Evitar a corruptos, el gran reto de las alianzas

Por César Masías- Diario El Tiempo de Piura.
Los nombres de virtuales candidatos al Gobierno Regional o a alguna municipalidad, como la de Piura, suenan ya. Personas que, si bien todavía no pertenecen a una agrupación política, han empezado con disimulo campañas proselitistas, aunque muchos de ellos aún ocupen un cargo público.
Así -según explican especialistas- comienza a gestarse una oferta electoral con matices de corrupción, puesto que la mayoría de estos habrían ‘ganado’ los comicios internos, por adelantado, de partidos nacionales o movimientos regionales que se convierten en un eventual “vientre”.
“Ya muchos candidatos están buscando un vientre de alquiler en diferentes partidos. No porque sigan una doctrina partidaria, sino porque estos les cobijan para que puedan postular”, advierte el analista político Raúl Martínez Luna.
Menciona como ejemplo a Unión Democrática del Norte (UDN), movimiento que integraron Reynaldo Hilbck, Óscar Miranda y Luis Ramírez, entre otros, en los comicios provinciales y regionales del 2014 y el cual en la actualidad estaría desintegrado.
“Hay candidatos también que se han guardado hasta el último momento para negociar con qué partido ir”, dice Martínez, antes de comentar que “muchas veces estando en campaña los candidatos y partidos ya empeñan su palabra, ofrecen futuros proyectos y obras a gente que va a financiar el proselitismo”.

La izquierda

El director de Investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Federico Villarreal, Víctor Nomberto, indica que en las elecciones del 7 de octubre del presente año los partidos de izquierda tomarían cierto protagonismo gracias a la actual coyuntura.
No obstante, el experto advierte que se debe tener cuidado con posibles alianzas que logren los integrantes del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) -ligado a Sendero Luminoso- con partidos o agrupaciones políticas que ya están inscritos.
“Varios movimientos de izquierda no van a lograr el medio millón de firmas que necesitan para inscribirse. Por eso van a buscar a las que ya están inscritas para que puedan ser un vientre de alquiler”, precisa.
Nomberto agregó que “buscarán tener regidores si es que no logran las alcaldías, así como también consejeros regionales”.

Evitar la corrupción

Los partidos políticos y los movimientos regionales tienen en el próximo proceso electoral la difícil labor de evitar que personajes con antecedentes oscuros o sospechosos de corrupción formen parte de sus filas.
En el caso del partido Todos por el Perú, su coordinador regional José Carlos Girón Palacios asegura que “los precandidatos no deberán tener antecedentes penales o judiciales registrados en las instituciones respectivas y nos alejaremos de las personas o empresas que quieran financiarnos con dinero sucio”, afirma.
“Tenemos ya un plan de gobierno debidamente estructurado para poder afrontar todos los males que aqueja a Piura”, asevera.
Peruanos por el Kambio (PPK), por su parte, no descarta pactar alianzas con grupos políticos que tengan una ideología similar a la suya. “Evaluaremos las posibilidades que tengamos en cada región y de eso dependerá si vamos con candidato propio o en alianza”, afirma su representante en Piura, Javier Acuña.
Mientras que el secretario general del Comité Regional del Partido Aprista Peruano de Piura, Alberto Chumacero, revela que para los comicios de octubre apostarán por rostros nuevos, sin dejar de lado a la militancia con más tiempo.
“Confiamos en el buen accionar de nuestros representantes, pero nuestros mejores filtros serán la opinión pública y los medios de comunicación”, señala.
Por su parte, el secretario regional de Fuerza Popular en Piura, Alexander Gallardo Sandoval, cuenta que el partido fujimorista está abierto a recibir a toda aquella persona que quiera candidatear, pero eso sí esta deberá cumplir unos requiisitos mínimos.
“Nuestros candidatos deben ser personas honestas y transparentes. Deben tener una visión de trabajo que esté conectado a las principales necesidades de la ciudadanía. Debe tener empatía con la población”, asevera el joven ingeniero.
El coordinador regional de Nuevo Perú, Jaime Gonza, no descarta la posibilidad de formar alianzas con la convocatoria a “más fuerzas democráticas y progresistas”. A diferencia de Región para Todos que buscará las alcaldías y gobernación regional con candidatos propios. Al igual que el partido Acción Popular que tras más de 20 años tendrán candidato propio en Ayabaca y en Paita, revela su vocero Edgardo Gallo.

Cutra grande, cutra chica y más…

Por Rosa Laura(*)- IDL Reporteros.
La foto parecía destinada a ilustrar el futuro monumento. El 21 de enero de 2006, los presidentes de Perú y Brasil, Alejandro Toledo y Luiz Inacio Lula da Silva sostenían triunfantes los extremos de la cinta recién cortada sobre el puente que une a Perú con Brasil a través de Acre y Madre de Dios.
Los símbolos eran elocuentes y poderosos. Dos presidentes democráticos, ambos salidos de la pobreza y curtidos por la adversidad, unían a dos naciones a través de lo que los separó por los siglos: la selva. Y ese puente empalmaba con la carretera cuyo propósito visionario era no solo unir al Brasil con Perú sino a este consigo mismo, desde la Costa, por el Ande hasta la Amazonia por obra de una denodada ingeniería civil. Todas las empresas que participaban en este empeño eran brasileñas y peruanas, bajo el liderazgo de la entonces prestigiosa y poderosa Odebrecht. Era uno de esos momentos infrecuentes en los que la política y la épica parecen encontrarse y a veces, en realidad, se encuentran.
Ahora, doce años después, sabemos que quienes en realidad se encontraron fueron la política y el robo. El chorro potente de Lava Jato se encargó de demostrarlo. Hoy, Lula lucha por su libertad y lo que queda de su legado, después de ser condenado en segunda instancia a 12 años de prisión en Brasil. Toledo está prófugo de la justicia peruana, en Stanford, reclamando ser un perseguido político. Odebrecht perdió poder, prestigio y lucha por sobrevivir, luego de confesar gran parte de sus delitos y pasar por la expiación de penas, descabezamientos, humillaciones, multas y profundas reformas.
La carretera Interoceánica Sur existe, pero nadie la reclama como hazaña y parece pertenecer más al atestado que a la historia.
Ese día de celebración, ¿sabía alguien la historia oculta detrás de la épica proclamada de integración e ingeniería civil?
Toledo lo sabía, claro está, de acuerdo con la abrumadora evidencia que se dispone hoy a partir de las delaciones de Odebrecht, complementadas luego por las de Yosef Maiman y anudadas antes por el caso Ecoteva.
Además, varios de los asistentes VIP no solo conocían la historia detrás de la historia sino habían participado activamente en ella, en la cutra detrás de la obra.
Jorge Barata (extremo izquierdo) y Avi Dan On (extremo derecho) en IIRSA Sur (Fuente: Archivo de IDL-Reporteros)
En esta foto, tomada ese día durante la celebración, están dos personajes cruciales en el pacto de la cutra. En el extremo derecho está Avi Dan On, jefe de seguridad y hombre de confianza de Toledo. En el extremo izquierdo, separado por cuatro personas, algunas conocidas y otras no tanto, está Jorge Barata, entonces el poderoso jefe de Odebrecht en el Perú. Ambos, de acuerdo con la confesión del propio Barata, a fines de 2016, iniciaron todo el proceso de la coima por la obra.
En diciembre pasado, IDL-Reporteros publicó en exclusiva videos inéditos de la confesión de Jorge Barata ante fiscales brasileños, donde relató minuciosamente cómo y cuándo se negoció la coima (finalmente de 20 millones de dólares pagados a Alejandro Toledo a través de la organización de Maiman) para ganar la buena pro de la Interoceánica y llevar adelante la obra.
¿Fueron estos todos los sobornos que se realizaron para otorgar a Odebrecht la Interoceánica Sur y pagarle luego callados todos los sobrecostos con los que esta compañía transformó hasta las coimas en una lucrativa inversión?
No.
La coima a Toledo fue, digamos, la coima macro, la que hizo posible obtener la obra. Luego, durante su ejecución, hubo una segunda coima, mucho menor, que permitió que el consorcio liderado por Odebrecht cobrara más rápido. Y entre la cutra grande y la cutra chica hubo un caso muy importante de conflicto de interés: el diseño de instrumentos financieros que permitieron al consorcio mantener liquidez, por Westfield, la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, que contrató, ejecutó y cobró mientras PPK servía como ministro en el gobierno de Toledo.
La secuencia fue así: cutra grande, conflicto de interés, cutra chica. Es muy probable que el mismo patrón de sobornos se vaya a encontrar en otras obras cuando se profundice mejor la investigación.
Ahora, IDL-R presenta en exclusiva nuevos videos que relatan cómo y para qué fue el segundo soborno. En ellos, Jorge Barata y Luis de Meneses Weyll confiesan cómo se acordó coimear a Juan Carlos Zevallos, entonces presidente de Ositran.
También relatan cómo un instrumento financiero – que hoy sabemos, fue diseñado por Westfield, de Pedro Pablo Kuczynski– le facilitó a Odebrecht el trabajo de construcción de la carretera Interoceánica Sur. Entenderemos mejor por qué fue esta la obra de la empresa brasileña en Perú que más sobrecostos generó. Empecemos por ahí.
I
Como se publicó en “Barata Confiesa”, el exsuperintendente de Odebrecht en Perú fue interrogado por los fiscales brasileños sobre la Carretera Interoceánica Sur el 15 de diciembre de 2016. Barata contó que a mediados de 2004 fue abordado en un evento en Palacio por Avi Dan On, entonces jefe de seguridad y persona de extrema confianza de Alejandro Toledo, quien fue enviado por el presidente para pedir un “beneficio” a cambio de que el consorcio liderado por Odebrecht (conformado también por Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA) ganaran la licitación de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica.Luego de varias negociaciones que concluyeron en el hotel Copacabana Marriott de Río de Janeiro, se pactó el monto de 35 millones de dólares, de los que Odebrecht terminaría pagando solo 20 millones.
II
Durante el último año de gestión del gobierno de Toledo, se aprobaron tres adendas para cada tramo de la Interoceánica Sur. La primera y la segunda adelantaron pagos y modificaron conceptos de transitabilidad. La tercera –firmada solo dos días antes del cambio de mando, el 26 de julio– introdujo, entre otros cambios, un nuevo instrumento financiero para facilitar a la empresa la obtención de financiamiento rápido para construir la obra: los Certificados de Reconocimiento de pago del Pago Anual por Obras (CRPAO) fueron un mecanismo “muy innovador”, según Barata.
Según el informe de la Contraloría sobre causas y efectos de las renegociaciones en concesiones, publicado en 2015, esta adenda permitió que se acorte el plazo para que la empresa acceda al financiamiento “como si se tratara de una obra pública, donde el Estado tiene que pagar en plazos cortos al contratista”. Sucedía que ahora el pago sería en función a “hitos”, tramos cortos -calculados según el costo- en los que se dividía la obra.
Cuando la empresa terminara un hito, se le otorgaría un Certificado de Avance de Obra (CAO), que luego cambiaría por CRPAOs en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. “Con ese certificado, uno iba a la banca privada, que te daba los recursos y te financiaba a largo plazo”, detalló Barata a los fiscales brasileños.
La Comisión del Congreso encargada de investigar la gestión de Toledo concluyó en su informe final de 2008 (el informe Serna) que este instrumento solo beneficiaba al concesionario, al reducir los riesgos financieros de la obra e incrementar el interés moratorio para el Estado. Al mismo tiempo, perjudicaba a los antiguos postores, que no habían tomado en cuenta este esquema de financiamiento al presentar sus propuestas.
¿De dónde salió este mecanismo que cambió las reglas del juego en la Interoceánica? En diciembre del año pasado, ante una amenaza inminente de vacancia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se vio obligado a dar un discurso a la nación sobre su relación con Odebrecht. Presentó ahí el contrato de su empresa Westfield con el consorcio de IIRSA Sur tramo 3, firmado por Denise B. Hernández el 15 de julio de 2006, entre otros documentos. Este tenía como finalidad la “evaluación, diseño, negociación e implementación de los CRPAOs”, por lo que Westfield recibiría 300 mil dólares.
Kuczynski dio el mensaje a la nación acompañado de sus ministros y congresistas de su bancada el 14 de diciembre de 2016. Tres días después, el Congreso aprobó la moción de pedido de vacancia presidencial, presentada por la oposición. (Fuente: El Comercio)
“Yo no tuve nada que ver con la firma de esos contratos”, dijo Kuczynski en esa oportunidad, aludiendo a que existía una “muralla” entre sus negocios y él mientras se desempeñaba en cargos públicos; pero no mencionó que Westfield ya había firmado –esta vez representada por el exsocio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda– otro contrato con Odebrecht en abril de 2005, para la “evaluación financiera de IIRSA Sur”, cuando la empresa brasileña estaba concursando para ganar la licitación de dicha obra; tal como lo muestra un informe del BCP enviado a la comisión Lava Jato el 10 de enero de 2018. El contrato estipulaba que si Odebrecht ganaba la concesión, la empresa también tendría que implementar en la obra las alternativas financieras diseñadas en esa primera etapa.
Cuando se firmó el primer contrato con Westfield, en 2005, Kuczynski era ministro de Economía y Finanzas, y al mismo tiempo presidente de Proinversión. Cuando se suscribió el segundo, en 2006, era presidente del Consejo de Ministros. Los registros mercantiles de Florida indican que durante esos años también fue parte del directorio de Westfield.
Aunque solo se ha hecho público un contrato de diseño de CRPAOs –para el tramo 3 de la carretera Interoceánica–, estos se aplicaron también a través de la adenda 3 en los contratos de lIRSA Norte, y del tramo 2 y 4 de IIRSA Sur. El 3 y 4 de diciembre de 2007, cuando Kuczynski ya no era parte del gobierno, Westfield recibió dos transferencias de la concesionaria IIRSA Norte por un total 717 mil dólares. Días después, el 7 de diciembre, Westfield depositó más de 380 mil dólares a la cuenta de Kuczynski en el BCP.
III
Y ahora llegamos a la, comparativamente hablando, coima chica de IIRSA Sur. El día siguiente de la confesión de Barata ante los fiscales brasileños, otro ex-ejecutivo de Odebrecht en Perú contó, en su delación premiada, más detalles de las coimas pagadas para la Interoceánica Sur. Se trataba de Luis de Meneses Weyll, ex-representante del consorcio que construyó los tramos 2 y 3 de la carretera.
Luego, fuera del Perú, Meneses Weyll siguió coimeando. En 2010, fue promovido a superintendente de Odebrecht en México. Desde ese puesto, acordó el pago de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para que la empresa brasileña obtenga contratos con la petrolera estatal.
En su confesión sobre IIRSA Sur, Meneses explicó que el CAO, “era un certificado de avance de obras, porque el gobierno no nos pagaba directamente. (…) Un CAO servía como un documento para que el ministerio de Transportes emitiera un certificado [CRPAOs], que era un bono. El gobierno no nos pagaba. El mercado financiero compraba”. Para conseguir financiamiento, entonces, Odebrecht tenía que asegurar la rápida emisión de los CAOs por parte de Ositran.
Pero había trabas. Según dijo Barata en su confesión, “una cosa que estimabas iba a tomar 90 días para concluir, estaba tomando 170, 200 y tantos días”.
Meneses Weyll lo confima. “[El proyecto] presentaba un flujo financiero negativo. Tuve varias reuniones con el presidente de Ositran, Juan Carlos Zevallos, indicándole la necesidad de mayor celeridad, para no interrumpir la ejecución del proyecto”.
Juan Carlos Zevallos ejerció como presidente de Ositran de 2007 hasta 2012. (Fuente: Andina)
Zevallos era un funcionario que trabajó en varios ministerios durante el gobierno de Toledo. Empezó en 2004 como jefe de Gabinete de Asesores del entonces ministro del Interior, Javier Reátegui. Al año siguiente, Zevallos se convirtió en viceministro del Interior y a inicios de 2006, poco antes de que Toledo termine su mandato, fue designado viceministro de Agricultura. Con el cambio de régimen y el inicio del segundo gobierno de Alan García, este adaptable personaje entró a dirigir Ositran en febrero de 2007.
Según Meneses Weyll, Zevallos dio el primer paso. “Él [Zevallos] insinuó [la coima] y yo le dije que podría contribuir con ese trámite. Yo percibí que había una apertura, exposición y coloqué el tema”.
A tenor de lo dicho a los fiscales brasileños, Meneses acordó con Barata sobornar a Zevallos con 750 mil dólares. En realidad, la Fiscalía peruana ha podido rastrear hasta 780 mil dólares. Barata detalló además que el pago se hizo a través del Sector de Operaciones Estructuradas y que el dinero fue depositado en una cuenta en la Banca Privada de Andorra, abierta en octubre de 2008.
“Juan Carlos Zevallos nos dio la cuenta”, precisó Meneses, “yo la pasaba, y luego yo verificaba que el dinero había sido depositado”.
Aparentemente, hubo también descuidos. En 2013, un año después de que Zevallos dejara el cargo, personal del área de sistemas de Ositran que realizaba mantenimiento a los servidores, descubrió en un disco duro un archivo Excel con registros de supuestos pagos hechos por Odebrecht a Zevallos, por un monto de 365 mil dólares entre los meses de abril de 2007 y junio de 2008. La investigación sobre el disco fue archivada en la Fiscalía Anticorrupción por “no precisar expresamente quién o quienes estarían involucrados (…) y no describir cómo supuestamente se habría perpetrado algún delito”.
La investigación por el disco duro encontrado fue archivada en 2014 por el fiscal Nestor Rivera Navarro. (Fuente: Informe en minoría sobre el caso Lava Jato en Perú firmado por el excongresista Juan Pari).
En 2015, sin embargo, la Fiscalía abrió una investigación preliminar por enriquecimiento ilícito contra Zevallos, debido a un desbalance patrimonial de casi 600 mil soles encontrado por la Contraloría. La investigación estaba en curso cuando, a principios de 2017, Zevallos fue delatado por uno de los colaboradores eficaces de Odebrecht en Perú. Hoy cumple prisión preventiva de 18 meses en Ancón I por las coimas que recibió como presidente de Ositran.
Meneses Weyll contó que “luego que hicimos el pago indebido (…) hubo más celeridad con los CAOs”. Barata también lo confirmó: “con esa ayuda el plazo [de la emisión de CAOs] fue reducido a un plazo aceptable, y se logró remontar a un ritmo adecuado de la obra”. La aceleración en la firma de CAOs luego de la entrada de Zevallos es notoria. Lo que tardaba meses, comenzó a realizarse en días.
¿Cómo pagamos los peruanos esos sobornos? A través de exorbitantes sobrecostos. En 2017, la Contraloría calculó que el Tramo 2 pasó de 286 a 1,409 millones de dólares. Y el Tramo 3, de 356 a 1,130 millones de dólares. Casi 300% más de lo establecido inicialmente.
Y ahí están las sumas y restas de la corrupción. Los sobornados en el caso IIRSA Sur recibieron en conjunto alrededor de 25 millones de dólares. Quizá un poco menos. Y eso nos costó a los peruanos un 300% más de lo que debíamos pagar.
(*) Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).