Los contratos de Vladimir Cerrón

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Por César Prado*- IDLReporteros.pe
Vladimir Cerrón, fundador y secretario general del partido Perú Libre, contrató a dedo y por montos millonarios a empresas vinculadas a una sola familia. Ello sucedió entre el 2011 y el 2014, cuando ocupó por primera vez el cargo de gobernador regional de Junín.
El más notorio de los integrantes de esa familia es el hoy prófugo Miguel Ángel Quispe Palomino, quien registra dos ingresos al penal por robo agravado y colusión. En el 2015 una comisión del Congreso encabezada por Rosa Mavila investigó a este por sus posibles nexos con el narcotráfico.
Vladimir Cerrón promovió la construcción de un aeródromo regional en Huancayo sin el visto bueno del MEF (Foto: Grupo El Comercio).

Gran aeródromo Wanka

Una de las promesas de campaña de Cerrón en las elecciones regionales y municipales del 2010 fue la construcción de un aeropuerto internacional en la ciudad de Huancayo. Por ello, al poco tiempo de asumir el cargo, sustentó esta propuesta ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Sin embargo, no todos sus paisanos estuvieron de acuerdo. El 30 de agosto del 2012, se suscitaron violentas protestas en Jauja en rechazo a la propuesta de Cerrón ya que se contraponía a la modernización del aeródromo Francisco Carlé de esa ciudad. La agitación social provocó un muerto y cuarenta heridos.
Tras el luctuoso acontecimiento, el MTC canceló los estudios técnicos y archivó el proyecto por tiempo indefinido. Pero Cerrón no se amilanó y, cambiando la denominación de aeropuerto internacional por el de aeródromo regional, insistió en llevar a cabo la obra sobre un terreno localizado a 15 kilómetros de Huancayo. “Al final, con un nombre u otro, el aeropuerto internacional será una realidad, para lo cual seguiremos trabajando en conseguir los terrenos de Orcotuna y Sicaya”, indicó durante una ceremonia de diciembre del 2012 refiriéndose a la zona donde tenía proyectada su construcción.
Fue entonces cuando hizo su aparición el consorcio “Gran Aeródromo Wanka”. En septiembre del 2013, tres empresas (GMN, Corporación Zayonn Contratistas y UNOS OG) agrupadas bajo esa denominación presentaron una iniciativa privada al Gobierno Regional de Junín con la promesa de hacer realidad la anhelada obra de Cerrón. El monto de inversión comprometido para la construcción del aeródromo fue de 366 millones de soles y el plazo de ejecución se fijó en dos años. A cambio, el consorcio solicitaba la cesión del título habilitante o permiso para operar por 15 años renovables.
Cerrón aceptó las condiciones y dio autorización para la ejecución privada de la obra sin consulta previa al Ministerio de Economía y Finanzas ni a la Dirección General de Aeronáutica Civil, dos entidades competentes en acuerdos de ese tipo. El nuevo proyecto fue objeto de cuestionamientos. La alcaldesa de Orcotuna, Natali Macha Tacza, denunció que funcionarios del Gobierno Regional de Junín amenazaban a los agricultores con quitarle sus terrenos si no aceptaban vendérselos al consorcio para llevar a cabo la obra.
Terrenos de Orcotuna y Sicaya, a 15 kilómetros de Huancayo, donde Cerrón planeaba la construcción del aeródromo (Foto: Junior Meza).
A la autoridad edil se sumó después Mónica Galván, vocera de la Dirección General de Aeronáutica Civil. “La construcción de cualquier tipo de aeropuerto, privado o público, necesariamente tiene que contar con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil”, declaró al diario El Comercio en abril del 2013. Pero Cerrón hizo caso omiso a las voces contrarias y autorizó la continuación del trámite. El 20 de mayo del 2014, pocos días antes de solicitar una licencia para tentar la reelección al cargo de gobernador, el fundador de Perú Libre firmó el contrato de cesión de título habilitante con el consorcio “Gran Aeródromo Wanka”.
Tras ello, el caso fue investigado por el congresista por Junín, Jesús Hurtado Zamudio (Fuerza Popular), y por la Contraloría General de la República. Ambas pesquisas ratificaron que el proyecto se aprobó sin sustento técnico ni legal y sin la conformidad del MTC. La Contraloría inició entonces un proceso administrativo contra cuatro funcionarios de la gestión de Cerrón por presunto beneficio ilegal a favor del consorcio. Entre ellos, Henry López Cantorín, gerente general del Gobierno Regional, y Aldrín Zárate Bernuy, Gerente de Desarrollo Económico.
El contrato con el consorcio “Gran Aeródromo Wanka” fue suscrito el 20 de mayo del 2014, pocas semanas antes de que Cerrón solicitara licencia para tentar la reelección al GORE Junín.
Ambos, miembros activos de Perú Libre, afrontaron la investigación al mismo tiempo que postulaban a las alcaldías de los distritos de Huancayo y El Tambo, respectivamente. Aunque en una primera instancia fueron inhabilitados para ejercer la función pública por cinco años, en el 2017 un Tribunal de Apelaciones de la Contraloría levantó la sanción. López y Zárate argumentaron en su defensa que ellos no habían participado en las fases decisivas de la adjudicación de la buena pro, pero no cuestionaron los vicios de fondo en el proceso. La prensa regional, por su parte, investigó a los miembros del consorcio.
Entonces se hizo público que dos de las empresas del consorcio estaban vinculadas a Miguel Ángel Quispe Palomino, un empresario que al mismo tiempo afrontaba una investigación por colusión con el Gobierno Regional de Pasco por el presunto favorecimiento a una de sus empresas en la ejecución de la carretera Huachón-Huancabamba, en el 2012. Las empresas vinculadas a Quispe Palomino eran GMN –que tiene como accionista principal a Nataly De la Vega Estrada, con quien Quispe Palomino tiene un hijo–, y Corporación Zayonn Contratistas, de Tito Jacinto Quispe Palomino, hermano menor del empresario.

Carretera Chupuro-Huasicancha

Al mismo tiempo que se concedía el aeródromo regional, otra empresa vinculada a Quispe Palomino obtuvo un contrato a dedo con el Gobierno Regional de Junín. Se trataba del mejoramiento de la carretera Chupuro-Huasicancha, valorizada en 111 millones de soles. La segunda etapa de la obra (62 millones) fue entregada a través de una asociación público-privada al Consorcio Mibranyam el 27 de septiembre del 2013. Según este esquema, el 70% de los gastos correrían a cargo del Gobierno Regional y el 30% restante por cuenta del consorcio.
El consorcio Mibranyam estaba integrado por tres empresas, todas relacionadas con Quispe Palomino. Mibranyam Contratistas Generales, donde Quispe Palomino figura como representante legal; Inversiones Maq E.I.R.L, en la que Quispe Palomino desempeñó el cargo de gerente general, y Corporación Zayonn Contratistas, a nombre de su hermano Tito Quispe Palomino. No obstante, poco tiempo después de iniciar con el trabajo, el consorcio solicitó una adenda al contrato exigiendo el reconocimiento de gastos extras por demoras de la entidad.
Prófugo Miguel Ángel Quispe Palomino, del Consorcio Mibranyam, que se adjudicó una obra por 62 millones de soles durante la gestión de Cerrón (Foto: Facebook).
La solicitud coincidió con la salida de Cerrón del gobierno regional de Junín a fines del 2014 y por ello tuvo que ser analizada por su sucesor en el cargo, Ángel Unchupayco. Este último rechazó el pedido y ordenó una revisión minuciosa del contrato que determinó que aquella asociación público-privada era ilegal, pues no contaba con la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Unchupayco anuló el contrato en el 2015, pero para entonces el consorcio ya había recibido un adelanto de 11 millones de soles.

Colegios y postas

Quispe Palomino y una de sus hermanas también obtuvieron contratos para el mejoramiento de infraestructura de colegios y postas durante la gestión de Vladimir Cerrón. En todos los casos, salvo uno, los contratos se lograron a través de adjudicaciones directas, es decir, sin licitaciones públicas de por medio. A través de Inversiones Maq E.I.R.L, Miguel Quispe Palomino ganó la buena pro de dos obras en el 2013 y 2014. Se trata del mejoramiento de los colegios “Santa Rosa”, en el distrito de Chanchamayo (3.5 millones de soles) y “Jaime Cerrón Palomino”, ubicado en el centro poblado de Puerto Ene (5.9 millones de soles).
Diblacons, la empresa de Rosalía Quispe Palomino, obtuvo un contrato por la remodelación de los ambientes de la UCI del Hospital “El Carmen”, en Huancayo (Foto: Grupo El Comercio).
Rosalía María Quispe Palomino, médico de profesión al igual que Vladimir Cerrón, figura como accionista principal de Diblacons S.A.C. A través de la Dirección Regional de Salud, esta compañía obtuvo vía adjudicación directa las obras de mantenimiento de la sede administrativa de la Red de Salud de Valle del Mantaro Bloque II y de Carhuapaccha. Diblacons también se hizo cargo de la ampliación del puesto de salud de “Heroínas Toledo” y del mejoramiento de la capacidad de almacenamiento de vacunas en la región Junín. La compañía se hizo cargo, asimismo, de la remodelación de los ambientes de UCI del Hospital “El Carmen”, de Huancayo.

Miguel Quispe Palomino

Miguel Ángel Quispe Palomino es un empresario y político nacido en Huariaca (Pasco) en 1969. Su padre, Glicerio Quispe Cayllahua, es originario de Chuschi, la misma localidad ayacuchana donde Víctor Quispe Palomino –alias “camarada José”– y sus ocho hermanos fueron criados por su progenitor, el también senderista Martín Quispe Mendoza. Debido a estas coincidencias, el empresario ha sido varias veces vinculado a la familia de subversivos, aunque este lo niega. Lo concreto es que el nexo resulta ahora imposible de rastrear, entre otras razones porque los registros civiles de la Municipalidad de Chuschi se hicieron humo y ceniza tras un incendio ocurrido en la década del 80.
Sin embargo, esta no es la única mochila con la que Quispe Palomino debe cargar. En 1998, fue condenado a catorce años de prisión por su participación en el robo a las oficinas de la minera Atacocha (Pasco). Pero la pena le fue rebajada y tres años después, en el 2001, fue puesto en libertad. A partir de entonces, Quispe Palomino retomó la conducción de sus empresas de construcción y siete años después incursionó en la política. En el 2008, postuló sin éxito al cargo de teniente alcalde de Pasco por el Partido Humanista y luego estableció una alianza con Klever Meléndez cuando este último postuló al cargo de gobernador regional de Pasco. La sociedad le trajo beneficios a corto plazo pero derivó en una nueva condena.
Exgobernador de Pasco, Klever Meléndez. Fue condenado junto a Miguel Ángel Quispe Palomino por colusión y negociación incompatible en el 2014 (Foto: RPP).
En el 2014, Quispe Palomino fue condenado por colusión y negociación incompatible al hallarse que Meléndez había favorecido a una de sus empresas con un contrato para la construcción de la carretera Huachón-Huancabamba (62 millones de soles). El empresario fue entonces recluido en el penal de Lurigancho, en Lima. La estadía de Quispe Palomino en la cárcel coincidió con la conformación de una comisión en el Congreso que investigó la influencia del narcotráfico en la política. La encabezó la entonces parlamentaria Rosa Mavila León. A dicho grupo de trabajo le interesaba conocer el origen de los fondos con los que Quispe había constituido una veintena de empresas dedicadas a diversos rubros.
El 15 de mayo del 2015, Mavila y su equipo se trasladaron al penal de Lurigancho para tomar la declaración del empresario. Aquel encuentro fue clave para conocer detalles de los contratos que Quispe Palomino había logrado no solo en su región (Pasco) sino también con el Gobierno Regional de Junín durante el primer período de gestión de Vladimir Cerrón (2011-2014). Uno de los más importantes fue el contrato de concesión del “Gran Aeródromo Wanka”. El testimonio del empresario reveló la estrecha relación con el fundador de Perú Libre. “(Cerrón) es amigo de mi hermana y no tenía licencia social (para la construcción del aeródromo). Por ello se dio la suscripción de un convenio por 366 millones de soles con mi empresa Contratistas Sayón”, indicó el investigado a la Comisión Mavila.
Quispe Palomino se atribuyó así la propiedad de Contratistas Zayonn, la empresa que ganó en consorcio la concesión del aeródromo regional a través de una adjudicación directa el 20 de mayo del 2014. El principal accionista de dicha empresa, según Registros Públicos, es Tito Jacinto Quispe Palomino, hermano del empresario y su representante legal es Glicerio Quispe Cayllahua, padre de Miguel y Tito Quispe Palomino.
El empresario confesó, además, que la obra no fue una iniciativa privada presentada por su empresa al Gobierno Regional de Junín sino al revés. “Nosotros fuimos invitados para la construcción de un aeródromo privado. Iba a buscar un socio. Por ello tomé contacto con Luis García Morón, de Austria”. García Morón es un académico peruano radicado en ese país. Según la información entregada al GORE Junín, su empresa -UNOS OG- se especializa en financiamiento y proyectos de desarrollo de inversión.
Desde la cárcel, Quispe Palomino también admitió haber tenido participación en otra obra impulsada en la gestión de Cerrón: el mejoramiento de la carretera Chupuro-Huasicancha, valorizada en 111 millones de soles. La obra fue entregada al consorcio Mibranyam a través de una alianza público-privada que a la postre fue declarada ilegal. Quispe Palomino, entrevistado por la Comisión Mavila, se mostró al tanto de los beneficios que iba a lograr con aquel contrato a través del cobro de peajes. “Yo conozco cómo ganar (…). Ejemplo: una inversión de 100 millones. 70 millones a pagar y 30 por peajes”, señaló.
Consultada por la información brindada por su hermano en el 2014, Rosalía María Quispe Palomino respondió que se mantiene alejada de sus hermanos y descartó que ella haya sido el nexo entre entre Cerrón y Quispe Palomino, como se desprende de una de las respuestas de este último. “Solo he visto un par de veces a Cerrón en mi vida, pero no mantengo ningún tipo de relación de amistad”, indicó. “Los contratos con el gobierno regional solo nos han traído problemas. A mi hermano ahora le quieren quitar los terrenos del aeródromo”, señaló después sin ofrecer detalles.
La médico tampoco pudo precisar el paradero de su hermano Miguel Ángel, contra quien existe una orden de captura desde el 2018. Ese año, el empresario postuló al gobierno regional de Pasco por el Frente Andino Amazónico, pero en medio del proceso electoral la Corte Superior de Justicia de Pasco dispuso su ubicación y captura tras ser acusado de colusión con el exgobernador de Pasco, Klever Meléndez Gamarra. Desde entonces, Quispe Palomino se mantiene en la clandestinidad. En una entrevista publicada en la página Facebook del Frente Andino Amazónico, el empresario atribuyó la condena judicial a una supuesta persecución de sus rivales políticos.
No es lo que indican los hechos. En el 2019, el fiscal Hamilton Castro incautó en Villa Rica (Pasco) una propiedad de 28 mil metros cuadrados valorizada en 9 millones de dólares que estaba registrada a nombre de los padres de Miguel Ángel Quispe Palomino, Glicerio Quispe y Dina Palomino. Las pesquisas fiscales tienen relación con casos de corrupción de Klever Meléndez.
IDL-Reporteros intentó obtener la versión de Vladimir Cerrón sobre estos hechos, pero hasta el cierre de esta nota el fundador del partido Perú Libre no respondió a los mensajes que se le enviaron. El equipo de prensa del candidato Pedro Castillo acusó recibo del pedido, pero tampoco dio respuesta.
(*) Con la colaboración del periodista Junior Meza.

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Un pensamiento en “Los contratos de Vladimir Cerrón

  1. Freddy Abarca Fernández

    Begazo que también es abogado, participaría con Moisés Machuca Alcántara en la propiedad del terreno que el gobierno regional de Junín destinó para el famoso aeródromo. Machuca aparece como demandado por los dueños de otra propiedad donada. El teniente César Palomino acudía todos los días a controlar la disciplina de casi treinta jóvenes ashánincas y de otras etnias que había reclutado en las inmediaciones del VRAEM. Al parecer H. Begazo sólo quería la propiedad invadida por los ashánincas al mando de este teniente que cumplía órdenes del superior, y que al ser identificado desapareció. Las congresistas Celina Palomino y Anel Townsend se encargaban de las provisiones para los jóvenes con alimentos del PRONAA. Begazo adquirió la propiedad con escrituras que habría conseguido: lo que no encaja es la firma de don Ernesto Ferrand Cauvi en las escrituras de donación, que según peritos habría sido falsificada.
    Las escrituras, una a favor de Moisés Machuca Alcántara y otra a favor de Oscar Guillermo Borda Moya, uno de los cuales ha declarado que era empleado de la empresa Inmobiliaria e inversiones Rocío SAC. Ambos donatarios, que ya eran dueños de la mitad del piso siete cada uno (un lado para uno y el otro lado para el otro) celebraron (supuestamente) primero la escritura de donación en el años 2007 en la misma notaría y a la misma hora; y aproximadamente el año 2012 celebraron otra escritura de compraventa a la misma hora y en la misma notaría a favor de Américo Palomino Mondragón, empresario de Gamarra que por coincidencia lleva este apellido. Además el procesado en el vigésimo segundo juzgado penal de Lima ha sido absuelto de los delitos que se le imputan sin mayor prueba que su propia declaración afirmando que conoció el edificio Ferrand el año 2012, pero aparece como miembro de los directorios de la junta de propietarios de ese edificio entre 1996 y 2005. Daniel Claudio Rivera de la Cruz es conviviente de Ricardina Gladys López Gutiérrez y padrastro de Daniel Enrique Palomino López, presente en la invasión y registrado como miembro del directorio de la junta de propietarios con su padrastro y su madre.
    En conclusión: 1) La donante de quince departamentos es la empresa Inmobiliaria e Inversiones Rocío SAC que es parte del consorcio Vera Gutierrez o VEGSA con firma falsificada de su gerente Elizabeth Emma Rossina Castillo Vargas y 2) Ernesto Ferrand Cauvi dueño de Comercial Ferrand S.A. fue suplantado para cambiar el nombre de su empresa y destituirlo. Luego de modificar la titularidad revender los departamentos que ya estaban vendidos, Daniel Claudio Rivera de la Cruz así como los donatarios Moisés Machuca Alcantara y Oscar Guillermo Borda Moya serían parte de la organización criminal conformada por militares en retiro y magistrados del más alto nivel en el Poder Judicial quienes los escudan y blindan.

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