41 millones de razones

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Martín Vizcarra: Develan irregular pago de más de S/41 millones en su gestión como gobernador de Moquegua

Por Graciela Villasís Rojas- Unidad de Investigación Diario El Comercio.
El 30 de diciembre del 2014, un día antes de que el ahora presidente Martín Vizcarra culminara su período como gobernador regional de Moquegua, se realizaron una serie de trámites en su gestión que, en menos de 24 horas, terminaron con la aprobación de un desembolso de S/41’869.086 a un consorcio integrado por ICCGSA –empresa investigada por el caso del ‘club de la construcción’– por la construcción del hospital de la región. Para la contraloría, esta entrega de dinero fue irregular.
El Comercio accedió a facturas, cartas, informes y comprobantes de pago que revelan las irregularidades –que la contraloría señala– en los adelantos que se hicieron por la ampliación y mejoramiento del hospital de la región, otorgado al Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA y la empresa Incot. Este Diario viajó a Moquegua para corroborar la información, entrevistarse con quienes intervinieron en el caso y ver cómo se encontraba el hospital.
Según los documentos, las entregas de dinero fueron solicitadas y aprobadas por funcionarios de la gestión de Vizcarra, entre ellos el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, quien en ese entonces era el gerente general del gobierno regional.

—Pago ‘express’—

El 18 de diciembre del 2013, el Gobierno Regional de Moquegua (GRM) suscribió un contrato por S/123’456.590 con el Consorcio Hospitalario Moquegua para la construcción del hospital. Según las bases del concurso público, a cargo de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la obra debía concluirse en un plazo de 530 días, aproximadamente a mediados del 2016. Sin embargo, recién se inauguró el 22 de noviembre del 2019, más de tres años después del plazo original.
Vizcarra fue gobernador entre el 2011 y el 2014. Un día antes de que dejara el cargo, el 30 de diciembre del 2014, el hoy mandatario suscribió un convenio con el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud del Ministerio de Salud por el “financiamiento de la ejecución y supervisión” de la obra, para que esta se continuara con recursos del GRM, pero supervisada por el Minsa.
Ese mismo día, el 30 de diciembre, se iniciaron las comunicaciones y trámites entre el consorcio y Trujillo, quien como gerente general del GRM autorizó el pago del adelanto por S/41’869.086, según documentación a la que este Diario accedió.
El primer documento fue una carta enviada por Asesores Técnicos y Asociados S.A. (ATA), la supervisora contratada para la obra, que cobró más de S/7 millones. El dueño de esta compañía es José Manuel Hernández, ministro de Agricultura durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. En la carta, enviada a la 1:30 p.m., ATA solicita a Vizcarra y Trujillo el “otorgamiento del adelanto para la adquisición de materiales” para el consorcio.
Diez minutos después, en una segunda carta, el consorcio se dirigió a Trujillo para pedirle “el adelanto de materiales”. Estos requerimientos se atendieron de inmediato.
Luego, Trujillo le remitió un memorándum a la entonces directora regional de Administración, que autorizaba el trámite del pago. “Expresamente, considera procedente la solicitud de dicho contratista, motivo por el cual sírvase a tramitar el pago de lo solicitado, previo cumplimiento de las normas pertinentes”, señaló Trujillo en el documento.
Este Diario comprobó que el 31 de diciembre, en la víspera del Año Nuevo, el Gobierno Regional de Moquegua autorizó el desembolso al consorcio por S/41’869.086. Pero no se hizo en un solo abono, sino a través de 133 comprobantes de pago girados el mismo día: 131 por montos de S/310.000 cada uno, uno por S/256.217 y otro por S/31.000. Adicionalmente, se emitieron otros comprobantes de pago por un total de S/971.868.
Para Yván Montoya, exprocurador anticorrupción y exintegrante del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas de la contraloría, es evidente que “las órdenes de pago han sido fraccionadas”.
Todos [los pagos] tienen el mismo monto y la misma fecha. Lo que me sorprende es que no haya un cuadro de compras y de adquisiciones que la empresa ha tenido que presentar porque no se puede hacer la compra en un solo día”, declaró a El Comercio.
Emilio Salas, el fiscal coordinador de Moquegua que en el 2014 recibió las primeras denuncias sobre la construcción del hospital, afirmó que “los trámites se hicieron de manera célere”.
Entre el 30 y el 31 de diciembre se llegaron a pagar S/41 millones al consorcio por adelantos, cuando [el trámite] normalmente demora varias semanas”, dijo.
Salas explicó que un pedido de pago de adelantos hecho por un contratista tiene que pasar por varias oficinas antes de su desembolso. Agregó que la solicitud es evaluada “por una oficina de supervisión y liquidación de obras, por la gerencia de obras, la de infraestructura. Tiene que llegar al área de logística, contabilidad y tesorería para poder efectuar los pagos”. Sin embargo, según los documentos, estos trámites no se realizaron.

—Responsabilidades—

Luis Alonso Robas, gerente de Control de Megaproyectos de la contraloría, afirmó a este Diario que en este caso hay “indicios de responsabilidad penal, que han sido puestos en conocimiento de la fiscalía para que realicen las investigaciones en el ámbito de su competencia usando las herramientas que tienen para perseguir el delito”.
Robas fue responsable de la auditoría sobre la construcción del hospital, cuyo informe concluye además con la denuncia a 14 exfuncionarios del gobierno regional.
Edmer Trujillo no figura entre los denunciados, pese a que como gerente general firmó la carta que autorizó el desembolso del dinero.
Para Montoya, el titular del MTC tiene responsabilidad en estos hechos. “Trujillo evidentemente a través de su carta autoriza el pago, pero siempre que se cumplan las normas pertinentes. Es una fórmula que usa para protegerse de cualquier ilegalidad que puedan hacer sus subordinados, pero no son fórmulas que garanticen exonerarlo de responsabilidad en el ámbito penal”, remarcó.
La contraloría también advirtió que el GRM tramitó y pagó el adelanto “antes de que se cumplan las condiciones para su otorgamiento, con un sustento técnico avalado por la supervisora [ATA] que presentaba inconsistencias”.
Asimismo, indicó que el adelanto fue solicitado “antes de que se entregue el terreno y que se dé inicio al plazo de ejecución de la obra”.
Según el acta de entrega del terreno, el GRM cedió el área donde se construiría el hospital el 30 de diciembre entre las 3 y 4 p.m. En esa ceremonia, estuvieron representantes del consorcio, de ATA y del gobierno regional. Entre estos últimos, estuvo Trujillo.
Las autorizaciones de la entrega […] del adelanto de materiales se dieron en la mañana, pero la entrega de terreno en la tarde. Estos son hechos que redondean lo que nosotros consideramos […] el incumplimiento de los requisitos establecidos en las bases y en el reglamento de la ley de contrataciones”, remarcó Robas.

—Los otros S/24 millones—

El informe de la contraloría indica que el GRM desembolsó S/24’691.318 al consorcio –el 20% del total del valor de la obra– sin cumplir lo que establecía el contrato respecto a que la entrega del dinero debía realizarse una vez culminado el expediente técnico. Este pago se hizo el 20 de diciembre del 2013, dos días después de la firma del contrato. “El expediente se aprobó un año después de entregado el adelanto directo, lo cual está reñido con lo que establecían las bases y con lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado”, agregó Robas.
Rafael Hidalgo, gerente general de ATA, afirmó a El Comercio que la empresa no le facilitó liquidez al consorcio, pues su solicitud de pago de adelantos materiales “está dentro del marco de la ley de contrataciones”. Agregó que, según la norma, “la solicitud y otorgamiento de adelanto para materiales o insumos deberá realizarse con la anticipación debida y siempre que haya dado inicio al plazo de ejecución contractual […] y el plazo de ejecución de contrato ya se había dado”.
Mediante un correo electrónico, el Consorcio Hospitalario señaló que el adelanto por más de S/41 millones se cobró el 6 de enero del 2015, pero “cumpliendo lo que dice el artículo 188 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”.
En los últimos días, este Diario se comunicó varias veces con asesores de Trujillo, pero hasta el cierre de esta edición el ministro no aceptaba dar una entrevista grabada.
También solicitamos una entrevista al presidente Martín Vizcarra a través de su asesor Óscar Vásquez, quien señaló que no iba a pronunciarse sobre este tema.

—Pesquisas archivadas y la nueva denuncia—

Basándose en el informe de control, la procuraduría de la contraloría presentó, el 9 de octubre, una denuncia por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo contra 14 exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua y los que resulten responsables por el caso del hospital.
El 9 de octubre de este año, la denuncia de la contraloría ha sido derivada al fiscal coordinador del sistema anticorrupción de Moquegua.
“El informe de la contraloría es una evidencia nueva, es una de las razones por las cuales no puede considerarse que aquí hay una cosa decidida, que termina por archivar por completo y que hace posible la reapertura de la investigación […], precisamente, el informe de contraloría es un peritaje específico y muy técnico”, indicó Yván Montoya.
Antes hubo dos investigaciones fiscales por el caso, pero se archivaron.
Al año siguiente, el 27 de noviembre del 2018, el fiscal anticorrupción Víctor Muñoz Leyva archivó otra denuncia contra Vizcarra y Trujillo. En esta, presentada por Jesús Paredes, del Frente Anticorrupción de Moquegua, se acusaba a los altos funcionarios de malversación de fondos y peculado por haber depositado el adelanto de más de S/41 millones al consorcio.
En diálogo con El Comercio, el fiscal Muñoz afirmó que en su investigación no tomó en cuenta el informe de la contraloría, que se emitió después de que culminara su pesquisa.

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