Lluvia de millones Odebrecht

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Susana Villarán: "No me equivoqué al llamar a votar por PPK" (Trome)

Pedro Pablo Kuczynski no declaró dos viviendas que le pertenecen

Por Martin Hidalgo Bustamante– Diario El Comercio.
La hoja de vida de Pedro Pablo Kuczynski no es clara en lo que a sus propiedades se refiere. Primero, porque consigna un inmueble que en los Registros Públicos no figura a su nombre, sino al de la empresa Dorado Asset Management. Segundo, porque no ha declarado una vivienda que sí está a su nombre y una casa de campo cuya propietaria es la compañía antes citada.
En su hoja de vida, PPK consigna como su única propiedad una casa ubicada en Choquehuanca 967, San Isidro, con un autoevalúo de S/733,399. Esa casa es la que figura como su domicilio, según dicha hoja de vida.
Esta información difiere de la declaración que presentó en el 2011, por lo que este Diario efectuó búsquedas registrales para indagar respecto de los cambios en el patrimonio inmobiliario de PPK.
Las ‘PPKasas’
En la elección pasada, el entonces candidato de Alianza por el gran Cambio declaró tener cuatro inmuebles. La antes descrita casa a nombre de Dorado Asset Management; un predio colindante a este, ubicado en Choquehuanca 985 y que está registrado en Sunarp a nombre de Kuczynski; una casa de campo en Cieneguilla y una casa de playa en Bujama (Cañete).
La casa de Choquehuanca 985 que esta vez no declaró Kuczynski es además su domicilio fiscal ante la Sunat. Mientras que la vivienda de Choquehuanca 967, que ahora declara como su dirección, fue dada de baja ante la Sunat el 2012.
De todos los predios antes mencionados, solo uno aparece, a la fecha, a nombre de Kuczynski, según Registros Públicos (Sunarp). Se trata del inmueble de Choquehuanca 985, que adquirió en agosto del 2007 junto con su esposa Nancy Ann Lange. El último movimiento registral de esta casa fue un alquiler a una empresa en diciembre del 2007.
La casa de Cieneguilla está a nombre de Dorado Asset Management y la vivienda de playa en Bujama fue vendida en abril del 2011 –en plena campaña– por medio millón de dólares.
Empresa clave
Según la Sunat, PPK había adquirido el inmueble de Choquehuanca 967 en el 2002 por US$695,000. Sin embargo, cuatro años después lo vendió a la entonces empresa ‘offshore’ por el mismo precio.
Esta empresa ha sido redomiciliada en el Perú (convirtiéndose en una sociedad peruana) en el 2014 como Dorado Asset Management S.A.C., en la que PPK tiene el 99.9% de acciones.
El último movimiento registral muestra que en octubre del año pasado hubo un aumento de capital a S/3’543.851.
Dorado Asset Management también adquirió en el 2005 la casa de campo de Cieneguilla que Kuczynski declaró en su hoja de vida ante el JNE para la campaña del 2011.
Fuentes de este Diario aseguraron que PPK no declaró la misma cantidad de inmuebles que en el 2011 porque realizó un anticipo de herencia a favor de sus familiares. En los Registros Públicos no figura nada de ello.

PPK recibió millones de Odebrecht vía First Capital y Westfield

Por Karina Valencia- Diario Correo.
Complicado. El presidente de la República, PedroPablo Kuczynski, recibió nada menos que la suma de $3’027,341 por transferencias hechas -entre el 2004 y 2017- por las empresas del Grupo Odebrecht a First Capital, de propiedad de su exsocio Gerardo Sepúlveda, y Westfield Capital, de su propiedad, según un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El documento de 33 páginas, que fue remitido al Ministerio Público y a la comisión “Lava Jato”, señala que dichos pagos fueron realizados por empresas y consorcios encabezados por Odebrecht a favor de las compañías relacionadas al actual Presidente de la República, durante periodos que coinciden con depósitos hechos a cuentas mancomunadas que Kuczynski registró en el Banco de Crédito del Perú (BCP).
De la información recogida por la UIF se observa, además, que en 2012 la concesionaria H2Olmos transfirió $2’201,500 hacia First Capital Inversiones y Asesorías, por el concepto de consultorías financieras, cuando PPK era ministro de Economía en el régimen de Toledo.
Asimismo, Westfield Capital transfirió más de $2 millones desde Wells Fargo Bank hacia la cuenta mancomunada de PPK y Gloria Kisic Wagner, hermana del actual de ministro de Defensa, Jorge Kisic.
Un aspecto grave revelado por el informe es que PPK asesoró a Odebrecht cuando era funcionario del régimen toledista.

CASA DE CHOQUEHUANCA

Otro hecho que no pasó desapercibido para la UIF fue que Westfield Capital amortizó gran parte de la deuda bancaria que Kuczynski había adquirido en el BCP por la compra -en sociedad con su esposa Nancy Lange- de un inmueble de la calle Choquehuanca, en el distrito de San Isidro, por 750 mil dólares.
Según la UIF, en el 2007, Westfield realizó “dos transferencias hacia el BCP por un total de 389,474 dólares”. De este monto, más de 9 mil dólares fueron abonados -en febrero de ese año- a la tarjeta de crédito del actual Mandatario; mientras que 380,047 se transfirió -en diciembre- al crédito efectivo que PPK solicitó a la entidad bancaria para la compra de la mencionada vivienda.
Tres días antes del segundo abono, la concesionaria IIRSA Norte Tramo 3, encabezada por la empresa brasileña Odebrecht, había transferido 430,542 dólares a Westfield, siempre según la UIF.
Según fuentes de la comisión “Lava Jato”, el mecanismo utilizado por el jefe de Estado es similar al proceso “de triangulación” que habría sido utilizado el expresidente Alejandro Toledo para la compra de sus inmuebles a través de dinero de la empresa Ecoteva.
Al respecto, el despacho presidencial indicó que es “un error” del informe de la UIF “pretender asociar” la última transferencia -de diciembre del 2007- de Odebrecht a Westfield Capital, para amortizar el pago del crédito solicitado por PPK.
Las transferencias de Odebrecht a Westfield fueron efectuadas el 7 de marzo de 2007, tal como fue informado por la concesionaria Interoceánica IIRSA Sur Tramo 3”, precisa sobre la información de la UIF.
Se señala también que la empresa de propiedad de Kuczynski “tuvo otras fuentes de ingresos, motivo por el cual no es correcto vincular o asociar” las transferencias de Odebrecht a Westfield con PPK.

Yoshiyama y Bedoya vs. Barata

Por Federico Prieto Celi– Político.pe
Los informes televisivos del domingo 11 de marzo sobre las declaraciones de Jorge Barata sobre Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya permiten sacar tres conclusiones sobre ese lamentable “no pasa nada” que vivimos los peruanos los últimos meses:
En primer lugar los fiscales se han atribuido la facultad de informar a los medios de comunicación (no sé si en vivo y en directo o quizá filtrando filmaciones) las diligencias privadas que realizan en función de sus investigaciones, dejando de lado el principio jurídico de la presunción de inocencia de las personas. Aquí hay dos interrogantes que hacer: ¿está bien que los reporteros acompañen a los fiscales en sus diligencias? Y, ¿se puede presentar cada diligencia casi como si fuera una sentencia de culpabilidad del investigado, a modo de una autopsia para confirmar una violación?
Hay, asimismo, otras interrogantes sobre este primer punto: ¿el Poder Judicial puede elevar su nivel de credibilidad, que está en 26%, mediante espectáculos mediáticos incorrectos? ¿No le importan a los fiscales la dignidad, el honor, el prestigio y la fama de las personas? ¿Tienen la prudencia que hay que esperar de ellos a la hora de tumbar una puerta de una patada, entrar a la habitación de una chica de catorce años o manipular los documentos de la esposa del investigado que, como abogada, tiene derecho a la privacidad de sus expedientes?
En segundo lugar, los periodistas tenemos la obligación de decir la verdad y ponderar nuestras opiniones como primera misión, y no cabe el plantearnos simplemente que lo único que importa es vender más o aumentar la audiencia de nuestros programas a cualquier precio. Con décadas de retraso, ¿debemos seguir priorizando el estilo atolondrado e insolente de la florentina Oriana Fallaci, con tal de hacer “más ágiles” las entrevistas, especialmente para demostrar que el entrevistador tiene siempre la razón y el entrevistado es un delincuente acorralado, al que no se le puede permitir discrepar? ¡Y no me vengan a mí con la argumentación gratuita de que estoy atacando la libertad de expresión!
En tercer lugar, a pesar de la improvisación y el disgusto con el que tanto Jaime Yoshiyama como Augusto Bedoya tuvieron que aparecer en la pantalla de televisión, y pese a que no hubo abogado que precisara en términos legales la defensa de ambos, Yoshiyama dejó sentado que Jorge Barata había afirmado que no tenía como probar su acusación (y por lo tanto la acusación es nula) y Bedoya precisó que en el interrogatorio al empresario brasileño se le indujo a señalarlo con el dedo, porque Barata no se acordaba del nombre (ergo, es nula igualmente la acusación).
En otras palabras, ‘mucho ruido y pocas nueces’. Ojo, señores del Poder Judicial –todo un poder del Estado que busca ser respetable–, que pueden pasar de investigadores y acusadores a investigados y acusados. Porque como reza un viejo dicho europeo: “A cada cerdo le llega su San Martín”.

Eloy Espinosa-Saldaña habría usado más de una vez grado de doctor

Por Diego Chirinos– Diario El Comercio.
Un error de tipeo. Hace unas semanas, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Eloy Espinosa-Saldaña usó ese argumento para explicar por qué consignó el grado de doctor por la Universidad de Buenos Aires (UBA) en la hoja de vida que presentó en el 2014 ante el Parlamento cuando postuló a ese cargo.
Tal como confirmó este Diario con la universidad argentina, ese grado no fue obtenido por Espinosa-Saldaña. Además, de acuerdo con información recogida por El Comercio, el magistrado habría utilizado el grado de doctor al presentarse ante otras instituciones.
-Doctor y nada más-
La Universidad de Talca (Chile) aún presenta a Espinosa-Saldaña como doctor en Derecho. El miembro del TC peruano forma parte del comité editorial de la revista “Ius et praxis”, perteneciente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
“Él ingresa al comité alrededor del 2007. Desde entonces aparece como doctor en Derecho. Cuando un miembro se suma al equipo, presenta sus credenciales. Nosotros no vamos ‘doctoreando’ a los miembros de forma gratuita”, afirmó a este Diario Jordi Delgado, actual director de “Ius et praxis”.
Delgado dirige la publicación chilena desde hace dos años y medio. Él ‘heredó’ un comité editorial que entonces ya incluía a Espinosa-Saldaña como miembro. Quien convocó al magistrado peruano fue el ex director de “Ius et praxis” y actual director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad de Talca, Humberto Nogueira.
“El título [de doctor] con el cual aparece lo proporcionó el mismo Espinosa-Saldaña en su oportunidad. La presentación de cualquier miembro del comité es consensuada con este”, remarcó Nogueira en diálogo con El Comercio.
Después de años en el comité y luego de estallar la polémica en el Perú sobre su supuesto doctorado de la UBA, el magistrado solicitó a “Ius et praxis” el cambio en su presentación. No dio mayores explicaciones.
“El 5 de marzo envió un correo electrónico en el cual pedía ya no aparecer como doctor sino solo como profesor de Derecho Constitucional de la PUCP. No explicó por qué”, contó Delgado. Una metodología similar –en la cual no advertía sobre el “error”– fue utilizada por Eloy Espinosa-Saldaña en el 2014 para enviar un nuevo currículo al Congreso en el que ya no consignaba el doctorado de la UBA.
-Más indicios, otro doctorado-
Así como la relación del comité editorial de la revista “Ius et praxis”, documentos de otras instituciones peruanas aluden al grado de doctor en Derecho para referirse al miembro del Tribunal Constitucional.
En la memoria anual del Indecopi del 2008, Espinosa-Saldaña figura como miembro de la Comisión de Libre Competencia y doctor en Derecho y Justicia Constitucional.
Nuevamente no se especifican universidades, pero los supuestos grados se condicen con los referidos en un artículo publicado en el blog Enfoque Derecho. El documento titulado “Reflexiones a lo sucedido en el caso ‘Ríos Castillo’” presenta a su autor, Espinosa-Saldaña, como doctor en Derecho por la UBA y en Justicia Constitucional por la Universidad Ramón Llull de Barcelona (Esade).
El Comercio se comunicó con esta última institución para verificar si efectivamente el magistrado obtuvo el grado de doctor. Si bien funcionarios de la entidad española refirieron que para poder dar una confirmación oficial se necesita la autorización expresa del alumno, afirmaron que cualquier graduado debería contar con una tesis doctoral. Este Diario realizó una búsqueda en el repositorio digital de Esade y Espinosa-Saldaña no aparece como autor de tesis doctoral alguna.
Por otro lado, documentos de Osinergmin consignan que, cuando Espinosa-Saldaña ocupó el cargo de presidente de la Junta de Apelaciones de Reclamos de Usuarios (JARU), también se lo presentaba como doctor en Derecho.
“Él lo presentó en su hoja de vida. Como no era un requisito para el cargo, no se corroboró. Pero Osinergmin no coloca títulos a personas si estas no los consignan en su hoja de vida”, declaró a El Comercio Alfredo Dammert, quien era presidente de ese ente regulador cuando Espinosa-Saldaña fue designado al frente de la JARU.
Este Diario intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con Eloy Espinosa-Saldaña para conocer sus descargos ante las nuevas evidencias. Hasta el cierre de esta edición, prefirió no manifestarse sobre el tema.

Puntuación: 5 / Votos: 52

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