El Equipo Forense Especializado de la fiscalía en la cancha de fútbol de Yanajanca (Huánuco), donde encontraron los restos de Edgardo Isla Pérez. Según testigos, Isla habría sido asesinado por orden del ‘Capitán Carlos’ (Foto: Dante Piaggio).
Por Cecilia Valenzuela– Diario El Comercio.
Los familiares de las personas que murieron injustamente en los alrededores de la base de Madre Mía, en el Alto Huallaga, en 1992, deben estar pensado que quizá un día la justicia llegará a sus vidas.
Ayer, finalmente, la Cuarta Fiscalía de Terrorismo y Derechos Humanos reabrió la investigación del Caso Madre Mía contra quienes resulten responsables. Los testimonios escuchados en los últimos meses a través de los medios de comunicación indican con precisión quién resultará responsable. Esperemos que las autoridades civiles estén a la altura de sus responsabilidades, porque en otras áreas no ocurre así.
El 31 de mayo, los policías Gino Apaza y John Bernales realizaban un patrullaje de rutina en la zona de Pasahuayco, en Huanta, Ayacucho, cuando fueron emboscados y acribillados por narcosenderistas que operan en el Vraem. Eran las 11:30 de la mañana cuando la columna del ‘camarada Antonio’ se encontró con ellos, los mató.
Al día siguiente, en Lima, el primer ministro Fernando Zavala dijo que “no se descansaría hasta encontrar a los asesinos”. Alguien debería informarle a Zavala que el cabecilla de esos asesinos ya había sido mortalmente herido y eliminado el 2 de setiembre del 2015 por la Brigada Especial de Inteligencia que manejó los dineros que se gastaron durante el gobierno de Humala en el Vraem, bajo la coordinación del viceministro de Políticas para la Defensa de entonces, Iván Vega.
Alguien debería decirle a Zavala que entre las farsas que se montaron en el Vraem en el gobierno anterior, y para las cuales se destinaron altos presupuestos clasificados como “secretos”, estuvo la falsa desaparición del sanguinario ‘camarada Antonio’, conocido también como ‘Pukañahui’, el mismo que encabezó el asesinato de los dos policías emboscados en Huanta el 31 de mayo último.
El primer ministro debería saber que cuando su despacho y sus asesores legales le niegan a la fiscalía anticorrupción el acceso a la información militar solicitada para resolver el caso de los pagos a los colaboradores fantasmas en el Vraem, solo está amparando farsas, montajes y crímenes.
La operación Guardián del Valle 2015, de la que derivó el cuento publicado en los medios adictos al gobierno el 6 de setiembre de ese año, sobre la posible muerte de ‘Antonio’, está clasificada en los archivos militares como “secreta”. Esa ‘operación’ costó la vida de cuatro soldados y es evidente que fue un fiasco. ¿Cuánto dinero desapareció en la justificación de sus gastos?
La PCM sostiene que no tiene competencia para conocer información clasificada como “secreto de Estado”, por lo que no puede intervenir si militares y policías se niegan a entregar la información que la fiscalía solicita para resolver los casos del dinero robado en el Vraem y del ‘escuadrón de la muerte’, un caso en el que no hemos profundizado en este artículo, pero que también está vinculado a la Brigada Especial de Inteligencia, que fue donde empezaron y terminaron las farsas criminales montadas en el gobierno del ‘Capitán Carlos’.
Ayer, en un sesudo y cuestionador artículo, Ricardo Uceda sostuvo que “la PCM abdica de sus funciones al evadir control sobre lo que lleva el sello de secreto en instituciones militares y policiales. Sobre todo si el mecanismo termina encubriendo graves delitos”.
El Gobierno ha cometido el tremendo error de mantener en sus cargos a los jefes militares y policiales nombrados por Humala. La Brigada Especial de Inteligencia, que hace dos años, supuestamente, eliminó al mando militar del narcoterrorismo en el Vraem que acaba de asesinar a dos policías que hacían patrullaje, estaba integrada por generales del Ejército en actividad y por el actual director de la policía, Vicente Romero.
¿Qué interés podrían tener estos poderosos oficiales en que se conozca realmente la verdad?
Abdicación de funciones
Por Ricardo Uceda– Diario La República.
Falsificación de documentos en el caso Escuadrón de la Muerte. La DIRIN niega documentación al Ministerio. La PCM niega la misma documentación a los fiscales. La situación en manos de una jueza anticorrupción.
El premier. El informe de Zavala dice que la PCM no tiene competencia para conocer una información clasificada como secreta por alguna entidad pública…
El 22 de mayo pasado, Asuntos Internos del Ministerio del Interior exculpó de responsabilidad funcional a Carlos Llanto Ponce y Williams Castaño Martínez, dos suboficiales acusados de participar en un asesinato de supuestos delincuentes en Piura, el 27 de febrero del 2015. Para ambos la fiscalía pidió prisión preventiva. ¿Cómo pueden estar imputados por asesinato sin haber infringido normas policiales? El caso tiene una insólita explicación y, como veremos, plantea una disyuntiva mucho mayor.
Asuntos Internos inició indagaciones para determinar si miembros de la Dirección de Inteligencia de la PNP(DIRIN) actuaron irregularmente en los hechos de Piura. Algunos de los policías involucrados pertenecían a esta dependencia. En múltiples oficios le pidió la documentación correspondiente a la PNP. La DIRIN no la entregó, con el argumento de que era secreta. En fuentes administrativas, sin embargo, el ministerio obtuvo papeles que justificaban solicitudes de dinero. Algunos eran muy interesantes.
La falsificación
Había, por ejemplo, un Plan de Inteligencia del 9 de enero del 2015, presentado ante la DIRIN, junto con un oficio que solicitaba la emisión de cinco papeletas para viaje de comisión de servicios a Trujillo, Chiclayo y Piura, del 10 al 22 de febrero del 2015. El equipo estaba integrado por el comandante Enrique Prado Ravines, el mayor Franklin Briceño, y los suboficiales Carlos Llanto, Noemí Santiago y Williams Castaño. Los documentos llevaban la firma del jefe de la División de Asuntos Especiales de la DIRIN, el comandante Guillermo Bonilla Arévalo. Fue fácil comprobar que no era la firma de Bonilla. Al mostrársele los papeles, este comandante ratificó que nunca los había firmado.
Alguien falsificó, pues, la firma de Bonilla. Por otra parte, el plan establecía actividades de inteligencia del 10 al 22 de febrero del 2015, pese a que estas fueron realizadas entre el 24 de febrero y el 2 de marzo. Y no era la única contradicción en las fechas.
Más falsedades
Cuando los supuestos delincuentes ya estaban muertos hubo un informe administrativo disciplinario para emitir las felicitaciones usuales en este tipo de operativos. El reporte de Piura fue realizado el 4 de marzo del 2015 por el coronel PNP Raúl Moncada Baglietto. En el expediente se insertaron las declaraciones de Llanto, Santiago y Castaño. Pero están fechadas en la noche del 3 de marzo, en Piura, cuando los tres estaban en Lima. Santiago nunca viajó a Piura, y Llanto y Castaño se registraron en la sede limeña de la DIRIN el día anterior. Posiblemente estas manifestaciones nunca se rindieron.
Para solicitar viáticos a la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP se empleó también el Plan de Inteligencia falsamente firmado por el comandante Bonilla. Como puede advertirse, hay más de una infracción administrativa, comenzando por la falsificación de la firma de un superior. ¿Quién la hizo? Aunque las sospechas se dirigen a quien es sindicado como el jefe operativo del llamado Escuadrón de la Muerte, Enrique Prado Ravines, Asuntos Internos no pudo concluir su trabajo y ni siquiera formalizar una indagatoria. Debía trabajar con información clasificada como secreta, que nunca estuvo a su alcance.
Problema mayor
El MININTER ha derivado sus hallazgos parciales a la Fiscalía de Crimen Organizado que investiga las supuestas ejecuciones extrajudiciales por parte de policías. Así el fiscal Álvaro Rodas tendrá mayores elementos respecto de cómo se organizaba un operativo. El material también ha sido enviado a Inspectoría de la PNP y a la Fiscalía Suprema Militar. Naturalmente, luego de todo esto queda abierta una gran pregunta: ¿con qué bases puede un organismo militar o policial impedir una investigación del gobierno sobre asuntos supuestamente secretos?
El problema es mayor, puesto que tampoco el fiscal Rodas obtiene documentación sobre estos operativos. La PNP no los entrega por ser secretos. Similar negativa recibió de las Fuerzas Armadas el fiscal José Domingo Pérez, que investiga malos manejos de fondos en el VRAEM. Ambos fiscales recurrieron al Primer Ministro, ante quien el Ministerio Público debe apelar cuando se le ha negado información estatal clasificada (este mecanismo lo establece el Código Procesal Penal). Las respuestas del Primer Ministro explican con toda claridad cómo ha podido llegarse a esta situación. En ellas, como ya ha trascendido públicamente, ratifica la negativa de los policías y los militares a entregar la documentación.
El no de la PCM
El 3 de mayo, en una segunda carta de respuesta al fiscal Pérez, el premier Fernando Zavala adjuntó un informe que se ha tenido a la vista para redactar esta nota, suscrito por Mónica Huerta y Edgar Ortiz, abogada y director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de su despacho. Es el documento que justifica la negativa. Dice que la PCM no tiene competencia para conocer una información clasificada como secreta por alguna entidad pública. En el Estado, añade, “no existe una autoridad que centralice o asuma rectoría respecto a aquellos documentos que sean clasificados como secretos”.
Sobre la información requerida para investigar los robos en el VRAEM, el informe precisa que el Ministerio de Defensa es el único responsable de su clasificación. Esto invitaría a pensar que fue el titular del sector, Jorge Nieto, o uno de sus antecesores, quien puso el sello de secreto a lo que el fiscal Rodas pedía. Pero no. Fue el Comando del VRAEM, según fluye de la documentación presentada en las audiencias judiciales. El ministro no dispuso la clasificación ni conoció lo que estaba siendo destinado a la oscuridad.
Lavada de manos
La PCM abdica de sus funciones al evadir control sobre lo que se pone el sello de secreto en instituciones militares o policiales. Sobre todo si el mecanismo termina encubriendo graves delitos. La Ley de Transparencia, esto lo sabe cualquier especialista, exige que para que un documento sea clasificado como secreto, reservado o confidencial exista una resolución, motivada en los dos primeros casos, y con fecha de expiración. En las situaciones referidas todo indica que esta formalidad no se cumplió: se presume secretos a todos los informes y operativos de inteligencia considerándolos como un montón. Si no reacciona el Poder Ejecutivo la situación terminará bajo el escrutinio de los jueces, el último recurso del Ministerio Público. Está pendiente lo que resolverá la jueza Sonia Bazalar, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria. Debe confirmar si la investigación del VRAEM se archiva por razones de Estado. Ayer fue la audiencia pública y los investigados, es decir los clasificadores, apoyaron la posición de la PCM.