Pesadilla en Choquehuanca Street
Hay que preguntarnos si PPK habría revelado de motu proprio toda la información de inteligencia financiera. Antes de contestar, tendríamos que recordar que Katherine Ampuero se volvió incómoda cuando puso el ojo en sus transferencias. Y ya sabemos cómo terminó.
Por Aaron Salomón– Político.pe
A pesar de que el presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, sostenga que el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “es una vergüenza” (Trome 18/03/2017), las 34 páginas que lo comprenden son más que contundentes. Y con lo de contundente no solo nos estamos refiriendo a los más de 3 millones de dólares que Westfield y First Capital inyectaron a las cuentas de PPK (luego de recibir depósitos de Odebrecht y mientras el actual mandatario ocupaba cargos públicos en el gobierno del prófugo exmandatario Alejandro Toledo). Hablamos de dos inmuebles, uno junto al otro, que el jefe de Estado adquirió en la calle Choquehuanca, en el distrito de San Isidro, cuyas operaciones han despertado sospechas a la espera de ser resueltas.
Comencemos por la residencia actual de los Kuczynski-Lange. Westfield desembolsó más de 380 mil dólares (07/12/2007) para amortizar gran parte de la deuda que adquirió PPK al comprar la casa por unos 750 mil dólares. Coincidentemente, según la UIF, el depósito de la empresa unipersonal de PPK se dio tres días antes (04/12/2017) de que IIRSA NORTE -consorcio liderado por Odebrecht- le transfiera a esta más de 430 mil dólares. Es decir, el presidente habría adquirido su home, sweet home nada menos que con dinero de la constructora brasileña.
Tomando distancias esta triangulación trae a la memoria el caso Ecoteva, el mismo por el que Toledo y su esposa Eliane Karp afrontan un pedido de prisión preventiva por presunto lavado de activos. Aquí, de acuerdo con la investigación fiscal, a cambio de la carretera interoceánica Odebrecht y Camargo Correa depositaron millonarias cantidades de dinero negro en cuentas de Josef Maiman, quien posteriormente realizó transferencias a Ecoteva Consulting. El chakano utilizó estos montos para la compra de lujosos inmuebles y pagar hipotecas.
La hipótesis de la Comisión Lava Jato es que las operaciones de PPK y Toledo son dos gotas de agua. “Son gemelos”, ha dicho alguien del grupo de trabajo que prefiere el anonimato.
Al lado del nidito de amor de la pareja presidencial hay otro predio que también ha encendido las alarmas. En el año 2006, Kuczynski vendió este inmueble a la offshore Dorado Asset Management, alojada en las Islas Vírgenes Británicas y que estaba controlada por una de sus hijas de nacionalidad estadounidense, antes de que la firma se mudase a Perú y pase a manos del jefe de Estado. De acuerdo con el propio PPK, esta “autoventa” por 695 mil dólares fue para eludir impuestos legalmente en Estados Unidos. Si bien aquí no hay nada fuera de la ley, valerse de una offshore para eludir impuestos no es algo para enorgullecerse.
Ni bien el reporte de la UIF fue de conocimiento público, el Gobierno advirtió de una serie de inexactitudes en su contenido y, como era de esperarse, reprochó que se haya ventilado sin el consentimiento de PPK.
Sin embargo, hay que preguntarnos si el presidente habría puesto de manifiesto por “motu proprio” toda la información reveladora que se desprende de la nota de inteligencia financiera. Antes de contestar, tendríamos que recordar que la abogada Katherine Ampuero se volvió incómoda en Palacio cuando puso el ojo en las transferencias bancarias de PPK. Y ya sabemos cómo terminó la historia.
¿Informe de la UIF vacará a PPK?
Por Manuel Romero Caro– Diario Gestión.
Aunque parece que la oposición todavía no cuenta con los votos para aprobar la vacancia presidencial, en esta segunda oportunidad PPK la tendrá más difícil. Su credibilidad ha descendido significativamente desde diciembre. Además, a pesar de las afirmaciones del oficialismo, sí existen nuevos elementos sobre las relaciones de PPK con el Grupo Odebrecht (GO) y otros proveedores del Estado. El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es demoledor.
Los dos principales argumentos esgrimidos en la primera oportunidad: el no haber suscrito contratos con el Grupo Odebrecht durante el tiempo que fue ministro, y la famosa “muralla china”, ya no se sostienen. Es difícil ver a PPK en el poder más allá del 2018 como afirma la principal consultora de riesgo político del mundo, Eurasia Group, que asigna 80% de probabilidad a que Martín Vizcarra asuma el gobierno, aún si fallara el segundo intento de vacancia.
Según la UIF, PPK sí recibió dinero del GO mientras era ministro de estado. Más aún, las transferencias no solo se producen durante el período de Toledo, sino que se reanudan durante las campañas presidenciales de 2011 y 2016, e inclusive ahora como Presidente (habiéndose registrado una el 07.04.2017). En el período 26.11.2004 al 30.07.2017, se efectuaron transferencias del GO a PPK y a empresas vinculadas a él por USD 9’866,836. También hay que recordar que durante el mandato de PPK como ministro, su empresa unipersonal Westfield firmó 4 contratos con el GO.
Sobre la existencia de una muralla china entre PPK y Gerardo Sepúlveda, que supuestamente se quedó encargado de manejar los negocios de Westfield, PPK no ha podido evidenciar ningún documento público mediante el cual se efectuara dicho encargo hasta el 2006. ¿Y antes? Además, Sepúlveda habría mencionado que First Capital había cobrado USD 4 millones de lo que USD 3.5 habrían ido a Westfield ¿Cómo es posible que el que supuestamente había prestado el servicio solo recibiera el 12.5% y Westfield se quedara con el 87.5%?
En mi opinión ya se ha comprobado que, desde el punto de vista ético, PPK tuvo una conducta inaceptable. No sé si esto encaja en la calificación de “incapacidad moral permanente” que se discutirá este jueves. Pero, de lo que si estoy seguro es que Kuczynski está descalificado éticamente. Sin duda el UIF aportará elementos fundamentales a la Fiscalía y al Poder Judicial en su momento. Resulta indispensable para la gobernabilidad del país que PPK renuncie, y nos ahorre la vergüenza de tener un presidente vacado por incapacidad moral permanente.