Socia del subsecretario general de Palacio de Gobierno contrató con la DINI
Por Oscar Libón- Diario El Comercio.
El subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, quien seria parte del denominado “Gabinete en la sombra” del presidente Pedro Castillo tiene como socia a Marlene Paz en la empresa Milabed SAC.
Paz, a nombre de una empresa distinta, y otra compañía de su esposo Carlos Bravo obtuvieron órdenes de compra de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) entre agosto y dicembre del 2021, durante la actual administración gubernamental.
Entre diciembre y enero último, Camacho recibió la visita del director de la DINI, el expolicía chotano José Fernández Latorre, al menos en 20 oportunidades, de acuerdo con los registros del Despacho Presidencial.
La DINI, el maximo organo de inteligencia del país -erigido sobre el desactivado Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)-, maneja un presupuesto anual de más de S/70 millones, de los cuales alrededor de S/24 millones son destinados a “gastos de naturaleza reservada”, cuya fiscalización es restingida por seguridad nacional.
Beder Camacho y Marlene Paz constituyen la compañía Milabed SAC en 2015, cuando el funcionario tenía cuatro años de labores en la sede de gobierno, y donde ingresó como asistente de Trámite Documentario y Archivo en el 2011, en el mandato de Ollanta Humala. Esta empresa tiene como actividad principal brindar consultorías en la elaboración de expedientes tecnicos para construcciones.
Antes de integrar al círculo de confianza del presidente Castillo, el subsecretario general ocupó en Palacio de Gobierno otros cargos administrativos: jefe de Trámite Documentario y Archivo, responsable de Almacén y director de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria.
El miércoles 2 de Febrero de este año, fue designado secretario general encargado en el Despacho Presidencial, después de la salida del abogado Carlos Jaico de ese puesto.
Beder Camacho y Marlene Paz constituyen Milabed SAC en Noviembre del 2015.
Nexos y compras
El esposo de la socia de Beder Camacho es Carlos Bravo Vigo, quien además tiene un vínculo amical con el funcionario de Palacio de Gobierno desde hace varios años. Incluso a Camacho y Bravo se los ha visto juntos en reuniones de la organización masónica Gran Logia del Perú según fuentes consultadas por El Comercio.
El conyuge de Paz también está relacionado con miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos altos oficiales del Ejército, añadieron las fuentes.
Bravo es socio y gerente general de Mega Medical SAC, desde su fundación en el 2000. Esta empresa se dedica fundamentalmente a “la venta, distribución, commercialización y servicios en general de productos farmacéuticos, veterinarios, artículos de tocador, limpieza, higiene y afines” de acuerdo al documento de su creación.
Beder Camacho (corbata roja) y Carlos Bravo (derecha), dueño de Mega Medical SAC, en una reunion de la organización masónica Gran Logia del Perú. Foto: Facebook/ Marlene Paz.
En el gobierno de Castillo, la DINI emitió dos órdenes de compra a favor de Mega Medical SAC para adquirir “medicación” y “medicinas para bolsones de emergencia”. Los montos de estas adquisiciones sumaron S/4,841, según reportes del ente de inteligencia. La primera operación se realizó el 13; y la segunda, el 16 de Diciembre.
Ese mismo día de diciembre, el jefe de la DINI, José Fernández, registra una visita al secretario encargado del Despacho Presidencial desde las 8 pm hasta las 10:23 pm. Como motivo de su ingreso se consignó: reunión.
Marlene Paz, socia del funcionario de Palacio de Gobierno, posee otra compañía cuya razón social es Asia Group EIRL, constituida en el 2005, en la cual figura como única titular y gerenta. Esta compañía comercial tiene una finalidad similar a Mega Medical SAC: la venta y commercialización de productos farmacéuticos, así como de equipos y material medical y hospitalario.
La DINI hizo una adquisición a Asia Group EIRL, también mediante una orden de compra. El documento fue emitido el 13 de agosto, el mismo día en el que se compraron productos a Mega Medical SAC, la compañía de su esposo. La suma de la compra fue de S/7,645.
Registro de la orden de compra emitida por la DINI a favor de la empresa de la socia de Beder Camacho.
El monto total de los referidos contratos con las empresas de Paz y de su conyuge Bravo ascendió a S/12,486. La modalidad aplicada fue la de la contratación directa; es decir, sin un proceso de selección previodebido a que la suma de cada adquisición era inferior a ocho unidades impositivas tributarias (UIT), S/35,200.
Este Diario trató de recoger la version de Beder Camacho y del director de la DINI, pero no hubo respuesta a las llamadas y mensajes hasta el cierre de edición. En el caso de los empresarios mencionados, indicaron que podrian brindar declaraciones en los siguientes días.
Consultado al respecto, el abogado Carlos Caro opinó que existen indicios del presunto delito de colusión desleal, pues pudo haber un interés indirecto de Camacho para tratar de favorecer a su socia ya su amigo en contrataciones con entidades estatales. “Es suficiente por que la fiscalía inicie una pesquisa” anotó.
“[El referido acto ilícito] se configura cuando un funcionario se colude con el privado y producto de ello lo favorece en una contratación pública […] en perjuicio del Estado” dijo el penalista a El Comercio.
Carlos Bravo es ingeniero agronomo; y su conyuge Marlene Paz, ingeniero industrial. Foto: Facebook / Marlene Paz.
En tanto, Eduardo Herrera, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), consideró que it necesario identificar si la DINI realizó un estudio de mercado antes de emitir las referidas órdenes de compra, y además analizar el historial de operaciones comerciales de las firma mencionadas, proveedoras de entes públicos.
En el gobierno de Vizcarra
Mega Medical SAC y Asia Group EIRL registran contratos con el Despacho Presidencial en la gestión del destituido mandatario Martín Vizcarra, cuando Beder Camacho era funcionario en la sede de gobierno. Entre las fechas de 2019 y julio de 2020, estas empresas fueron requeridas para completar el pedido y servicio por S/32,301 en total.
Sucesión de hechos
2011
Beder Camacho ingresa a laborar en la oficina de Trámite Documentario y Archivo de Palacio de Gobierno.
2015
9 de noviembre: Beder Camacho y Marlene Paz fundan Milabed SAC.
2021
28 de julio: Pedro Castillo asume la presidencia de la República.
13 de agosto: La DINI emite órdenes de compra a favor de Asia Group EIRL, constituida por Marlene Paz en 2005, y de Mega Medical SAC, creada por su esposo Carlos Bravo en el 2000.
16 de diciembre: El órgano de inteligencia vuelve a requerir productos a Mega Medical SAC. El mismo día, el jefe de la DINI, José Fernández, visita a Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial, desde las 8 pm hasta las 10:23 pm.
El imperio universitario de los Amuruz
La congresista de Avanza País ha venido votando en favor de las leyes que debilitan a la Sunedu. Lo que Rosselli Amuruz no ha contado son los millonarios intereses de su familia en el negocio educativo.
Por El Foco.pe
“Por que era un abuso del tema caviar”, respondió la congresista Rosselli Amuruz al ser preguntada la semana pasada por su voto a favor de los proyectos de ley que debilitan a la Sunedu. Lo que no contó la legisladora de Avanza País es que con su voto favoreció a dos negocios de padre, la Universidad Peruano Alemana (UPAL) y la Escuela de Cine (EPIC), además de una universidad en donde ella era hasta hace poco apoderada: la Universidad Politécnica Amazónica.
Las gestiones de Amuruz en contra de la Sunedu no solo se restringen a sus votaciones en el pleno, sino también a visitas que recibió en su despacho. La legisladora se ha reunido con personas ligadas a la universidad de su padre y representantes de universidades con licencias denegadas, como es el caso de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.
El pasado 4 de octubre Amuruz recibió a Violeta Teresa Coronel Urbano, representante de la Asociación Civil de Graduados y Egresados Garcilasinos, gremio que acusa de “discriminación” a la Sunedu y que fomenta la aprobación de una ley que da “segunda oportunidad” a las 34 universidades que no recibieron el licenciamiento.
Resolución de la Sunedu denegando, en diciembre del 2021, a la UPAL la autorización para dictar dos carreras universitarias.
Amuruz también ha recibido a Alfredo Yamazaki Jara, fundador de la Asociación AEMI-UPAL. Según registros, Yamazaki visitó a la legisladora en tres ocasiones: el 12 de octubre, el 18 de noviembre y el 21 de diciembre. La Asociación promueve que jóvenes de Madre de Dios estudien en la Universidad Peruano Alemana (UPAL), de propiedad de Roger Amuruz.
La UPAL es una universidad que ha pasado por diversas manos, pero muy poco tienen que ver con alemanes. Primero fue de la familia Peláez Bardales, luego del Grupo El Comercio, después fue vendida a los De Ferrari -dueños de KFC, Pizza Hut, Chilis- y, desde noviembre del 2020, está en manos de Estudia.pe, grupo financiado por Roger Amuruz.
La universidad tiene licenciamiento desde el 2019, pese a que, durante ocho años, no funcionó. La UPAL actualmente cuenta con 200 estudiantes y funciona en un local en Chorrillos que antes fue una ferretería. Sin embargo, Roger Amuruz está decidido a inyectarle millones de dólares. La UPAL acaba de adquirir el local de la Fundación Telefónica, que tiene 6 mil metros cuadrados y está ubicada en plena cuadra 11 de la avenida Arequipa.
Después de estar ubicada en una exferretería, ahora la UPAL ha comprado su nueva sede en la Avenida Arequipa, en lo que antes era la Fundación Telefónica. (Foto: Fiorella Cubas)
Para mudarse de local y ampliar su oferta educativa, la UPAL debe contar con la autorización de la Sunedu. La institución que dirige el superintendente Oswaldo Zegarra es la guardiana de la calidad educativa, y ya ha negado dos solicitudes presentadas por la UPAL para ofrecer más carreras universitarias. Votar en contra de la Sunedu, como lo ha hecho Roselli Amuruz, es, quiera o no, apoyar el emprendimiento de su padre.
Consultado por EL FOCO sobre cuánto dinero se ha invertido en el nuevo local, el director de la UPAL, José Castillo Carazas, indicó que “no tiene por qué dar dicha información”. Sin embargo, comentó que el dinero proviene de inversionistas peruanos y de otros fondos de inversión. Además, sostuvo que la UPAL recibió 900 mil soles del programa Reactiva Perú.
Respecto a sus nexos con la congresista Amuruz, reconoció que sí la conoce y que se han reunido anteriormente, aunque no para ver temas relacionados a la UPAL. “Sí claro (la conozco) (…) No durante su periodo, la he conocido anteriormente, conozco al ingeniero Amuruz, conozco a su hija, pero ella no va a reuniones del directorio o eventos de la UPAL. No existe un registro de la congresista Amuruz intercediendo por nosotros”.
Los tres centros de estudios vinculados al apellido Amuruz: la UPAL, la Universidad Politécnica Amazónica y el instituto EPIC.
Castillo Carazas, director de la UPAL, en el pasado también fue presidente ejecutivo de la Universidad Alas Peruanas y, según el Semanario Hildebrandt en sus Trece, en el 2018 fue gerente general de la empresa Focus Asesores Empresariales, una consultora que ayudó en los informes financieros de consistencia patrimonial de la UAP en medio del escándalo por lavado de activos en torno a Joaquín Ramírez y los aportes a Fuerza Popular.
Pero Castillo Carazas no es el único funcionario que trabaja en la UPAL y que proviene de la denegada Universidad Alas Peruanas. Ronald Valdivia Lau, ex asesor legal de la Universidad Alas Peruanas, ahora es director legal de la UPAL; y Luis Málaga, quien antes era abogado corporativo de la Universidad Alas Peruanas, ahora es Defensor Universitario de la institución de Roger Amuruz.
Pero la UPAL no es la única universidad donde salta el apellido Amuruz. La Universidad Politécnica Amazónica, localizada en Bagua Grande y fundada en el 2012, también ha estado relacionada a la familia. Y es que Roselli Amuruz fue vicepresidenta del Directorio y asesora legal de la institución. En enero del 2020, Sunedu denegó la licencia a la universidad por incumplir cinco condiciones básicas de calidad: infraestructura, planeación, reglamentos de seguridad, falta de docentes y ausencia de bolsa de trabajo.
Roger Amuruz, padre de la congresista de Avanza País, es un dueño de un holding empresarial y viaje en su avioneta privada. (Foto: Difusión)
La legisladora también fue presidenta del directorio y apoderada de la Escuela de Cine y Artes Visuales de Lima S.A.C (EPIC), un instituto que imparte carreras en producción cinematográfica, pero que a la fecha tampoco ha sido licenciado por el Ministerio de Educación.
Según la Resolución Ministerial N° 074-2021, en febrero del año pasado se desestimó el licenciamiento de EPIC como instituto superior privado porque no cumplía con las condiciones básicas de calidad en varios extremos: infraestructura, solidez organizativa, docentes idóneos y finanzas. El ministerio de Educación (Minedu) también rechazó sus dos únicos programas de estudio y su local, ubicado en Barranco. Así, el Minedu dispuso que dicho instituto no pueda iniciar nuevas convocatorias después del primer semestre de año, solo hasta que pueda conseguir su licencia.
El representante legal de EPIC, y primo de la congresista, Richard Dulanto Vega, apeló en febrero la decisión, pero este, finalmente, declaró infundada su reconsideración a fines de mayo del 2021. Aunque Rosselli Amurúz fue apoderada legal y presidenta de directorio de la EPIC, a la fecha no tiene acciones en dicho centro, pero sí su padre, quien es dueño del 51%.
Desde el Congreso hay un contragolpe contra la Sunedu y la reforma universitaria. El 11 de noviembre del 2021, se discutió extender el bachillerato automático, y Amuruz votó a favor. La congresista de Avanza País también apoyó el proyecto que extendió hasta el 2023 el plazo para que los docentes universitarios obtengan los grados académicos de maestría y doctorado, requisitos imprescindibles para la enseñanza universitaria.
La congresista Rosselli Amuruz en un evento en Madre de Dios junto a su padre Roger y su asesor José Cevasco, ex oficial mayor. (Foto: Difusión).
Amuruz tiene a la fecha dos proyectos importantes de su autoría evaluándose en comisiones. Uno de ellos es el PL Nº 197/2021-CR, que intenta modificar la Ley General de Educación. La iniciativa presenta un claro conflicto de intereses debido a que la congresista y su familia tiene negocios en el sector. Pero, eso parece importarle poco a Amuruz, quien la semana pasada presentó un proyecto para exhortar al presidente Pedro Castillo a que renuncie. Fuentes cercanas a la congresista señalaron a EL FOCO que quien la asesora en temas legislativos es el ex oficial mayor del Congreso, José Cevasco.
El pasado 2 de febrero, Rosselli Amuruz volvió a votar a favor del paquete de proyectos que proponen la reestructuración del Consejo Directivo de la Sunedu. En la lista de proyectos por entrar a debate al pleno, también hay uno para dar un Plan de Emergencia a las universidades no licenciadas. La Universidad Politécnica Amazónica, de la que Amuruz fue vicepresidenta y apoderada, tendrá otra oportunidad. Y pasaría lo mismo con el instituto EPIC.
Y si, además, la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL) logra ampliar su la licencia para operar en su nuevo local y aprobar más carreras, la inversión educativa de los Amuruz seguirá viento en popa.
EL FOCO intentó contactarse con Rosselli Amuruz, quien fue considerada a inicios de este año por El Comercio como la congresista “más activa en función de fiscalización”, sin embargo, ella optó por el silencio. También intentamos conversar con su padre Roger Amuruz, vía José Castillo Carazas de la UPAL, pero la respuesta nunca llegó.