Fiscalía refuta la explicación de Boric y afirma que “Mateluna fue detenido en flagrancia”
Tras la respuesta de la Corte Suprema a los comentarios del presidente Boric, ahora fue el ente persecutor quien salió al paso.
Por Luis Rivera– El Dínamo.
El indulto del presidente Gabriel Boric a Jorge Mateluna Rojas y su posterior explicación para justificar la decisión han generado reacciones en el Poder Judicial. El ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) quedó en libertad luego de estar condenado a 16 años de cárcel por su participación en el robo a una oficina del banco Santander en junio de 2013.
“En el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia” y “Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto“ fueron algunas frases que usó el jefe de Gobierno para argumentar la libertad de esta persona, que se sumó a otras 12 que dejaron la cárcel por delitos vinculados al estallido social.
La Corte Suprema, en primer término, fustigó los razones que expresó el mandatario aduciendo que “ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”.
La Fiscalía Regional Occidente, en tanto, igualmente decidió responder en un oficio a la presunta inocencia de Jorge Mateluna en un hecho delictual que, además, tuvo una investigación por homicidio frustrado contra Carabineros. El acusado de participar en estos delitos asegura que él se encontró con el operativo cuando bajó de la locomoción colectiva hacia una reunión de trabajo. El proceso dijo lo contrario.
Fiscalía Occidente y la “flagrancia” de Mateluna
Frente a la explicación del presidente Boric, la Fiscalía Regional Occidente defendió su labor frente a todos los tribunales por los que pasó la causa de Jorge Mateluna.
“A la Fiscalía Regional Occidente le correspondió iniciar la investigación de un delito de robo con intimidación, homicidio frustrado contra personal de Carabineros en servicio y porte y tenencia de armamento de guerra, porte de arma de fuego prohibida, porte ilegal de arma de fuego común y receptación, hechos ocurridos con fecha 17 de junio de 2013, en una sucursal del Banco Santander ubicada en la comuna de Pudahuel”, reza el oficio.
“El señor Jorge Mateluna Rojas fue detenido en flagrancia por estos hechos y en definitiva la investigación demostró su participación en calidad de autor en los mismos”, manifestaron.
“Lo anterior fue refrendado en todas las instancias judiciales, esto es, ante los señores jueces de Garantía que decretaron y revisaron la medida de prisión preventiva dictada en su contra; ante los señores jueces del Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago que dictaron la condena en su contra; ante los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron el recurso de nulidad interpuesto por su defensa; y, finalmente, la Excelentísima Corte Suprema, que en diciembre de 2018 rechazó un recurso extraordinario de revisión interpuesto a su favor. Todos los anteriores pronunciamientos fueron de carácter unánime”, complementaron.
Gobierno aceptó la renuncia de Matías Meza-Lopehandía, jefe de Gabinete de Gabriel Boric
La salida de Matías Meza-Lopehandía se anunció junto con la de Marcela Ríos.
Por Rodrigo León– El Dínamo.
Matías Meza-Lopehandía, jefe del Gabinete de Gabriel Boric, presentó su renuncia a dicho cargo, la que fue aceptada por el Presidente de la República.
La noticia se dio a conocer durante la tarde de este sábado a través de un comunicado, en el que también se informaba respecto de la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.
Matías Meza-Lopehandía, abogado experto en derechos humanos y militante de Convergencia Social, asumió el cargo en marzo pasado con la llegada del nuevo Gobierno. Era el hombre más cercano del Presidente, entregándole todos los argumentos políticos en estos diez meses que estuvo en el cargo.
Su salida ocurre luego de que en los últimos días, su nombre tomara protagonismo por su presunta responsabilidad en el error en la nómina de los 13 indultados, debido a que tuvo un rol en la selección de los casos.
¿Quién es Matías Meza-Lopehandía?
Matías Meza-Lopehandía es abogado experto en Derechos Humanos y pueblos originarios, y apoyó la labor de Boric en la Cámara de Diputados como investigador en la Biblioteca del Congreso Nacional.
Cuenta con un magíster en Derechos Humanos de la London School of Economics and Political Science y fue parte de la campaña presidencial del ahora Mandatario. Incluso, redactó el discurso que entregó tras el triunfo en la segunda vuelta.
Por otro lado, fue parte de las comisiones de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y la de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Cámara.
¿Quiénes son las 13 personas que recibieron el indulto del Presidente Boric?
Condenados del estallido social:
Cristián Marcel Cayupan Queupil, de 30 años, fue sentenciado a 15 años de cárcel por el homicidio frustrado a una detective en Pudahuel (en 2019). La defensa argumentó que el indulto se solicitó por graves lesiones que sufrió Cayupan por la acción de otro funcionario policial.
El segundo indultado es Jordano Jesús Santander Riquelme, de 38 años, quien en 2021 fue condenado a 7 años y 4 meses de cárcel por el delito de homicidio frustrado contra un funcionario de la PDI en San Antonio, por el delito consumado de receptación y por impedir el libre ejercicio de la autoridad. Su defensa argumenta la solicitud en un deterioro de su salud mental.
El tercero de ellos es Felipe Eduardo Santana Torres, de 22 años, quien cumple una condena de 7 años de presidio por los delitos de hurto, daños a mobiliario público e incendio frustrado en lugar habitado en las inmediaciones de la catedral de Puerto Montt, en 2019.
Matías Rojas Marambio, de 21 años, fue condenado a 5 años de cárcel por lanzar un artefacto incendiario en las inmediaciones de Plaza Baquedano en 2019. Rojas fue uno de los imputados absueltos en el marco de la investigación por el delito de incendio en el Hotel Principado de Asturias.
En cuarto lugar se encuentra Alejandro Samuel Carvajal, de 22 años, quien fue sentenciado a 5 años y un día de presidio por el incendio que afectó a la sede de la Universidad Pedro de Valdivia (UPV) en 2019.
Francisco Andrés Hernández Riquelme, de 23 años, cumplía condena de 5 años de cárcel por lanzar un artefacto incendiario en la vía pública en las cercanías de Plaza Baquedano en 2019.
Asimismo, Claudio Romero Domínguez, de 21 años, fue condenado a 5 años y un día de prisión efectiva por los delitos de porte y lanzamiento de bombas incendiarias; y 61 días de cárcel por asociación ilícita en 2019.
Brandon Sebastián Rojas Cornejo, de 22 años, fue condenado a 5 años y un día de cárcel por delitos vinculados al lanzamiento de bombas molotov; 61 días por asociación ilícita y otras dos penas por desórdenes públicos cometidos en 2019.
Por otro lado, Juan Bastián Olguín Rivera, de 31 años, fue condenado a 3 años y un día de prisión como autor del delito de incendio; y 71 días como autor del delito de receptación. Según el Ministerio Público, el 21 de octubre de 2019, Olguín concurrió –junto a otras cinco personas– a una caseta de peaje en el kilómetro 191 de la Ruta 5 Sur, a la que lanzaron elementos contundentes para luego proceder a quemarla.
Luis Arturo Castillo Opazo, de 37 años, fue condenado a 4 años de presidio menor en su grado máximo por los delitos de desórdenes y robo en lugar no habitado en noviembre de 2019. Castillo mantuvo una huelga de hambre como medida de presión para obtener la libertad.
Sebastián Emmanuel Montenegro Coo, de 25 años, fue condenado a una pena efectiva de 3 años y un día por el delito consumado de tenencia, posesión o porte ilegal de partes o piezas de armas de fuego y cartuchos o municiones en marzo del 2020. Fue detectado lanzando piedras a personal que intentaba dispersar a manifestantes.
Finalmente, el decimotercer indultado es Bastián Ignacio Campos Gaete, de 22 años, que recibió una pena efectiva de 3 años y un día; y 61 días de presidio por su calidad de autor del delito consumado de porte de artefacto explosivo o incendiario y robo frustrado en lugar no habitado.
El tribunal de Antofagasta acreditó que el 26 de noviembre de 2019, Campos sustrajo tres botellas de pisco desde un supermercado Santa Isabel. Esto, según el tribunal, mientras portaba una bomba incendiaria.
Indulto al exfrentista Jorge Mateluna
Jorge Mauricio Mateluna Rojas, de 48 años, es el único indultado por el Presidente Gabriel Boric que no participó de las movilizaciones del estallido social. Esto, ya que estaba condenado a 16 años de cárcel, sindicado como uno de los autores del asalto registrado en una sucursal de Banco Santander en 2013.
Cabe destacar que, en 2004, el exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) fue indultado por el ex Presidente Ricardo Lagos, tras haber recibido condena perpetua a mediados de los 90 por formación y pertenencia a grupos armados de combate.
Fuente: El Mostrador.
La historia de Jorge Mateluna, el ex frentista condenado por un asalto a un banco cuyo indulto generó la primera crisis de 2023 para Boric
Creció en Renca, entró a las Juventudes Comunistas a los 12 años y a los 14 se sumó al FPMR autónomo. A los 18 fue detenido por un asalto a un supermercado de Conchalí, donde murió un guardia. Fue condenado a cadena perpetua, pero dejó la cárcel luego de que el Presidente Lagos lo indultara. La semana pasada recibió este beneficio, aunque con otra ley, por segunda vez. Su condena, ratificada por la Suprema, fue cuestionada por el Presidente Boric el fin de semana, lo que abrió una controversia con el Poder Judicial.
Jorge Mauricio Mateluna Rojas, 48, nació en 1974 en Santiago y pasó su infancia en Renca. Su padre, Miguel Ángel Mateluna, era camionero. Su madre, Cecilia Rojas, dueña de casa.
Fue el cuarto de 6 hermanos y el primero en terminar la enseñanza media, consignó el sitio “Mateluna inocente”, creado para promover su liberación.
A los 12 años entró a las Juventudes Comunistas (JJCC) y a los 14 al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) autónomo, donde decidió permanecer tras el retorno a la democracia en 1990. “Veíamos que el gobierno de la Concertación era un continuador de Pinochet. Por eso seguimos desarrollando la misma política que tenía el Frente”, dijo en 2004 a la revista Rocinante.
Era militante del Frente cuando ocurrió su detención, el 9 de noviembre de 1992, por asaltar un supermercado Agas en Conchalí, donde murió un guardia. Tenía 18 años.
Fue condenado a cadena perpetua, pero salió libre tras 12 años de prisión, indultado por el Presidente Ricardo Lagos.
El 2004, año en que fue liberado, hizo una huelga de hambre de 75 días para presionar al Congreso para aprobar la ley de indultos para delitos cometidos entre 1989 y 1998. La semana pasada fue beneficiado por segunda vez por un indulto presidencial, aunque con otra ley.
En la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) estuvo en una celda de 3×4 metros, donde podía salir a las áreas comunes a las 8 am y debía volver a las 10 pm. Aprendió orfebrería y comenzó a estudiar sociología con una beca de la desaparecida Universidad Arcis, carrera que no terminó.
“Ya estaba oscuro cuando llegamos al portón. Afuera había gente que gritaba ¡Libertad! ¡Libertad!”, dijo a Rocinante sobre la noche que dejó la CAS. “Me subí a un auto rumbo a la casa de mi vieja, donde me iban a hacer una comida. Creo que me fui todo el camino en silencio”.
Tras dejar la cárcel a los 30 años empezó a trabajar vendiendo piezas de orfebrería, como hacía mientras estuvo recluido en la CAS, consignó un reportaje de The Clinic. Luego cambió los estudios de sociología por los de bellas artes en la misma universidad, y se aproximó al mundo cultural.
En 2006 cofundó la productora NovoSur y realizó el documental “Deseducados” sobre la “revolución pingüina”.
Al año siguiente inició actividades en el Servicio de Impuestos Internos en las categorías “actividades de consultoría de gestión” y “servicios de publicidad prestados por profesionales”.
El acercamiento a la cultura de Mateluna se afianzó en el primer gobierno de Michelle Bachelet. De acuerdo con el sitio Mateluna Inocente, “el 2008 entra a trabajar al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, como encargado territorial del Programa ‘Creando Chile en mi Barrio’. A mediados del 2011 constituye formalmente Culturarte Producciones, productora que realiza trabajos en el ámbito de la gestión cultural. Luego, el año 2012 se incorpora como voluntario en Codepu (Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo), trabajando en el equipo de comunicaciones y en la formulación de proyectos”.
El 17 de junio de 2013 fue detenido por su presunta responsabilidad en un robo de más de $60 millones realizado ese día en la sucursal del Banco Santander de Pudahuel, donde los asaltantes dispararon a carabineros con un fusil M-16. El sitio Mateluna Inocente aseguró que ese día estaba en la zona porque iba a reunirse con el encargado de cultura de esa municipalidad para presentarle un proyecto de App para promover el rescate de patrimonio cultural.
El 27 de diciembre de 2018 la Corte Suprema rechazó un recurso de revisión presentado por la defensa de Mateluna y confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que lo condenó a 11 años de cárcel por robo con intimidación y 5 años por tenencia de arma de uso bélico.
Primero su prisión y luego su condena derivaron en una campaña en favor de su liberación en la que participaron actores como Héctor y Emilia Noguera y Mario Horton, el poeta Raúl Zurita y el también personaje televisivo Daniel Alcaíno, quien publicó una columna en octubre de 2017 con el entonces diputado Gabriel Boric. “Los carabineros que detuvieron a Mateluna se llevaron todas las pruebas al cuartel. Pero más tarde se dieron cuenta de que no habían tomado fotos de las pruebas en terreno, por lo tanto, decidieron volver al lugar de la detención para distribuir las pruebas por la calle y tomar las fotos pendientes. Eso es totalmente irregular y en la práctica constituye un montaje”, escribieron en El Desconcierto. Mateluna, en diversas entrevistas concedidas desde la cárcel se definió como “preso político”.
El decreto exento 3212 del jueves 29 de diciembre de la ministra de Justicia Marcela Ríos, comunicado al día siguiente, entregó 10 razones para conceder el indulto a Mateluna. Entre estos, la solicitud formal realizada el 2 de septiembre de 2022; los informes sicosociales positivos de Colina 1; un informe social que lo califica como de bajo riesgo de reincidencia; uno sicológico que muestra que tiene proyecciones vitales viables; una conducta “muy buena” en el penal; la ausencia de patologías físicas y siquiátricas, y un diplomado online que aprobó en la U. de Santiago. También, que la ley autoriza a entregar el beneficio en casos calificados, a pesar de que no haya cumplido 2 tercios de la pena.
El decreto no menciona ningún cuestionamiento al Poder Judicial. Sí lo hizo el Presidente Boric el fin de semana desde Brasil, cuando afirmó que “tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia”.
Sus dichos derivaron en una dura respuesta del pleno de la Suprema, que este martes sostuvo en una declaración que “ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, encaso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”. Boric buscó frenar la controversia respondiendo que “la independencia de los poderes del Estado es condición esencial de la democracia y como Presidente de la República la respeto íntegramente y por lo tanto valoro y estoy de acuerdo con la declaración emitida por la Corte Suprema”.
Mateluna no había hablado públicamente hasta este martes por la noche.
Fuente: Ex-Ante.
Corte Suprema dice que Mandatario “no puede revisar fundamentos de resoluciones”
El Presidente Gabriel Boric señaló que en el juicio al exfrentista Jorge Mateluna “hubo irregularidades”. Mateluna, uno de los indultados por el Presidente Boric, se encontraba condenado a 16 años de prisión tras ser acusado de participar en un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, durante el año 2013. Frente a los dichos del Presidente Boric, el Pleno de la Corte Suprema citó el inciso 1 del artículo 76 de la Constitución. “Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, señala el texto. Este es un nuevo antecedente en la tensión entre el jefe de Estado y la Suprema. Luego de que el Senado rechazara a Marta Herrera para Fiscal Nacional, Boric llamó al timonel de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para abordar la posibilidad de elaborar una nueva quina.
El Pleno de la Corte Suprema respondió al Presidente Gabriel Boric, quien indicó que en el juicio al exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Jorge Mateluna “hubo irregularidades”. El jefe de Estado emitió esos dichos luego de indultar a Mateluna y a otras 12 personas -condenadas en el contexto del estallido social-. Al respecto, el máximo tribunal apuntó que el Mandatario “no puede revisar fundamentos de resoluciones”.
Mateluna se encontraba condenado a 16 años de prisión tras ser acusado de participar en un asalto a una sucursal del Banco Santander en Pudahuel, durante el año 2013.
El Mandatario dijo ayer que “tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Esto no es una opinión personal ni algo que yo haya discutido de manera individual, sino que es la opinión del exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Davor Harasic, que es de los juristas que se han acercado con más seriedad al caso”.
Respuesta de la Suprema
Frente a los dichos del Presidente Boric, el Pleno de la Corte Suprema citó el inciso 1 del artículo 76 de la Constitución.
El artículo establece: “La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley.
“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos”, añade el texto.
Tensión entre Boric y la Suprema
La tensión entre el Presidente Boric y la Corte Suprema tiene antecedes. Luego de que el Senado rechazara a Marta Herrera -nominada por el Mandatario- para Fiscal Nacional, el jefe de Estado llamó al timonel de la Suprema, Juan Eduardo Fuentes, para abordar la posibilidad de elaborar una nueva quina.
Uno de los ministros de la CS confirmó a La Tercera el llamado del Jefe de Estado y aseguró que a Fuentes, “que es un hombre sumamente prudente”, “le llamó la atención la pregunta del Mandatario, ya que el proceso está reglado en la Constitución y con el rechazo de la Cámara Alta a otra candidata, lo que corresponde es que el Ejecutivo devuelva el oficio y volvamos a rellenarlo, como pasó la vez pasada”.
Fuente: El Mostrador.