Faltando poco más de un mes para el inicio de la fase oral en La Haya, los dirigentes de ambos países realizan gestiones a fin de mantener unidos sus respectivos frentes internos en esta recta final de una controversia que definitivamente marcará un hito en las relaciones entre ambas naciones, y mientras en Chile se hacía un llamado a no politizar el tema de La Haya en la campaña electoral, en nuestro país la ratificación de la Convemar fue sacada de la agenda a fin de mantener el consenso nacional respecto a la demanda presentada por el Perú.
En recientes declaraciones, el canciller chileno hacía notar que “Hoy en día cambiaron las normas de la ley del mar. En los últimos años ha habido un nuevo set de criterios, y por tanto si se aplicaran esos criterios actuales, el límite podría ser diferente”. Días antes, el diputado Tarud manifestaba que “si el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya por el litigio marítimo con Perú es adverso a Chile, la responsabilidad será de todos los sectores políticos, ya que ha habido continuidad en el tratamiento del tema durante los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera”. En nuestro medio no ha pasado desapercibido el temor frente a un previsible fallo adverso que reflejan estas declaraciones, temor que sin embargo ya se venía manifestando por lo menos desde abril del presente año, con la diferencia de que ahora parece haberse extinguido esa intención de echarle el bulto de la derrota a la administración de Piñera, como era el caso a principios de año.
Si bien los políticos chilenos, al menos de la boca para afuera, siguen manifestando confianza en sus propios argumentos, es evidente que algo ha cambiado y que la confianza ya no es tan plena. Empero, hasta hace poco esos mismos políticos se mostraban muy seguros de su propia posición. Luis Winter, quien fuera director de Política Exterior y Fronteras y Límites de la cancillería chilena durante el gobierno militar, nos recuerda desde su blog de La Segunda que aquella posición se encontraba basada en la convicción de que todo este asunto de la inexistencia de un límite marítimo no era sino un cuento prefabricado y que la insatisfacción del Perú “lo llevó a elaborar un caso absolutamente ficticio, desarrollarlo y buscar forma de llevarlo a un tribunal internacional”.
Sin embargo, a estas alturas del proceso ya se ha establecido con meridiana claridad que las cosas más bien ocurrieron al revés, que por lo menos hasta 1975 la comunidad internacional no tenía conocimiento de ninguna posición oficial de Chile con respecto a una delimitación marítima que pasaría por algún paralelo – con lo que se cae de paso aquello del límite respetado por más de cincuenta años – y que por el contrario ha sido en el país del sur, de la mano de su juez ad-hoc, donde se ha inventado un límite “absolutamente ficticio”, basado en la doctrina a falta de un tratado.
No es de extrañar entonces la desazón chilena, consientes de que la verdad histórica ha de reconciliarse muy pronto con la verdad jurídica, en el fallo de la Corte.
De nuestro lado, el canciller Roncagliolo acaba de afirmar que el tema de la Convemar “no figura en la agenda del Gobierno” y que la cancillería se encuentra concentrada en el tema del Diferendo marítimo.
El tema de la Convemar había surgido semanas atrás con una nota del embajador Perez de Cuellar publicada en un diario local. A poco, un ex asesor del actual canciller confirmó que el asunto se hallaba en la agenda del gobierno y de inmediato surgieron los comentarios de los opositores a ese convenio con el consabido “traición a la patria”, muletilla común entre quienes no tienen argumentos que esgrimir y que, sin embargo, parece haber sido suficiente para enviar a las calendas griegas la ratificación de ese convenio, a fin de evitar fisuras en el frente interno.
El éxito de la argumentación peruana no depende de la ratificación de ese instrumento, él depende únicamente de la buena o mala sustentación que se haya hecho a propósito de la inexistencia de un tratado de límites. Pero la ausencia de ratificación nos va a traer problemas en el fallo al momento de trazar la línea divisoria debido a que la definición legal de nuestra zona marítima no se ajusta al contemplado en la norma internacional que estamos invocando, mientras que la de Chile sí. Los jueces deberán trazar entonces una línea divisoria entre dos mares que contienen zonas incompatibles. Mientras el mar de Chile comprende un mar territorial, una zona contigua, una zona económica exclusiva y una plataforma continental acordes con la normativa internacional, nosotros sólo tenemos un difuso y monocorde “dominio marítimo”. La ratificación de la Convemar resulta por lo tanto necesaria a fin de facilitar el trazo de la línea divisoria y eso es algo que ningún entendido ignora.
Pero entonces, ¿quién se opone a la Convemar? Fuera de algunas plumas rentadas, que son las que más bulla meten y que tienen la mejor disposición para mantener y renovar una posición consistente y beligerante cada fin de mes, debe existir también por cierto alguno que otro convencido por el discurso patriotero que ve en ese convenio una claudicación a nuestra soberanía. Por lo pronto, un suelto aparecido hace poco en un diario local daba cuenta de que el ex -presidente Alan García es uno de los opositores a ese convenio y que su opinión habría sido gravitante para sacar el tema de la agenda del gobierno, el congresista Mauricio Mulder acaba de confirmar en una entrevista que el actual mandatario habría consultado al ex -presidente sobre ese tema. Bueno, y ¿quién más? Algunos oficiales en retiro con espacio propio en la prensa escrita también se han manifestado en contra de la ratificación. ¿Es eso suficiente para sacar el tema de la agenda del gobierno? La verdad no parece.
Como fuere, la oposición a la Convemar de parte de estos sectores patrioteros no deja de tener cierta similitud con la oposición a Santa Anita de parte de los comerciantes de La Parada.
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