(publicado en Senda 5 el 24 de junio del 2013 http://plataformasenda5.wordpress.com/2013/06/24/muerte-en-tlatelolco/)
La mayoría de los cadáveres estaban de espaldas, hinchándose bajo la lluvia, pero había rostros boca arriba. Parecían flores pisoteadas, iguales a las flores enlodadas, machucadas, de los jardines del edificio Chihuahua.Pilar Martín de Zepeda, maestra de primaria.
Kate Doyle es analista senior del National Security Archive con sede en Washington, una organización sin fines de lucro que pone a disposición del público documentos desclasificados por el gobierno estadounidense según el Acta de Libertad de Información (su acrónimo en inglés es FOIA). Doyle ha sido premiada con el prestigioso ALBA/Puffin por Activismo en Derechos Humanos en el 2012 y ha participado como especialista en diversos procesos de Comisiones de Verdad y juicios en Latinoamérica, como es el caso de los escuadrones de la muerte en Perú y los excesos cometidos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Desde marzo del 2003 el National Security Archive (NSA) y la revista Proceso se unieron en un proyecto dirigido por Doyle para recopilar documentos desclasificados de México y Estados Unidos en una serie llamada Archivos Abiertos. Se contiene información sobre temas como narcotráfico, negociaciones con NAFTA, casos de derechos humanos, inmigración, el entrenamiento de militares mexicanos a cargo de Estados Unidos y la represión del estado durante la “guerra sucia” mexicana.
Según Doyle, el evento que marcó inicio al período conocido como la “guerra sucia” se inició con la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas5. El PRI (Partido Revolucionario Institucional) lideraba el gobierno bajo la administración de Gustavo Díaz Ordaz, un abogado de Puebla quien sucedió a López Mateos en la presidencia. Díaz Ordaz continuó aplicando una “ortodoxia desarrollista” que suscitó una serie de manifestaciones urbanas de la clase media, el sostén del sistema. Las protestas llegaron sobre todo del sector estudiantil y universitario, quienes estaban en contra de las grandes restricciones en materia de participación, que debía de pasar por el partido oficial6. El gobierno respondió con una dura represión abierta y el resultado fue un número aún indeterminado de muertos y heridos.
Si bien el camino para develar lo ocurrido fue largo, según relata Doyle en su presentación de los archivos, sí se hicieron algunos esfuerzos para aclarar los hechos, aunque se deja sentir la ausencia de voluntad del gobierno en dicha tarea.
En 1971 la periodista Elena Poniatowska publicó “La noche de Tlatelolco”, reuniendo testimonios colectivos sobre lo sucedido la noche de la matanza y al cual le fue concedido el premio Xavier Villaurrutia de literatura, que la autora rechazó. Pasaron muchos años antes de que se volviera a indagar sobre el tema, hasta 1993, cuando fue creada una Comisión de la Verdad independiente que careció de conclusiones debido a la falta de recursos, tiempo y autoridad. En 1998 se formó la llamada “Comisión Especial del 68”, que corrió la misma suerte por falta de evidencia. En el mismo año, sin embargo, Sergio Aguayo publicaba “1968: Los Archivos de la Violencia”, después de haber tenido acceso a documentos de la dirección general de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS). La ausencia de información sobre los muertos, sin embargo, permanecía.
En el año 2000 Vicente Fox asumió la presidencia de México y con respecto a este hecho, prometió esclarecer los eventos, abrir los archivos secretos de inteligencia al escrutinio público y nombró para ello un Fiscal Especial. Hasta el año que fue publicado el artículo de Doyle, Fox no había presentado un informe final y solamente un borrador fue filtrado a los periodistas y escritores.
Este Informe Borrador del Fiscal Especial “Que no vuelva a suceder” fue redactado en el 2005 y figura disponible entre los documentos presentados por el NSA. Otras fuentes proporcionadas por la desclasificación son los documentos del Archivo General de la Nación, que cuentan con tres procedencias: la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) que cuenta con reportes de las autopsias de 25 personas en total, 10 de ellas sin identificar. La segunda es documentación procedente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y que corresponde a información recogida por la agencia de inteligencia después de la masacre, así como referencias de los fenecidos. El siguiente corpus procede del Secretariado de Defensa Nacional (SEDENA), que no entregó al Archivo General nada pertinente con respecto a la matanza de Tlatelolco.
Otros documentos disponibles responden a la desclasificación por FOIA y proceden de la CIA, el FBI, el Departamento de Defensa, la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México y la Casa Blanca. Esta información era sensible en 1968 debido a varias razones: era un contexto de Guerra Fría, el gobierno acusaba a los estudiantes de ser agitadores extremistas y comunistas, además que la represión ejercida por los militares fue dura y borró toda memoria de la cantidad de víctimas, pero sobre todo de sus identidades.
Las fuentes que ofrece el NSA para los investigadores, así como los recursos en línea puestos a disposición para completar la información, sin duda son un principio para esclarecer estos grandes vacíos en lo acontecido la lluviosa noche del 2 de octubre de 1968, cuando el mundo entero tenía los ojos puestos en México por las Olimpiadas y tantas voces sucumbieron ante el autoritarismo institucionalizado del PRI y sus secuaces.
Igual o peor que el hecho mismo de la masacre es el olvido, la indiferencia, pero sobre todo la impunidad con que el evento ha pasado a la historia y es por ello que la desclasificación masiva de documentos secretos marca una diferencia al ofrecer herramientas para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y reconstruir los sucesos ocurridos, devolviendo la identidad a las víctimas, así como la memoria de sus vidas y de sus muertes.