El nombramiento del nuevo Superintendente Manuel Castillo Venegas

Concluyó una gestión nacida al amparo de Martín Vizcarra y el Partido Morado y que estuvo basada en decisiones arbitrarias a favor de grupos empresariales. Asume Manuel Castillo Venegas. ¿Se abre un espacio equitativo para todas las universidades en base a la ley?
Linda Lucila Cossío, Directora de Licenciamiento de Óswaldo Zegarra que tendrá que responder en las investigaciones.
Por ejemplo, para lograr los cierres indiscriminados de universidades, la SUNEDU utilizó a personajes que fingieron ser expertos funcionarios capaces de estudiar en poquísimos días expedientes de 10 mil o 20 mil páginas, realizar inspecciones, absolver reclamos y luego cerrar universidades sin evaluar alternativas para más de 180 mil estudiantes que se quedaron en las calles viendo truncado su futuro universitario.
Uno de esos personajes fue Cristian Alberth Pacheco Castillo, quien se desempeñó como Coordinador General Técnico de Licenciamiento en la SUNEDU. Este señor era un empleado con un diploma de bachiller en Ingeniería de Sistemas -profesión ajena a la pedagogía o a la gestión universitaria-, y lo disfrazaron como experto en universidades y lo designaron como el profesional que debía coordinar todos los informes técnicos para otorgar o negar el Licenciamiento. ¿Quién escribía lo que Pacheco Castillo firmaba?
Cristhian Pacheco Castillo, el bachiller que firmaba los informes técnicos en la Sunedu.
Otro cuestionable acto de la SUNEDU fue el licenciamiento de la Universidad Peruano Alemana (UPAL). El 24 de julio de 2017, una ignota entidad llamada UPAL solicitó ante la SUNEDU el codiciado Licenciamiento Institucional, pero ese año fueron rechazados. Dos años después su suerte cambió, el 5 de agosto de 2019 a la UPAL se le emitió una resolución favorable sin importarle a la “exigente” SUNEDU que la “sede universitaria” presentada era el local de una ferretería ubicada en la calle Alejandro Iglesias 296, Chorrillos.
¿Era un local adecuado para convertirse en una universidad? Para nada. Se trataba de una pequeña casa en la que funcionaba una ferretería chorrillana que fue convertida en un supuesto “campus universitario”, esto fue legitimado por la SUNEDU brindándole el licenciamiento. La misma SUNEDU de Oswaldo Zegarra Rojas y Linda Lucila Cossío que proclamaban la necesidad de cumplir con las famosas “Condiciones Básicas de Calidad”.
Pero, la UPAL no fue la única universidad que fue sospechosamente licenciada. La SUNEDU manejada por Martín Vizcarra y Oswaldo Zegarra también benefició a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). Le dieron licenciamiento a filiales que se encontraban en construcción, sin importarles lo que la ley exige: tener infraestructura completa, bibliotecas y laboratorios. Nada le fue exigido a la UTP porque pertenece al Grupo Intercorp. En la gestión de Vizcarra, Benavides y Zegarra se realizaron los actos más cuestionables en la Sunedu.
A pesar de los elogios y tribuna que le otorgaba la prensa adicta a la SUNEDU, la figura de Oswaldo Zegarra era la de un monigote que fingía ser superintendente. Y en el arte de fingir tenía escuela. Por ejemplo, fingió estar enfermo para no presentarse en la Comisión de Educación del Congreso de la República, donde en un fallido intento de defensa, la congresista morada Flor Pablo mencionó que Zegarra Rojas no podía asistir porque el señor había salido recientemente de una operación al corazón. Una falsa excusa que fue desmentido por Lima Gris porque apenas horas después de esa mentira, el paciente cardíaco Oswaldo Rojas fue fotografiado tratando de ingresar a Palacio de Gobierno junto a Flor Pablo para pedir que no se aplique la ley y él siga en el cargo.
Tras ocho turbios años de favores políticos, licencias sospechosas, consultorías a granel y presencia de integrantes del partido Morado, la gestión vizcarrista de la SUNEDU llegó a su fin. El Ministerio de Educación emitió la Resolución Ministerial N°131-2023 nombrando a Manuel Castillo Venegas como el nuevo Superintendente de la SUNEDU. El documento lleva la rúbrica del ministro de Educación Óscar Becerra, oficializando al nuevo jefe de la entidad y poniendo punto final a la sombría gestión de Oswaldo Zegarra.
¿Qué viene a futuro? Los actos y las decisiones hablarán. Las universidades requieren un esquema equitativo y no un esquema a favor de corporaciones educativas.
Fuente: LimaGris.com

Poder Judicial: juez John Paredes con ultimátum por presunto delito

Fiscalía le había dado siete días de plazo para que explique por qué demoraba resolver caso de Defensoría.

Luego de la denuncia de Miguel Soria contra John Paredes Salas, juez que lleva 130 días sin resolver una acción de amparo contra el Congreso, la fiscal Lina Balvín le dio al magistrado siete días de plazo para que brinde sus descargos sobre presunto delito de omisión de actos funcionales.
“Con la finalidad de que alegue lo que considera pertinente”, se indica al titular del Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
Paredes hizo la última audiencia contra el proceso elección del defensor del Pueblo el 7 de setiembre de 2022, y no ha resuelto en el plazo de ley. Este es de diez días hábiles.
Esta situación podría cambiar con la reciente resolución del Tribunal Constitucional, que anula toda demanda de amparo contra los procedimientos administrativos del Congreso.
Fuente: Diario EXPRESO.

Oswaldo Zegarra entregó cargo al nuevo jefe de la Sunedu, Manuel Castillo.

Jueces con un pie fuera por boicot contra Congreso

Por Martín Rodríguez y César Rojas- Diario EXPRESO.
Soledad Blácido, John Paredes y Carla Madueño, entre otros, impidieron renovar TC, Defensoría del Pueblo y Sunedu. Junta de Justicia debe actuar, señalan Gutiérrez Ticse y exmagistrados Blume y Sardón.
Con su última resolución, el Tribunal Constitucional (TC) no solo anula cualquier acción del Poder Judicial que impida procedimientos exclusivos del Congreso. También solicita a la Junta Nacional de Justicia procesar y, eventualmente, sancionar a los jueces que impedían renovar a directivos del mismo TC, la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
“Sorprende que se continúen tramitando medidas cautelares o amparos, cuando es un tema que ya estaba en conocimiento del TC, por eso es que en la parte final de la sentencia, la parte resolutiva, se traslada la sentencia a la Junta Nacional de Justicia, porque consideramos que lo mínimo que hay es un acto inconstitucional de los jueces”, sostuvo Gustavo Gutiérrez Ticse en RPP.
Entre los casos más notorios de intromisión de un poder del Estado, está el de Soledad Blácido. Esta jueza supernumeraria (que no es de carrera), en 2021 impidió que el Congreso complementario renueve al máximo intérprete de la Carta Magna, mediante una “cautelar exprés”.
El 1 de julio de ese año, Walter Ayala (a la postre ministro de Pedro Castillo) había presentado una demanda de amparo contra el procedimiento de la comisión que evaluaba candidatos al TC. Esta ingresó al despacho de Blácido el 6 de ese mes, y en la misma tarde, ordenó que se suspenda la elección que ya estaba agendada en el Pleno.
Destitución o suspensión
Otro polémico magistrado es John Paredes Salas, quien saltó a la fama cuando paralizó el proceso del Colegio de Abogados de Lima para nueva junta directiva y representante en el Jurado Nacional de Elecciones. Esto se había iniciado también a pedido de Ayala, y hace unas semanas, se había manifestado en el mismo sentido contra la intención de reemplazar a la defensora interina del Pueblo, Eliana Revollar.
Respecto a Sunedu, aparece en escena otra supernumeraria como Blácido. Se trata de Carla Madueño Ruiz. El 22 de julio de 2022 –en menos de 72 horas– se documentó y resolvió otro amparo, pero esta vez de Luciano López, exabogado de Alejandro Toledo. El letrado había pedido al Segundo Juzgado Constitucional de Lima que no se aplique una ley que el Congreso aún no emitía.
El 12 de julio, la jueza Milagros Grajeda había realizado audiencia, y el 18 de julio la reemplazó Madueño, por orden de José Wilfredo Díaz Vallejos, entonces presidente de la Corte de Justicia de Lima.
Fue Madueño quien extendió la aplicación de la cautelar de Grajeda, a la ley cuando se promulgó. Eso motivó que el Congreso acuda al TC para la demanda competencial que acaba de ganar.