Cazador de lagartos

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Rafael Santos: Los lagartos serían financiados por Odebrecht

El aspirante presidencial por Perú Patria Segura asegura que candidato de Acción Popular le miente al país y debería ser sancionado como corresponde.

En la tercera y última presentación, en la que se juntaron los candidatos que hasta las últimas encuestas lideraban los sondeos electorales, estos fueron sorprendidos por un Rafael Santos de Perú Patria Segura, que para muchos iba a pasar inadvertido, quien ante la desesperación e impotencia de escuchar ofrecimientos cínicos y cargados de demagogia, decidió sacrificar sus ideas y propuestas preparadas para el debate y enfiló su artillería verbal contra tres de los candidatos que, según su entender, representan el continuismo y estarían siendo financiados por un poder oculto, que se encuentra detrás de todos y que le viene haciendo mucho daño al país.
Solo habían pasado diez minutos de iniciadas las exposiciones sobre cómo frenar la pandemia, cuando Santos espetó mirándole a la cara a cada uno de sus contendores: “Para ganarle a la covid debemos hacer algo muy sencillo, no votar por estos tres: Lescano, Guzmán y Salaverry que representan al club de los lagartos”.
De inmediato, los rostros de los aludidos se enrojecieron y fingieron no haber escuchado a Rafael Santos; empero, el candidato de Perú Patria Segura siguió dirigiendo sus baterías contra los aludidos durante todo el debate, provocando fricciones y respuestas poco alturadas que significaron amonestaciones de los moderadores.
AMA SUA, AMA LULLA, AMA QUELLA
Cuando le preguntamos al candidato Rafael Santos si había planificado todo lo que dijo en el debate, y de la manera en que lo hizo, nos mira con detenimiento y responde moviendo la cabeza.
“Ustedes no se imaginan la indignación que sentí al escuchar a cada uno de ellos. Yo había preparado y organizado las ideas que expresaría en el debate, todo muy bien pauteado de acuerdo a lo planteado por los organizadores, pero sentí que era momento de decir mi verdad y lo que muchos peruanos sienten, pero que no tienen oportunidad de decirlo, así que sacrifiqué mis propuestas y comencé a enrostrarles sus verdades a cada uno de ellos. Pienso que esta gente no nos puede representar. Hay un 40 % de gente que no quiere a ninguno de ellos. Todos los medios ‘mermeleros’ lo saben y los protegen”, señala.
Es por ello que los minutos avanzaban y sacó entre las cosas que llevaba consigo una impresión de la Ley Universitaria, acusando al candidato Lescano de ser profesor principal de la Universidad del Altiplano, en Puno, cuando en la Superintendencia Nacional de Educación (Sunedu) no registra el grado académico de doctor o magíster, requerido para ocupar ese cargo en cualquier casa de estudios pública.
Fuente: Diario EXPRESO.
Odebrecht había presentado una apelación en junio. La OSCE la declaró infundada (Foto: Reuters).

Odebrecht no podrá contratar con el Estado por más de tres años

La constructora brasileña fue sancionada por OSCE porque presentó documentación falsa para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Con esta decisión se agota la vía administrativa para Odebrecht.

El Organismo Supervisor de Contrataciones con el Estado (OSCE) inhabilitó a Odebrecht para contratar con el Estado hasta 2022 por presentar documentos falsos, según Convoca.pe.
Estos están relacionados a las obras de la carretera Callejón de Huaylas Chacas- San Luis, en Áncash. Por esta misma se pagaron US$2.6 millones en sobornos al exgobernador regional César Álvarez, afirmó el portal.
La inhabilitación incluye la prohibición a la constructora brasileña para participar en licitaciones, concursos públicos o contratar con entidades estatales hasta noviembre de 2022.
La documentación falsa la presentó para renovar su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores.
Trascendió que esta decisión declara infundada la apelación presentada por Odebrecht en junio pasado. Además, dio por agotada la vía administrativa.
Fuente: Diario Gestión.

Sentencian a defensora ambiental

La Defensora ambiental ingeniera Lucila Pautrat Oyarzún fue condenada a dos años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de un año y al pago de 50,000 soles y 240 días multa debido a la denuncia interpuesta por la empresa Tamshi SAC.
Esta decisión se dio luego de que el Cuadragésimo Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, presidido por el juez Jonathan Walter Pacherres, diera la razón a la empresa que tiene como giro comercial la distribución de cacao procedente de Loreto a la capital.
Las operaciones de Tamshi SAC se ubican en la localidad de Tamshiyacu, en el distrito loretano de Fernando Lores. En este lugar, desde 2013, el empresario checo-estadounidense Dennis Melka empezó a invertir en Cacao del Perú Norte SAC y, dos años después, fue involucrado en una investigación por la deforestación de más de 13 mil hectáreas de bosques amazónicos en Loreto y Ucayali. Luego, la firma cambió de nombre (en marzo de 2018) y fue adquirida por Tamshi SAC.
Fuente: LimaGris.com

Laudo arbitral por obra en Puno en el que Alberto Velarde es mencionado como representante legal de Constructora Upacá.

Candidato de plancha presidencial de Yonhy Lescano estuvo vinculado a empresa del ‘Club de la Construcción’ cuando se cometían actos ilegales

El abogado acciopopulista Alberto Velarde Yáñez ocupó diferentes cargos -incluso fue miembro del directorio- en Constructora Upacá entre 1989 y 2015 (26 años) en momentos en que el cártel de compañías peruanas y brasileñas se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país, y sus consorciadas como Camargo Correa y OAS realizaban presuntos actos de corrupción, por los cuales son investigadas por el Ministerio Público e Indecopi.

Por Óscar Libón y Luis E. Pérez- Convoca.pe
El candidato a la vicepresidencia Alberto Velarde Yáñez, miembro de la plancha que lidera el excongresista Yonhy Lescano, estuvo vinculado laboralmente al menos entre 1989 y 2015 con Constructora Upacá S.A. —según pudo documentar Convoca.pe—, empresa investigada en la Fiscalía por integrar el ‘Club de la Construcción’, que fue un cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país.
En ese periodo de 26 años, Velarde ocupó diferentes cargos directivos en Constructora Upacá, como gerente general o representante legal, de acuerdo con información que la compañía reportó ante el Registro Nacional de Proveedores, así como con la declaración jurada del propio militante acciopopulista ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en 2006.
Las pesquisas del Equipo Especial del caso Lava Jato señalan que el ‘Club de la Construcción’ operó entre 2011 y 2014 (3 años). Mientras que Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) tiene documentación sobre sus actividades irregulares del 2002 al 2016 (14 años). Pero, Raymundo Trindade Serra, ex gerente de relaciones institucionales de Odebrecht, declaró oficialmente que esa red ilegal existía desde 1996 (unos 20 años).
En abril de 2019, Convoca.pe destapó que Constructora Upacá figuraba en anotaciones sobre “capilés” (abonos irregulares o coimas) —realizados en 2006— en relación al tramo 4 de la Interoceánica Sur, de acuerdo con e-mails y documentos incautados en 2009 a la firma brasileña Camargo Correa, en Sao Paulo. Como se recuerda, la compañía peruana estuvo consorciada con OAS y Camargo Correa, investigadas por el caso Lava Jato en Brasil y Perú.
Sea como fuere, el postulante a la segunda vicepresidencia por Acción Popular formaba parte de Constructora Upacá cuando ese cártel, al cual esta empresa pertenecía, cometió los presuntos delitos.
Alberto Velarde empezó a trabajar en Constructora Upacá en junio de 1989 (primer gobierno de Alan García); en 2006 era gerente general (segunda gestión presidencial de García); y entre 2010 y 2015 fue, además, miembro del directorio y representante legal de la compañía.
Esta compañía pertenece a los hermanos Piccini Martin, familia a la cual el exmandatario Alan García tuvo cercanía, según su propia declaración que dio a una comisión investigadora del Congreso, que indagó su primer gobierno.
Cabe anotar que el candidato Velarde omitió consignar en su hoja de vida ante el JNE la relación laboral y el cargo que tenía en esa empresa, tal como lo reveló el programa La Encerrona, en su emisión de hoy.
Los contratos con el Estado
Entre el 2010 y 2015, cuando Velarde era representante legal de la Constructora Upacá, la firma de los hermanos Piccini suscribió un total de cuatro contratos en consorcio con otras empresas, y un contrato directo. Estos contratos están relacionados a obras adjudicadas por el Gobierno Regional de Puno, el municipio del distrito puneño de Cabana, el programa estatal Agro Rural y otros dos proyectos encargados por el programa Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a consorcios formados por Upacá.
En total, las obras firmadas en ese lapso sumaron un total de S/790 millones 713 mil 534. Solo las tres adjudicaciones que la constructora obtuvo del MTC significaron más del 90% del monto de dinero adjudicado por las cinco obras, un total de S/712 millones 109 mil soles.
Entre esos proyectos se encuentra la construcción de la “Carretera Lima–Canta–La Viuda–Unish, Tramo: Lima–Canta” que en mayo de 2012 fue adjudicada por el programa Provías Nacional del Ministerio de Transportes al Consorcio Vial Santa Rosa conformado por las constructoras OAS Ltda. Sucursal del Perú, Mota-Engil Perú S.A y Constructora Upaca S.A. Según información oficial, ese proyecto tuvo una inversión pública superior a los S/ 319 millones.
Como parte de las investigaciones del caso ‘Club de la Construcción’, el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, indicó en 2019 que existe evidencia de entrega de coimas en 18 proyectos promovidos por Provías Nacional entre el 2011 al 2013, entre ellos, el proyecto que la Constructora Upacá realizó junto a OAS como parte del Consorcio Vial Santa Rosa.
En tanto, en febrero de 2020, Indecopi abrió un proceso sancionador contra las 35 compañías que integraban ‘Club de la Construcción’, así como a 28 de sus ejecutivos, por el acuerdo irregular y oculto que presuntamente tuvieron para “distribuirse” entre sí 112 licitaciones realizadas por Provías Nacional, dependencia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El monto estimado de los contratos obtenidos a través de esta modalidad ilícita, con la complicidad de funcionarios de la entidad estatal, superó los S/ 13 mil millones, alrededor de US$ 4 mil 300 millones.
Era director de Upacá cuando esta firma se asoció con OAS
En diálogo con Convoca.pe, el candidato Alberto Velarde reconoció que fue miembro del directorio de Constructora Upacá S.A. entre noviembre de 2010 a mayo de 2015, periodo en el que la mencionada compañía —como parte del Consorcio Vial Santa Rosa conformado con la constructora brasileña OAS— obtuvo en marzo de 2012 la buena pro del proyecto “Carretera Lima–Canta–La Viuda–Unish, Tramo: Lima–Canta”, proceso que actualmente es investigado por el Equipo Especial Lava Jato por presunto pago de sobornos a funcionarios.
El también candidato al Congreso indicó que en 2010 fue designado como integrante del directorio de Constructora Upacá, en representación de la Junta de Acreedores con el que la empresa mantiene deudas, entre ellos la Sunat y entidades privadas como el Banco de Crédito y Caterpillar. Afirmó que se mantuvo en ese cargo hasta abril de 2015, cuando renunció a la firma de los Piccini.
El candidato Velarde aseguró que no fue testigo de ninguna situación irregular en relación a la obra del consorcio con OAS, pues —sostuvo— los acuerdos con otras compañías eran tomadas por los propios dueños de las empresas consorciadas, en este caso los hermanos Piccini.
Sobre por qué no declaró en su hoja de vida ante el JNE su vinculación anterior con Constructora Upacá, el postulante por Acción Popular dijo que solo consignó los datos laborales que mantiene en la actualidad y considera que el ente electoral no exige que se añadan esos datos.
“Como abogado he tenido muchos clientes en los últimos diez años, y no los voy a consignar todos”, manifestó.
Durante la conversación con este medio digital, Alberto Velarde repitió varias veces que la difusión de su relación con la constructora investigada por corrupción obedecía a una “campaña política” contra la candidatura presidencial de Yonhy Lescano. En el caso de este medio digital, ese señalamiento carece de asidero.

Con la colaboración de Asis Loyola.

Documentos de la empresa en Panamá, cuya constitución fue gestionada a pedido de Alberto Velarde, actual postulante a la vicepresidencia y al Congreso por Acción Popular.

Candidato de plancha presidencial de Yonhy Lescano fundó offshore en Panamá mientras era directivo en empresa del ‘Club de la Construcción’

El abogado Alberto Velarde, postulante a la segunda vicepresidencia y al Congreso por Acción Popular, gestionó en 2004 la constitución de la empresa panameña Valverde del Camino S.A. para realizar operaciones inmobiliarias en el Perú, cuando él formaba parte de Constructora Upacá, investigada por integrar el cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país. Además, Velarde estuvo relacionado a la compañía peruana Concreto Transformado S.A., que tenía como directora a Jackeline Murga, exfuncionaria regional del Callao sentenciada por actos de corrupción durante la gestión del exgobernador Félix Moreno, quien purga condena por cometer graves ilícitos penales en su periodo como autoridad.

Por Óscar Libón- Convoca.pe
Además de su vinculación por 26 años con Constructora Upacá, investigada en la Fiscalía por integrar el ‘Club de la Construcción’, el abogado acciopopulista Alberto Velarde Yáñez, postulante a la vicepresidencia en la fórmula que lidera Yonhy Lescano, estuvo relacionado a una compañía offshore constituida en Panamá y a una empresa peruana que tuvo como directora a una abogada sentenciada por cometer actos de corrupción cuando era funcionaria regional del Callao en la gestión de Félix Moreno, exgobernador que a su vez cumple condena por delitos de corrupción y está bajo investigación por el caso Lava Jato.
Según documentos de Registros Públicos de Panamá, a los que accedió Convoca.pe, el candidato Velarde constituyó a través de terceros la empresa Valverde del Camino S.A., el 15 de marzo de 2004, en momentos en que era ejecutivo de Upacá -a donde ingresó a laborar en 1989-, la cual ya formaba parte de consorcios con firmas como ICCGSA y Camargo Correa, que también integraban el cártel de constructoras peruanas y brasileñas que se repartían las adjudicaciones de obras públicas en el país.
El nombre de Alberto Velarde no figura en ninguna parte de la constitución de la compañía Valverde del Camino S.A., de acuerdo con Registros Públicos de la nación centroamericana. Los que sí aparecen, como accionistas o directivos, son personas relacionadas al estudio de abogados panameño Arosemena & Díaz, que se encargaron de gestionar su creación en la Notaría Décima del Circuito de la Ciudad de Panamá.
Los panameños Ladys Abrego (presidenta), Luis Mendoza (vicepresidente), Carlos Bethancourt (tesorero y secretario), Rodrigo Arosemena (suscriptor) y Cecilia Arosemena de González Ruiz (suscriptora) son los que fungían de directivos en esos cargos de la offshore.
El 19 de marzo de 2004, cuatro días después de la fundación de Valverde del Camino S.A., Ladys Abrego en su condición de “presidente de la sociedad mercantil” le otorgó poderes a Alberto Velarde por un año. Cabe anotar que en noviembre de 2007, las facultades de Velarde fueron ampliadas al conferírsele “poder general (…) para que pueda actuar como apoderado de la sociedad (empresa) en Panamá, Perú o en cualquier parte del mundo y (…) celebrar toda clase de contratos”, según documentos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) del Perú.
Al mes siguiente de la designación de Velarde como apoderado de la offshore, es decir el 21 de abril de 2004, a nombre de Valverde del Camino S.A. se adquirieron dos predios (un departamento y un estacionamiento) ubicados en el distrito de Miraflores, en Lima, por US$ 45,000 en total, equivalentes a S/155,700 de la época. El 14 de mayo de 2008, cuatro años después, el departamento fue vendido a Katiuscka Silva Almandoz por US$48,000 (que había sido comprado por US$38,000). Se desconoce si hubo otras operaciones inmobiliarias en el país o el extranjero.
Mediante su offshore panameña, Alberto Velarde compró y vendió un departamento con estacionamiento en Miraflores, Lima.
En Panamá, la offshore fue suspendida oficialmente en noviembre de 2019, luego de permanecer inactiva y no pagar la tasa correspondiente por lo menos desde 2014.
En su declaración jurada ante el Jurado Nacional de Elecciones, Alberto Velarde consignó que el monto de su patrimonio asciende a S/2’809,842 en total, entre inmuebles y vehículos. También anotó que sus ingresos económicos, al año, suman S/605,574.
El candidato a la segunda vicepresidencia por Acción Popular, además aspira a ser congresista como representante de Lima. Antes, en los comicios de 2001 y 2006, postuló al Legislativo sin éxito. Es militante del partido de la lampa desde antes de la década de 1990.
La exfuncionaria regional del Callao
En la información que las empresas presentan ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) aparece el nombre de Alberto Velarde Yáñez como accionista mayoritario -de forma temporal- de la compañía Concreto Transformado S.A., la cual fue creada en marzo de 2000 por Rubén Murga Pizarro y Alfonso Mardini Yáñez; y en la actualidad se encuentra en proceso de liquidación. La Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) le dio “baja de oficio” en febrero de 2019.
De acuerdo con la base de datos del RNP, Velarde tuvo el 51% de acciones de Concreto Transformado S.A. hasta antes del 2011. Luego las acciones pasaron a Liliana Murga Pizarro, hermana del socio fundador.
La otra hermana, la abogada Jackeline Murga Pizarro, estuvo a su vez desde los inicios de la empresa en el 2000, fue miembro del directorio desde ese año y cumplía diferentes funciones. Ella formó parte de la compañía hasta el 2015, por lo menos.
Según las fuentes, Jackeline Murga ingresó a laborar en el gobierno regional del Callao cuando estaba bajo el mandato de Álex Kouri, quien fue gobernador entre enero de 2007 y diciembre de 2010. Como especialista en gestión administrativa, entre los encargos que recibía estaba el de integrar los comités de selección para adjudicar contrataciones.
Jackeline Murga fue directiva en la compañía en la cual Alberto Velarde fue accionista, según el Registro Nacional de Proveedores y Registros Públicos.
En enero de 2011, Félix Moreno sucedió a Kouri en el cargo de gobernador regional. Ambos eran del mismo partido Chimpum Callao y ahora purgan cárcel por delitos cometidos durante sus periodos como autoridades.
Como parte de la gestión del gobernador Moreno, Jackeline Murga figura en un informe del Órgano de Control Institucional -fechado en febrero de 2018- que reportó irregularidades cometidas por funcionarios regionales en el proceso de aprobación del expediente técnico y supervisión de la Vía Costa Verde tramo Callao, obra que fue adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht en mayo de 2014.
En el caso de la abogada Murga, se halló que no exigió la presentación “del trámite de inicio para la obtención de la certificación de la habilidad profesional de los especialistas extranjeros”, propuestos por el Consorcio Costa Verde -conformado por JNR Consultores S.A. y Euroconsult S.A.-, quienes elaboraron el estudio definitivo para la construcción de la obra, pese a que era su obligación, según las cláusulas del proyecto.
En ese momento, Jackeline Murga era funcionaria de la Oficina de Logística del gobierno regional, cuyo jefe era Víctor Suelpres, actualmente investigado por el delito de organización criminal por el caso Costa Verde – Callao y cumple prisión domiciliaria. Suelpres era brazo derecho de Félix Moreno, quien presuntamente recibió un soborno de US$2.4 millones de parte Odebrecht por la adjudicación del proyecto.
Exgobernador regional Félix Moreno recibió sobornos por US$2.4 millones para beneficiar a Odebrecht con la obra Costa Verde-Callao, según la Fiscalía. Foto: Difusión
Por otro caso, en setiembre de 2020, la exdirectora de Concreto Transformado S.A. fue sentenciada a cuatro de prisión por los delitos de colusión y uso de documentos falsos junto a otros cinco exfuncionarios regionales del Callao. Durante la gestión del gobernador Moreno, ellos favorecieron a una empresa contratista en una obra valorizada en S/ 179,978.
La abogada Murga fue implicada por los actos ilícitos que cometió mientras era miembro titular de Comité Especial Permanente 2012 de la región chalaca. El Poder Judicial dispuso además su inhabilitación por tres años y cuatro meses para ejercer función y cargos públicos.
Según la Fiscalía Anticorrupción del Callao, el contrato indebido estuvo relacionado con la construcción de la obra “Mejoramiento e implementación de grass artificial en la losa deportiva del asentamiento humano Héroes del Cenepa Mz. A Lote 3, del distrito de Ventanilla’, por la suma mencionada.
Asimismo, fuentes de Convoca.pe indicaron que Jackeline Murga registra un historial de denuncias en tres distritos fiscales del país. En Lima aparece como imputada en dos casos penales, de 2003 y 2006; en el Callao, los procesos penales son por delitos de concusión, peculado, negociación incompatible, colusión, corrupción, los cuales se iniciaron entre 2013 y 2015; y en Ventanilla, fue incluida como imputada en casos de corrupción denunciados en 2014.
Postulante a vicepresidencia responde
Contactado por este medio digital, Alberto Velarde reconoció que él dispuso la constitución de la offshore Valverde del Camino S.A., es decir que le pertenecía, y que lo hizo con el objetivo de comprar y vender propiedades en el Perú con “beneficios tributarios”.
“[En esa época] había algunas ventajas tributarias que [el Estado] daba a empresas extranjeras. [La fundé en Panamá] para hacer negocios como una compañía internacional, por las facilidades [tributarias]”, afirmó.
Velarde aseguró que solo realizó una operación inmobiliaria como Valverde del Camino S.A. —la que fue consignada en líneas arriba—, pues “no funcionó”. Sostuvo que hubo modificaciones en las normas tributarias del país y por eso tuvo que “cambiar de estrategia empresarial”. Añadió que las siguientes inversiones inmobiliarias las hizo a su nombre.
Designación de Alberto Velarde como apoderado de su propia empresa panameña y operación inmobiliaria en Lima al mes siguiente.
Además, sobre su empresa panameña dijo “creo que ya no existe (…), la dejé sin movimiento”. Comentó que no gestionó el cierre formal de Valverde del Camino S.A. en Panamá debido a que implicaba un alto costo económico.
Respecto a Concreto Transformado S.A. dijo que había sido directivo de la compañía, pero que no recordaba por cuánto tiempo debido a que fue apoderado o miembro del directorio múltiples veces en varias firmas. “Es una empresa que ya está liquidada”, manifestó. Ofreció buscar y entregar documentación en los próximos días para hacer algunas precisiones.
“(…) Soy un abogado exitoso. He llevado encargos de compras, cierre de contratos para algunas personas y empresas, y tengo que guardar la privacidad, como entenderás”, refirió Alberto Velarde.
Con la colaboración de Luis Enrique Pérez y Asis Loyola.

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