Conferencia Episcopal Peruana
Comunicado
Los Obispos, reunidos en la 103° Asamblea General Ordinaria de la Conferencia  Episcopal Peruana, preocupados por las distintas posiciones planteadas respecto al proyecto de Ley Universitaria, y conscientes de la importancia de dicho tema, expresamos:
l. Las universidades nacieron para que, por el camino del conocimiento y el desarrollo personal, el ser humano sea más libre. La Iglesia ha participado activamente en el nacimiento de las universidades; concretamente, en el Perú fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una de las más antiguas de América. Desde hace más de cuatro siglos hasta la actualidad, la Iglesia está comprometida con la formación integral de millones de peruanos a través de escuelas, institutos superiores y universidades a lo largo de todo el país. Es ésta una de las razones por las que el Estado la reconoce como un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú (artículo 50 de la Constitución Política).
2. Actualmente, la Iglesia Católica, en el marco del Acuerdo Internacional celebrado entre la Santa Sede y la República del Perú, desarrolla a través de sus universidades una intensa labor de formación humanista, investigación científica y promoción de la cultura.
3. Consideramos positivo que se busque mejorar el sistema universitario de nuestro país; este proceso debe darse en un clima de diálogo alturado y fructífero, sin que genere polarización ni ponga en nesgo el futuro de la universidad en el Perú.
4. Por ello, exhortamos a que se realice un debate participativo y técnico que tenga como norte lograr que las universidades sean espacios que garanticen el crecimiento y realización humanos, pero sin menoscabo del respeto a su autonomía y demás derechos y garantías reconocidos por nuestra Constitución. La Conferencia Episcopal ratifica su compromiso de contribuir a dicho debate.
5. Finalmente, invocamos al Congreso y demás poderes del Estado a no perder de vista su deber constitucional de promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo humano integral de todos los peruanos.

Los Olivos
Por Elizabeth Salazar- Diario El Comercio.
Desde 1996 Felipe Castillo Alfaro ocupa el sillón municipal en Los Olivos. Tiene 18 años como alcalde del distrito y tentará su sexta elección en octubre próximo, pero su futuro podría ser distinto. La Fiscalía Superior Anticorrupción lo ha denunciado por malversación de fondos, tras comprobar que el dinero destinado a obras sociales fue usado en la construcción de una universidad de la que él sería el rector. La denuncia también comprende a 9 regidores y 11 funcionarios.
El caso se remonta al 2011, cuando El Comercio reveló que Felipe Castillo pretendía habilitar un claustro privado, financiado y administrado por el municipio. El Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades (Conafu) rechazó el proyecto por ilegal, pero Castillo ya había construido un edificio de 11 pisos con ese fin. Lo extraño es que el presupuesto edilicio nunca incluyó una partida para ello.
MENOS OBRAS SOCIALES
Hace dos meses la fiscal superior María Ruiz Hurtado encontró que, entre el 2008 y el 2011, el alcalde gastó por lo menos S/.16,6 millones de lo recaudado por arbitrios e impuestos para construir dicha universidad. Según la pesquisa contable, este desvío de fondos obligó a dejar de lado 38 obras de techado de aulas, pavimentación de calles e instalación de cámaras de vigilancia que fueron aprobadas en el presupuesto participativo.
También se anularon las partidas destinadas a la Casa del Adulto Mayor y los proyectos de mejoramiento de los índices de seguridad ciudadana, infraestructura para videovigilancia y ampliación de la cobertura del servicio de limpieza.
Según comprobamos, el edificio de 11 pisos se construyó por adjudicación directa, sin concurso público, y bajo la fachada presupuestal de un centro de telemática que en realidad incluía aulas, auditorios y laboratorios. El costo de la obra se aprobó en S/.4 millones y luego se incrementó a S/.16,6 millones, pero la fiscal Ruiz sospecha que hubo sobrevaloración, por lo que ha pedido investigar al alcalde y sus funcionarios por peculado y colusión.
“El monto malversado puede ser mayor porque no se han investigado los costos de equipamiento de la universidad. La cifra real bordearía los S/40 millones”, dice Atilio Torres, presidente del Frente Anticorrupción de Los Olivos, quien impulsó la denuncia.
FISCAL CASI LO SALVA
En el 2011 Felipe Castillo se salvó de ser vacado por estos hechos. Para el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hubo delito, pero no podía sacarlo del cargo porque este se cometió “en la gestión anterior”. Irónico, pues esa gestión fue de Castillo.
La misma suerte iba a tener Castillo en la vía penal. En octubre, la titular de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima Norte, Catherina Salas, pidió archivar el caso al alegar que la municipalidad tiene derecho a fomentar la educación y, por ende, dirigir una universidad.
En el pedido de prescripción, Salas dio otros argumentos sorprendentes: sostuvo que la construcción era legal porque fue visada por el concejo y descartó un desvío de fondos porque “las obras que no fueron priorizadas no han causado un daño irreparable en la población” y se pueden hacer luego.
El juez Óscar Crisóstomo, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, no compartió la opinión de Salas y envió lo actuado a la Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Norte a cargo de Ruiz Hurtado, quien rectificó la decisión y acusó al alcalde Castillo con contundencia.
Solo resta formalizar la orden cuando terminen las vacaciones judiciales.
HASTA OCHO AÑOS
Según el Código Penal, el funcionario que usa el dinero o bien que administra para un fin diferente al destinado, recibirá hasta 4 años de pena. Si afecta programas sociales, la sanción llegaría a ocho años.
ASOCIACIÓN DE FACHADA
La universidad iba a funcionar bajo la personería jurídica de una asociación civil formada por la Municipalidad de Los Olivos y el Hospital Municipal de Los Olivos, ambas integradas por Castillo.
CONTRATO POR US$6.5 MILLONES
Otro caso que apunta la fiscalía es el contrato por US$6,5 millones que Castillo firmó con la empresa IBM para  habilitar laboratorios en la universidad. Lo hizo cuando ya sabía que su proyecto había sido rechazado, lo que habría ocasionado un pago innecesario de S/2 millones.