Marcha de los “cutre gatos”

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Por Martha Meier Miró Quesada– Diario EXPRESO.
En la marcha “que se vayan todos” participaron cuatro gatos, mejor es dicho “cutre gatos”. Se trató de una nueva distracción para desenfocarnos del caso “Lava Jato”, del lesivo acuerdo con Odebrecht, amén del desinterés de los fiscales por encontrar cómo recuperar los miles de millones de dólares robados (sobrecostos), pese a ser de justicia y urgentes.
En 2018 murieron más de dos mil bebés prematuros por falta de incubadoras y personal de salud; y este año solo en Lambayeque fallecieron 63 bebitos por las mismas causas. La economía nacional está estancada y nuestro país fue saqueado por Odebrecht, OAS y demás podridas empresas brasileñas, consorciadas con constructoras peruanas como Graña y Montero. Ahora que los ex directivos de esta, José y Hernando Graña, se han acogido a la colaboración eficaz le harían un favor a la patria confesando dónde está el dinero.
El desfile de los “cutre gatos” tenía en primera fila a una ex congresista humalista, quien fungió de secretaria de Nadine y a un gris viceministro del humalismo, es decir la castro-chavista Verónika Mendoza y el señorito Julio Guzmán Ladrón de Guevara, sin trabajo conocido en el Perú y que según sus propias declaraciones su esposa es “quien para la olla”, o sea un mantenido que quiere ser presidente para que lo mantengamos nosotros.
Verónika Mendoza pide “que se vayan todos” cuando la que debería irse es ella por negar su letra en una de las agendas de Nadine Heredia, cosa desmentida por un peritaje encargado por Perú21 y a cargo de Andrés Begazo, quien confirmó que la letra en la agenda con la tapa Solo para Mujeres correspondía a la grafía de la ex congresista humalista. De puño y letra de Mendoza se lee: “Banco Continental/ Moneda: Nuevos Soles/N°0011 018502 000 71813 66/”, o sea la cuenta del Partido Nacionalista, esto demuestra su cercanía con el manejo económico de la organización politica de los Humala.
En cuanto a Guzmán, este trabajó en la PCM humalista y luego fue vice ministro de Mypes e Industria del Ministerio de la Producción, del cuestionado régimen cuyos líderes están siendo procesados. Quiere sacudirse de tal corruptela, pero a fines del año pasado Philip Butters le regaló una perla en su programa “Combutters”. Documento en mano mostró que Guzmán recibió de Odebrecht 400 mil dólares, según Fernando Migliaccio da Silva del departamento de coimas (Operaciones Estructuradas, en elegante). ¿Con qué autoridad moral tal chusma bullanguera exige “que se vayan todos”? Que se larguen ellos con sus zombies de la ONG que hicieron bulto. 

Marcha no llegó ni a 3 mil personas

Pese a la gran convocatoria hecha desde el Ejecutivo y con un spot incluido, la marcha denominada “Que se vayan todos” y que busca adoctrinar a la población para que apoye la propuesta de Martín Vizcarra de adelanto de elecciones, no tuvo la acogida que esperaba el Gobierno.
Quien tal vez explicó mejor la verdadera dimensión de la marcha fue el exdirector del INEI, Farid Matuk a través de un tuit.
“Desde el frontis del Museo de Arte en el Paseo Colón, la marcha duró 27 minutos, a 200 personas por cuadra, a 3 km/h es una longitud de 13 y media cuadras.
Lo que da un total de 2,600 personas”, escribió en su cuenta de Twitter. A las 7 y 40 de la noche se produjo una gresca entre algunos manifestantes y efectivos policiales quienes evitaron que traspasaran la barrera colocada para evitar que lleguen hasta Palacio Legislativo. Pese a la insistencia de los revoltosos, la Policía logró mantener el orden.
En la marcha participaron algunos dirigentes políticos como Verónika Mendoza de Nuevo Perú y Julio Guzmán del Partido Morado. También asistieron legisladores izquierdistas como Indira Huilca y Manuel Dammert, entre otros.
La concentración se realizó en la Plaza San Martín pero los manifestantes transitaron por las avenidas Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega, Paseo Colón, Grau, Manco Cápac y Abancay. Las manifestaciones también se efectuaron en diversos departamentos del interior del país como Tacna, Cusco y Arequipa, aunque tampoco tuvo la acogida que esperaban sus organizadores.
COLECTIVOS
En la marcha se concentraron integrantes de gremios sindicales, de universidades y colectivos que apoyan la iniciativa de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020 que fue propuesta por el jefe de Estado en su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias.
Fuente: Diario EXPRESO.

Juan Sheput: Fracaso de la marcha «que se vayan todos» también es un fracaso para Vizcarra

El congresista Juan Manuel Sheput se refirió a la marcha «que se vayan todos», movilización que se llevó a cabo con la finalidad de respaldar el adelanto de elecciones, como un fracaso contundente.
«De manera contundente, [la marcha fue] un fracaso, indiscutiblemente, yo creo que un partido de fútbol por más importante que sea, no es impedimento para que la gente se manifieste en las calles», sostuvo Sheput.
«En esta oportunidad hemos visto a 2000, 2500 personas distribuidas, lo cuál demuestra que ha sido un fracaso», indicó el legislador.
Además, dijo que esto también representa un fracaso para el presidente Martín Vizcarra y para su Gabinete, puesto que convocaron a la gente a manifestarse en las calles.
«Yo creo que este también es un fracaso para el presidente de la República, para el gobierno y los ministros que durante todo el día, con un espíritu lamentable, sedicioso, desde mi punto de vista, llamaba a que la gente se manifestara, incluso sacaron un spot en las redes sociales diciendo ‘Haz que sucedan las cosas’, una frase de ese tipo que pretendía que el pueblo se manifestara en contra del Congreso, lo cuál a mi me parece insólito», manifestó el excongresista oficialista Juan Sheput.
Fuente: Revista CARETAS.

Aráoz: “Obviamente, no me gustan las marchas contra la institucionalidad”

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, a cargo de la presidencia por el viaje a Vizcarra a la Cumbre de la Amazonía, remarcó que es importante llegar a un “pacto de gobernabilidad” hasta el 2021 pues, en su opinión, aunque el Parlamento muestre “actitudes equivocadas” estas no son razón suficiente para el adelanto de las elecciones al 2020.
“Hay algunas actitudes que sí son equivocadas, pero yo no creo que justifican un adelanto de elecciones porque hay que darle seguridad jurídica al país. Siempre he dicho que no debemos generar precedentes nefastos como que esto de que un día (algo) no nos gusta y recortamos el mandato; otro día nos gusta y alargamos el mandato”, sostuvo. Así mismo, pidió no generalizar respecto a todos los congresistas porque no necesariamente estaban de acuerdo con la agenda planteada.
Por otro lado, Aráoz consideró que las investigaciones anunciadas por la Comisión de Fiscalización al mensaje a la Nación y a las encuestadoras “son exageraciones”. Sin embargo, admitió que los parlamentarios tienen el deber de “fiscalizar” y señalar los errores de gestión. “Es nuestra función”, afirmó.
Y consultada acerca de la magra manifestación llevada a cabo el jueves, la vicepresidenta no ocultó su desagrado ante lo que llamó “marchas contra la institucionalidad”. “Si de arranque empiezan diciendo que no va haber institucionalidad en el país, no luce muy bien”, consideró.
Fuente: Político.pe

Manual para entender el Caso Chinchero

Por Paolo Benza– Diario El Comercio.
El Caso Chinchero ha vuelto a ubicarse en el centro del debate político. El miércoles, la Comisión de Fiscalización del Congreso pidió al pleno que debata un informe preliminar sobre el caso elaborado hace dos años. Este documento incluye entre sus recomendaciones ampliar el plazo de la investigación por 90 días más.
En tanto, el 23 de agosto la fiscal Zoila Sueno Chirinos había formalizado investigación preparatoria contra 13 personas -ocho funcionarios públicos y cinco del sector privado- vinculadas a la adenda del contrato del aeropuerto. Entre los investigados no está el presidente Martín Vizcarra.
Mientras cada uno de estos procesos sigue su curso, es importante entender los orígenes del Caso Chinchero. ¿Quién es quién, qué es qué y cómo empezaron los problemas vinculados al postergado aeropuerto del Cusco?
-El sueño de un aeropuerto-
La idea de construir un aeropuerto en la pampa del distrito de Chinchero puede rastrearse hasta los últimos años del gobierno de Francisco Morales Bermúdez. Para calmar una asonada social, el entonces jefe del gobierno militar ofreció a los cusqueños construirles un nuevo aeropuerto. El proyecto, sin embargo, fue rápidamente encarpetado.
Fernando Belaúnde retomó la idea y encargó estudios -según ha reseñado el general FAP en retiro Alberto Thorndike Elmore-, pero el folio volvió a ser olvidado hasta el gobierno de Alejandro Toledo. En el segundo gobierno de Alan García se encargó licitar el proyecto y el contrato final fue suscrito en julio del 2014 por el gobierno de Ollanta Humala.
Desde entonces, Chinchero atravesó una serie de problemas -explicados a continuación- que dilataron el inicio de las obras hasta este año. Finalmente, en enero pasado, cuarenta años después de ideado, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció el inicio del movimiento de tierras para construir el aeropuerto.
-Kuntur Wasi y la oferta-
Para entender el problema es necesario enfocarse en el penúltimo capítulo de la historia de Chinchero: la firma del contrato de concesión. El consorcio que finalmente se adjudicó la obra se llama Kuntur Wasi, y nace de la unión de la argentina Corporación América y la peruana Andino Investment Holding (AIH).
La oferta con la que Kuntur Wasi ganó la licitación fue de US$265 millones, una cifra largamente menor al monto base -lo que el gobierno estaba dispuesto a pagar- de US$458 millones. Estos US$265 millones debían ser cofinanciados; es decir, Kuntur Wasi conseguiría un prestamista y le iría pagando conforme el Estado le fuera abonando.
El prestamista que Kuntur Wasi consiguiera debía ser aprobado antes por el MTC para convertirse en un ‘acreedor permitido’. Como acreedor permitido, este prestamista gozaría de las garantías establecidas en el contrato, lo que significa que su préstamo pasaría a formar parte del ‘endeudamiento garantizado permitido’. Todo esto constituye el esquema general de una Asociación Público-Privada (APP).
Según el contrato, la construcción del aeropuerto de Chinchero debía tomar cinco años. El cronograma original estipulaba que el Estado debía pagar a Kuntur Wasi en cuotas trimestrales durante 15 años, tras cinco de gracia. Estas cuotas se pagarían en función de certificados de avance de obra (de allí el término ‘pago por avance de obra’, o PAO), entregados por el Estado durante la construcción tras comprobar que el consorcio avanzaba de acuerdo a lo previsto.
En otras palabras, durante los cinco años de construcción del aeropuerto el Estado le daría certificados al consorcio y sobre la base de estos le pagaría en los 15 años siguientes. El monto de cada una de estas cuotas trimestrales diferidas dependía del interés del préstamo que consiguiera Kuntur Wasi. A más alto el interés, más alto sería el valor de cada cuota. Aquí es donde empieza el problema.
-El contrato sin límites-
Diversas opiniones -entre ellas la de la Contraloría, la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el análisis que hizo hace dos años este mismo Diario- han coincidido en encontrar el mismo problema en el contrato original del aeropuerto: que no establecía un tope para la tasa de interés que podía conseguir Kuntur Wasi al financiarse la obra.
Esto implicaba que la cuota trimestral que el Estado debía desembolsar durante 15 años, tras cinco de gracia, tampoco tenía un límite establecido. No obstante, el Estado tenía derecho a rechazar cualquier propuesta de financiamiento que Kuntur Wasi le presentara y que le pareciera muy alta o mal formulada. Así ocurrió en varias ocasiones desde el 2014.
Pero ahí cobró relevancia el otro problema. El contrato tampoco establecía una fecha clara para que Kuntur Wasi presentara una propuesta con la que el Estado esté de acuerdo (lo que se conoce como ‘cierre financiero’). Según el contrato, Kuntur Wasi debía lograr el cierre financiero “30 días calendario antes del inicio de la etapa de ejecución de obras”.
Sin embargo, sobre la fecha máxima para iniciar la ejecución de estas obras, el contrato estipulaba: “30 días calendario contados a partir del momento en que se cumplan todas las siguientes condiciones”, y entre las condiciones listadas estaba el propio cierre financiero. Así, se establecía una referencia circular que hacía imposible determinar una fecha límite.
El problema derivado de estos vacíos contractuales se materializó en la última propuesta de endeudamiento de Kuntur Wasi. El consorcio planteó una tasa de 22.06%, frente al 9,52% que organismos especializados han calculado luego como el ideal para el proyecto. Pero como el contrato no establecía límites, lo único que podía hacer el Estado era rechazar nuevamente esta propuesta. Mientras, el aeropuerto de Chinchero seguía paralizado.
-El informe de la CAF-
El informe que hizo la CAF sobre el contrato original -al que este Diario tuvo acceso- es clave en toda esta historia. Fue encargado por el MTC en el 2016 y concluye varias cosas importantes. Primero, que efectivamente el contrato no establece una forma clara para calcular el interés del préstamo que debía buscar Kuntur Wasi.
Pero, sobre todo, la CAF critica la última propuesta que hace el consorcio -la del 22.06%-, porque el método utilizado para llegar a esa cifra “no es utilizado en los mercados financieros” ni se atiene “a lo que el mercado financiero interpreta como el costo de un financiamiento”, y que por ende “es incorrecto”. Es decir, la CAF concluye que Kuntur Wasi no estaba siguiendo las prácticas estándar para conseguir un préstamo.
Además, la CAF detalla una serie de conceptos utilizados por Kuntur Wasi para calcular esa tasa -como el costo de asesorías financieras y legales- que habrían sido largamente sobrevalorados frente al promedio del mercado. Finalmente, la CAF dice que la propuesta de Kuntur Wasi estaría buscando “cubrir o remunerar aquellas partidas que no incluyó en su oferta” inicial.
El informe de la CAF fue entregado al MTC el 7 de noviembre del 2016, según el sello de recepción de la mesa de partes del ministerio. Sin embargo, la fiscalía ha encontrado en la computadora personal de uno de los ejecutivos de Kuntur Wasi el mismo documento, pero fechado 26 de octubre del mismo año. Casi dos semanas antes.
-Un problema, dos caminos-
Toca, entonces, volver al hilo central de esta historia. Para enfrentar los vacíos del contrato original, el Estado tenía dos caminos. El primero era caducarlo unilateralmente y defender esta acción ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Para esta defensa, el Estado podría haber empleado el informe de la CAF.
El otro camino era negociar con Kuntur Wasi para establecer nuevos términos de juego. Estos términos quedarían escritos en un texto anexo llamado adenda. El camino de la adenda resultaba -es cierto- mucho más rápido, pues la cancelación del contrato implicaba realizar todo el proceso de licitación nuevamente. No hay que perder de vista que Chinchero llevaba 40 años esperando y empezaba a gestarse en Cusco una nueva manifestación para exigirlo.
Como ya es conocido, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) optó por negociar una adenda que quitaba del medio al prestamista. En cambio, la obra sería financiada directamente por el Estado. Por ello, varias voces alegaron que la adenda desvirtuaba el concepto de APP y convertía el proyecto en algo similar a una obra pública.
A los US$265 millones que Kuntur Wasi había ofrecido cofinanciar -destinados a levantar el aeropuerto-, debían sumarse US$145 millones para el movimiento de tierras -una etapa previa a la construcción, que siempre iba a ser pagada por el Estado-, US$20.5 millones de la supervisión de la obra y US$98 millones que el concesionario financiaba por su cuenta y que iban a ser rentabilizados en 40 años de operación del aeropuerto.
La suma de esas cantidades daba una cifra final de US$530 millones: el monto que originalmente se esperaba pagar. Sin embargo, la propuesta de Kuntur Wasi, con el interés de 22.06%, alcanzaba los US$1,120 millones, según explicó PPK. Esto significaba un sobrecosto por intereses de US$590 millones. En base a estas cifras, PPK dirigió un mensaje a la nación para explicar la adenda, pizarra y plumón de por medio.
-Los problemas de la pizarrita-
En el recordado video, PPK explica que al financiar directamente la obra, el Estado estaría ahorrándose los US$590 millones que sumaban los intereses. Esta interpretación, sin embargo, encarna una serie de imprecisiones. La primera es que, como analizó este diario, el Estado no estaba realmente obligado a pagar esos US$590 millones. El interés de 22.06% era una interpretación de Kuntur Wasi que el Estado ya había rechazado antes.
La segunda es que la razón de ser de una APP es que el Estado no asuma los riesgos asociados a la obra, sean estos de construcción o de financiamiento. Mediante el esquema de la adenda, el Estado pasaba a asumir todos los riesgos. Así lo explicó luego la expresidenta de Ositran -el ente regulador en materia de transportes-, Patricia Benavente, quien renunció tras la firma de la adenda.
La tercera imprecisión es que PPK había hecho una resta simple, pese a que el valor del dinero varía en función del tiempo. En finanzas, el ‘valor presente’ se calcula mediante una fórmula y es distinto al ‘valor nominal’. En un audio publicado meses después, en el que también participan el excontralor Edgar Alarcón y el exministro de Economía Alfredo Thorne, Martín Vizcarra menciona un ahorro de solo “US$90 millones en valor presente”.
Finalmente, está el costo de oportunidad. El modelo de pago en cuotas durante 15 años, con cinco de gracia, presupone que el Estado tiene que atender otros gastos igual de prioritarios con cargo al presupuesto público. Al diferir el desembolso del dinero, puede utilizar los fondos para esas otras prioridades. Con la adenda, sin embargo, el Estado debía desembolsar el dinero durante la construcción misma -5 años- y no en los 15 siguientes.
Todas estas imprecisiones fueron rápidamente señaladas. En medio, el excontralor Alarcón inició una investigación contra la adenda que terminó con la negación de la confianza al exministro Thorne, por presuntamente haber condicionado el presupuesto de la Contraloría al resultado de la pesquisa. La adenda y el contrato finalmente fueron cancelados.
-Los 13 de Chinchero-
Con todo lo explicado como punto de inicio, la fiscal Zoila Sueno ha formalizado investigación preparatoria contra 13 personas vinculadas a la firma de la adenda. Por el lado del sector público, el nombre más destacado es el de Fiorella Molinelli, quien fue viceministra de Transportes y hoy es presidenta de EsSalud.
También están los exfuncionarios del MTC Yaco Rosas, Gianina Beoutis, Hernán Muñoz y Nancy Zedano, el exdirector general de promoción de la inversión privada del MEF Camilo Carrillo, y los exmiembros del directorio de Ositran Alfredo Dammert y César Balbuena, quienes dieron luz verde a la adenda en contra de la opinión de su presidenta.
En el lado privado, por su parte, están Carlos Vargas Loret de Mola -CEO de AIH, uno de los dos miembros de Kuntur Wasi-, José Carlos Balta -CEO del consorcio-, Javier Rizo Patrón -gerente legal del consorcio-, Patricia Teullet -que a través de la consultora Newlink Group evaluó el contrato- y Ximena Zavala, hermana del exprimer ministro Fernando Zavala y gerenta de asuntos corporativos de AIH cuando se firmó la adenda.
Además de la aparición del informe de la CAF en la laptop de Balta, la fiscalía destaca otras irregularidades adicionales: la aparición de un borrador del pliego interpelatorio que tuvo que responder Martín Vizcarra ante el Congreso -aunque las respuestas no coinciden-, de un borrador de la adenda -que se estaba negociando entre ambas partes-, y un aporte de US$50.000 de AIH al Instituto País, ONG vinculada a la campaña de PPK.
Vizcarra, titular del MTC durante todo este proceso -quien defendió la adenda públicamente pero delegó su firma a Molinelli- no está incluido en la investigación de Sueno. Debido a su cargo, sólo puede ser investigado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y sólo mediante diligencias preliminares (una etapa previa a la investigación preparatoria).
En marzo del 2018, el entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez concluyó que no había elementos suficientes para continuar con la investigación a Vizcarra por el mismo caso. Sin embargo, especificó que de encontrarse nuevos elementos, podría reabrirse el proceso. El camino a seguir, si este fuera el caso, sería una denuncia constitucional ante el Congreso, que procedería con el antejuicio político.

Las dos caras de Martín Vizcarra

Por MARÍA TERESA GARCÍA- Diario EXPRESO.
En solo ocho días, el presidente Martín Vizcarra pasó de aceptar ser investigado, a proclamar que cerraría el Congreso por investigarlo. Este doble rostro y doble discurso se reflejaría en enarbolar la bandera anticorrupción contra sus opositores, pero cuando se trata de él, blindarse con un supuesto apoyo popular y hasta convocar a marchas callejeras. “Pueden hacerlo, investigarme una vez, dos veces, diez veces.
Van a llegar a la misma conclusión de que todo ha sido estrictamente en respeto de las normas y todos los procedimientos legales”, aseguraba el 28 de agosto, respecto las indagaciones del Ministerio Público por la polémica adenda del contrato para el aeropuerto de Chinchero en Cusco. Esa aparente disposición a ser fiscalizado como corresponde a todo funcionario en sistemas democráticos, dio un giro de 360° el miércoles por la noche, en lo que prácticamente era una “autoentrevista”, en la Cámara de Comercio Canadá-Perú.
“Estamos mostrando la buena voluntad el Presidente y el titular del Congreso al habernos reunidos, ahora hay estas comisiones investigadoras (…). Los actos de intimidación del Congreso pretenden dañar al Ejecutivo, pero no lo logran; están dañando al Perú y por eso la población reacciona y por eso la población va a salir a marchar al Congreso porque dice ‘ya basta’”, fue su nueva actitud. El mandatario expresaba su negativa a rendir cuentas por haber expuesto un mensaje a la Nación que no había sido aprobado –al menos parcialmente- por el Consejo de Ministros, como manda la Constitución Política.
FANTASMA DE CHINCHERO
En sus declaraciones del 28 de agosto, Vizcarra se refería a la denuncia interpuesta por el procurador anticorrupción Amado Enco, quien lo responsabilizaba por la resolución del Ministerio de Transportes del 2 de febrero de 2017, por la que se aprobó el texto de la Adenda Nro. 1, cuando era titular del sector entre julio de 2016 y mayo de 2017.
Enco responsabilizó al Presidente de los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, esto debido a que autorizó a la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, para que en representación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) suscriba la adenda y los documentos conexos.
73 % DE ACUERDO…
La última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) da cuenta que el 73 % de la población considera que el presidente Martín Vizcarra debe ser investigado por el caso Conirsa, mientras que el 19 % cree que este caso no amerita indagación alguna. El mismo sondeo arroja una popularidad presidencial de 60 %.
Al exgobernador de Moquegua también se le imputó haber firmado la resolución ministerial que nombró a Alfredo Dammert Lira como integrante del Consejo Ejecutivo de Ositran. Esta persona votó a favor de la aprobación de la adenda. El abogado del Estado señalaba al mandatario por presuntos delitos de colusión y negociación incompatible, debido a que autorizó a la entonces viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, para que firme el documento en representación del MTC. Sin embargo, el 12 de marzo de 2018, dos semanas antes de que Vizcarra Cornejo jurara como nuevo presidente, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, archivó de manera provisional la investigación del caso Chinchero en contra de quien aún era ministro de Transportes y Comunicaciones. Entonces, Sánchez consideró que la actuación de Vizcarra no tuvo relación con los delitos imputados.
Hace unas semanas, la fiscal Zoila Sueno anunció investigación preparatoria con nuevos indicios que comprometerían al Presidente, y ahora corresponde a la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, pronunciarse sobre el tema. Vizcarra insistió en que ya había sido investigado por este tema cuando dejó el cargo de ministro de Transportes, porque -según dijo- se acreditó que no cometió ningún hecho irregular.
Cabe precisar que en las indagaciones aprobadas por la Comisión de Fiscalización, a las que el mandatario hizo referencia con su nueva actitud, están las presuntas irregularidades en el Mensaje a la Nación en el que anunció el proyecto de ley de adelanto de elecciones al 2020 (propuesta que ha sido retirada), la metodología y las acciones que emplean las empresas encuestadoras y el pedido de ampliación para investigar el referido caso Chinchero.
TEMOR
Pero la decisión de la comisión parlamentaria que molesta al Presidente fue la continuación de las indagaciones sobre los contratos que firmó la empresa CyM Vizcarra, la cual conformó con su hermano César Vizcarra, con el consorcio Conirsa, en la que participó Odebrecht. Y es que esta comisión tiene previsto visitar al mandatario para hacerle el interrogatorio correspondiente a fin de conocer si existieron irregularidades o no en dichas contrataciones. Pero ¿no era que el mandatario no le temía a las investigaciones? Lo que también fastidió al mandatario es la insistencia de la citada comisión fiscalizadora en llamar a su hermano César, si es posible de grado o fuerza, ante la negativa de este de asistir para contestar las preguntas de los parlamentarios.
César Vizcarra, quizás envalentonado por su lazo consanguíneo con el mandatario, señaló lo siguiente en una carta: “El requerimiento formulado por la comisión es manifiestamente ilegal, en tanto: Se solicita documentación desde el año 2003, a pesar que los hechos investigados se han suscrito entre el año 2006 y el 2008. Se requiere la entrega de documentos ajenos a la relación contractual entre CyM y Conirsa, lo cual distorsiona los alcances de la investigación”.
TIENEN QUE ASISTIR
Sobre el tema, el abogado Luis Lamas Puccio dijo que la comisión tiene la facultad de pedirle a la Policía Nacional la detención de la persona en cuestión y conducirla hasta el Parlamento para que responda a las interrogantes de los integrantes de la comisión.
“Todo ciudadano está obligado por ley a asistir y su asistencia demuestra y pone en evidencia la voluntad de colaborar con una investigación y los documentos que lo respaldan. Estamos hablando del hermano del Presidente y con mayor razón tiene que dar el ejemplo”, sostuvo. Indicó que si no se presenta, lo que podría estar buscando es dilatar la investigación para que se convierta en un tema político.
TAMBORES DE GUERRA
“El Congreso está haciendo sonar los tambores de guerra. Durante la presentación de Salvador del Solar se quejaban de la falta de ecuanimidad del gobierno, pero ellos todo el día de ayer actuaron en la misma dirección”, declaró Giovanna Peñaflor, directora de Imasen.
SIETE BANCADAS
Tras las amargas críticas del Presidente de la República a las investigaciones congresales, siete bancadas del Parlamento votarán en contra del proyecto de ley de adelanto de elecciones al 2020, aunque ello signifique un nuevo pedido de la cuestión de confianza. Al respecto, el aprista Jorge del Castillo anunció que su bancada en pleno votará contra la propuesta presidencial por considerarla inconstitucional.
Del Castillo indicó que si el mandatario decide cerrar el Congreso, tendrá que atenerse a las consecuencias de sus actos que serían de tipo penal. Por su parte el congresista acciopopulista, Víctor Andrés García Belaunde sostuvo que ante las amenazas de cierre del Congreso y las investigaciones de Fiscalización, el mandatario “habla por ignorancia”. “Lo dice por ignorancia porque son iniciativas, pero esas investigaciones que están planteándose tienen que ser aprobadas por el Pleno o en comisiones especiales y el Pleno decidirá si se les da facultades especiales o se le otorga ampliaciones”, indicó.
SIN EXCUSA
Finalmente, si la principal autoridad del país pretendía victimizarse, la parlamentaria Janet Sánchez le quitó cualquier excusa. Por la mañana, dejaba sin piso el “caballito de batalla” del oficialismo para denunciar un supuesto obstruccionismo. “A fin de sostener la gobernabilidad en nuestro país, solicito la reconsideración de la votación”, indicaba la chalaca en oficio al presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Tapia.
Esto sería parte del juego democrático de la nueva Mesa Directiva del Parlamento, el cual dejó de ser dependiente del Poder Ejecutivo –como era la gestión de Daniel Salaverry- sin llegar a los enfrentamientos casi diarios cuando Fuerza Popular la dominaba.
“En aras de mantener el diálogo y la gobernabilidad que han sido invocadas por el presidente del Congreso y respetando la agenda país propuesta, he retirado mi pedido para investigar las circunstancias de la aprobación del mensaje presidencial”, acotaba Sánchez. ¿Con qué excusa saldrá mañana un gobierno que fracasa en seguridad, salud, transportes y economía, en su intento de desestabilizar al Congreso?”

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