional Urbana", la población objetivo que busca ser representada es la que vive en las ciudades, en concreto las 14 ciudades más importantes del país (incluyendo Lima y Callao). En esas ciudades vive el 49% del conjunto de la población peruana y el 64% de la población urbana del país. Eso quiere decir que no se está representando a cerca de la mitad de la población del país que vive ya sea en otras ciudades más pequeñas (un 27% de la población nacional) o en zonas rurales (un 24% del total nacional).
El motivo principal de esa exclusión es de carácter financiero. Se puede hacer una muestra representativa del país con unos 1200 casos (el tamaño de la muestra de la PUCP) distribuyéndola en más ciudades y zonas rurales pero sus costos resultarían bastante más elevados. Encuestas de opinión de ese tipo, con muestras distribuidas en forma más dispersa (varias provincias más, incluyendo zonas rurales) se hacen usualmente en coyunturas electorales.
La exclusión de cerca de la mitad de la población nacional en sus muestras es probablemente la limitación más seria del conjunto de encuestas de opinión regulares que se hacen el país. Las encuestas nacionales mensuales que últimamente viene publicando Ipsos Apoyo tienen casi la misma cobertura que la encuesta nacional (bianual) de la PUCP aunque con un poco menos de casos (1000). Dicho sea de paso, es necesario indicar que muchas instituciones también hacen encuestas más representativas del conjunto del país. En el caso de la PUCP ello ocurrió durante la cobertura de la campaña electoral del 2006 (encuesta de mayo del 2006) o en otros estudios e investigaciones especiales que se realizan para proyectos específicos (como la encuesta mundial de valores realizada en diciembre del 2006)
Sin embargo hay que tomar en cuenta que si bien la opinión de la gente en las grandes ciudades puede ser diferente a la del resto de localidades del país, difícilmente será diametralmente opuesta, especialmente considerando que muchos de los que viven en las ciudades mantienen vínculos constantes con gente que vive en otros lugares. Lamentablemente, la única forma de medir qué tan diferentes son estas opiniones es haciendo encuestas más amplias y representativas del conjunto del país, lo que no sucede muy a menudo. Cuando se hace se puede ver que en efecto hay diferencias importantes, pero los efectos de esas diferencias sobre el resultado “nacional” no son tan abismales como se cree.
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Por David Sulmont
De acuerdo con las últimas encuestas publicadas, el presidente Alan García tendría un nivel de aprobación del 50% a nivel nacional (encuesta de Apoyo del 14-16 de febrero) y de 55% en Lima Metropolitana (encuesta de la Universidad Católica del 2-3 de febrero). Si los comparamos con las cifras del ex presidente Alejandro Toledo, estos niveles de aprobación resultan muy favorables. En tal sentido son un indicador positivo para la gobernabilidad de un régimen político presidencialista como el peruano, que se sustenta en gran parte en la figura del jefe de Estado.
Creo que hay tres factores que apuntalan esta imagen favorable: En primer lugar hay un ciclo sostenido de crecimiento y estabilidad económica que contribuye a que se genere un clima de optimismo moderado en la población respecto de las perspectivas hacia el futuro. Hace un año, el 41% de los limeños encuestados por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica pensaban que su situación económica mejoraría en los próximos 12 meses. En febrero del 2007 ese porcentaje se ha incrementado a 57%.
En segundo lugar, el estilo del presidente García contrasta en gran medida con el de Alejandro Toledo. Desde un principio Alan García ha adoptado medidas que buscaban diferenciarlo radicalmente de su antecesor – básicamente en temas de austeridad – y que son bien vistas por la ciudadanía. Asimismo, García tiene un manejo mediático y de la agenda pública mucho más proactivo que Toledo, lo que lo mantiene como el principal agente de las iniciativas del debate público.
En tercer lugar, no existe una oposición consolidada frente al gobierno, ni en el ámbito parlamentario ni entre los líderes de los demás partidos políticos. García no tiene contendores fuertes y orgánicos que en determinado momento “le enmienden la plana” o que le disputen la iniciativa política. Desde el principio, Toledo tuvo que enfrentarse a una oposición – moderada – del APRA en el parlamento y una “marcación individual” por parte de los medios, especialmente a raíz del mal manejo del “affaire Zaraí” al inicio de su gobierno. La popularidad que Toledo perdió en esos meses cruciales de inicio de su gobierno nunca más la volvió a recuperar.
Con las cifras actuales de aprobación, el presidente García se ubica en una zona que podemos llamar de “aprobación crítica”, es decir tiene una evaluación positiva pero que podría convertirse rápidamente en negativa si llegasen a ocurrir acontecimientos o circunstancias que precipiten una erosión de la imagen presidencial (como algún escándalo importante mal manejado mediáticamente). Otro elemento que podría deteriorar más lentamente la aprobación presidencial es la frustración de las expectativas que la población ha depositado en el gobierno, especialmente en lo que concierne a una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.
De acuerdo con las últimas encuestas publicadas, el presidente Alan García tendría un nivel de aprobación del 50% a nivel nacional (encuesta de Apoyo del 14-16 de febrero) y de 55% en Lima Metropolitana (encuesta de la Universidad Católica del 2-3 de febrero). Si los comparamos con las cifras del ex presidente Alejandro Toledo, estos niveles de aprobación resultan muy favorables. En tal sentido son un indicador positivo para la gobernabilidad de un régimen político presidencialista como el peruano, que se sustenta en gran parte en la figura del jefe de Estado.
Creo que hay tres factores que apuntalan esta imagen favorable: En primer lugar hay un ciclo sostenido de crecimiento y estabilidad económica que contribuye a que se genere un clima de optimismo moderado en la población respecto de las perspectivas hacia el futuro. Hace un año, el 41% de los limeños encuestados por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica pensaban que su situación económica mejoraría en los próximos 12 meses. En febrero del 2007 ese porcentaje se ha incrementado a 57%.
En segundo lugar, el estilo del presidente García contrasta en gran medida con el de Alejandro Toledo. Desde un principio Alan García ha adoptado medidas que buscaban diferenciarlo radicalmente de su antecesor – básicamente en temas de austeridad – y que son bien vistas por la ciudadanía. Asimismo, García tiene un manejo mediático y de la agenda pública mucho más proactivo que Toledo, lo que lo mantiene como el principal agente de las iniciativas del debate público.
En tercer lugar, no existe una oposición consolidada frente al gobierno, ni en el ámbito parlamentario ni entre los líderes de los demás partidos políticos. García no tiene contendores fuertes y orgánicos que en determinado momento “le enmienden la plana” o que le disputen la iniciativa política. Desde el principio, Toledo tuvo que enfrentarse a una oposición – moderada – del APRA en el parlamento y una “marcación individual” por parte de los medios, especialmente a raíz del mal manejo del “affaire Zaraí” al inicio de su gobierno. La popularidad que Toledo perdió en esos meses cruciales de inicio de su gobierno nunca más la volvió a recuperar.
Con las cifras actuales de aprobación, el presidente García se ubica en una zona que podemos llamar de “aprobación crítica”, es decir tiene una evaluación positiva pero que podría convertirse rápidamente en negativa si llegasen a ocurrir acontecimientos o circunstancias que precipiten una erosión de la imagen presidencial (como algún escándalo importante mal manejado mediáticamente). Otro elemento que podría deteriorar más lentamente la aprobación presidencial es la frustración de las expectativas que la población ha depositado en el gobierno, especialmente en lo que concierne a una mejor distribución de los beneficios del crecimiento económico.
Por David Sulmont.
Articulo escrito para la edición de enero del 2007 de la revista Coyuntura del CISEPA - PUCP
El año 2006 ha sido un periodo electoralmente intenso, tanto para el Perú como para América Latina. En nuestro caso, en ocho meses se han renovado por completo las autoridades que son fruto del sufragio popular en todos los niveles de gobierno: nacional, legislativo, regional, provincial y distrital. No se trata solamente de una renovación de la legitimidad democrática de las autoridades, sino también de un recambio de actores, en la medida que la mayoría de parlamentarios electos lo son por primera vez, y que pocas autoridades regionales y municipales que se presentaron a la reelección obtuvieron nuevamente el respaldo de las urnas.
La fragilidad del sistema de representación
Mucho se ha escrito a lo largo del 2006 acerca de las múltiples transformaciones que ha sufrido el mapa político en los tres tipos de elecciones que hemos experimentado (generales, regionales y municipales). Un elemento común en la mayoría de los análisis es su énfasis en la fragilidad del sistema de representación político visible a través de múltiples indicadores. El primero de ellos es el “auge y caída” del líder nacionalista Ollanta Humala como nuevo outsider de la política peruana, quien luego de recibir un apoyo calificado como “aluvional” en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no logra mantener su capital político en las elecciones regionales y municipales.
La dificultad de los partidos políticos para mantener y reforzar su respaldo electoral a nivel nacional es otro indicador de este fenómeno. Unidad Nacional – básicamente restringida a Solidaridad Nacional – no concita mayores adhesiones fuera de la capital. En las provincias, el Partido Aprista con duras penas logra conservar dos de los doce gobiernos regionales que venía administrando y pierde la emblemática ciudad de Trujillo.
Si consideramos la votación registrada en las elecciones regionales, fuera de Lima el APRA supera al Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala en apenas 131 mil votos (menos del 1% del padrón electoral nacional). Si al PNP le sumamos los votos que obtuvo la Unión por el Perú, su aliado en las elecciones presidenciales, ese bloque sobrepasaría al partido de la estrella en poco más de 300 mil votos en el interior del país.
La preeminencia de figuras “independientes” en gobiernos regionales y municipales a nivel nacional es el tercer indicador de la fragilidad de nuestro sistema de representación. El tema aquí no es tanto la inexperiencia política de quienes han resultado electos. Descontando el ámbito municipal que requeriría un análisis mucho más fino (son más de 2000 alcaldes electos entre provinciales y distritales), varios de los nuevos presidentes regionales son actores capaces de demostrar una larga y significativa trayectoria política en sus respectivas localidades. Sin embargo más allá de las competencias políticas de las autoridades “independientes”, lo que se señala como problema es la fragmentación de la representación y la ausencia de proyectos y organizaciones políticas capaces de federar o aglutinar intereses y demandas sociales de diferentes ámbitos regionales y sociales. De ahí que se emplee el término de “archipiélago” para describir el nuevo mapa político peruano resultante de las elecciones regionales, palabra que denota las dificultades que debemos enfrentar para conectar actores, agendas sociales y políticas diversas y poco integradas en la tarea de construir una agenda nacional.
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Articulo escrito para la edición de enero del 2007 de la revista Coyuntura del CISEPA - PUCP
El año 2006 ha sido un periodo electoralmente intenso, tanto para el Perú como para América Latina. En nuestro caso, en ocho meses se han renovado por completo las autoridades que son fruto del sufragio popular en todos los niveles de gobierno: nacional, legislativo, regional, provincial y distrital. No se trata solamente de una renovación de la legitimidad democrática de las autoridades, sino también de un recambio de actores, en la medida que la mayoría de parlamentarios electos lo son por primera vez, y que pocas autoridades regionales y municipales que se presentaron a la reelección obtuvieron nuevamente el respaldo de las urnas.
La fragilidad del sistema de representación
Mucho se ha escrito a lo largo del 2006 acerca de las múltiples transformaciones que ha sufrido el mapa político en los tres tipos de elecciones que hemos experimentado (generales, regionales y municipales). Un elemento común en la mayoría de los análisis es su énfasis en la fragilidad del sistema de representación político visible a través de múltiples indicadores. El primero de ellos es el “auge y caída” del líder nacionalista Ollanta Humala como nuevo outsider de la política peruana, quien luego de recibir un apoyo calificado como “aluvional” en la primera y segunda vuelta de las elecciones presidenciales, no logra mantener su capital político en las elecciones regionales y municipales.
La dificultad de los partidos políticos para mantener y reforzar su respaldo electoral a nivel nacional es otro indicador de este fenómeno. Unidad Nacional – básicamente restringida a Solidaridad Nacional – no concita mayores adhesiones fuera de la capital. En las provincias, el Partido Aprista con duras penas logra conservar dos de los doce gobiernos regionales que venía administrando y pierde la emblemática ciudad de Trujillo.
Si consideramos la votación registrada en las elecciones regionales, fuera de Lima el APRA supera al Partido Nacionalista Peruano (PNP) de Ollanta Humala en apenas 131 mil votos (menos del 1% del padrón electoral nacional). Si al PNP le sumamos los votos que obtuvo la Unión por el Perú, su aliado en las elecciones presidenciales, ese bloque sobrepasaría al partido de la estrella en poco más de 300 mil votos en el interior del país.
La preeminencia de figuras “independientes” en gobiernos regionales y municipales a nivel nacional es el tercer indicador de la fragilidad de nuestro sistema de representación. El tema aquí no es tanto la inexperiencia política de quienes han resultado electos. Descontando el ámbito municipal que requeriría un análisis mucho más fino (son más de 2000 alcaldes electos entre provinciales y distritales), varios de los nuevos presidentes regionales son actores capaces de demostrar una larga y significativa trayectoria política en sus respectivas localidades. Sin embargo más allá de las competencias políticas de las autoridades “independientes”, lo que se señala como problema es la fragmentación de la representación y la ausencia de proyectos y organizaciones políticas capaces de federar o aglutinar intereses y demandas sociales de diferentes ámbitos regionales y sociales. De ahí que se emplee el término de “archipiélago” para describir el nuevo mapa político peruano resultante de las elecciones regionales, palabra que denota las dificultades que debemos enfrentar para conectar actores, agendas sociales y políticas diversas y poco integradas en la tarea de construir una agenda nacional.
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Por David Sulmont
Nota: Varias de las ideas expresadas en este texto están basadas en los argumentos elaborados por Scott Althaus en: Collective preferences in democratic politics. Opinion surveys and the will of the people. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
En una democracia, el sufragio universal constituye el mecanismo por excelencia que permite la expresión de la voluntad popular a través de la elección de quienes recibirán el encargo de tomar las decisiones políticas fundamentales en nombre de los ciudadanos. Es por ello que el cuidadoso diseño de un sistema electoral es una tarea fundamental, ya que es la herramienta que permite que se refleje de la forma más transparente y legítima posible la voluntad de la ciudadanía.
Sin embargo, las elecciones, más allá de su carácter fundacional para la legitimidad democrática de un gobierno, son eventos cuya periodicidad puede resultar limitada si coincidimos con la idea de que una democracia saludable requiere de una participación activa de la ciudadanía en el debate político. Incluso si los representantes electos del pueblo tienen el mandato y la legitimidad para tomar decisiones en nombre de la nación, es necesario que estas decisiones guarden correlación con los intereses y voluntades que se supone representan. Si como fue planteado desde la filosofía política del siglo XVIII, la opinión de la ciudadanía – la opinión pública – es el sustento de la legitimidad de las decisiones políticas en una democracia, puede resultar insuficiente que ésta se haga conocer sólo cada 4 ó 5 años cuando hay un proceso electoral.
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Nota: Varias de las ideas expresadas en este texto están basadas en los argumentos elaborados por Scott Althaus en: Collective preferences in democratic politics. Opinion surveys and the will of the people. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
En una democracia, el sufragio universal constituye el mecanismo por excelencia que permite la expresión de la voluntad popular a través de la elección de quienes recibirán el encargo de tomar las decisiones políticas fundamentales en nombre de los ciudadanos. Es por ello que el cuidadoso diseño de un sistema electoral es una tarea fundamental, ya que es la herramienta que permite que se refleje de la forma más transparente y legítima posible la voluntad de la ciudadanía.
Sin embargo, las elecciones, más allá de su carácter fundacional para la legitimidad democrática de un gobierno, son eventos cuya periodicidad puede resultar limitada si coincidimos con la idea de que una democracia saludable requiere de una participación activa de la ciudadanía en el debate político. Incluso si los representantes electos del pueblo tienen el mandato y la legitimidad para tomar decisiones en nombre de la nación, es necesario que estas decisiones guarden correlación con los intereses y voluntades que se supone representan. Si como fue planteado desde la filosofía política del siglo XVIII, la opinión de la ciudadanía – la opinión pública – es el sustento de la legitimidad de las decisiones políticas en una democracia, puede resultar insuficiente que ésta se haga conocer sólo cada 4 ó 5 años cuando hay un proceso electoral.
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06/11/06: Los limeños y sus problemas
Por: David Sulmont
Comentarios sobre la encuesta en Lima de Octubre del 2005
Ver reporte en: http://www.pucp.edu.pe/encuestas/opinion2006_10.pdf
Durante la campaña electoral y de manera reiterada, al ser preguntados por las encuestadoras la mayoría de los limeños señalan que el problema más importante de la ciudad es el de la delincuencia y la seguridad ciudadana (48% de los entrevistados en nuestro último sondeo de opinión), seguido algo de lejos por el del transporte, la contaminación, los arbitrios y la limpieza pública. En la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú quisimos hacer un análisis un poco más profundo acerca de estos temas y encontramos algunos resultados interesantes.
En relación a los problemas de la seguridad ciudadana, a pesar de lo que podría pensarse, cerca de un 41% de los entrevistados evaluaron que la situación había mejorado en los últimos cuatro años, contra un 57% de quienes opinan que la situación se mantiene igual o ha empeorado. Un porcentaje apreciable (42%) manifiesta que sus barrios son más o menos seguros o muy seguros, la percepción de inseguridad se incrementa entre aquellas personas pertenecientes a niveles socioeconómicos más bajos. Si bien en todos los niveles los robos a las viviendas son una preocupación constante, no todos los sectores sociales sufren el mismo tipo de problemas relacionados a la seguridad ciudadana: para los grupos sociales más privilegiados los robos callejeros son una gran preocupación; mientras que para los niveles socioeconómicos más modestos la presencia de pandillas, la drogadicción y la venta de drogas se perciben como problemas centrales.
Los niveles de victimización de los limeños son relativamente elevados: poco más de un tercio de los entrevistados manifiestan haber sido víctimas de un robo en la calle u otro lugar público; 24% habrían sido víctimas de robos en la vivienda y 14% de agresiones físicas en la calle. En el caso de los robos, el nivel de victimización tiende a incrementarse conforme bajamos en la escala de niveles socioeconómicos: los menos privilegiados son los que sufren los problemas de seguridad con mayor incidencia.
En cuanto al transporte, los entrevistados no tienen una sensación generalizada de que la situación haya venido deteriorándose en los últimos años: poco más de un tercio opina que no ha habido mayores cambios y otro tanto que la cosa esta mejor. De acuerdo con los resultados de nuestro sondeo, los principales problemas relacionados al transporte público son, y en ese orden: el mal estado de las calles, la congestión vehicular, la falta de respeto a las normas y la contaminación causada por los vehículos. Entre los usuarios habituales del transporte público, los aspectos del servicio que son evaluados más críticamente son la forma de manejar de los choferes y el trato con los pasajeros. Una gran mayoría de entrevistados (62%) estaría dispuesto a pagar más por el pasaje a cambio de un servicio de mayor calidad. Para solucionar los problemas del transporte público en Lima, los entrevistados privilegian las medidas educativas (58%) y las revisiones técnicas (38%) por encima de acciones punitivas como la imposición de multas más severas (25%).
Si bien los temas de la seguridad ciudadana y del transporte han figurado como centrales en la discusión (limitada) de estas elecciones municipales en Lima, resulta paradójico que los entrevistados no le atribuyan al municipio provincial la responsabilidad principal de solucionarlos. En cuanto a los problemas de seguridad ciudadana, el 31% de los encuestados piensan que la principal institución responsable es el gobierno central o el ministerio del interior contra 26% que se la atribuye a los municipios distritales, mientras que sólo un 12% hace lo propio con el municipio provincial. Por otro lado, para el 42% de los entrevistados los problemas del transporte público en Lima son responsabilidad del gobierno central, en contraste con un 20% que le asigna esa responsabilidad a la municipalidad provincial. Tal vez estos resultados son un indicador de una persistente cultura centralista que ve en el gobierno central la principal instancia hacia la cual plantear reclamos y exigir soluciones.
La contaminación es otro de los problemas que la población limeña evalúa como importante. El 76% de los entrevistados manifiesta que la ciudad está muy contaminada, especialmente por culpa del transporte público. En su gran mayoría (81%) los limeños perciben que las autoridades municipales le otorgan poca o ninguna importancia a este problema.
El último tema municipal evaluado en el sondeo fueron los impuestos y arbitrios: a pesar de que el 65% de los entrevistados consideran que se paga demasiado o mucho más de lo justo, el 49% estaría dispuesto a pagar más si con ello se pueden mejorar los servicios que se brindan a los vecinos (aunque ese porcentaje tiende a disminuir de manera importante en los niveles socioeconómicos más bajos).
Finalmente, tomando en cuenta que en estos días se viene celebrando la Gran Semana de Lima, quisimos evaluar algunos aspectos relacionados con la identidad y las características de los limeños, haciendo algunas comparaciones con sus vecinos del Callao. En general quienes se identifican como limeños (independientemente de haber nacido o no en la capital), se sienten orgullosos de serlo (75%), aunque sus vecinos del Callao manifiestan mayor orgullo por su identidad chalaca (87%). Entre los rasgos positivos de los habitantes de la capital, se destaca que “los limeños son personas alegres” (79% están de acuerdo con esa frase), amables con los extranjeros (73%) y solidarios (53%). En cuanto a las características negativas, debemos resaltar que la mayoría de los entrevistados no piensa que los limeños tratan bien a las personas que vienen de provincia (62% de los entrevistados). Ello es preocupante en un contexto donde el 43% de los entrevistados en nuestra encuesta no han nacido en Lima y es un indicador de procesos de discriminación y de exclusión aun presentes en nuestra sociedad. En contraste con Lima, en general los habitantes del Callao parecen tener una imagen más positiva de sí mismos, lo que refuerza la idea de una identidad chalaca particular y que no debe confundirse con la limeña.
Comentarios sobre la encuesta en Lima de Octubre del 2005
Ver reporte en: http://www.pucp.edu.pe/encuestas/opinion2006_10.pdf
Durante la campaña electoral y de manera reiterada, al ser preguntados por las encuestadoras la mayoría de los limeños señalan que el problema más importante de la ciudad es el de la delincuencia y la seguridad ciudadana (48% de los entrevistados en nuestro último sondeo de opinión), seguido algo de lejos por el del transporte, la contaminación, los arbitrios y la limpieza pública. En la última encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú quisimos hacer un análisis un poco más profundo acerca de estos temas y encontramos algunos resultados interesantes.
En relación a los problemas de la seguridad ciudadana, a pesar de lo que podría pensarse, cerca de un 41% de los entrevistados evaluaron que la situación había mejorado en los últimos cuatro años, contra un 57% de quienes opinan que la situación se mantiene igual o ha empeorado. Un porcentaje apreciable (42%) manifiesta que sus barrios son más o menos seguros o muy seguros, la percepción de inseguridad se incrementa entre aquellas personas pertenecientes a niveles socioeconómicos más bajos. Si bien en todos los niveles los robos a las viviendas son una preocupación constante, no todos los sectores sociales sufren el mismo tipo de problemas relacionados a la seguridad ciudadana: para los grupos sociales más privilegiados los robos callejeros son una gran preocupación; mientras que para los niveles socioeconómicos más modestos la presencia de pandillas, la drogadicción y la venta de drogas se perciben como problemas centrales.
Los niveles de victimización de los limeños son relativamente elevados: poco más de un tercio de los entrevistados manifiestan haber sido víctimas de un robo en la calle u otro lugar público; 24% habrían sido víctimas de robos en la vivienda y 14% de agresiones físicas en la calle. En el caso de los robos, el nivel de victimización tiende a incrementarse conforme bajamos en la escala de niveles socioeconómicos: los menos privilegiados son los que sufren los problemas de seguridad con mayor incidencia.
En cuanto al transporte, los entrevistados no tienen una sensación generalizada de que la situación haya venido deteriorándose en los últimos años: poco más de un tercio opina que no ha habido mayores cambios y otro tanto que la cosa esta mejor. De acuerdo con los resultados de nuestro sondeo, los principales problemas relacionados al transporte público son, y en ese orden: el mal estado de las calles, la congestión vehicular, la falta de respeto a las normas y la contaminación causada por los vehículos. Entre los usuarios habituales del transporte público, los aspectos del servicio que son evaluados más críticamente son la forma de manejar de los choferes y el trato con los pasajeros. Una gran mayoría de entrevistados (62%) estaría dispuesto a pagar más por el pasaje a cambio de un servicio de mayor calidad. Para solucionar los problemas del transporte público en Lima, los entrevistados privilegian las medidas educativas (58%) y las revisiones técnicas (38%) por encima de acciones punitivas como la imposición de multas más severas (25%).
Si bien los temas de la seguridad ciudadana y del transporte han figurado como centrales en la discusión (limitada) de estas elecciones municipales en Lima, resulta paradójico que los entrevistados no le atribuyan al municipio provincial la responsabilidad principal de solucionarlos. En cuanto a los problemas de seguridad ciudadana, el 31% de los encuestados piensan que la principal institución responsable es el gobierno central o el ministerio del interior contra 26% que se la atribuye a los municipios distritales, mientras que sólo un 12% hace lo propio con el municipio provincial. Por otro lado, para el 42% de los entrevistados los problemas del transporte público en Lima son responsabilidad del gobierno central, en contraste con un 20% que le asigna esa responsabilidad a la municipalidad provincial. Tal vez estos resultados son un indicador de una persistente cultura centralista que ve en el gobierno central la principal instancia hacia la cual plantear reclamos y exigir soluciones.
La contaminación es otro de los problemas que la población limeña evalúa como importante. El 76% de los entrevistados manifiesta que la ciudad está muy contaminada, especialmente por culpa del transporte público. En su gran mayoría (81%) los limeños perciben que las autoridades municipales le otorgan poca o ninguna importancia a este problema.
El último tema municipal evaluado en el sondeo fueron los impuestos y arbitrios: a pesar de que el 65% de los entrevistados consideran que se paga demasiado o mucho más de lo justo, el 49% estaría dispuesto a pagar más si con ello se pueden mejorar los servicios que se brindan a los vecinos (aunque ese porcentaje tiende a disminuir de manera importante en los niveles socioeconómicos más bajos).
Finalmente, tomando en cuenta que en estos días se viene celebrando la Gran Semana de Lima, quisimos evaluar algunos aspectos relacionados con la identidad y las características de los limeños, haciendo algunas comparaciones con sus vecinos del Callao. En general quienes se identifican como limeños (independientemente de haber nacido o no en la capital), se sienten orgullosos de serlo (75%), aunque sus vecinos del Callao manifiestan mayor orgullo por su identidad chalaca (87%). Entre los rasgos positivos de los habitantes de la capital, se destaca que “los limeños son personas alegres” (79% están de acuerdo con esa frase), amables con los extranjeros (73%) y solidarios (53%). En cuanto a las características negativas, debemos resaltar que la mayoría de los entrevistados no piensa que los limeños tratan bien a las personas que vienen de provincia (62% de los entrevistados). Ello es preocupante en un contexto donde el 43% de los entrevistados en nuestra encuesta no han nacido en Lima y es un indicador de procesos de discriminación y de exclusión aun presentes en nuestra sociedad. En contraste con Lima, en general los habitantes del Callao parecen tener una imagen más positiva de sí mismos, lo que refuerza la idea de una identidad chalaca particular y que no debe confundirse con la limeña.
