MINISTRA DE CULTURA PUSO A DENUNCIADA POR ESTAFA EN ALTO CARGO
Por -www.manifiestoperu.com
Otra muestra del doble rasero que usa el gobierno de Martín Vizcarra se acaba de revelar en el Ministerio de Cultura. A pesar de tener un proceso fiscal abierto por estafa al Banco GNB de cuando era alta funcionaria del régimen de Ollanta Humala, Lita Verástegui fue colocada en el mismo puesto en el sector que encabeza Patricia Balbuena.
Así lo informó la Alianza Sindical por la Cultura, en una carta enviada a la ministra el 12 de noviembre. Allí le comunican que esta funcionaria era jefa de Recursos Humanos en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre entre los años 2015 y 2016.
En ese tiempo, se hizo un convenio con la referida entidad bancaria, la cual debía darle créditos a personal acreditado. Sin embargo, cuando ya se había entregado parte del dinero, se descubrió que 193 personas favorecidas no figuraban en las planillas reales.
¿Quién responde por los S/12 millones?
“La jefa de la Oficina de Recursos Humanos, Lita Aimé Verástegui Soto instruía los descuentos de las remuneraciones de los supuestos empleados de la entidad pública”, señala la denuncia del Banco GNB del 14 de febrero del 2017.
A pesar de que esto fue elevado a la Quinta Fiscalía Provincial Penal de Lima, la cual ordenó a la Policía Nacional las pesquisas correspondientes, la ministra Balbuena puso a Verástegui en el mismo puesto (jefa de Recursos Humanos), pero esta vez en el sector Cultura.
Previamente, ambas habían trabajado juntas en el programa Cuna Más. La ahora ministra era directora ejecutiva, y la investigada jefa de “Gestión de Talento Humano”.
Sector intelectual resultó ser una caja de Pandora.
“Ella no tiene ningún proceso judicial, lo que tiene es una denuncia penal que está en investigación preliminar. Nosotros recibimos la información del sindicato, el sindicato nos comunica e inmediatamente nosotros le pedimos el descargo a la persona y esta persona nos alcanza el descargo y ya esa persona no trabaja en el ministerio”, sostuvo Balbuena esta tarde ante la Comisión de Cultura del Congreso.
El portal Lima Gris había conversado con la ahora exfuncionaria, quien alegó ser inocente, y que su caso ya ha sido archivado administrativamente, y que han falsificado documentos suyos. Si bien defendió su designación, luego terminó presentando su renuncia.
Escándalo en el Ministerio de Cultura: ¿alguien cree que el viceministro “no sabía”?
Por Claudia María Hernández– Político.pe
¿En qué consiste el escándalo protagonizado por el “renunciante” viceministro Luis Felipe Villacorta y la titular del Ministerio de Cultura, Patricia Balbuena? En simple: la exempresa del viceministro de Patrimonio e Industrias Culturales –Arqueo SAC– obtuvo la buena pro para el desarrollo de estudios previos al Rally Dakar 2019 (mediante Adjudicación Simplificada N. 034-2018/MC).
Hay que ser bastante cándidos para creer el “sorprendido” manifiesto de Villacorta, quien aduce que no sabía “que su exempresa había concursado a esta u otras licitaciones públicas. Y, menos aún, obteniendo la buena pro de dicho concurso”.
El reglamento está clarísimo para gente en puestos de máxima confianza: si el Sr. Luis Felipe Villacorta traspasó su empresa es porque claramente conocía sobre los impedimentos de la Ley de Contrataciones con el Estado que obliga a servidores de Alta Dirección en el Ejecutivo a desistir de continuar con sus actividades como proveedores nacionales hasta un año después de entregado el cargo para el mismo sector. Eso sucede para quien compra, asume la gerencia general, responsabilidad legal, etc.
Bajo instrucción OBLIGATORIA se tiene claro que dicha razón social está inhabilitada en la OSCE para ser proveedor del Estado hasta doce meses después de ser adquirida. Quien irrespete estas cláusulas comete dolo y las repercusiones son de índole penal. Si Villacorta “no lo sabía”, de igual modo los nuevos representantes le hicieron daño según el Art. 11 del Manual de Contrataciones con el Estado Peruano. Así, tendrá que determinarse el mecanismo de cesión de acciones e identificar si este pasó por el tracking financiero (que existe para corroborar la legalidad de la venta, traspaso, solvencia de los compradores y la proveniencia del dinero).
Pero hay otras “perlas” que denunció Panorama: irregularidades y personas con estrecha afinidad a Villacorta y/o relacionadas a su empresa que ocupan (u ocupaban hasta el momento de la denuncia) puestos estratégicos en la cartera de Cultura. Esto echaría luz sobre una red para fines presuntamente de beneficio personal. Se trata de un aspecto que tendrá que definir la justicia y que, sin embargo, da muchísimo que pensar sobre la capacidad de lucha contra la corrupción al interior del Ministerio de Cultura, que a raíz de la presión mediática ha puesto los reflectores sobre estos hechos. Y no es verdad, señora ministra, que “lo más importante es que se detectó todo en 24 horas y no se desembolsó ni un sol”. Todo esto pasó a vista y paciencia de su gestión, y con su mismísimo hombre de confianza: lo que correspondía era la destitución.
Mónica Yaya, experta en materia de contrataciones con el Estado Peruano, manifiesta que es de suma importancia que las investigaciones presten especial atención a la conformación del Comité De Calificación para dicha convocatoria pública. ¿Quién designó a los integrantes de la Mesa? Investigar no solo implica el proceso de apertura de sobres técnicos/económicos y averiguar quiénes son los otros postores, sino también retroceder hasta la etapa de conformación de los Términos de Referencia. “Es preciso determinar si tanto el proceso de desarrollo de los TdR, requerimientos y otras exigencias de la licitación tienen o no relación con las funciones del viceministerio que ocupaba Villacorta. Incluso hay que determinar si hubo o no direccionamiento de las Bases”.
Para Yaya, habría vestigios de negociación incompatible porque pareciera que trabajadores públicos concertaron para favorecer al funcionario y a su empresa privada. Manifiesta que “el gran error está en que el Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado, pese a tener actualizado el Registro Nacional de Proveedores (RNP) en correlato con Registros Públicos, no da a conocer esa lista que incluye a las empresas impedidas/inhabilitadas por su relación con funcionarios públicos […] Al privar a la opinión pública de esta información, el OSCE estaría ejerciendo un rol de encubridor”.
Si ello se aplicara eficientemente y con métodos menos burocráticos –como un Portal de Transparencia Institucional más amigable– el trabajo de la Contraloría General de la República sería a su vez más oportuno también. Sugiere Yaya que “para mejorar el sistema de contrataciones públicas debe existir un cambio de estructura mental en OSCE. Se cree que aplicando la ley y su reglamento se soluciona el delito. Y no es así. Es preciso eliminar tantas formalidades y crear un área de verdaderos expertos en casos de lucha contra la corrupción […] Lo mismo debería de suceder en Contraloría, entidad que debe de supervisar las acciones del Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado que depende a su vez del Ministerio de Economía y Finanzas”.
Por lo pronto, los ciudadanos ya exasperados con la corruptela esperamos que caigan como plomo los responsables de todo acto que afecte la credibilidad y propósito de nuestras instituciones.
EL 9 DE DICIEMBRE A VOTAR 4 VECES NO
Por Carlos E. García Tapia- www.laabeja.pe
No existe ningún motivo para malgastar 200 millones de soles en un Referéndum, cuando el país tiene otras prioridades en sectores como salud y educación o en apoyar a los damnificados del fenómeno del niño en el norte del país y además porque traerá mayor división entre los peruanos. Si analizamos, todos los puntos que sugirió el Ejecutivo han sido aprobados por amplia mayoría de todas las bancadas inclusive la de gobierno. Las formas que tuvo para solicitar no fueron las más democráticas sino se aprovechó el momento en que se hizo una campaña de desprestigio al Congreso usando como siempre, primero los titulares de sus tabloides sedientos de mermelada, las columnas y opinólogos mérmemelos y para darle cierta “validez” su encuestita delivery. De esa forma doblegaron a los congresistas quienes de manera sumisa aceptaron sin ninguna reflexión el Referéndum que ha sido obtenido en base al chantaje “Si no apruebas lo que te doy, hare cuestión de confianza y cierro el Congreso”. Ese fue el mensaje en un triste espectáculo, que constituirá una página negra en la vida democrática del Perú con el que se recordara a este precario inquilino de Palacio de Gobierno.
Si Vizcarra realmente gobernará para todos los peruanos, no debería estar buscando enfrentamientos entre nosotros, y no debió NUNCA convocar a este Referéndum porque si hacemos un análisis de ese contexto, Vizcarra tenia de una mala manera obtenida la aprobación de los 4 proyectos de Reforma Constitucional, entonces era muy fácil obtener el acuerdo político del Congreso de aprobar la Reforma en 2 Legislaturas como lo manda la Constitución. En Octubre se hubiera acordado terminar la legislatura ordinaria y tener la primera aprobación y en una legislatura extraordinaria que empiece en Noviembre realizar la segunda aprobación, con lo cual a estas alturas ya estaría aprobada la Reforma Constitucional por un Acuerdo Político de todas las fuerzas del Congreso elegidas por votación popular. Nos ahorraríamos enfrentamientos innecesarios y por sobre todo fondos muy necesarios para el país.
Entonces si había consenso político ¿porque Vizcarra y sus asesores insisten en un Referéndum?, por una simple razón porque están usando este mecanismo democrático para otros objetivos políticos, que es el convocar el referéndum por una Nueva Constitución. La politización de la justicia con la persecución política que hemos presenciado los peruanos forma parte de este plan, lo probaron con la opositora Keiko Fujimori y el siguiente iba a ser Alan García, cuya prisión preventiva debería ser días antes del 9 de diciembre, día del referéndum para “enardecer a las masas” y hacerles creer que este gobierno “combate la corrupción” y que además “gobierna con el pueblo, y es el pueblo el que señala su camino”, por eso no es raro ver como los socios de este gobierno, es decir los comunistas están en una campaña a nivel nacional por una Nueva Constitución. El asilo solicitado por el ex presidente García no se lo esperaban porque ahora los lentes de la comunidad internacional están puestos en el Peru, y hay una serie de hechos que no detallare que evidencia que en el Perú no se respetan los derechos fundamentales de las personas.
El plan original de encontrarse en el día del Referéndum con una población festejando la prisión de García y apoyando al gobierno para que “continúe” en su lucha anticorrupción –por eso no es extraño que Vizcarra use un polo que le queda muy mal “yo no soy corrupto”– dándole su voto de respaldo y así este Gobierno pueda hacerse de un triunfo abrumador en el Referéndum, y espontáneamente decirle al pueblo desde una Plaza que el gobierno lo escucha y por ello al oír su pedido de Nueva Constitución , el gobierno no podría negarse y enviaría el Proyecto de convocatoria para un nuevo Referéndum porque el “pueblo gobierna y el pueblo decide”.
Es importante por ello que este 9 de diciembre parar el plan chavista-caviar de llevarnos con engaños al Socialismo Siglo XXI y votar ese día: 4 VECES NO.
Evidente persecución política
Por Martha Meier Miró Quesada– Diario El Comercio.
La persecución política a los opositores del actual régimen es ya una práctica establecida, quien diga lo contrario miente y abona a la demolición del Estado de Derecho y de la democracia. Expertos analistas ya lo advierten: Fernando Rospigliosi escribió en El Comercio que: “los adversarios del gobierno están recibiendo un trato mucho más duro que sus aliados”; mientras la periodista Mariella Balbi en Perú21 sostiene: “Vivimos un totalitarismo que…utiliza a la justicia para perseguir a los opositores del régimen que podrían estar en las próximas elecciones”; también el destacado investigador Víctor Andrés Ponce del portal El Montonero alerta que “en la práctica, se ha iniciado la primera persecución política del siglo XXI”.
Es ante este escenario que el doctor Alan García, dos veces presidente de la República, solicita asilo al Uruguay. ¿Qué le garantizaba a García que no lo detendrían a la entrada de su citación número cincuenta, sí cincuenta, ante la Fiscalía? ¡Nada! Keiko Fujimori fue víctima de tal celada e inicialmente fue apresada por una semana cuando iba a rendir declaración.
La sentencia previa para los adversarios es la perversa receta actual y, guste o no, Keiko es una presa política del vizcarrismo. La lideresa opositora de Fuerza Popular está bajo prisión “preventiva” por tres años, sin existir denuncia contra ella. ¿Estrategia para asustar a sus seguidores y a su propio partido?
Ayer Luis García Miró escribió en este diario: “Lo que se ha establecido desde la renuncia de PPK es un consorcio de intereses políticos-económicos-fácticos representados por quien ha reemplazado a un exgobernante que, mañana, tarde y noche, brega por zafarse del largo brazo de la Justicia. Y hacia ello se orientan los esfuerzos de un Poder Ejecutivo pendenciero [que] de la mano de los medios progre, violenta el Estado de Derecho querellando al fiscal de la Nación e incitando a la Justicia a que persiga y encarcele a sus opositores”.
Dicho lo anterior, el presidente del Uruguay, Tavaré Vázquez, debería tomarse en serio el pedido del doctor Alan García, quien no trata de escapar de la justicia sino más bien de la injusticia. Como bien afirma la periodista Mariella Balbi (voz disidente que en cualquier momento podría ser acallada): “hay un frenesí de encarcelamientos poco jurídicos y más bien políticos. El fiscal y el juez encargados abusan de la prisión preliminar y preventiva sin juicio previo. Resulta notorio que responden a intereses políticos”.
Asilo político: derecho humano constitucional
Por ALVARO TRENEMAN– Diario Perú21.
El asilo político o diplomático es el derecho que tiene toda persona a no ser extraditada de un país a otro que lo requiera por razones de un juicio político que se le esté siguiendo.
Este es un derecho internacional que es mencionado en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
Por otro lado la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, en su Artículo 27° dice “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo en territorio extranjero, en caso de persecución que no sea motivada por delitos de derecho común y de acuerdo con la legislación de cada país y con los convenios internacionales”.
Por su parte, el artículo 36° de la Constitución Política del Perú considera lo siguiente: “El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. En caso de expulsión, no se entrega al asilado al país cuyo gobierno lo persigue”.
Además, debido a las convenciones diplomáticas, las embajadas o consulados, la residencia del embajador o los buques de guerra anclados en puertos extranjeros son considerados como extensiones del territorio de los países a los que representan y por lo tanto, no pueden ser intervenidos policial o militarmente a menos de declararse una guerra.
FACULTAD DE ESTADO
Si bien toda persona tiene derecho a buscar asilo en cualquier país o embajada, su concesión es una facultad exclusiva de los Estados. Es decir, el Estado tiene la facultad de conceder o denegar el pedido de asilo.
En caso de aceptar el pedido de asilo, el Estado tiene la obligación de procurarle el mejor ambiente posible para que el asilado pueda subsistir y desarrollarse como ser humano. De ser denegado, el Estado puede proveer un salvoconducto para que llegue a otro país, siempre que su embajada o consulado no se encuentre dentro del territorio del país que solicita la extradición o en el que se esté dando la presunta persecución política.
El caso más reciente de este supuesto es el de Julian Assange, fundador de la web Wikileaks, quien se encuentra asilado en la embajada ecuatoriana en Inglaterra, desde el martes 19 de junio de 2012, hace 7 años.