El fiscal Carlos Puma, miembro del equipo especial del caso Lava Jato, solicitó al Poder Judicial variar la comparecencia con restricciones por 36 meses de prisión preventiva para la exalcaldesa de Lima Susana Villarán -sobre quien pesa una orden de impedimiento de salida del país desde noviembre del 2017- mientras se le investiga por los presuntos delitos de lavado de activos, cohecho, negociación incompatible, tráfico de influencias, asociación ilícita para delinquir y colusión.
También se requirió la misma medida para el exgerente municipal José Miguel Castro y otras cuatro personas, según señalaron a EXPRESO fuentes del equipo Lava Jato.
Recordemos que, el mes pasado, el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, confirmó ante los fiscales peruanos en Curitiba que la firma brasileña aportó de manera irregular 3 millones de dólares a la campaña del ‘No’ a la revocatoria de Villarán, a fin de que no corra riesgo el proyecto ‘Rutas de Lima’. Añadió que la exburgomaestre -incluso- lo llamó para agradecerle la “donación”.
Barata dijo, además, que, de este monto, 2 millones de dólares le fueron dados al publicista Valdemir Garreta (propietario de FX Comunicaciones) en Brasil y el otro millón fue recibido por José Miguel Castro, cuyo codinome en el Departamento de Departamento de Operaciones Estructuradas (o ‘Caja 2’) era ‘Budian’, en Lima.
Pero eso no es todo. De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, la constructora carioca OAS habría inyectado ilícitamente 1 millón de dólares a la campaña del ‘No’. Durante la gestión de la exburgomaestre capitalina, vale remarcar, se amplió de 30 a 40 años el contrato de concesión del proyecto ‘Línea Amarilla’ a favor de la citada empresa trasnacional.
El dominical Panorama informó -a través de su cuenta de Twitter- que “la audiencia de prisión preventiva de Susana Villarán se realizará el lunes 13 de mayo a las 9:00 am en la Sala de Audiencias número 2, de la sede judicial Carlos Zavala”.

PIDIERON 6 MILLONES

Asimismo, dicho medio de comunicación dio a conocer que, según la Fiscalía, José Miguel Castro pidió en total 6 millones de dólares a constructoras brasileñas para la campaña del ‘No’ a la Revocatoria: US$3 millones a Odebrecht y US$3 millones a OAS.
Fuente: Diario EXPRESO.

Fiscal: OAS y Odebrecht dieron US$10 millones a campañas de Susana Villarán

Por Graciela Villasís Rojas / Martín León Espinosa- Diario El Comercio.
—El intento de reelección—
En el documento se indica que, para la campaña municipal del 2014, en la que Susana Villarán buscaría la reelección, OAS entregó US$4 millones en respuesta a un pedido de José Miguel Castro.
En el requerimiento se cita la declaración de un colaborador eficaz de la fiscalía, que señaló que Castro pidió a José Adelmário Pinheiro Filho (conocido con Léo Pinheiro, ex presidente de OAS) “dinero para la campaña por la reelección de Susana Villarán por US$4’000.000, a lo que el segundo [Pinheiro] aceptó, siendo que Castro decía que ‘por el tamaño del proyecto era lo que le tocaba pagar’ […] Castro señaló a César Meiggs [para quien también se ha pedido prisión preventiva] para la entrega del dinero”.
Según fuentes cercanas a la investigación fiscal, ese pedido de dinero se dio en el contexto de un nuevo favorecimiento a OAS en el contrato de concesión de la Línea Amarilla.
En total, las dos empresas brasileñas entregaron US$10 millones para las dos campañas de la ex alcaldesa de Lima: Odebrecht US$3 millones y OAS US$7 millones.
El Comercio intentó comunicarse con Iván Paredes, abogado de Susana Villarán, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes.
José Humberto Orrego Sánchez, abogado de José Miguel Castro, dijo a este Diario que ya fue notificado, aunque aún no tiene el expediente. Sin embargo, consideró que no se justifica un cambio a una medida más gravosa para su defendido porque este ha tenido una buena conducta procesal durante la investigación que se le sigue. “No estoy de acuerdo”, recalcó.

Pedido fiscal advierte que contratación de actores habría sido “contraprestación” por apoyar a Villarán en el NO

En exclusiva, Panorama reveló a través de Twitter que la solicitud de prisión preventiva por 36 meses presentada por el fiscal Carlos Puma contra la excaldesa de Lima, Susana Villarán, incluye en su página 45 una advertencia sobre cierta forma de “contraprestación” en la contratación de actores que participaron en la campaña del No a la Revocatoria.
“Como parte del trabajo efectuado por FX Comunicacao se grabaron diversos spots publicitarios; en estos no solo aparecía Villarán como líder de la campaña, además también (sic) diversas figuras del medio artístico como Gustavo Bueno, Mónica Sánchez, Christian Thorsen […] Estos artistas junto a otros habrían sido contratados por la gestión de Susana Villarán –advirtiéndose aquí también una contraprestación– en razón de haber colaborado en su campaña; esto se evidencia con la información remitida por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Oficio N°3559-2017-EF/52.06”, se puede leer en una captura del documento compartido por el programa dominical en la red social.
Como se recuerda, ya el 14 de agosto de 2014 El Comercio publicó una extensa nota al respecto titulada “Gestión de Villarán contrató a rostros del No el mismo año de la revocación”, que mencionaba –con montos incluidos– a Julio Andrade, Gustavo Bueno, Claudia Cisneros, Christian Thorsen, Magaly Solier, entre otros. Dicho artículo desató una furibunda reacción por parte de las figuras mencionadas que terminó con el DESPIDO del periodista Gustavo Palomino, autor de la nota, por presiones que habría ejercido Pepita García Miró (enérgica y entusiasta participante en la campaña de apoyo a Villarán y miembro de la familia Miró Quesada).
Fuente: Político.pe

Caso Susana Villarán: las claves del pedido de prisión preventiva

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
El fiscal Carlos Puma Quispe solicitó prisión preventiva por 36 meses contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, y sus ex funcionarios José Miguel Castro, Gabriel Prado, Luis Gómez Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga. Los fundamentos de su solicitud se detallan a continuación:
1. Aportes ilegales a la revocatoria
El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa y dio inicio a su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro como gerente municipal y a Domingo Arzubialde como gerente de promoción de la inversión privada.
Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán continúe en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero, para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que El Comercio tuvo acceso. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo de Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora del proyecto Línea Amarilla.
Para llevar a cabo la campaña en su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para llevar la asesoría a través de la empresa FX Comunicacao, y este se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración fue acordada en US$3 millones.
Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de José Miguel Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS. Esta información está respaldada con las declaraciones del ex directivo de Odebrecht Jorge Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de esta empresa Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de dos colaboradores eficaces.
Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas de Odebrecht registran pagos por US$711 mil a “Budián”, nombre clave con el que se referían a Castro.
La ex alcaldesa de Lima Susana Villarán junto a José Miguel Castro y Eduardo Zegarra en una de las tantas actividades de la campaña de la No revocación. [Foto archivo El Comercio].
En referencia a los pagos hechos por OAS, la fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que dio detalles sobre una conversación entre los ex directivos de esta empresa Valfredo de Assis y Leonardo Fracassi, en la que el primero le señaló al segundo que Castro le pidió la entrega de recursos. Estos ingresos serían pagados por medio de contratos en Brasil entre Garreta y la empresa Ogilvy.
Además, otro colaborador señaló que a inicios del 2013 Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima, donde conversó con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocatoria era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millonesa OAS.
Esta empresa cumplió con los pagos por dos vías. OAS realizó contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, la cual contrató parte de la publicidad pagada en Perú. Además, usaron ‘doleiros’ que le entregaron el dinero a Luis Gómez Cornejo -por indicación de Castro- quien lo distribuía a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.
2. Los amigos de Lima
En el allanamiento a la vivienda de Villarán, la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión.
La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocatoria ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marin Lozano.
Esta agrupación creó cuatro cuentas donde se depositarían un total de S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.
3. El uso de los recursos
Según la acusación fiscal, el dinero recolectado fue usado para pagar a la empresa FX Comunicacao, encargada del marketing político, y las emisiones publicitarias.
Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó 5 cuotas de US$400 mil cada una entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó 4 entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre recibió medio millón de dólares de estos fondos.
Paneles con fotografías de artistas y deportistas fueron parte de la millonaria campaña de la ex alcaldesa de Lima. La fiscalía encontró una contrato con el actor Christian Thorsen, entre otros. (Fotos: Archivo El Comercio).
La campaña por el “No” contrató publicidad con medios de comunicación y paneles publicitarios por un total de S/5’460,246.33. Sin embargo, a las cuentas recolectoras de fondos de campaña solo ingresó S/1,4 millones y US$228 mil, por lo que se desprende que el dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Mendez Vega, tesorera de la campaña. La fiscalía tiene la hipótesis de que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.
Una de las empresas que tuvo un rol importante en la contratación de la publicidad fue Momentum Ogilvy, empresa de colocación de avisos en medios de comunicación de Óscar Vidaurreta Yzaga.
Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes de la campaña contra la revocatoria. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó de la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil.
La acusación también recoge los contratos entre la Municipalidad de Lima y tres actores que participaron de la campaña por el “No”: Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, cada uno contratado por S/7 mil en el 2013.
4. Los beneficios para las empresas
La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada “Proyecto Vías Nuevas de Lima”, sin que se aprecie una adecuada exposición del proyecto, el 18 de febrero del 2012. Dos empresas subsidiarias de Odebrecht formaron el consorcio que se adjudicó el proyecto.
El contrato se firmó el 9 de enero del 2013, presuntamente luego del pedido de dinero a Barata, y sin opinión previa del Ministerio de Economía, pese a que era obligatorio.
Sobre la firma de la adenda al contrato de Línea Amarilla, a cargo de OAS, la fiscalía señala que los acuerdos vulneraron las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública y las regulaciones de las asociaciones público-privadas. Este documento se suscribió el 13 de febrero del 2013, después del presunto pedido de aportes.
La gestión de Susana Villarán dio los primeros pasos en la obra Línea Amarilla, llamada en ese entonces como Vía Parque Rímac. (Foto: Archivo El Comercio).
“La incorporación del proyecto Río Verde y obras de integración urbana al contrato de concesión generó el cambio de la naturaleza de la concesión de autosostenible a cofinanciado, siendo necesario que, para la aprobación de la modificación del contrato se solicite la opinión previa del Ministerio de Economía”, señala el pedido presentado por el fiscal Puma. No se cumplió este último requisito.
5. La cuenta en Andorra 
Odebrecht creó una cuenta en la Banca Privada de Andorra a nombre de Renton Holding, en la que el ex funcionario Gabriel Prado fue el beneficiario final. Su propósito era recibir aportes ilícitos de la Caja 2 de la constructora brasileña.
La fiscalía cuenta con información que corrobora la reunión entre Castro y Prado con Andrés Norberto Sanguinetti Barros, funcionario de esta entidad bancaria, en el hotel Novotel.
6. La campaña de reelección
Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán en el 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Adelmahiro Pinheiro, conocido como Leo Pinheiro y ex presidente de OAS, la suma de US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]”. El empresario brasileño aceptó.
De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios para que se pueda generar el dinero ilícito. De parte de la Municipalidad de Lima, Castro habría señalado a César Meiggs como el encargado de la receptación de fondos.
El informe final de la campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1.3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluó los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.
A Villarán y Castro se les acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Su situación se definirá en la audiencia del lunes.

Contratos ficticios validaron US$4 millones para la reelección

Por Jonathan Castro– Diario El Comercio.
Después de recibir los aportes económicos para la campaña contra la revocación, Susana Villarán tuvo el mismo gesto con dos ex funcionarios de alto nivel de las constructoras brasileñas: se comunicó con ellos para agradecerles su apoyo. Así lo sostuvieron Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, y José Aldemário Pinheiro (conocido como Léo Pinheiro), ex presidente de OAS, en sus declaraciones ante el equipo especial del Caso Lava Jato que fueron incluidas en el pedido de prisión preventiva para la ex alcaldesa.
El fiscal Carlos Puma Quispe, a cargo de la investigación, también encontró evidencias sobre aportes ilícitos realizados en la campaña en la que Villarán buscó la reelección. Dos colaboradores eficaces declararon que OAS realizó contratos ficticios con dos compañías del empresario César Meiggs para entregar US$4 millones a la causa de la ex alcaldesa.
El Ministerio Público ha solicitado la prisión preventiva por 36 meses para Villarán, los ex gerentes edilicios José Miguel Castro y Gabriel Prado, y otros tres imputados, por presuntamente haber recibido US$10 millones de Odebrecht y OAS para las campañas contra la revocación (2013) y por la reelección (2014) de la ex alcaldesa. A continuación, las principales evidencias encontradas contra ellos.
1. Castro habría solicitado aportes por igual a Odebrecht y OAS para la campaña del No.
El 2 de enero del 2012, Marco Tulio Gutiérrez adquirió el kit electoral para revocar a la alcaldesa e inició su campaña. Cuatro días después, Villarán nombró a José Miguel Castro gerente municipal y a Domingo Arzubialde gerente de Promoción de la Inversión Privada.
Según la fiscalía, estos nombramientos tuvieron como trasfondo que Villarán se mantuviera en el poder. Así “habría orquestado su idea de pedir dinero para su campaña por la no revocatoria y posteriormente para su reelección, a las empresas brasileñas que tenían intereses en la Municipalidad de Lima, a cambio de beneficios para aquellas obras”, señala el pedido fiscal al que este Diario accedió. Estas constructoras fueron Odebrecht, a cargo del proyecto Vías Nuevas de Lima, y OAS, ejecutora de Línea Amarilla.
Para llevar a cabo la campaña a su favor, Villarán se puso en contacto con el publicista Luis Favre, a través del ex primer ministro Salomón Lerner Ghitis. Favre se contactó con su colega brasileño Valdemir Garreta para realizar la asesoría a través de la empresa FX Comunicaciones.
Garreta se reunió con Villarán en Lima. La ex alcaldesa le habría dicho que la persona encargada de coordinar la campaña era José Miguel Castro. La remuneración del equipo de publicistas fue acordada en US$3 millones.
Entre fines del 2012 e inicios del 2013, Susana Villarán, a través de Castro, solicitó US$3 millones a Odebrecht, y la misma cantidad a OAS, según la fiscalía. Esta información está respaldada en las declaraciones de Barata, el cruce de llamadas entre Castro y los funcionarios de Odebrecht Guilherme Borjes de Queiroz y Raúl Ribeiro Pereira, el testimonio de Valdemir Garreta y declaraciones de colaboradores eficaces.
Castro le habría indicado la forma de pago a Barata: US$2 millones a Garreta para el pago de la asesoría publicitaria y US$1 millón en cuentas y efectivo. Villarán se habría contactado con Barata para insistir en el pedido de Castro, así como para agradecerle por la entrega del dinero. Las planillas del Departamento de Operaciones Estructuradas, la caja 2 usada para contribuciones ilícitas, registran pagos por US$711 mil a ‘Budián’, nombre clave con el que se referían a Castro.
Para la recepción de parte de estos fondos, se abrió una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en la que Gabriel Prado era el beneficiario. Su abogado, Eduardo Roy Gates, señaló que no se le hizo ningún depósito. Agregó que aún no ha sido notificado.
2. OAS realizó aportes de su propia división de sobornos con contratos ficticios.
La fiscalía cuenta con el testimonio de un colaborador eficaz que señaló que a inicios del 2013 el ex directivo de OAS Valfredo de Asis fue citado a la Municipalidad de Lima a conversar con Villarán. Ella le habría dicho que el proceso de revocación era “muy duro y que un cambio en la gestión municipal iba a ser muy perjudicial para el desarrollo del proyecto”. A continuación, Castro le dijo que la campaña iba a costar US$8 millones que serían repartidos entre las empresas con concesiones en la municipalidad, por lo que le correspondería pagar US$3 millones a OAS.
Además, Léo Pinheiro afirmó que Castro y Villarán le solicitaron aportes para esta campaña en una reunión. El empresario estaba interesado en mantener la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac (o Línea Amarilla).
OAS cumplió los pagos. Para ello realizaron contratos ficticios con la empresa de colocación de avisos en medios Momentum Ogilvy, representada por Óscar Vidaurreta Yzaga, agencia que contrató parte de la publicidad de la campaña contra la revocación. Los contratos ficticios se realizaron con las sucursales de Ogilvy en Ecuador, Colombia y Chile. El colaborador que dio esta información señaló que fueron “completamente ficticios”. La defensa de Vidaurreta indicó que aún analizan el caso.
La constructora utilizó ‘doleiros’ para introducir los fondos al país y entregárselo a Luis Gómez-Cornejo –por indicación de Castro–, quien lo distribuyó a Anel Townsend y Enrique Juscamaita.
Otros testimonios refieren que el ex directivo Alexander Alves le entregó US$1 millón en efectivo a Gómez-Cornejo. En comunicación con El Comercio, su abogado Karl Borjas rechazó los cargos y señaló que hasta el miércoles fue considerado testigo del caso.
3. También se firmaron contratos ficticios para la campaña por la reelección.
Dos colaboradores eficaces han señalado que en la campaña de reelección de Villarán del 2014 se usó la misma modalidad de recaudación de fondos ilícitos. Según uno de ellos, José Miguel Castro le solicitó a Léo Pinheiro US$4 millones “por el tamaño del proyecto [Vía Parque Rímac]” que tenían en desarrollo. El empresario brasileño aceptó.
De parte de la constructora, Leonardo Fracasi se encargó de realizar contratos ficticios con el empresario César Meiggs, a quien Castro había designado para estos trámites. Los acuerdos fueron suscritos con sus empresas de construcción CMR y Servicios Generales Generación.
“A veces se efectuaban servicios reales con el objeto de disfrazar la generación de caja 2, pero se ponían valorizaciones sobre precios de servicios que no correspondían, eso se hizo en las empresas Generación y CMR”, indicó uno de los colaboradores eficaces.
El informe final de la campaña del 2014 ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registró ingresos por un total de S/1,3 millones. En el proceso de verificación, la fiscalía constató que 39 personas señalaron no haber realizado aportes y que seis dijeron que no dieron recursos para la campaña de Villarán, sino para otras candidaturas de su agrupación. También se detectó que se subvaluaron los gastos en medios de comunicación y paneles publicitarios.
4. Ex funcionarios edilicios sostienen que Villarán dirigió la campaña.
La fiscalía ha considerado los testimonios de los ex colaboradores de Villarán Eduardo Zegarra, Gustavo Guerra García, Anel Townsend, Daniela Maguiña y Marisa Glave para señalar que la campaña contra la revocación fue dirigida por la propia alcaldesa. Como prueba de ello, sostiene que la ex autoridad participó en varias reuniones de planificación, eligió a Luis Favre como publicista y a Townsend como jefa de campaña. Castro también tuvo protagonismo en las coordinaciones, según los testigos.
Además, en el allanamiento de la vivienda de Villarán la fiscalía incautó el libro de la asamblea general de socios de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana. De esta incautación, la fiscalía concluye que ella no solo estaba informada sobre el grupo, sino que lo habría mandado a crear, pues sus integrantes eran miembros de su gestión edilicia.
La asociación fue creada el 21 de noviembre del 2012, cuando el proceso de revocación ya estaba en marcha, y estuvo conformada por los ex funcionarios Marco del Mastro Vecchione, Cecilia Lévano de Rossi, Guillermo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte y los militantes de Fuerza Social Brigido Marcos Oriundo Naupari y Natividad Marín Lozano. Crearon cuatro cuentas donde se depositaron S/1 millón y US$228 mil, la mayoría en efectivo, proveniente presuntamente de los fondos ilícitos de las constructoras brasileñas.
5. El dinero ilícito se utilizó para el pago de publicistas y contratos en medios.
Los pagos a la empresa de Garreta se realizaron de la siguiente forma: Odebrecht aportó cinco cuotas de US$400 mil cada una, entre mayo del 2014 y mayo del 2015; mientras OAS realizó cuatro entregas de 500 mil reales aproximadamente, entre junio y agosto del 2013. En total, recibieron US$3 millones. Favre cobró medio millón de dólares de estos fondos.
La campaña por el No contrató publicidad con medios y paneles publicitarios por un total de S/5’460.246,33, de acuerdo con las cartas enviadas por las empresas de comunicaciones. La fiscalía tiene la hipótesis de que la mayor parte de este dinero no fue bancarizado ni en las cuentas de la Asociación Amigos de Lima Metropolitana ni en las de María Julia Méndez Vega, tesorera de la campaña. Por ello, consideran que los aportes en efectivo fueron la vía para inyectar los fondos que Castro recibió de Barata.
Además, la fiscalía da cuenta de contratos entre la Municipalidad de Lima y participantes en la campaña contra la revocación. La empresa Visionaria, representada por Óscar de la Flor Arbulú, participó en la campaña y brindó servicios a la gestión de Villarán por S/571 mil. También incluyó a los artistas Magaly Solier, Julio Andrade y Christian Thorsen, quienes fueron contratados por S/7 mil cada uno en el 2013.
6. Contratos firmados por las constructoras no pasaron por el MEF.
La fiscalía sostiene que el Concejo de la Municipalidad de Lima aprobó la iniciativa privada Proyecto Vías Nuevas de Lima y la adenda al contrato de Línea Amarilla sin contar con la opinión previa del Ministerio de Economía (MEF), pese a que era obligatorio. Ambos contratos fueron firmados en los primeros meses del 2013, después del presunto pedido de aportes a ambas empresas.
*Con la colaboración de Martín Calderón, Rocío La Rosa, Rodrigo Cruz y René Zubieta.

Forsyth sobre Villarán: “Los que han sido culpables que se vayan a la cárcel”

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, expresó estar sorprendido frente al pedido de 36 meses de prisión preventiva para la excaldesa de Lima Susana Villarán, quien, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, habría recibido 10 millones de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para sus campañas contra la revocación y reelección.
Recordemos que Forsyth, en representación del club Alianza Lima, llamó a votar por el ‘No’ a la revocatoria de Villarán.
“Como muchos de los limeños que participamos en esa campaña votando por el ‘No’, obviamente todos nos sentimos sorprendidos, al igual que los muchos que votaron por los expresidentes que ahora están presos y fugados”, dijo el exguardameta.
Sin embargo, sostuvo que “tenemos que ser drásticos y los que han sido culpables que se vayan a la cárcel”. “La corrupción es el cáncer que está viviendo el Perú en general, pero hay gente que está muy comprometida en cambiar el país”, agregó.
Vale mencionar que, según el fiscal Carlos Puma -miembro del equipo especial del caso Lava Jato-, la exburgomaestre capitalina habría recibido 6 millones de dólares de firmas cariocas para su campaña por el ‘No’: 3 millones de dólares de Odebrecht (a cargo del proyecto ‘Rutas de Lima’) y 3 millones de dólares de OAS (a cargo del proyecto ‘Línea Amarilla’).
Además, OAS habría inyectado 4 millones de dólares a la campaña de reelección de Villarán.
La solicitud de cárcel provisional también alcanza al exgerente municipal José Miguel Castro (cuyo codinome en el Departamento de Operaciones Estructuradas sería ‘Budian’), el exfuncionario edilicio Gabriel Prado, Luis Ernesto Gómez-Cornejo Rotalde, César Meiggs Rojas y Óscar Vidaurreta Yzaga.
Fuente: Diario EXPRESO.