El banco de PPK en el negociado
Por PLINIO ESQUINARILA- Diario Expreso.
Cada día que pasa el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) nos da nuevas sorpresas. Declaró ante el país entero que nunca estuvo en conflicto de intereses con el Estado que lo había acogido. Incluso en una declaración jurada dirigida por escrito a la Comisión Lava Jato del Congreso fue enfático: “Puedo afirmar que no he tenido relación profesional ni comercial con las constructoras brasileñas ni con sus consorciadas peruanas…”.
No era cierto. Y, como ya es público, su empresa unipersonal Westfield Capital Limited sí brindó asesorías a la constructora brasileña Odebrecht y como tal percibió ingresos desde el año 2005 y se prolongó al 2006, es decir cuando se firmó la concesión y empezó la ejecución de los tramos 1, 2 y 3 de la Interoceánica Sur.
¿Cómo fue esta historia? Resulta que en abril de 2005, la citada Westfield Capital Ltd de PPK –representada por Gerardo Sepúlveda– celebró contrato, junto con el Banco de Crédito del Perú, para asesorar a la candidata a concesionaria de las interoceánicas, la Constructora Norberto Odebrecht S.A.
Pero el negocio no quedó ahí, sino que una vez conseguida la concesión y firmados los contratos de la buena pro el 4 de agosto de 2005, resulta que el 15 de julio del año siguiente, Westfield y la Concesionaria Interoceánica Sur Tramo 3 S.A., capitaneada por Odebrecht, firman un nuevo contrato para diseñar y negociar los CRPAO o Certificados de Reconocimiento de derechos sobre el Pago Anual por Obras. Este contrato lo firmó la contadora de PPK, Dennise Hernández.
En cristiano, como se hablaba antes, los CRPAO no eran otra cosa que bonos bancarizables del Estado para que constructoras del corredor vial puedan usarlos ante su declarada insolvencia o falta de recursos para iniciar las obras.
¿En qué consistió esta asesoría de Westfield? Según el quinto párrafo del contrato, el objeto era prestar asesoría técnica para la evaluación, diseño, negociación e implementación de los CRPAO a cambio de un pago de US$ 300,000.00.
Sobre esto último existe una factura emitida por Westfield Capital Ltd. el 27 de diciembre de 2006 y una transferencia por dicho monto a la cuenta de la consultora, realizada el 17 de enero de 2007, ambas aludiendo al trabajo sobre los CRPAO, señala el informe congresal.
¿Pero no es que en esos meses de la firma del primer contrato en 2005, Kuczynski era titular del MEF y presidía el Consejo Directivo de Proinversión entre el 16 de febrero de 2004 y el 16 de agosto de 2005? Obvio. ¿No es que cuando se rubrica el segundo contrato el dueño de Westfield era presidente del Consejo de Ministros (del 16/8/2005 al 28/7/2006)? Claro que sí.
YA ESTABA EN TRÁMITE
Pero hay más sorpresas. Y es que a la fecha de la firma del contrato de la consultoría resulta que este mecanismo financiero de los CRPAO ya estaba acordado y en trámite.
Por tal razón es que los CRPAO se hicieron realidad el 26 de julio de 2006 al suscribirse la Adenda N° 3, como detallaremos líneas abajo, a escasos once días de la firma del contrato con Westfield.
Es más, según la comisión Investigadora del Congreso, el contrato con Westfield tuvo lugar cuando el proyecto de Adenda N° 3 y los CRPAO ya habían sido oleados y sacramentados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) y el MEF.
A tenor de las investigaciones, todo indica que Kuczynski no solo estaba al tanto, por sus conocimientos de finanzas, de la evolución de los citados CRPAO, sino que de acuerdo a informes que circularon entre el MEF, el MTC y Ositran de mayo a julio, su participación era evidente en el diseño de los citados bonos para Odebrecht.
CINCO BLINDADORES
La Adenda N° 3 de los famosos CRPAO y el cambio total del régimen económico no pudieron hacerse al margen de la coordinación de cinco instituciones, aparte de la PCM donde PPK era el titular, como también lo era de la Comisión de Alto Nivel pro concesión creada por la Ley N°28670, norma que se promulgó para blindar todos los actuados en la entrega de la concesión y excluir en sus funciones a la Contraloría.
Entre esas otras entidades nos referimos al MEF, donde Fernando Zavala era el titular, el MTC y Ositran. El cambio total del régimen económico y sus mecanismos “no pudieron surgir espontáneamente, para generar resultados tan rápidos como diseñar el bono bancarizable [CRPAO] en dos meses desde la solicitud de la concesionaria”, señala el Congreso.
CON MENOS DEL 3 % DE LA INVERSIÓN TOTAL
Ingresos garantizados con sobornos
La historia de la desnaturalización del contrato.
Para entender mejor esta famosa Adenda N° 3, que desnaturalizó el contrato original, es necesario hacer un recuento de las dos que le antecedieron.
Mediante la Adenda N° 1 para los tramos 2 y 3 del corredor vial Sur, el Gobierno reconoció como primer pago el llamado “Costo de Transitabilidad” que no estaba en el contrato original.
Era un reconocimiento de gastos por acondicionar vías alternas para garantizar el paso de los vehículos mientras la concesionaria construía la obra.
Este desembolso de parte del Estado peruano se acordó no obstante que las constructoras incumplieron la cláusula 3.3 del contrato que las obligaba a conseguir financiamiento de la banca privada para el inicio de sus actividades.
Este fue el momento en que se sentaron las bases para nuevas adendas con el argumento del nuevo proyecto de ingeniería de detalle y otros tecnicismos.
En la Adenda N° 2 se centraron en desarrollar lo referido al “costo de transitabilidad” e insistieron en los asuntos de “estudios definitivos ingeniería”.
Pero fue en la Adenda Nº 3, a dos días del cambio de mando presidencial y ante la insistencia de las constructoras de no contar con líneas de crédito ni recursos propios, que obligaron al Gobierno a crear los famosos CRPAO y los hicieron valores financieros bancarizables.
Esta adenda además desarrolló el nuevo concepto de “estudios definitivos de ingeniería” que se había esbozado en la Adenda Nº 1 e introdujo el llamado “Proyecto de Ingeniería de Detalle” (PID) que, en los hechos, daría lugar a un nuevo proyecto que superaba de lejos los cálculos de los términos de referencia de las bases del proyecto y del mismo contrato original.
Entonces, como regalo de fin de gobierno, Toledo y PPK modificaron totalmente el Régimen Económico del contrato y sus componentes.
Es decir, también cambiaron en favor de Odebrecht el procedimiento para el Pago Anual por Obras (PAO) y los famosos PAMO (Pago Anual por Mantenimiento de Obra o el pago de peajes).
Tanto que en adelante los montos recaudados por concepto de peajes trimestrales debían ser depositados en la cuenta de Fideicomiso de Administración de Pagos para contribuir a pagar el PAO y PAMO a favor del concesionario.
Si acaso los ingresos de peajes no alcanzaron los montos acordados, el Estado estaba ahora obligado a “depositar en el fideicomiso los montos necesarios para completar los pagos de PAO y PAMO”.
Con un monto mínimo de inversión –que representaba menos del 3 % del presupuesto total de las obras– la retribución e ingresos estaban garantizados para la concesionaria, como se puede leer en los cálculos del Informe Lava Jato.
Y todo esto con pago de sobornos, como lo ha admitido el mismo Jorge Barata.
LA CONTRALORÍA
De forma que no era la inversión privada la que asumía los riesgos en la ejecución de las obras sino que era el Estado el que pagaba todo.
Asistimos de esa forma a la desnaturalización total de la concesión en tanto asociación público privada (APP). Esta fue la razón para que la Contraloría observe desde el comienzo el contrato.
El ente de control además señaló, en 2005, entre otras observaciones, que estaban en giro tres juicios entre el Estado y las constructoras Odebrecht , Graña y Montero S.A.A. y Constructora Queiroz Galvao S.A, hechos que no permitían, según la normativa, firmar contrato.
Amén de que indicó en ese entonces que el proyecto superaba el nivel de endeudamiento permitido por la Ley de Presupuesto y de Endeudamiento, cifras que al final fueron “maquilladas” por el viceministro de Hacienda Fernando Zavala, brazo derecho de PPK, quien dijo que no se registrarían contablemente como deuda, sino como compromisos de pago futuro.
Firmantes y presentes
La aprobación del nuevo contrato, o Adenda N° 3, se consumó “con la presencia y voto favorable de los ministros: Pedro Pablo Kuczynski Godard (ministro de Economía y Finanzas), Carlos Ferrero Costa (presidente del Consejo de Ministros), David Lemor Bezdin (ministro de Producción), José Ortiz Rivera (ministro de Transportes y Comunicaciones) y Glodomiro Sánchez Mejía (ministro de Energía y Minas), integrantes del Consejo Directivo de Proinversión”.
“También estuvieron presentes el director ejecutivo de Proinversión, René Cornejo Díaz; el director ejecutivo adjunto, Jorge León Ballén; Sergio Bravo Orellana, presidente del Comité de Infraestructura y Activos; Cecilia Blume Cilloniz, jefa del gabinete de asesores del MEF”, dice el informe del Congreso.