Kené versus Tamshi

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Sentencian a defensora ambiental

La Defensora ambiental ingeniera Lucila Pautrat Oyarzún fue condenada a dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de un año y al pago de 50,000 soles y 240 días multa debido a la denuncia interpuesta por la empresa Tamshi SAC.
Esta decisión se dio luego de que el Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por el juez Jonathan Walter Pacherres, diera la razón a la empresa que tiene como giro comercial la distribución de cacao procedente de Loreto a la capital.
Las operaciones de Tamshi SAC se ubican en la localidad de Tamshiyacu, en el distrito loretano de Fernando Lores. En este lugar, desde 2013, el empresario checo-estadounidense Dennis Melka empezó a invertir en Cacao del Perú Norte SAC y, dos años después, fue involucrado en una investigación por la deforestación de más de 13 mil hectáreas de bosques amazónicos en Loreto y Ucayali. Luego, la firma cambió de nombre (en marzo de 2018) y fue adquirida por Tamshi SAC.
Fuente: LimaGris.com

OTRO FRACASO DEL DEFENSOR DE PEDÓFILOS CARLOS RIVERA

Poder Judicial condena a Lucila Pautrat, y su ONG KENÉ, por difamación agravada contra empresa de cacao TAMSHI. Mientras, abogado de sentenciada, Carlos Rivera Paz, supuesto defensor de los derechos humanos, fue suspendido de su propia ONG IDL por defender a presunto pederasta en claro caso de doble “ética”.

El 43º Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, condenó a Ángela Lucila Pautrat Oyarzún a dos años de pena privativa de la libertad suspendida, al pago de 240 días-multa y al pago de 50 mil soles como reparación civil. El motivo de esta sentencia, dictada el viernes 26 de marzo de 2021, fue haber cometido el delito de difamación agravada contra la empresa cacaotera TAMSHI. La resolución judicial incluye a la ONG Kené, dirigida por Pautrat, en tanto fue incorporada como tercero civilmente responsable.
Poco después de conocerse esta sentencia condenatoria, se supo que el abogado de Lucila Pautrat, el muy mediático Carlos Rivera Paz que siempre se ponía encima de todos, coordinador de la ONG IDL, fue separado de su propia ONG por lo que constituye falta grave y vulneración del código de ética, por desmerecer el testimonio de una niña que acusa a su padrastro de haberla agredido sexualmente. Esto es un claro caso de doble ética por un supuesto gran defensor de los más vulnerables.
La sentencia de Pautrat
En la sentencia condenatoria el juez recordó que Lucila Pautrat difundió contenidos injuriosos y difamatorios en enero de 2019 por medio de la página web de Kené, señalando -entre otras aseveraciones totalmente falsas– que TAMSHI había “empezado intensivas campañas de acoso y amedrentamiento contra los agricultores locales” y “se encuentra operando ilegalmente sin autorización ambiental”. De esa manera calumniosa la sentenciada quería intencionalmente perjudicar y dañar la reputación de la empresa.
“Esta sentencia pone las cosas en su lugar, pues reconoce que Lucila Pautrat mintió al señalar calumniosamente que TAMSHI realizaba intensivas campañas de acoso y amedrentamiento contra los agricultores locales. La señora Pautrat mintió al Poder Judicial, difamó y difundió acusaciones falsas de manera repetida en contra del honor y buena imagen de la empresa. Las 2,500 personas que dependen económicamente de TAMSHI también se han sentido afectadas por la campaña de calumnias orquestada por la ONG Kené. Todo esto para perjudicar y dañar a inocentes. Asumimos que esta sería su forma de inventar una ficción para conseguir más donaciones internacionales”, señaló Erick Palao Vizcardo, abogado de la empresa TAMSHI.
“Lucila Pautrat trató de eludir su responsabilidad penal a través de pedidos fraudulentos de garantías que fueron rechazados por ser totalmente fabricados. Durante la investigación se comprobó que los pobladores supuestamente afectados (aparentemente instrumentalizados por Pautrat) nunca fueron amenazados ni coaccionados por las personas que Pautrat denunció, y que ni siquiera conocían a las personas denunciadas por Pautrat”, explicó el abogado de la empresa TAMSHI.
“Libertad de expresión” no quiere decir que se pueda difundir mentiras, falsas acusaciones, abusar del Poder Judicial con falsas denuncias, o “patrocinar” a personas para que denuncien a otras sin fundamento, para destruir el honor de los demás.

El caso del abogado defensor de pedófilos

En el caso del abogado Carlos Rivera, defensor de Lucila Pautrat, la propia ONG que usa como plataforma, IDL, comunicó su suspensión incluyendo sus funciones directivas. Según señaló la organización, Rivera patrocinó a un inculpado de delitos de abuso sexual contra niña de 10 años y pretendió desvirtuar el testimonio de esta niña que acusa a su padrastro de haberla agredido sexualmente. En un comunicado, IDL consideró que “este hecho constituye una falta grave y una vulneración a nuestro código de ética”, lo que demostraría un claro caso de doble moral y falta de respeto a los principios elementales.
La madre de la menor se pronunció rápidamente sobre el accionar deleznable de este sujeto que se presentaba como defensor de los derechos de los más vulnerables: «No entiendo como un abogado defensor de DD.HH. puede defender a un acusado por violar a una niña, además, poniendo en duda lo que mi hija ha descrito con lujo de detalles en la investigación fiscal».
Antecedentes: Campaña de acoso mediático sin fin e ilícita por parte de Kené y sus patrocinadores
En el año 2016 la pseudo ONG alemana “Salva la Selva” -la cual es una de las financistas de Kené ONG liderada por Lucila Pautrat- fue condenada por un Tribunal de Hamburgo (Alemania) por difamar a TAMSHI al difundir falsas acusaciones de deforestación y de amenazas. “Pese a ello, Kené, dirigida por Lucila Pautrat y financiada por ‘Salva la Selva’, vuelve a difamar a TAMSHI por medio de las mismas mentiras en el Perú. Si Alemania condenó esa difamación ¿por qué el Perú tendría que dejar impunes las mismas mentiras? Es tiempo que estos actos ilegales de difamación sean paralizados, y que la impunidad de la cual Pautrat abusa, finalmente se detenga”, contó el abogado.
Asimismo, como es de conocimiento público, nunca hubo tala ilegal en Tamshiyacu. Son ya tres resoluciones judiciales consecutivas (2015, 2017 y 2020) que descartan las falsas acusaciones de la Fiscalía y del Procurador del MINAM, alimentados por las falsas denuncias de Lucila Pautrat. Éstas ostentan la condición de Cosa Juzgada, y ratifican lo mismo: (i) Nunca hubo tala ilegal; (ii) Resultaba imposible que las áreas de los predios tengan características de bosques primarios y menos aún, se trate de una deforestación en el Fundo Tamshiyacu; (iii) Las tierras que componen el Fundo son de uso y aptitud agrícola desde 1987 ya que fueron adjudicadas por el Estado como tales mediante el Decreto Legislativo N° 838, que reconoce a esos predios como agrícolas desde hace más de 25 años.
Hablan los tamshiyaquinos
Consultados sobre la sentencia, representantes de Tamshiyacu se pronunciaron.
El alcalde de Tamshiyacu, Cléver Ruiz, señaló: “Como autoridad manifiesto que la comunidad está contenta porque se hizo justicia contra la impunidad de unos pseudo – activistas sin escrúpulos. Es el segundo caso que TAMSHI gana por difamación. Es increíble que Lucila Pautrat pretenda victimizarse, cuando no es víctima sino una persona que miente y lo único que busca es que la población se quede sin trabajo y sin desarrollo”, enfatizó.
Segundo Huaycama, agricultor de la comunidad de Terrabona, donde más de 30 familias tuvieron sus títulos de propiedad y la luz por primera vez en su vida gracias a la generosidad de la empresa, destacó que “desde hace muchos años la señora Pautrat viene difundiendo mentiras y difamaciones con el fin de desprestigiar a la empresa y posicionarse para recabar más dinero del extranjero. Esta señora -que se dice ambientalista- solo quiere dejarnos sin trabajo, no quiere que nuestro futuro mejore”.
Reparación civil para la gente y los niños
TAMSHI anunció que la reparación civil en el caso de la sentencia por difamación será donada en calidad de bienes educativos a las escuelas de Tamshiyacu.
Finalmente, TAMSHI reafirmó su compromiso de trabajar para producir el cacao más fino del Perú, de manera sostenible, social y ambientalmente responsable; y que trabaja y apoya a ONGs (reales) sobre temas de educación y salud. TAMSHI genera impacto social y económico positivo en Loreto, y contribuye significativamente a la mejora de la calidad de vida de las comunidades locales en la que opera a través de empleo formal, capacitación constante, educación, salud básica y empoderamiento.
Fuente: LaAbeja.pe

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