Entrevista a René Orellana, jefe de la delegación boliviana ante la COP18 que se realiza en Doha-Qatar.
Por Mónica Oblitas Zamora – Los Tiempos de Cochabamba
En la declaración de la CAOI se afirma que tanto Bolivia como Ecuador son países con una lógica estatal extractivista. ¿Cuál es la realidad del país de acuerdo a su vision particular?
Bolivia tiene una economía basada en la minería desde su origen republicano como resultado de una configuración de especialidad minera desde la colonia. En el siglo 20 los hidrocarburos ocupan un lugar también central en la economía y en la política nacional, tanto así que es motivo de una guerra, la del Chaco. Minería e hidrocarburos fueron las bases de una economía y la construcción de un proyecto estatal nacional en nuestra historia y los ciclos de nacionalización y privatización de estos recursos marcaron la lucha de los movimientos sociales y constituyeron la veta ideológica para pensar un proyecto estatal de control de los recursos naturales y su renta y una visión de país. Un país que ha nacido con una base económica minera y luego hidrocarburífera no puede cambiar de un día para otro hacia una economía más diversificada, necesita un proceso. Acusar al Estado de priorizar la economía minera o hidrocarburífera y asumir que ésta es su visión de desarrollo, es radicalmente equivocado. ¿Dónde está nuestra visión de estado y economía? Sin duda en nuestra nueva constitución. Allí veremos con claridad que nuestro horizonte es una economía plural y diversificada. Un instrumento normativo que desarrolla esta visión es la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien recientemente aprobada. Esta Ley, consensuada con las organizaciones sociales, expresa nuestra visión de desarrollo y la importancia de promover la diversificación de la economía; expresa la necesidad de diversificar la producción agropecuaria promoviendo acciones para la eliminación progresiva y gradual de los productos transgénicos, la necesidad de promover la protección y conservación de áreas protegidas y de cambiar los patrones de producción contaminantes, de conservar nuestros bosques pero también de aprovechar nuestros potenciales agropecuarios promoviendo una inversión de la pluralidad de actores económicos, de apoyar y promover los emprendimientos productivos y empresariales pequeños, medianos y grandes, de fortalecer la economía campesina e indígena, etc.
Un proceso de cambio que está en maduración y en análisis sobre cómo implementar su constitución requiere una autocrítica y parte de ella es ver qué hacemos con esta herencia histórica colonial y republicana con una fuerte economía minera con actores políticos tan duros como los cooperativistas, que generan 120 mil empleos, y a los cuales debemos incorporar en un sistema formal, regulado, ambientalmente sostenible y rigurosamente controlado en este sentido, para que sigan contribuyendo a la construcción del país. El tener una economía que ya se ha construido sobre estas bases, no quiere decir que el Estado la esté promoviendo de facto como prioridad en su enfoque y sus planes de desarrollo. La construcción de una economía diversificada y plural es un proceso…
Un Estado es extractivista cuando sus políticas y planes priorizan en el corto, mediano y largo plazo las actividades extractivas como los factores centrales de su economía. Nuestro Estado y nuestro gobierno no están en ese camino. Justamente el deber de nuestras organizaciones sociales y de quienes estamos comprometidos con el proceso de cambio es construir propuestas para que los recursos provenientes de la renta generada por actividades extractivas sean usados para sembrar una economía diversificada, de base ancha. Es importante no confundir un Estado con una fuerte economía extractiva con un Estado extractivista. Ambas cosas no son lo mismo. Es fácil desde un discurso ambientalista echarle toda la culpa a las industrias extractivas sin plantear una estrategia de largo plazo que nos permita erradicar la pobreza y resolver la falta de empleo. Necesitamos tener una visión de desarrollo integral en armonía con la Madre Tierra y no suscribirnos a una crítica simplista de pensar que el desarrollo es el enemigo.
¿Cómo se está trabajando en implementar alternativas que promuevan el desarrollo inclusivo y ambientalmente regulado?
Un instrumento importante, es la Ley de la Madre Tierra que acabo de explicar. Esta ley establece 10 objetivos de desarrollo integral y 13 bases y orientaciones para el vivir bien. Entre los objetivos destaca el cambio de patrones de producción contaminantes, los patrones de consumo insostenibles, fortalecer la conservación de la naturaleza y del sistema de áreas protegidas, priorizar la seguridad alimentaria. Por otra parte se ha creado el Mecanismo de Adaptación y Mitigación en Bosques en el marco de la gestión integral de bosques (MAMB) que debe permitirnos en el mediano plazo bajar drásticamente los índices de deforestación y de degradación de tierras, y lograr una comunión entre la frontera agrícola y los bosques a través de la gestión integral de bosques y de esa frontera agrícola, con incentivos económicos del Estado pero también con control riguroso, para lograr una relación complementaria entre la agricultura, la pecuaria y el bosque.
El primer paso es crear una política pública, y lo hemos hecho con el MAMB, que Bolivia ha propuesto y ha logrado que se apruebe en Durban (en la COP17), en la línea de tener una coherencia entre el nivel internacional y el nacional.
El otro paso es que este mecanismo funcione, y para ello hay que constituir la Autoridad de la Madre Tierra, que está creada ya en la Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral. Esta básicamente es una autoridad climática que va a manejar tres mecanismos: el de Bosques, el de Mitigación y el de Adaptación. Bolivia le ha dicho no al Mecanismo de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación (REDD+) basado en mercados de carbono desde siempre, pero además ha tenido la capacidad de presentar al mundo una propuesta alternativa logrando que sea incluida en los documentos oficiales de Naciones Unidas y en su legislación nacional.

Siendo que REDD+ y sus esquemas de mercado han avanzado notablemente en las negociaciones de las diferentes COP, ¿puede considerarse la propuesta boliviana como una opción igual de válida? Y, ¿si Bolivia le ha dicho no a REDD+ porqué ha aceptado fondos para programas relacionados? ¿Qué va a suceder con ese dinero que debía destinarse a estos proyectos?
Es cierto que la recepción de los fondos del Programa de las Naciones Unidas para REDD+ (UNREDD+) ha sido aprobada después de la Conferencia de los Pueblos en Tiquipaya, no obstante el hecho que el “No a REDD+” había sido una posición dura de Bolivia en Cancún. Por ello, para ser consecuentes, el Estado ha decidido que UNREDD+ no va más como un programa orientado a mercados de carbono; lo cierto es que ni siquiera llegó a implementarlo. Los cuatro millones de dólares del fondo de UNREDD+ Bolivia estuvieron dormidos por este debate. El Estado boliviano ha presentado la alternativa del MAMB ante las Naciones Unidas y recientemente en la reunión de la Junta de Gobierno de REDD+ realizada en Congo, después de una rigurosa explicación y debate de parte de nuestras autoridades ambientales nacionales, se ha decidido que ese dinero vaya a fortalecer el mecanismo de bosques de Bolivia no basado en mercados, así hemos logrado reparar una incoherencia respecto de una decisión tomada en 2010, con una acción de política pública que tiene que convertirse en realidad a través de la aplicación de la Ley de Madre Tierra y Desarrollo Integral. Para ello es fundamental reglamentar la Ley de la Madre Tierra pronto y ya se está trabajando en una comisión para que se preparen las bases normativas que permitan que la Autoridad de la Madre Tierra y sus mecanismos empiecen a funcionar
La Ley también establece que la Autoridad de la Madre Tierra administra el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra, el cual contará con recursos de nivel nacional e internacional.
¿Quién va a fiscalizar el buen uso de estos fondos?
La Autoridad va a tener un fideicomiso del Banco Central y ese fondo va a tener fuentes que están contempladas dentro de la Ley de la Madre Tierra. Esas fuentes son bilaterales, para lo cual ya tenemos avanzadas negociaciones muy consistentes con la cooperación internacional: los fondos destinados a UNREDD+ de varios países deberían ir en esta dirección, como un fondo semilla. Noruega le está dando a Brasil e Indonesia 1000 millones de dólares para sus programas de bosques, nosotros debemos desarrollar rápidamente gestiones para captar recursos financieros. En esta dirección deben trabajar en el corto plazo el Ministerio de Planificacion, el Ministerio de Medio Ambiente y la propia Autoridad de la Madre Tierra.
Pero Brasil e Indonesia están aplicando proyectos REDD+, ¿cómo puede acceder Bolivia a estos fondos sin entrar en REDD+? ¿La posición boliviana de negar los mercados de carbono es rotunda?
No hay mercado de carbono para Bolivia, no está en nuestra vision y nos parece un grave error que se promuevan estos mercados que pueden generar doble contabilidad de reducción de emisiones y evitar que los países desarrollados hagan reducciones domésticas. No podrían decir a Bolivia que nuestra propuesta alternativa no procede, porque el Mecanismo de Bosques para la Adaptacion y Mitigación planteado por Bolivia ya está incluido en las decisiones de Naciones Unidas, concretamente en las decisiones de la COP 17 realizada en Sudafrica, en el parágrafo 67 de la decisión sobre acuerdos de largo plazo. Ya tenemos el frente externo resuelto con la normativa jurídica con nuestro mecanismo, y el frente interno con nuestra política pública en la Ley de la Madre Tierra. Discurso externo y discurso interno tienen que ser coherentes y estamos en ese camino. La Ley de la Madre Tierra le ha dado coherencia a muchos temas.
¿Qué va a pasar con el tema del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure (TIPNIS)? Sé de activistas en contra de la carretera que ya están viajando a Doha…
Yo quisiera expresarles a los compañeros que están usando este escenario internacional como plataforma de desprestigio del gobierno que el TIPNIS no es un tema de negociación en cambio climático; al escenario del cambio climático se lo está convirtiendo en un escenario de desprestigio a un Estado y no a un gobierno, y eso preocupa. Falsamente estigmatizan a nuestro país diciendo que la estrategia boliviana es cocalera, casi en un tono acusatorio de narcotráfico. Esta campaña descalificadora y de destrucción de la imagen del propio país no le hace ningún bien a Bolivia. Y va sumando fuerzas para quienes preparan el camino para una franca destrucción de la imagen de nuestro proceso de cambio. Quienes están en esta línea ofreciendo a los que están en contra del proceso de cambio argumentos para minarlo procesual y progresivamente, están preparando conciente o inconcientemente el camino para la restauración del Estado colonial y neoliberal. El debate sobre el TIPNIS debemos hacerlo en nuestro país, buscando soluciones de fondo que integren y compatibilicen los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígenas y la obligación del Estado de crear condiciones materiales para que podamos vivir bien.
Considero que nuestro país debe vincular a la Amazonía, una región inmensa que ha estado lejos de la mano del Estado no sólo en su versión institucional, de control y de resguardo de los bienes públicos, de seguridad ciudadana y de bienestar colectivo, sino también del acceso a los beneficios de un Estado que tiene capacidad para invertir y que debe socializar los ingresos y los beneficios, que debe distribuir la riqueza para beneficio colectivo. La inaccesibilidad de la Amazonía ha sido un freno para ello, favoreciendo el surgimiento de cacicazgos patronales, empoderando a pequeños reinados y reyezuelos que no respetaban los derechos economicos y sociales de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. El Estado tiene que incorporar comunicación y acceso a esa parte del país. Y debe hacerse contruyendo infraestructura y también proveyendo servicios con una estrategia geopolítica que también nos vincule con el nivel internacional, otra discusión es por dónde vamos a hacer la o las carreteras. Las dos discusiones, la de integración con desarrollo integral para vivir bien de manera complementaria con la Madre Tierra y la de la construcción de una carretera se han juntado en una sola y ya no es el debate lamentablemente el por dónde vamos a hacer la carretera si no si debe o no hacer carreteras. ¡Claro que hay que hacer carreteras! Este país necesita vinculación para que la gente acceda a servicios básicos. El concepto de desarrollo está en nuestra Constitución varias veces planteado y vinculado al enfoque de economía plural e implica necesariamente vinculación, acceso al mercado, a servicios, a áreas geográficas y sectores que proveen bienes e insumos para la producción y la transformación de bienes alimentarios entre otros, a la exportación etc. Bolivia necesita construir una carretera en el norte. La cuestión es por dónde construirla y ese tema de discusión debe realizarse compatibilizando los derechos de la Madre Tierra, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos económicos y sociales de todos los bolivianos y la obligación del Estado de crear las condiciones para un desarrollo integral de escala nacional. Lo local y lo nacional deben integrarse, y también en el marco de una mirada de estrategia geopolítica, ambiental y económica internacional. Bolivia no puede ser una isla rodeada de tierra mirándose el ombligo. En lugar de que estrategias externas utilicen hegemónicamente nuestro espacio, nuestras riquezas, nuestra naturaleza, nosotros debemos funcionalizar variables externas a nuestro proyecto estatal plurinacional de desarrollo integral, articulándonos afuera para fortalecer nuestra estrategia en armonía con la Madre Tierra.
Ya en la COP18, ¿Qué negocia Bolivia y qué no?
El concepto no es qué vamos a negociar sino qué queremos de Doha. En Doha es importante para nosotros primero concluir el Plan de Acción de Bali en los temas centrales como mecanismos institucionales claros para la transferencia de tecnología; necesitamos dar un mandato para que entre otros temas se incluya la flexibilización de derechos de propiedad intelectual para patentes y licencias para el acceso a tecnologías, no a través de créditos ni ventas, sino a través de medios no reembolsables como la transferencia de tecnología a través de la cooperación bilateral o multilateral, a través de donaciones, a accesos no retribuidos económicamente, así como acceso a asistencia técnica en óptimas condiciones financieras, es decir compensación en el marco de la deuda climática a los países desarrollados. Necesitamos claridad, de tal manera que no aparezcamos en un contexto de mercados de tecnología sino de provisión de tecnología.
Luego necesitamos claridad en el tema de provisión de financiamiento, hay que establecer un mecanismo de monitoreo, revisión y verificación de la provisión de financiamiento, lo que se denomina MRV, para tener la certeza de que el financiamiento está fluyendo de acuerdo a las condiciones y compromisos hechos por los países desarrollados. El Comité Permanente de Financiamiento debería tener atribuciones para hacer el seguimiento y ejecutar este sistema de MRV. En lo que hace a bosques, Bolivia por supuesto quiere que se desarrolle el MAMB y también ha planteado un Mecanismo Internacional de Pérdidas y Desastres, que incluye compensación para migraciones, relocalizaciones de poblaciones por impactos climáticos severos, compensaciones e indemnizaciones y recursos de movilización inmediata para la reconstrucción, rehabilitación de infraestructura y economía dañadas, atención a damnificados, etc.
Debemos contar con compromisos ambiciosos de reducción de emisiones de los países desarrollados en el marco del Segundo Período de Compromisos del Protocolo de Kioto, garantizar altas reducciones de emisiones de parte de los países desarrollados que han salido del Protocolo de Kioto y que no serán parte del Segundo Período de Compromisos como Estados Unidos, Japón, Rusia y Canadá. También es fundamental contar con un sistema de control riguroso y con reglas de contabilidad y verificación de los compromisos de reducción de emisiones por parte de esos países para que no nos digan que redujeron sus emisiones y no tengamos la certeza técnica que lo hicieron por ausencia de sistema e institucionalidad de control. Haremos todo lo posible para que se evite el uso de mercados de carbono que en lugar de conducir a la reducción de emisiones, las incrementan.
¿Ha cambiado en algo la posición de Bolivia respecto a los mercados siendo que dentro de la estrategia de mitigación se incluye el medir cuánto carbono capturan nuestros árboles?
Es obvio que nuestros bosques están capturando carbono y éste es un beneficio para la humanidad y la Madre Tierra, el rol de nuestros bosques no será mas valioso porque se vendan bonos de carbono o no. Es nuestra obligación conservar nuestros bosques más allá de la existencia o no de mercados de carbono asociados a ellos. Hoy REDD+ sigue siendo un sistema de mercado. En Cancún le dijimos al mundo “Bolivia no quiere REDD+ ni en Bolivia ni en ninguna otra parte”, de hecho vino un país que nos observó diciendo que si Bolivia no quería REDD+, era su derecho pero que respetara a los que sí lo querían. Hoy Bolivia dice: “¿Ustedes quieren REDD+? es su decisión, nosotros les advertimos de los peligros pero respetamos las posiciones soberanas de los otros países y serán sus pueblos quienes los juzguen y quienes promuevan cambios en sus decisiones”. Nosotros no vamos a ir con REDD+ así que presentamos esta otra alternativa que está en la Ley, está en el documento de Durban y que es una opción para otros países. No vamos a ayudar a un país desarrollado a hacer su trabajo de reducir sus emisiones; tiene que hacerlo domésticamente.
¿Cuáles son las similitudes y cuáles las diferencias dentro de las coaliciones (G77, LMDC) a la que Bolivia pertenece hoy?
Hemos construído con mas de 24 países un grupo de aliados que se llama Grupo de Afinidad o LMDC por su sigla en inglés. Nuestra coalición es muy consistente porque tiene a los países con la población más grande del mundo como China e India. Siempre hay diferencias: Bolivia es muy duro en el criterio de que no deben promoverse los mercados de carbono, y algunos países han planteado discutir esto, pero sí hemos hecho un esfuerzo común para consensuar que los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto se deben aplicar a los países que están en el segundo periodo de compromisos , y que los países que se salgan del segundo periodo de compromiso y reniegan del Protocolo no pueden beneficiarse de estos mecanismos. Ese es un acuerdo absoluto.