El presidente debería renunciar

Por Mávila Huertas– Diario La República.
A estas alturas, está claro que PPK no fue un funcionario público probo. Ex ministro de Economía y luego Presidente del Consejo de Ministros de un gobierno que puso en bandeja una obra como la Interoceánica y se la entregó a Odebrecht (ahora sabemos que a cambio de 20 millones de dólares para Alejandro Toledo).
Mientras, en paralelo, una empresa suya asesoraba a la constructora brasileña y cobraba por ello. El monto no importa. Tampoco si él firmó o no los contratos. Ganó algo de dinero. Lo admitió la noche del domingo. Lucró directa o indirectamente mientras prestaba servicios al Estado y no podía hacerlo.
That’s all!
Si PPK es coherente con la defensa que hizo de su investidura cuando se negó a presentarse ante la Comisión Lava Jato alegando que no sometería a un circo la Presidencia de la República, debería evitarle al país el penoso espectáculo al que asistiremos el jueves. Al margen de que la oposición consiga o no los votos para vacarlo, será una carnicería.
Ya expuso sus cartas intentando responder a los periodistas incisivos pero respetuosos que lo entrevistaron en Palacio de Gobierno. ¿Espera que ocurra lo mismo en el Parlamento? ¿Acaso cree que saldrá ileso después de que fujimoristas y apristas lo trituren?
Si lo vacan, el hombre que asumió la presidencia del Perú hace poco más de un año con el mejor currículum de la región (como destacó la revista América Economía) tendrá que dejar el cargo por la puerta falsa. Si se salva de la vacancia, Kuczynski estará condenado a la duda permanente del ciudadano, incluso del que votó por él. Además, habrá quedado chamuscado, frágil y sin piso ante cualquier pequeño nuevo embate.
Una disculpa y un elegante adiós. Es lo mejor que puede hacer el Presidente… si realmente está pensando en el país.

Última vacancia: diario de debates

Por 62 votos a favor, nueve en contra y nueve abstenciones, el Pleno del Congreso de la República aprobó la noche del martes 21 de noviembre un proyecto de resolución legislativa por el que declara la permanente incapacidad moral del presidente Alberto Fujimori, conforme a lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución del Estado. Así mismo, declaró la vacancia de la Presidencia de la República, debiendo aplicarse las normas de sucesión establecidas por el artículo 115° de la Constitución Política del Perú.
La decisión congresal fue adoptada a las 22:25 horas, después de una jornada cuyo debate se prolongó por más de 12 horas. En la votación no participó la mayor parte de legisladores de la bancada de Perú 2000, quienes se retiraron al no conseguir que primeramente se votara la renuncia que hizo llegar el ahora ex jefe del Estado, ante el Presidente del Congreso.
La resolución legislativa fue aprobada en medio de aplausos y manifestaciones de júbilo de parte de un sector del público asistente a las galerías del Hemiciclo del Pleno. Para Perú 2000, el procedimiento que antecedió a la votación no correspondió a lo que, dijeron sus voceros, se había acordado antes en el Consejo Directivo, para coordinar en torno al tratamiento de este trascendental tema.
Antes de procederse a la votación en sí, se produjo un debate que se proyectó por cerca de una hora, debido precisamente a que entre el oficialismo y la oposición no se ponían de acuerdo acerca del punto que debería votarse primeramente. Al final, se votó la resolución legislativa, lo que motivó el retiro, en señal de protesta, de los representantes de Perú 2000.
Ese fue el corolario de un debate que tanto la Presidencia como los diversos oradores coincidieron en calificar de histórico, habida cuenta del tema central, como fue declarar la permanente incapacidad moral del Presidente de la República y la declaratoria de la vacancia de ese cargo.
El maratónico debate dio lugar a severos ataques de la oposición a Fujimori, contra su gobierno y lo que consideraron una actitud inmoral de su parte. Entre tanto, los voceros de Perú 2000 reafirmaron su respaldo al jefe del Estado, destacaron su labor gubernamental, y lamentaron que fuese objeto de una venganza por parte de la oposición.
Como lo definió en cierto momento el propio presidente Paniagua, el debate resultaba agrio, áspero y violento, particularmente cuando se produjo un fuerte intercambio ntre las legisladoras Luz Salgado (Perú 2000) y Mercedes Cabanillas (APRA), quienes mutuamente se exigieron el retiro de frases que consideraron ofensivas.
Helbert Samalvides (Perú 2000) señaló que el dolor que sentía no lo abatía y anotó que estaba preparado para enfrentar “la sed de venganza de la ex minoría”. Añadió que era la hora de demostrar lealtad a un hombre cuya labor al servicio del país -dijo- no podrá ser borrada por una resolución legislativa.
Intervino Ernesto Gamarra (FIM), quien deploró que muchas veces se advirtió a los voceros del gobierno de Fujimori sobre las medidas equivocadas que se adoptaban. Sin embargo, dijo, insistieron en su actitud. Agradeció al presidente del Congreso, Valentín Paniagua Corazao, diciendo que, con él, el Perú retornará al cauce democrático necesario.
La legisladora Martha Chávez (Perú 2000) exaltó la labor gubernamental de Fujimori y su coraje en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico, y la acción para liberar a los rehenes de los terroristas en la residencia del embajador del Japón. Desmintió que en la sesión se estuviera dando la muerte del fujimorismo, porque éste -aclaró- está en el alma del pueblo, al que se benefició con sus numerosas obras.
Héctor Ramos López (Perú Posible) sostuvo que 26 millones de peruanos esperan que venga Fujimori a responder al país dónde está el dinero de la privatización de empresas públicas, la naturaleza de sus relaciones con el ex asesor Vladimiro Montesinos, y otros puntos aún oscuros. Se mostró reacio a todo lo que sea “borrón y cuenta nueva”.
El ahora independiente Miguel Velit (ex Perú 2000) advirtió de ciertos arreglos políticos para declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral. Dijo que él puede discrepar con el jefe del Estado por haber renunciado fuera del país, pero que no puede aceptar, por injusta, una vacancia motivada por intereses políticos.
En similares términos se pronunció Gregorio Ibarra Imata (Perú 2000). Entre tanto, Juan Ramírez Canchari (Perú Posible), censuró a Fujimori, acusándolo de conducir al país a la mayor crisis económica de su historia.
Cuando ya habían transcurrido diez horas de debate, intervino la primera vicepresidenta del Congreso, Luz Salgado, quien para tal efecto bajó al llano. Clamó por el cese de odios, insultos y enfrentamientos entre peruanos. Aludió al nuevo gobierno que surgirá en el Perú, y dijo que los del saliente oficialismo están prestos a colaborar y a ofrecer sus servicios en lo que la nueva Administración los considere convenientes.
Otros oradores como Rómulo Mucho Mamani (Perú Posible), Jorge Polack Merel (I) y Enrique Lau Chufón (Perú Posible) también respaldaron la vacancia por incapacidad moral del presidente Fujimori. Ántero Flores-Aráoz (PPC) sostuvo que la incapacidad moral atribuída a Fujimori se inició el 5 de abril de 1992, y que ello prosiguió con otra numerosa sucesión de hechos que consideró ilegales e inconstitucionales.
María Jesús Espinoza (Perú 2000), tercera vicepresidenta del Congreso, admitió que se cometió errores como la corrupción, la compra de conciencias y abusos. Pero al mismo tiempo aclaró que se trabajó con servicio, coraje, voluntad y decisión. Con voz emocionada, añadió que ellos seguirán defendiendo esas obras, y que nunca se avergonzarán de ello.
Sus apreciaciones fueron respaldadas en sendas intervenciones por Rolando Reátegui Flores y Nicasio Terán Adriazola (Perú 2000). Este último señaló que la intención de declarar la vacancia de la Presidencia de la República por incapacidad moral era un juzgamiento político lleno de pasión y venganza.
Guido Pennano Allison (FIM) abogó por la necesidad de declarar la vacancia presidencial por incapacidad moral de su titular. Instó a salir rápidamente de esta situación y de la crisis política del país, y subrayó que el Parlamento necesita abocarse ahora a la discusión del proyecto del Presupuesto General de la República para 2001.
Para Alberto Cruz Loyola (Perú Posible), el pueblo espera que todos los funcionarios de este gobierno también renuncien. Dijo que su grupo político apoyó a Valentín Paniagua para la Presidencia del Congreso, “porque sabíamos que usted llevará acertadamente el gobierno de transición”.
En opinión de Anselmo Revilla (Perú 2000), la declaratoria de la vacancia presidencial, como lo planteaba la oposición, no ha sido tramitada. Por lo tanto, invocó a la Presidencia a que no permita que se cometa un abuso constitucional. Puntualizó que, de lo que se trata, es sólo de aceptar la renuncia formulada por el jefe del Estado.
Fuente: www2.congreso.gob.pe

El pleno del Congreso aprobó la admisión de la Moción del Orden del Día en la que se solicita declarar la vacancia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Luego de más de cinco horas de debate, la moción para la vacancia presidencial por “incapacidad moral permanente”, recibió el respaldo de 93 parlamentarios y el rechazo de 17 congresistas.
De acuerdo al titular del Parlamento, Luis Galarreta, el siguiente paso será citar al presidente Pedro Pablo Kuczynski el jueves 21 a las 09:00 horas para que se presente ante la Representación Nacional y ejerza su derecho a la defensa.
El jefe del Estado puede presentarse en persona o enviar a su abogado y tendrá hasta sesenta minutos para defenderse, según declaró previamente el titular del Parlamento.
Detalló que luego de esa defensa, se votará la moción de vacancia a la Presidencia de la República y para ello se requiere la votación calificada no menor a los dos tercios del número legal de miembros del Congreso.
Galarreta  subrayó que el pedido de vacancia al actual presidente de la República es un hecho lamentable y difícil y se ha tramitado conforme a los procedimientos reglamentarios y constitucionales.
Fuente: Agencia Andina de Noticias.

Una costosa mentira: Frente Amplio plantea vacancia presidencial

Wilbert Rozas, congresista del Frente Amplio, tomó la palabra y expresó: “La vacancia es la única salida y no la renuncia”.
La argumentación del presidente se resume así: los US$782 mil que Odebrecht registra como pagos a su empresa personal Westfield Capital Limited entre 2004 y 2007 tienen dos conceptos y momentos temporales. Las cinco primeras facturas, donde está el período del 2004 al 2006, cuando Kuczynski se desempeñó como ministro MEF, premier y presidente de Proinversión en el gobierno de Alejandro Toledo; son por montos de entre US$2,157 y US$20,794, y corresponden al concepto de reembolsos de gastos y, una de ellas, al de “comisión fija, estructuración y colocación”. Son las dos últimas, del 3 y 4 de diciembre de 2007, las que son por concepto de “asesoría financiera” y suman por mucho el grueso del monto final, con US$717,570. Para cuando se emiten, Kuczynski se encontraba fuera de la función pública. De acuerdo a la lista de First Capital que CARETAS publicó en su edición 2516, la empresa efectivamente fue el asesor financiero exclusivo para Odebrecht en el proyecto de Olmos, en la emisión pública de bonos por US$100 millones.
Hasta este punto la versión de Kuczynski tiene algún sentido. Lo que Odebrecht le paga a Westfield en ese primer tramo corresponde a conceptos en realidad menores, no a asesorías propiamente dichas.
A pesar de que las dos últimas facturas sí se refieren a asesorías a la concesionaria de la IIRSA Norte –en el proceso de la IIRSA Sur se produce la coima de US$20 millones a Toledo-, el presidente insiste en que él no prestó la asesoría y que se trató de un trabajo hecho por First Capital. Esta última empresa, sin embargo, no tiene en su relación de trabajos asesorías realizadas a IIRSA Norte. Sí está, durante el 2006, la “securitización” de US$600 millones en cuentas por cobrar de la IIRSA Sur. Kuczynski insiste en que el único trabajo que lo relaciona con Odebrecht es la consultoría que realizó para First Capital en el caso de H2O Olmos en el año 2012.“Estos ingresos los declaré públicamente porque nunca tuve la intención de ocultar nada”, dijo en su mensaje. Se refirió al chantaje de la “corrupción sistémica”, se entiende, por parte de Odebrecht.
Sepúlveda, desde 1995 socio del presidente en el fondo de inversiones Latin American Enterprise, aparece recién como el segundo director de Westfield a partir del año 2006.
Esta historia es consecuencia de las inconsistencias profesionales del presidente y su socio Sepúlveda, que fueron advertidas por CARETAS a lo largo de todo este año.
Fuente: Revista CARETAS.

Más preguntas para PPK

Por Gonzalo Carranza-Diario El Comercio.
La mañana del sábado 16 de junio se conoció un comunicado de Odebrecht sobre los pagos que consorcios formados por esta empresa hicieron a dos firmas de asesoría financiera vinculadas con el presidente Pedro Pablo Kuczynski, First Capital y Westfield Capital.
Ante las sospechas de que estas transferencias escondieran pagos ilegales realizados a favor de PPK, Odebrecht afirma que “los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital y Westfield Capital corresponden a servicios efectivamente prestados” y que “los valores de dichos contratos estaban de acuerdo con las prácticas de mercados a la fecha”. Este comunicado abre un espacio para que PPK ofrezca a la ciudadanía respuestas más detalladas que las brindadas hasta hoy sobre los cabos sueltos de este caso. Odebrecht le ha dado una impulso, pero PPK aún necesita nadar hasta la orilla para salvar su presidencia. Le quedan horas para hacerlo.
¿Sobre qué debe responder el presidente? Empecemos por el pago que aceptó haber recibido en su mensaje a la nación, el jueves al filo de la medianoche. Se trata de US$610,000 que la empresa First Capital le pagó por una asesoría financiera para la subsidiaria de Odebrecht, H2 Olmos, para lo cual el mandatario giró un recibo por honorarios el 30 de noviembre del 2012. Este pago, a su vez, se vincularía con una transferencia realizada por H2 Olmos a First Capital por más de US$1.6 millones como “honorario de éxito”, según la factura del 22 de noviembre de dicho año incluida en la relación entregada por Odebrecht a la Comisión Lava Jato.
El presidente debe rematar la tarea de convencer a los peruanos de que a este pago se aplica lo afirmado, en forma general, por Odebrecht: que estamos frente a una asesoría profesional y no frente a una recompensa o un incentivo indebidos.
Podemos adelantarnos a una posible respuesta de PPK. Por las fechas, es presumible pensar que los servicios de First Capital y de PPK se vincularan con la emisión de bonos por US$128 millones realizada por dicho consorcio el 24 de octubre del 2012. El estructurador y colocador de estos bonos fue Scotiabank, pero la asesoría de First Capital y de PPK bien podría haber sido de carácter más general, como una evaluación financiera integral del proyecto o una recomendación sobre la características que debía tener el ‘project finance’, un tipo de consultoría que era la especialidad declarada de First Capital. De hecho, este financiamiento tuvo ciertas complejidades que podrían justificar una asesoría especializada: diferentes plazos de endeudamiento, una garantía parcial de la CAF por US$50 millones e importantes garantías mobiliarias e hipotecarias.
Hasta aquí, lo que podemos especular a pesar del silencio presidencial. Sin embargo, quedan dudas. Por ejemplo, ¿qué servicios específicos dio PPK para hacerse de un pago por casi el 0,5% del financiamiento, un monto importante en este tipo de operaciones? ¿Y qué valor agregado dieron los servicios de First Capital para representar, solo en la comisión de éxito, la cuarta parte de los costos de la transacción declarados por H2Olmos (S/17 millones)?En segundo término están los pagos hechos a Westfield Capital por tres sociedades ligadas a Odebrecht entre el 2004 y el 2007: Consorcio Trasvase Olmos, Concesionaria IIRSA Norte Tramo 2 y Concesionaria IIRSA Norte Tramo 3. PPK reconoció en su mensaje a la nación, al filo de la medianoche del jueves 14, que Westfield Capital le pertenece, pero argumentó que las transferencias por parte de los consorcios de Odebrecht se originaron en contratos suscritos cuando él se había desligado temporalmente de la “administración o gestión” de la firma debido a sus responsabilidades políticas en el gobierno de Alejandro Toledo, dejando toda responsabilidad a cargo de su amigo, el financista Gerardo Sepúlveda, a su vez socio principal de First Capital. Odebrecht ha ratificado que firmó estos contratos de asesoría con Sepúlveda.
No obstante, en este caso también quedan dudas. El presidente aparece como “director o ejecutivo” registrado en las memorias anuales presentadas por Westfield desde el 2004 hasta el 2016 al estado de Florida, donde la firma estaba incorporada. Es verdad que, en línea con lo argumentado por el mandatario en su mensaje, las declaraciones desde el 2006 hasta el 2008 son firmadas por Sepúlveda y no por PPK, quien las había firmado desde el 2004 y volvería a hacerlo a partir del 2009. Sepúlveda también aparece –junto con PPK– en la lista de directivos contenida en estas declaraciones desde el 2006 hasta el 2010. Se podría pensar, con cierta inocencia, que la aparición del nombre del presidente en estos documentos durante los años en los que afirma haber estado alejado de Westfield se debiera a un error material, pero el propio PPK no ha hecho explícito este argumento. Tampoco ha negado que siguiera usufructuando los beneficios generados por Westfield mientras Sepúlveda dirigía la firma y suscribía contratos con sociedades ligadas a Odebrecht. En el 2007, Westfield transfirió US$380 mil a la cuenta de PPK en el BCP.
Finalmente, Kuczynski sí estampó su firma electrónica y apareció como único director o ejecutivo en la memoria anual enviada por Westfield al estado de Florida el 10 de enero del 2005, cuando ya tenía 11 meses en su segunda gestión como ministro de Economía de Toledo y, siguiendo la lógica de su propio testimonio, ya había dejado enteramente la gestión de Westfield a cargo de Sepúlveda. Esta memoria reflejaba información financiera del 2004, año en que el Consorcio Trasvase Olmos hizo un pago por US$10 mil a Westfield por reembolso de gastos. El presidente tampoco ha dado ninguna explicación sobre este hecho.
Por último, PPK no ha explicado por qué, ante la necesidad de desligarse de sus negocios privados para asumir cargos públicos, optó por dejar a cargo de dichos intereses a Sepúlveda, su socio recurrente, amigo íntimo e invitado de honor en su juramentación como presidente el 28 de julio del 2016, en lugar de recurrir a otros mecanismos que no lo comprometieran con las decisiones tomadas en su supuesta ausencia. Si fue un error de juicio, sin dolo, el mandatario debería aceptarlo, disculparse ante la ciudadanía por no haber hecho un recuento detallado y transparente de sus relaciones con Odebrecht antes de que las circunstancias lo obligaran a ello, y aprovechar esta (mala) experiencia para plantear estándares más estrictos para que los funcionarios del Estado separen efectivamente sus intereses privados de su gestión pública.

Las tres veces que el Congreso peruano ‘despidió’ al presidente

La revelación de los presuntos vínculos del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con la constructora Odebrecht motivó el pedido de vacancia en su contra presentada esta mañana por 27 congresistas de Fuerza Popular, Frente Amplio, Alianza por el Progreso y el Apra. Pero este no es el único caso en la historia del Perú.
El especialista en derecho constitucional Samuel Abad explicó a RPP quiénes fueron estos mandatarios y cómo se llevaron a cabo estas destituciones.

Independencia insípida

El primer presidente vacado de la historia del Perú fue José de la Riva Agüero, en 1823. “En este caso, la consolidación de la independencia estaba todavía muy fresca y las pugnas políticas por posturas diferentes motivaron que el Congreso pidiera su vacancia por incapacidad moral”, señaló Abad.
De la Riva Agüero intentó hacer frente a esta decisión y empezar una guerra civil, pero antes de que pudiera ejecutar su plan, fue apresado y enviado al destierro en Guayaquil.

País en posguerra

El segundo mandatario ‘despedido’, Guillermo Billinghurst, fue cuestionado por sus ideas de centroizquierda en medio de un país todavía convulsionado por los estragos de la guerra con Chile.
“En este caso, también se aplicó la causal de incapacidad moral. Sin embargo, Billinghurst intentó disolver el Congreso y continuar en el poder. En respuesta, la oposición atacó el Palacio de Gobierno, lo apresó y envió a Iquique. En este enfrentamiento fue asesinado su ministro de guerra, el general Enrique Varela”, comentó el especialista RPP Noticias.

Conflicto armado

En nuestra historia reciente las palabras “renuncia” o “vacancia” se relacionan mucho con el año 2000. El presidente Alberto Fujimori estaba en medio de serios cuestionamientos después de la difusión de los vladivideos, en los que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, ofrecía y entregaba fajos de billetes para comprar medios de comunicación, congresistas y magistrados en favor del Gobierno.
“La situación esa época era bastante peculiar. Para empezar, se llevaron a cabo elecciones fraudulentas y eso generó que muchas instituciones cuestionaran la democracia. En medio del caso, Fujimori huyó a Japón y renunció por fax. El Congreso decidió no aceptar su renuncia porque esa actitud representaba razón suficiente para pedir su vacancia por incapacidad moral. Y lo hicieron. Como todo su gabinete fue elegido de manera ilegítima, debieron renunciar y finalmente fue el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, quien asumió el cargo”, explicó Abad.
Fuente: Radio Programas del Perú.

Westfield Capital transfirió más US$380 mil a cuenta personal de PPK en 2007

Westfield Capital, empresa que contrató Odebrecht para consultorías y que pertenece a Pedro Pablo Kuczynski, hizo una transferencia de US$380,047 mil a una cuenta bancaria personal del presidente de la República el 7 de diciembre del 2007.
Eso lo revela un documento que estaba en poder de la comisión Lava Jato del Congreso anterior, que encabezó Juan Pari, y al que pudo acceder Perú21.
Haciendo un cruce de información entre este y la documentación brindada por Odebrecht al Parlamento, se puede ver que ese desembolso se hizo tres días después de que Westfield Capital recibiera US$430,542 de parte de la firma brasileña. Ese pago corresponde a una consultoría hecha por el proyecto Interoceánica, según la firma brasileña.
En ese mismo mes, el 3 de diciembre de 2007, la constructora también transfirió US$287,028 a Westfield.
De acuerdo a lo informado por Odebrecht, pagó más de US$782 mil a Westfield Capital —compañía unipersonal de PPK— por consultorías para los proyectos Trasvase Olmos y la Interoceánica Sur, entre los años 2004 y 2007.
Ya el 24 de febrero de 2017, ‘Hildebrandt en sus trece’ reveló el depósito de Westfield a cuenta de PPK. “El mayor aporte que recibió la cuenta del BCP del mandatario provino de Westfield Capital, una empresa propiedad de Kuczynski que abonó en el 2007 US$380 mil. Westfield Capital se dedica, así como First Capital, al rentable negocio de las consultorías financieras en Latinoamérica”.
Como se sabe, para adjudicarse esta última obra, la constructora, según el Ministerio Público, habría pagado US$20 millones en sobornos al ex presidente Alejandro Toledo, en el mismo periodo de tiempo en el que Kuczynski fue su ministro de Economía.
Fuente: Diario Perú21.

Sepúlveda, el primer amigo de la nación (nueva versión)

Por Fernando Vivas-Diario El Comercio.
Cuando Toledo ganó y nos familiarizamos con su entorno, llamó la atención un hombre alto y corpulento, pero bonachón en apariencia. Era mayor que el presidente, y al verlo con él parecía una suerte de consejero y compinche a la vez. La prensa bautizó a Adam Pollack como ‘el primer amigo de la nación’. Josef Maiman contó mucho después que cuando se encontraban los tres, bromeaban diciendo que Josef era ‘el segundo amigo de la nación’.
Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda hicieron clic en Chile en 1992. PPK era un dinámico cincuentón con mucho millaje. Había sido ministro de Energía y Minas en el gobierno de Belaunde y supo ligar su conocimiento de ese sector con su habilidad para las altas finanzas. En esa faceta acumuló consultorías y cargos. Uno de ellos fue ser vicepresidente de directorio de la chilena CAP (Compañía de Aceros del Pacífico), donde el joven Gerardo, de 27 años, era director de desarrollo. Este había estudiado auditoría en la Universidad de Santiago de Chile (Usach) y finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Por la diferencia de edad y la coincidencia de vocaciones, Gerardo de alguna manera se convirtió en el hijo que PPK sí tuvo –John Kuczynski Casey– pero con el que mantiene una cordial distancia. En la toma de mando de julio del 2016, no estuvo John, pero sí sus tres hijas y, claro, estuvo Gerardo. Por coincidencia, el chileno también es casado y tiene cuatro hijos.
En 1993, ya ambos trabajaban en Miami en Westfield Capital, empresa en la que PPK era el único socio y dueño, como reconoció en su último mensaje a la nación. Gerardo era analista de proyectos. Con el paso del tiempo, la colaboración y la amistad se fortalecieron. Junto a un equipo en el que participaban otros peruanos como Eduardo Elejalde y Fernando Montero, además de Nancy Lange que se unió a PPK en 1995, formaron varias empresas.
Una de las aventuras empresariales de este grupo peruano-chileno-estadounidense fue crear el Latin America Enterprise Fund (LAEF) en 1998, un fondo con inversionistas entre los que se contaban las universidades de Harvard y Stanford y el fondo de pensiones del estado de Wisconsin, donde nació Nancy. El LAEF compró el Parque del Sendero, un gran complejo de cementerios de Chile. PPK y sus socios han invertido en la vida y en la muerte de mucha gente.
Pero volvamos a Westfield, que ese es el hueso atragantado que asfixia a PPK, pues allí recibió pagos de Odebrecht mientras era funcionario. Gerardo, el gran amigo, quisiera sacárselo pero no puede.
—¡Encuentra el poder, Gerardo!—
Una fuente oficialista me contó que en la larga reunión palaciega del jueves, antes del mensaje a la nación, un abogado del presidente explicó que Westfield, mientras PPK fue funcionario de Toledo, fue gestionada íntegramente por Sepúlveda. El abogado dijo a los ppkausas que el chileno tenía una condición, una suerte de ‘officer’ empoderado, que, de acuerdo a la legislación gringa, restaba responsabilidad al presidente. Contó, además, que Sepúlveda, en Chile, estaba buscando el documento crucial que confirmara esa condición.
Me comuniqué con una representante de Sepúlveda en Santiago. Me dijo que él no deseaba declarar por ahora. Le pedí documentación en el sentido del que busca la defensa del presidente, pero solo recibí un link a un registro empresarial de Florida, donde, en efecto, figura que en el 2006 es Gerardo y no PPK quien firma la hoja de reporte anual de la empresa, aunque en la misma hoja PPK sigue siendo el dueño y también ‘officer’. En otros años, PPK firma el reporte.
Formalmente, PPK no era socio de Gerardo en Westfield, pues era el único dueño; tampoco eran socios en First Capital (FC), pues solo Gerardo era dueño. Pero ambas se dedicaban a asesorías financieras para grandes proyectos. FC se fundó en Miami en el 2001 y se trasladó a Chile en el 2006. Westfield sobrevivió a varios períodos.
—Santiago querido—
Insistí en hablar con Sepúlveda, pero me dicen que solo declarará, tal vez, a partir del viernes. En ese cálculo temporal, presumo, está considerado el debate de la vacancia de su amigo previsto para el jueves.
Hoy Chile elige a un nuevo presidente y en unos días, aquí, PPKdejaría de serlo. Gerardo Sepúlveda tendrá la ocasión de declarar quizá, a requerimiento de la defensa de PPK, en las investigaciones fiscales y congresales que se le vienen encima. Habrá documentos y testigos que aporten indicios de cómo la relación comercial y amical entre ambos constituye un atenuante o un agravante del escándalo de enterarnos de que la empresa unipersonal de PPK, Westfield Capital, hizo negocios con Odebrecht mientras él era funcionario.
Conversé con un amigo de Sepúlveda. Me pidió no mencionar su nombre, pero sí que fue el ejecutivo de Odebrecht que lo contrató para el proyecto de H2Olmos. En esa ocasión, Sepúlveda trabajó conPPK y este facturó por ello, tal como lo reconoció una semana atrás. Sin embargo, el hoy ex hombre de Odebrecht dice que nunca vio a PPK, pues todo el trato fue con Gerardo.
El primer amigo de la nación ppkausa tiene mucho que contar sobre cómo planificaban negocios juntos trabajando por separado.

Kuczynski asesoró a Rutas de Lima de Susana Villarán

Después de apoyar la no revocatoria

La parlamentaria no agrupada Yeni Vilcatoma señaló que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski (PPK) dio consultorías a concesionaria Rutas de Lima cuando Susana Villarán estuvo al mando de la comuna limeña.
“La empresa First Capital ha brindado también consultorías en la concesionaria Rutas de Lima, luego de que ella [Susana Villarán] ganó la [campaña] ‘No’ a la revocatoria”, expresó a La Razón.
En tanto, la congresista agregó que en febrero del 2013 hasta agosto del mismo año se habían pagado montos millonarios en consultorías a favor de First Capital. Empresa donde la constructora Odebrecht pagó al mandatario cerca de 5 millones de dólares por consultorías según el informe emitido a la Comisión Lava Jato.
“Yo estoy en contra. O sea, yo voto por el No”, señalaba PPK el 25 de enero del 2013, respecto a la revocatoria a Susana Villarán. Al mes siguiente, su empresa First Capital Inversiones y Asesorías Li. recibía 18,500 dólares por desarrollar la estructura de financiamiento de los peajes de Odebrecht.
En total fueron US$153,040 lo que Rutas de Lima le pagó a empresa de PPK.
Fuente: Diario La Razón.

Por Martin Hidalgo Bustamante-Diario El Comercio.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó por mayoría el informe final del Caso El Frontón donde se pide la destitución del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Eloy Espinosa-Saldaña, y la suspensión de sus colegas Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda.
El informe, elaborado por el fujimorista César Segura, acusa a los magistrados del TC por haber modificado el fondo de la sentencia del Caso El Frontón, del 14 de junio del 2013, la cual tiene calidad de cosa juzgada.
El documento acusador recibió el respaldo de los fujimoristas (8 votos) y del aprista Javier Velásquez Quesquén. En contra votaron los legisladores de Peruanos por el Kambio (2), Alianza para el Progreso (1) y el Frente Amplio (1). Las acusaciones contra los cuatro magistrados se votaron por separado, pero en todas se tuvo la misma correlación de fuerzas.
Antes de llegar al pleno del Congreso, el informe final debe pasar por la Comisión Permanente, donde puede ratificarse la acusación constitucional o archivarse.
De proceder con la acusación, la Comisión Permanente nombrará una subcomisión acusadora que se encargará de sustentar el informe en el pleno, donde los acusados también podrán repetir sus descargos.
Dado a que el informe acusa a los magistrados por infracción constitucional y por comisión de delitos hay que tener en cuenta que cada caso requiere una votación especial.
En el caso de Eloy Espinosa-Saldaña se recomienda acusarlo por el delito de prevaricato. Para la aprobación de esto en el pleno se requieren 53 votos como mínimo. Para el mismo magistrado se pide la destitución por infracción constitucional, para lo cual se necesitan 69 votos como mínimo.
El fujimorista César Segura, autor del informe final, especificó que la suspensión contra los magistrados Ledesma, Ramos y Miranda se hará efectiva durante el periodo de receso del Tribunal Constitucional.
-Sanción múltiple-
A los cuatro magistrados en cuestión se les imputa haber cambiado el sentido del voto de un magistrado del TC -Manuel Miranda- mediante el cual se resolvía que la matanza de El Frontón no constituía un delito de lesa humanidad.
En el discusión de fondo, el aprista Javier Velásquez Quesquén saludó las conclusiones del informe pero afirmó que los magistrados acusados deberían tener la misma sanción.
“Debería darse la inhabilitación y la imputación de delito de función para todos los acusados, se tiene que aplicar el principio de razonabilidad. Invocando hechos falsos, han cambiado la voluntad de un magistrado, y aprovechándose que se encuentro en un estado de salud que no le permite ahora declarar”, alegó.
Para Velásquez Quesquén, los magistrados acusados actuaron en base a un “fundamento ideológico y no una razón constitucional”.
Marisa Glave (Nuevo Perú) también expresó su discrepancia con la diferencia en las sanciones contra los magistrados, pero en su opinión “si se dice que uno es inocente, todos son inocentes”.
“¿Por qué solo se quiere destituir a Eloy Espinosa-Saldaña? ¿Es porque está llevando la causa de Fujimori?”, cuestionó la legisladora, cuya bancada tiene voz pero no votó en la subcomisión.
El oficialista Gino Costa tomó distancia de este informe final‪, pues indicó que existe un procedimiento que no ha concluido en el mismo Tribunal Constitucional sobre el caso. “Mal haría el Congreso de pronunciarse sobre un asunto que está al voto en el propio TC”, manifestó.
‪También‬ ‪recordó que la Constitución‬ ‪protege a los magistrados -y congresistas- con la inviolabilidad de sus decisiones. “Y no se concluye que exista dolo‬ ‪en el accionar de los magistrados. No hay evidencia”, acotó.‬
Este último argumento fue apoyado por la representante de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza. “Hay que respetar el principio de inviolabilidad y respetar la imparcialidad”, dijo.‬
Quien también se mostró en contra fue el legislador del Frente Amplio Marco Arana, quien acusó un “golpe a la institucionalidad” supuestamente impulsado por la bancada aprista. ‬
“A Alan García no le bastó con la prescripción que ahora viene, apoyado de la mayoría, a buscar una segunda prescripción por delitos de lesa humanidad”, afirmó tras resaltar que el informe inicial planteaba diferentes sanciones y que el aprista Velásquez Quesquén propuso destituir a todos.‬
‪El fujimorista Héctor Becerril refutó a Arana asegurando que el tema de fondo es que “defienden a los terrucos”. “Los miembros del TC tienen que estar sujetos al control político que manda la Constitución”, añadió tras un fuerte intercambio de palabras con Arana.‬
Del debate se recogió la recomendación de Becerril para también suspender al magistrado Manuel Miranda. El informe inicial solo proponía una exhortación en su contra.‬
‪La sesión terminó con una ironía de Velásquez Quesquén: “quiero que se registren mis reservas, no vaya a ser que después me cambien el voto”.

No renunciará

Mensaje a la Nación:
Buenas noches, queridos compatriotas.
Estoy aquí para dar la cara. Ni me corro ni me oculto ni tengo motivos para hacerlo. Estoy aquí porque ustedes merecen una explicación y yo tengo la obligación de darla.
El día de ayer, integrantes de la comisión Lava Jato han presentado reportes de la empresa Odebrecht de supuestos pagos por servicios que yo habría prestado a favor de dicha empresa. Eso es falso. No nos dejemos confundir. Yo les quiero explicar lo que está pasando.
Dice este tendencioso reporte que yo habría recibido más 4 millones de dólares. Falso. Vayamos punto por punto.
Lo que tenemos aquí son dos páginas completas listando supuestos depósitos y una tercera con solo siete de ellos.
Toda esta primera página y toda esta segunda, toda, se refieren a la empresa First Capital. Una empresa con la que ya he declarado no tener ninguna relación como socio ni como ejecutivo.
Aquí pueden ver la constitución de esta empresa, de propiedad exclusiva del señor Gerardo Sepúlveda.
De todos estos depósitos incluidos en estas dos páginas, el único que tiene relación conmigo es el que ya mencioné el sábado pasado en RPP. Se trata de un servicio de asesoría financiera que presté a esta empresa, de manera absolutamente legítima, mientras no ocupaba ningún cargo público.
Aquí pueden ver la factura, presentada por mí a First Capital. Ninguna relación mía con la empresa Odebrecht. Estos ingresos los declaré públicamente y pagué mis impuestos por ellos, como corresponde, en el año 2012. Porque nunca he tenido ni la menor intención de ocultar nada.
En conclusión, de todos los depósitos de estas dos páginas, de los 4 millones de dólares que supuestamente habría recibido, salvo por esta factura, ninguno, absolutamente ninguno tiene que ver conmigo.
Pasemos ahora a los otros siete depósitos de esta última página. Estos ya no se refieren a la empresa First Capital, sino a la empresa Westfield Capital.
Esta empresa, lo digo con total claridad, y así lo hice en mi declaración de intereses del 31 de enero de este año, sí es de mi propiedad. Sin embargo, nunca he estado a cargo de la gestión ni administración de la empresa cuando he ocupado un cargo público.
Podemos ver en detalle los pagos. Todos corresponden a contratos que celebró y firmó el señor Sepúlveda, no yo. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos.
Todo se hizo públicamente. Como pueden ver, no es mi firma, sino la del señor Sepúlveda la que aparece en este y en todos esos contratos.
Dicho todo esto, es indispensable que expliquemos lo que está pasando aquí: la corrupción sistémica pretende amenazar a nuestro gobierno y a nuestro sistema democrático. Es así de claro y así de grave.
Compatriotas: no me voy a dejar amedrentar.
Soy un hombre honesto y lo he sido toda mi vida.
Estoy dispuesto a defender la verdad ante la comisión Lava Jato, ante la fiscalía, a la que le voy a pedir el levantamiento de mi secreto bancario, lo digo muy claro: pido el levantamiento de mi secreto bancario para que revisen todo lo que quieran, y ante todos los peruanos. Y asumo todas las responsabilidades que se deriven de mis actos.
Estoy aquí para decirles: No voy  a abdicar ni a mi honor, ni a mis valores, ni a mis responsabilidades como Presidente de todos los peruanos.
Invito a todos los actores políticos a hacer lo mismo. Nos costó mucho recuperar esta democracia. No la volvamos a perder.
Buenas noches.

La presidenta de la Comisión Lava Jato, Rosa María Bartra, mostró un grupo de documentos que sustentan “los diferentes servicios que ha prestado la empresa First Capital y Westfield Capital” a la empresa Odebrecht. Los mismos indican el pago de US$ 782 mil a empresa de PPK por asesorías.
Odebrecht otorgó, de acuerdo a dichos documentos, el pago a la firma Westfield Capital, empresa de asesoría financiera perteneciente al presidente Kuczynski. Las asesorías brindadas fueron en total siete.
La fecha de las asesorías, según los documentos, se dio entre noviembre de 2004 y diciembre del 2007. Dos de ellas están referidas a la Carretera Interoceánica norte, por las que el pago fue de US$717,570.
Además, First Capital, constituida por Gerardo Sepúlveda, también realizó asesorías para Odebrecht entre el año 2005 al 2013 por un importe de US$ 4’043,941.
Pagos a Westfield Capital y First Capital
La presidenta de la Comisión Lava Jato explicó en conferencia de prensa que tanto la empresa First Capital como Westfield Capital recibieron el pago de cerca de 5 millones de dólares entre los años 2004 y el 2012.
“Este oficio contiene información referida a diferentes servicios, contratos, que ha prestado la empresa First Capital y Westfield Capital, haciendo una suma de diferentes instrumentos de pago del 2004 al 2012 por casi cinco millones de dólares”, declaró.
Indicó que la información debe ser conocida por el país. “Consideramos que esta información debe ser puesta en conocimiento de todo el Perú”, añadió.
Fuente: Canal N.

PPK reveló que asesoró a H2Olmos, proyecto de Odebrecht

Según la declaración jurada de intereses del presidente, este tiene la empresa Westfield Capital que es una empresa unipersonal de asesoría de banca de inversión. Asimismo, el documento señala que la última transacción fue en 2007.
Declaración Jurada de PPK  de Enero del 2017, el presidente señala que Westfield Capital es su empresa unipersonal, cuya última transacción fue en el 2017.
Pedro Pablo Kuczynski fue primer ministro desde el 16 de agosto hasta el 28 de julio del 2006 cuando era presidente Alejandro Toledo. Previamente fue ministro de Economía, durante el mismo gobierno, desde el 16 de febrero hasta el 16 de agosto del 2005.
Por tanto, las transacciones que figuran en la lista sucedieron en paralelo a cuando era ministro.
La presidenta de la comisión Lava Jato, Rosa Bartra, aseguró que no serían los únicos pagos al presidente de la República en relación a la información de la empresa First Capital.
Dicha empresa, constituida por Gerardo Sepúlveda, de nacionalidad chilena, realizó asesorías para Odebrecht entre el 2005 y 2013 por el monto de US$ 4,043,941.
Tras conocerse esto, PPK admitió el último sábado que realizó consultorías para el proyecto H2Olmos a través de First Capital; sin embargo, negó haber hecho el trabajo para Odebrecht, pese a que  se trata un consorcio integrado por la empresa brasileña.
Fuente: Diario Gestión.

Reserva Nacional Tambopata

La Asociación ODEBRECHT Perú-AOP financió con US$ 425,880.00 el “Plan de Acción para la consolidación de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata” de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en el ámbito de la zona de Amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata.
Adicionalmente Asociación ODEBRECHT Perú-AOP también ha financiado a la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) con US$ 275,761.00; mediante un Convenio para la ejecución del proyecto “Consolidación de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata a través de la creación y manejo de áreas de conservación, desarrollo de infraestructura socio productiva, inserción de iniciativas de mercado de turismo y fortalecimiento de capacidades institucionales”.
Fuente: Proética, Asociación Nacional de Centros de Investigación, Promoción Social y Desarrollo (ANC) y Grupo Propuesta Ciudadana.