Misterio sin resolver

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Susana Villarán con carta libre para salir del país: Poder Judicial rechaza pedido y le impone restricciones

Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional rechazó el impedimento de salida del país contra la exalcadesa, y le impuso una serie de restricciones y el pago de una caución económica de S/20,000.

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró infundado el pedido del Ministerio Público para dictar impedimento de salida del país por 36 meses a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y otros investigados.
No obstante, dicha instancia del Poder Judicial declaró fundado en parte el requerimiento fiscal e impuso a la exburgomaestre una serie de restricciones y el pago de una caución económica de S/20,000.
Sin embargo, el juzgado declaró fundado en parte el requerimiento fiscal y dictó impedimento de salida por dos meses contra Miguel Prialé, José Miguel Castro, Diego Ferré Murguía, Daniella Canales Hernández y Augusto Rey Hernández de Agüero.
Las medidas se aprobaron en el marco de la investigación contra Villarán de la Puente sobre la adenda 1 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla.
Dicho caso fue acumulado en las pesquisas que se realizan contra la exalcaldesa por supuestamente recibir aportes de la empresa Odebrecht para la campaña del No a la revocatoria y su reelección en el 2014.
En abril pasado el juez Jorge Chávez Tamariz accedió a la petición del fiscal José Domingo Pérez. En la investigación por este caso están comprendidos Villarán, José Miguel Castro y Domingo Arzubialde por el delito de colusión.
A Susana Villarán se le imputa haber solicitado a través de Castro al presidente de la empresa OAS, José Adelmario Pinheiro Filho, dinero para incumplir las obligaciones funcionariales a su cargo, en relación con estas negociaciones irregulares.
OAS tiene la concesión del proyecto Línea Amarilla, y en la gestión de Villarán se firmó una adenda para ampliar de 30 a 40 años la concesión del peaje. En tanto, Odebrecht, como accionista del proyecto Rutas de Lima, firmó contrato con la Municipalidad de Lima en enero de 2013.
Por estos hechos, Susana Villarán es procesada por los delitos de cohecho pasivo propio, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos, vinculados a la presunta recepción de dinero de parte de la constructora brasileña.
Fuente: Diario Gestión.

El rondero delincuente y su cercanía a Sendero

Por Mariella Balbi- Diario EXPRESO.
Durante la campaña electoral, Pedro Castillo se presentó con orgullo como rondero. Muchos conocían la violencia de estos grupos, afincados principalmente en Cajamarca, Lambayeque y Piura. Lo confirmó el reciente secuestro de periodistas que informaron sobre la actuación ilegal de la “cuñada-hija” de Castillo en el cajamarquino distrito de Chadín.
Esos ronderos deberían estar presos por privar de su libertad a los hombres de prensa. La inacción policial y fiscal es cómplice de los delincuentes. También lo es respecto a la barbarie cometida contra siete campesinas cajamarquinas. Una gavilla ronderil las capturó en Lambayeque por ser consideradas hechiceras. Las colgaron de una soga, las desnudaron, las torturaron. Un salvajismo que TODO el país debería rechazar. Pero en ninguno de los dos casos ha habido algún detenido.
Peor aún: la ministra de la Mujer, declarada feminista –aunque en la práctica no lo es– no ha hecho nada por estas campesinas que vivieron el ataque de esos pandilleros rurales. Para ella, esas mujeres no tienen derechos, no le inquieta la descarga de odio e inhumanidad que padecieron.
Sí se agita para defender a la cuestionada primera dama, Lilia Paredes, ante una notable imitación del cómico Carlos Álvarez (una de las mejores que le hemos visto, no perderla), donde desnuda las trapacerías que Paredes ha venido cometiendo desde el poder que detenta. La ministra usa el argumento de discriminación como si evidenciar los actos dolosos de la esposa de Castillo fuera una segregación.
Castillo enmudeció ante los flagrantes delitos ronderiles. Queda claro que las rondas mencionadas son funcionales a este gobierno: el ejército popular del mandatario. Se imponen a la mala como lo hizo Sendero Luminoso. Resguardan zonas de narcotráfico y de terrorismo. Y anuncian que estarán en Lima el 28 de julio para defenderse y alentar la tonta propuesta de una segunda reforma agraria impulsada por el gobierno. Amenazan con violencia.
No olvidar que en diciembre hicieron su congreso nacional y exigían una asamblea constituyente. Además, en diciembre pasado se reunieron con el entonces ministro del Interior para “coordinar un trabajo conjunto entre la Policía y las rondas” de Cajamarca, Amazonas y Piura. Tienen acceso al Mininter, pese a que se sabe que los ronderos chicotean a los policías.
Castillo ha ido abriéndole espacio a las mal llamadas organizaciones sociales como la Fenatep y las rondas que a su vez se vinculan con los prefectos y subprefectos. El programa neosenderista avanza. Lo confirma la arremetida a la Derrama Magisterial que quiere expropiar y manejar políticamente. El ministro de Educación se sacó la careta y no valida el padrón de 250,000 profesores que presentó el SUTEP como afiliados. Demostraría que son el sindicato mayoritario y que la Fenatep-Movadef no puede ser reconocida.
Gracias a la prensa independiente, Zamir Villaverde –el otrora comparsa de las pillerías de Castillo y su banda familiar, amical y chotana– dio a conocer los latrocinios de esta organización criminal dirigida por quien funge de Presidente. El detritus seguirá apareciendo.
Si la fiscal de la Nación hace su trabajo, acusando constitucionalmente.

Pleno aprueba informe que recomienda acusar constitucionalmente al presidente Castillo

Con 72 votos a favor y 40 en contra.

El Pleno del Congreso de la República aprobó el informe final de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que recomienda acusar constitucionalmente al presidente de la República, Pedro Castillo.
El documento fue aprobado con 72 votos a favor, 40 en contra y 0 abstenciones. Anterior a ello se presentó una cuestión previa para votar las recomendaciones del informe por separado, la cual fue rechazada con 39 votos a favor y 70 en contra.
Tras ello, también se presentó un recurso de reconsideración de la votación, la cual fue rechazada con 70 votos en contra y 42 a favor.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura, tuvo a su cargo la exposición del informe final sobre los presuntos hechos ilícitos de vulneración al principio de transparencia del cargo del presidente de la República y el ex secretario general del despacho presidencial, Bruno Pacheco.
El referido grupo de trabajo concluyó acusar al mandatario por delito de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en relación a los casos Sarratea, Puente Tarata y otros.
Según el informe, Castillo, Pacheco, el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López “estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados” de las licitaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Fuente: Agencia de Noticias Andina.

Pedro Castillo: Congreso aprueba recomendar acusar constitucionalmente al presidente por delitos comunes

Por 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, el Pleno dio luz verde al informe final en mayoría aprobado en la Comisión de Fiscalización.

El Congreso de la República aprobó acusar constitucionalmente al presidente Pedro Castillo ante la Fiscalía de la Nación por delitos comunes.
Por 72 votos a favor, 40 en contra y cero abstenciones, la representación nacional dio luz verde al informe final en mayoría aprobado en la Comisión de Fiscalización de ese poder del Estado.
Asimismo, por 39 votos a favor, 70 en contra y cero abstenciones, se rechazó una cuestión presentada por Álex Paredes (Bloque Magisterial) para votar por separado las recomendaciones referidas a formular acusación constitucional contra Castillo Terrones por delitos comunes.
El informe final contiene las conclusiones y recomendaciones de las investigaciones en torno a presuntos hechos irregulares que habría cometido Castillo Terrones, ministros y personajes del entorno presidencial en los casos denominados “Casa Sarratea y SBN”, “Puente Tarata III” e “Injerencias en ascensos en las Fuerzas Armadas”, “Injerencias ante el superintendente de la Sunat” y “El hallazgo de 20 mil dólares en Palacio de Gobierno”.
En el Caso Sarratea, la Comisión de Fiscalización recomendó a la Comisión Permanente del Congreso denunciar constitucionalmente ante el Pleno a Pedro Castillo por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Asimismo, también recomienda formular acusación constitucional contra el exministro Juan Carrasco Millones por la presunta comisión de los delitos de aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.
Respecto al Caso Puente Tarata II, la Comisión de Fiscalización propone formular acusación constitucional contra el mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
Se recomienda lo mismo para el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva Villegas, además de remitir el informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que emita el pronunciamiento correspondiente sobre la situación de Castillo Terrones.
En las conclusiones, el informe señala que está corroborado que, desde el 28 de julio 2021, el jefe de Estado lidera una organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares que estaría enquistado en el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La comisión asegura que valiéndose de información privilegiada en materia de contrataciones designación de funcionarios y otras facultades, el mandatario habría cometido delito de colusión condicionando el otorgamiento de contrataciones a favor de determinados postores a cambio de beneficios de índole económico.
Fuente: Diario El Comercio.

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