Por Verónica Goyzueta– Diario ABC.
La Corte Suprema brasileña rechazó por 6 votos a 5 el recurso de «habeas corpus» presentado por la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar su prisión en segunda instancia. Lula fue derrotado de forma dramática, tras casi once horas de una votación que terminó empatada y que tuvo que resolver la presidenta del tribunal, Carmen Lucia Rocha.
La decisión es un golpe duro contra Lula da Silva, que ya fue condenado a doce años de prisión en segunda instancia y puede ser encarcelado en cuanto se agoten las posibilidades legales de ese tribunal, donde prácticamente ha perdido el caso.
«Necesitamos reflexionar sobre lo que oímos», declaró uno de los abogados de Lula, José Roberto Batocchio, al salir del tribunal. La defensa debe presentar nuevos recursos pero se espera, sin embargo, que los pierda nuevamente. Con ellos, solo retrasará su entrada en prisión, a más tardar, hasta comienzos del mes de mayo.
Lula, que esperaba en la sede del sindicato de metalúrgicos de São Bernardo do Campo, donde comenzó su historia política, decidió no pronunciarse sobre el resultado. El Partido de los Trabajadores (PT), difundió una nota criticando la decisión y proclamando la inocencia de su líder. «Hoy es día trágico para la democracia», comenzaba el texto, que acusó a la mayoría de la Corte Suprema de «rasgar la Constitución» al rechazar la tesis de «presunción de inocencia» hasta la última instancia.
El líder de la izquierda brasileña, favorito en todos los sondeos para las elecciones presidenciales de octubre con un 36% de los votos, ve también alejarse la posibilidad de disputar los sufragios, a no ser que consiga una decisión favorable en el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Lula fue condenado a doce años de prisión por corrupción y blanqueo de fondos por haber recibido un piso tríplex frente al mar de una constructora, la OAS, que ganó licitaciones y obras en la petrolera estatal Petrobras.
La larga espera por la decisión de los jueces dejó a los brasileños en vilo, dividiendo al país entre los que piden la prisión del expresidente y quienes creen que el exmetalúrgico está siendo víctima de una campaña para evitar que dispute nuevamente la presidencia.
De hecho, este nuevo capítulo en el proceso contra el expresidente, que es investigado en otras siete acciones judiciales, aumenta la incertidumbre sobre las elecciones, donde hasta el momento no han aparecido nombres de peso, y se destaca un polémico candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro.

Sergio Moro expide orden de prisión contra el expresidente Lula

El juez brasileño Sergio Moro emitió una orden de prisión contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años y un mes de cárcel por corrupción.
El magistrado, emblema de la operación Lava Jato, indicó en su decisión que le concede a Lula, “en consideración de la dignidad del cargo que ocupó”, la oportunidad de presentarse voluntariamente ante la Policía Federal de Curitiba antes de mañana viernes a las 17H00 (20H00 GMT).
Prohibió además “la utilización de esposas en cualquier hipótesis”.
La decisión llega menos de 24 horas después de que la corte suprema de Brasil rechazara un recurso del líder de la izquierda para recurrir su sentencia en libertad ante tribunales superiores.
La defensa de Lula no se manifestó de inmediato tras la orden de arresto de Moro, pero más temprano el abogado Cristiano Zanin Martins había declarado a periodistas que no trabajaban “con la hipótesis de la prisión” inmediata.
El exlíder sindical de 72 años, favorito en las encuestas para las elecciones de octubre, fue condenado por haber recibido un apartamento de lujo de una constructora involucrada en el escándalo de Petrobras.
Implicado en otros seis procesos judiciales, el exmandatario niega todas las acusaciones y las considera parte de un complot de las élites para que no pueda volver al poder después de haber dejado el cargo en el 2010 como el presidente más popular de la historia reciente de Brasil.
Fuente: Diario Gestión.

La prisión de Lula no libera a Brasil de su crisis

Por Carol Pires -Diario The New York Times.
Nadie en Brasil domina los símbolos de la política mejor que Luiz Inácio Lula da Silva. El expresidente se entregó a la Policía Federal para empezar a cumplir su condena de doce años por corrupción, pero no sin antes pasar dos días rodeado de seguidores que lo acompañaron toda la noche en la sede del sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo, donde él empezó su carrera política como líder sindical. En 1980, también en un mes de abril, la dictadura militar lo encarceló por primera vez.
El juez Sérgio Moro le ordenó presentarse a la policía antes de las cinco de la tarde del viernes 6 de abril. Pero Lula impuso sus propias reglas. Solo se entregó después de asistir a una misa ecuménica en conmemoración del cumpleaños de su fallecida esposa, Marisa Letícia. Estuvo rodeado de aliados políticos, entre ellos otros dos candidatos presidenciales, en la propia sede del sindicato donde Lula y Marisa se conocieron en 1973 y donde él la veló el año pasado.
Antes de entregarse para ser trasladado a la cárcel en Curitiba, Lula no dejó de hacer política ni por un minuto. Pasó buena parte del día arengando a la población desde su camión de campaña y aprovechó la atención de los medios para propagar su discurso de que el encarcelamiento del candidato favorito a la elección presidencial de octubre deteriorará aún más la democracia brasileña. “Yo no voy a parar porque ya no soy un ser humano. Yo soy una idea. Una idea mezclada con las ideas de ustedes”, le dijo a una multitud que le gritaba: “No te entregues”. El carro de la policía federal designado para trasladarlo intentó partir dos veces, pero los seguidores del expresidente se lo impedían.
El juicio contra Lula encendió aún más los ánimos de los brasileños, ya sobresaltados por la crisis política. El 4 de abril, en la víspera de la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de negar un recurso de habeas corpus al expresidente, el general Eduardo Villas Boas, jefe de las Fuerzas Armadas, despertó el fantasma de la dictadura al afirmar en Twitter que los militares comparten, “junto con todos los buenos ciudadanos, el repudio a la impunidad y el respeto a la Constitución, la paz social y la democracia”. Su mensaje fue interpretado como una intimidación a la corte. Otro general, Luiz Gonzaga Schroeder, fue más allá y dijo en una entrevista que en caso de que Lula fuera electo es “deber de las Fuerzas Armadas restaurar el orden”.
Ambos generales comparten la opinión de los que ven en la cruzada de Lula una descarada afrenta al combate a la corrupción que representa la operación Lava Jato. Su encarcelamiento es el punto más alto de esta investigación iniciada en 2014 pero no es, ni de lejos, el fin de la crisis política. En todo caso, la ida de Lula a prisión marca el inicio de una etapa de mayor incertidumbre a pocos meses de una elección presidencial. En contraste, muchos de los opositores de Lula también investigados por Lava Jato, no han sido perseguidos y guardan silencio a la espera de que se les olvide.
Lula está en el primer lugar de las encuestas de intención de voto y todavía puede presentar recursos ante los tribunales para revertir su condena de doce años y un mes de prisión, ser liberado e inscribirse como candidato del Partido de los Trabajadores a la presidencia. Mientras la corte electoral no revoque su candidatura invocando la Ley de la Ficha Limpia, que impide a un condenado ser candidato, él podría hacer campaña electoral desde la cárcel.
El mayor perdedor de ese desenlace sería la izquierda brasileña, que tiene a Lula como su principal líder. Con la izquierda desprestigiada, dividida y probablemente sin un candidato fuerte en las elecciones, Brasil podría seguir una tendencia de otros países de América Latina donde la derecha, que se ha negado a cortar lazos con los regímenes dictatoriales de sus países -como el caso de Chile-, tiene un importante auge y se ha fortalecido por el apoyo de grupos evangélicos.
No está nada claro si la democracia ganará algo con la detención de Lula, pero no hay duda de que si alguien gana con su caída es Jair Bolsonaro, el candidato presidencial conservador y militar retirado, quien está en el segundo lugar en las encuestas. Bolsonaro fue uno de los primeros en respaldar públicamente el mensaje del general Eduardo Villas Boas contra la corrupción. Ese es otro de los contrasentidos que desconciertan a los brasileños, ya que Bolsonaro ha exaltado repetidamente al jefe del centro de torturas de la dictadura.
Mientras tanto, la radicalización política se hace sentir en la población. El 29 de marzo, durante un recorrido de Lula por Paraná, en el sur del país, para defender su libertad, dispararon contra su caravana. Es un signo alarmante de la escalada de la violencia política. Después de la negativa de habeas corpus, un hombre que gritaba ofensas contra Lula frente a un instituto fue internado con traumatismo craneal tras ser empujado por un militante del Partido de los Trabajadores y golpearse la cabeza contra un camión que pasaba. Y en protesta contra su detención, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), bloqueó carreteras en once estados. Varios periodistas fueron agredidos mientras cubrían el arresto de Lula.
Por ahora, el resurgimiento de los militares muestra que cuando el gobierno pierde control político, enciende el deseo de poder en los cuarteles. En un escenario extremo, un disturbio popular podría ser una excusa peligrosa para los que buscan socavar el sistema democrático usando el auge del radicalismo como pretexto. Ese no es un dato trivial en Brasil que está más a la deriva que nunca.