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Aníbal Quiroga

Aníbal Quiroga: “Mentir en la hoja de vida amerita destitución”

Constitucionalista señaló que el Parlamento puede presentar una nueva acusación contra Eloy Espinosa-Saldaña, magistrado del TC.

Por Alvaro Reyes-Diario Perú21.
La situación del magistrado del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa-Saldaña, puede agravarse ahora que se ha conocido que no ostentaría el título de Doctor que declaró haber tenido cuando postuló al cargo, en mayo de 2014.
De acuerdo al constitucionalista Aníbal Quiroga, el Congreso de la República puede abrir un nuevo proceso de acusación a Espinosa-Saldaña “por mentir en su hoja de vida”. Como se sabe, el juez ya afronta un pedido de destitución por la variación del voto de otro magistrado en el caso El Frontón.
“Está presentando una declaración jurada con unos datos que no son ciertos, no tiene doctorado, eso es una falta ética, hay alcaldes y funcionarios que mintieron en su hoja de vida y por eso han sido removidos de sus cargos”, explicó Quiroga a Perú21.
El abogado indicó que el miembro del TC no podría excusarse con “errores de tipeo” ya que -sostuvo- “al Congreso no se puede presentar un borrador” como curriculum. “Mentir en la hoja de vida amerita destitución, un doctor en Derecho no tiene ese tipo de errores”, expresó.
En la página 32 del CV que presentó, Espinosa-Saldaña declara que es “doctor en Derecho”, aunque no especifica la universidad en la que habría logrado ese título. Este diario consultó en la propia web de la Sunedu los grados académicos que acredita el juez, y solo aparece que obtuvo el bachiller y su título de abogado en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). No hay más que eso.
Sin embargo, en algunas publicaciones, el propio magistrado se presenta como doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Eso se puede comprobar en un artículo que él mismo firma y que fue publicado el 20 de febrero de 2010 en la web académica Enfoque Derecho.
Nuestro columnista Aldo Mariátegui consultó con fuentes de la UBA si Eloy Espinosa-Saldaña había estudiado o logrado algún título en esa casa superior. La respuesta fue que el constitucionalista había iniciado el programa de doctorado pero no lo terminó.

¡Exijamos su renuncia!

Por Cecilia Valenzuela-Diario El Comercio.
El año pasado, once marinos retirados denunciaron constitucionalmente a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por haberle cambiado el sentido al voto de uno de sus predecesores: la inadmisible reinterpretación hecha por esos magistrados condena a los marinos a ser procesados, nuevamente, 31 años después, por el Caso El Frontón.
Hace cinco días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo ordenándole al Estado que archive el procedimiento de acusación constitucional que el Congreso inició a los cuatro jueces del TC.
La corte ordena el archivamiento del proceso, pero no hace explícita una exoneración a los magistrados cuestionados: no se atreve a librarlos de la responsabilidad de haber cambiado el voto de uno de sus antecesores, aprovechando que este se encuentra enfermo e incapacitado para protestar.
Desde ese día, se suman los ciudadanos que opinan que el Perú debiera retirarse de la competencia de la Corte IDH. Como primera reacción, algunos congresistas sugirieron desacatar el fallo. Las pasiones se exacerban porque se trata de una disposición que, de nuevo, desprotege y deslegitima la desgarradora lucha que libramos los peruanos contra el terrorismo.
La corte falla, la mayoría de veces, de manera desproporcionada contra el Perú, siempre cuando se trata del Estado enfrentado al terrorismo. Sus jueces se niegan a ponerse en los zapatos de quienes tuvieron que cargar con la responsabilidad de la guerra contra el terror.
Pero los pactos son para cumplirse. El respeto por las normas institucionales y por los acuerdos y tratados suscritos por nuestro país nos obliga a mantenernos en el marco de la corte. Pero nuestra condición de ciudadanos nos conmina a encontrar, internamente, una solución que no deje impune la manipulación tendenciosa a la que se prestaron los magistrados Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, Carlos Ramos Núñez y Manuel Miranda.
El abogado penalista César Azabache ha propuesto que el Gobierno convoque a los involucrados a una mesa pública de negociación para informar luego a la Corte IDH el acuerdo que se concrete.
El juez ponente de la resolución que cambió el sentido de una sentencia previa fue Espinosa-Saldaña y la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que el ponente es el responsable de la información que contiene un expediente. Entonces es Espinosa-Saldaña quien debe responder. Al intervenir en una cosa juzgada, atentó contra la seguridad jurídica del Estado.
Por lo demás se trata del más politizado de los cuatro magistrados. No es secreto que llegó al TC impulsado tenazmente por la pareja Humala-Heredia y fuentes del Poder Judicial sostienen que es a él a quien Nadine llama ‘Ojitos’ en las anotaciones de sus agendas. Lo señalan basados en el poder y la influencia que ha tenido, y tiene, en el Palacio de Justicia: fue jefe del Gabinete de Asesores de dos presidentes de la Corte Suprema: Francisco Távara y César San Martín. Sus sospechas se refuerzan en el hecho de que la anotación de la ex primera dama “juez se puede escoger” corresponde a diciembre del 2008, la víspera de que San Martín asumiera la presidencia de la Suprema y de que Espinosa-Saldaña regresase al Poder Judicial como el todopoderoso.
Mientras las sospechas que recaen sobre él terminan de investigarse, Espinosa-Saldaña debe renunciar al TC. Para que los demás magistrados puedan continuar sin cuestionamientos y el TC recupere prestigio y legitimidad, se requiere su renuncia. El Gobierno, el Congreso, la Corte Suprema, la fiscalía, la sociedad civil, los colegios profesionales deben solicitársela. Existen precedentes. En el 2001, José García Marcelo renunció al TC: había cometido una enorme falta e iba a ser destituido, apareció en un ‘vladivideo’ coordinando la manera de impedir el referéndum contra la tercera re-reelección de Fujimori.
La renuncia de Espinosa-Saldaña sería el principio de una solución.

‘Ojitos’, el TC y los Humala-Heredia

Por Cecilia Valenzuela-Diario El Comercio.
La decisión de la Comisión Permanente del Congreso de poner a debate el informe que recomienda acusar constitucionalmente, destituir e inhabilitar al magistrado del Tribunal Constitucional Eloy Espinosa-Saldaña agrava los inconvenientes que enfrentan al Perú con la Corte IDH.
Hace una semana propusimos que el Gobierno y las instituciones más representativas del país le exigieran a Espinosa-Saldaña su renuncia. Por razones políticas, él cambió el sentido de una sentencia previa interviniendo en una cosa juzgada, atentando contra la seguridad jurídica del Estado. Su permanencia en el TC es inaceptable y solo profundiza los problemas que atraviesa nuestra frágil democracia.
Alberto Otárola, abogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia, sustentará hoy ante el TC los hábeas corpus a través de los cuales busca que se deje sin efecto la decisión del juez Concepción de mantener a la pareja en prisión mientras dure el proceso que se les sigue por lavado de activos. Ambos recursos han sido rechazados en el Poder Judicial, pero si la mayoría de magistrados del TC decide hoy que proceden, Humala y Heredia saldrán de la cárcel.
Además de solicitarle su renuncia, el presidente del TC, Ernesto Blume, debe resolver que Espinosa-Saldaña se abstenga de votar en el Caso Humala-Heredia. Su grado de compromiso con los implicados es grosero.
En los tiempos de la presidencia de Humala y antes de convertirse en magistrado, Espinosa-Saldaña visitaba Palacio de Gobierno para reunirse con el entonces asesor legal de Humala y posteriormente abogado de Heredia, Eduardo Roy Gates. El registro de visitas de Palacio lo ubica ingresando a las instalaciones el 21 de enero y el 7 de mayo del 2013 y el 17 de febrero y el 5 de marzo del 2014.
En el 2015, cuando aparecieron las agendas de Heredia, más de un abogado sospechó que fuera a Espinosa-Saldaña a quien le correspondiera el apelativo de ‘Ojitos’. Ahora que los investigadores fiscales y judiciales están cada vez más cerca de establecer que Humala se salvó de ser acusado por los casos ‘andahuaylazo’ y Madre Mía gracias a la intervención de un lobbista judicial, los ojos de la justicia vuelven a mirar al influyente asesor y jefe de gabinete del juez supremo César San Martín, Eloy Espinosa-Saldaña, a quien caracterizan sus distintivos ojos claros.
El 21 de diciembre del 2009, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, presidida por San Martín e integrada por Hugo Molina, exoneró a Humala de los crímenes de Madre Mía; pero días antes, Heredia había escrito en una de sus agendas: “Martes visitó ojitos. Miércoles vista de causa. Jueves vino ojitos al Congreso, llamó x telf a San Martín y fueron a C Sup. Paisanos, hay omisión en dictamen fiscal x observar a los 4 testigos. Se está politizando. Hoy fue con Hugo Molina + (positivo). Ojitos habló con San Martín no te preocupes va a salir + (positivo)”.
El 21 de mayo del 2014, cuando el pleno del Congreso votó para elegir a los integrantes del TC, se vio, claramente, al nacionalismo jugándosela por él. Las imágenes de archivo no mienten: la votación para elegir a Espinosa-Saldaña no alcanzó, solo obtuvo 84 de los 87 votos que necesitaba. Fue entonces que Fredy Otárola –hermano del abogado de Humala y Heredia– buscó con los ojos, desde el sillón de la Presidencia del Congreso, a Celia Anicama, quien se había abstenido, para que cambiara su voto. Otro que cambió su voto, de amarillo a verde, fue Norman Lewis; y así, con votos cambiados a última hora, y el del propio Otárola, Espinosa-Saldaña logró integrarse al TC.
El Gobierno y las demás autoridades deben evitar una confrontación mayor entre el Congreso y la Corte IDH. Y entre el TC y la opinión pública: la renuncia de Espinosa-Saldaña puede ser el principio de la solución.

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