Ministra Triveño: “Ideal sería que hijos de ministros sean intachables”
Por Damián Retamozo- Diario Correo
Los últimos datos oficiales revelan que el empresario Camilo Peirano Blondet, hijo del ministro de Cultura Luis Peirano, es gerente general de ‘Alimentos El Ferrol SAC’, empresa procesadora de harina de pescado e involucrada en “pesca negra”, es decir compra ilegalmente anchoveta que debería ser orientada al consumo humano.
La información fue confirmada por la ministra de la Producción, Glays Triveño, ante la insistencia de los periodistas, en una conferencia de prensa cuyo objetivo fue anunciar la aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de ley que crea el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).
Después de varios días sin pronunciarse, Triveño refirió que la citada empresa industrial tiene nada menos que 829 “reportes de ocurrencia” o infracciones de pesca entre el 2009 y los primeros meses del 2012. Además, en los próximos días será sancionada con otras 170 multas.
“Es peor que una combi llena de infracciones de tránsito”, dijo Triveño.
Lo extraordinario, según la ministra, es que el caso de la empresa ´Alimentos El Ferrol´ no es un caso aislado. Forma parte de un listado de “más de 2000 empresas que hemos publicado en nuestra página web” con infracciones y multas similares desde el 2009.
“En este caso está involucrado el apellido de un ministro de estado y por eso ha llamado la atención de la prensa, pero yo los invito a indignarse también por los otros miles de casos similares”, dijo.
Triveño agradeció a la prensa por su rol fiscalizador.
“Otra cosa que revela (la denuncia periodística) es que los interese económicos que están detrás del sector pesca pueden llegar a todo nivel”, comentó la ministra.
FAMILIARES
Triveño precisó que la empresa Super Fish, mencionada en el reportaje de TV, cumplió en realidad la tarea de transportar en una embarcación la anchoveta de procedencia artesanal hasta la planta industrial de Alimentos El Ferrol SAC, gerenciada por Camilo Peirano. La mayor responsabilidad correspondería a esta planta procesadora.
“A mí no me consta que el hijo del ministro sea dueño de Super Fish”, aclaró la ministra. Sin embargo, diversas fuentes indican que Camilo Peirano es también propietario o accionista de la empresa Super Fish (Caretas 2025, 30 de abril de 2008). “Lo ideal es que todos los familiares de los ministros, de los congresistas, los jueces, etc. sean personas intachables, que ni siquieran tengan multas de tránsito”, dijo la titular del sector.
Camilo Superfish
Una denuncia realizada por el programa Panorama reveló que toneladas de anchoveta son trasladadas desde el muelle siete del Callao -conocido como el muelle artesanal- hacia fábricas de harina de pescado, pese a que de dicho corredor solo puede salir pescado para el consumo humano directo.
Lo más controversial es que una de las empresas, denominada “Superfish”, que traslada y recibe la anchoveta depredada por los barcos artesanales pertenecería a Camilo Peirano Blondet, hijo del actual ministro de Cultura, según los Registros Públicos.
El armador pesquero Roberto Vieira señaló al programa que la anchoveta es un recurso de suma importancia porque es el alimento de otros peces.
“Si atentamos contra la anchoveta, otros peces van a migrar y vamos a tener que importar, como se está haciendo, trayendo pescado de Chile y Ecuador”, señaló.
Recordó que hace cuatro meses, el Ministerio de la Producción ordenó que las embarcaciones industriales controladas pesquen fuera de las 10 millas marinas y para motivar el consumo directo se dejó que las embarcaciones más pequeñas pesquen entre las 5 y 10 millas.
“Pero las artesanales pescan sin ningún control, dentro de la cinco millas”, dijo.
Al respecto, el secretario de la Comisión de Fiscalización, Segundo Tapia, anunció que citarán al hijo del ministro para que explique el tema. “Vamos a solicitar a la Comisión que cite a al hijo del ministro Peirano porque se estaría beneficiando con la depredación de la anchoveta en un lugar donde no se debe vender a las empresas”, indicó.
Camilo Peirano también es hijo de la exministra de la Mujer Cecilia Blondet, muy conocida por sus iniciativas anticorrupción. Fue denunciado por el delito de violación ocurrido el 15 de junio de 2000, según consta en el atestado Nº 78-JAP-16-CLM-SEINCRI. Luego, el 17 de junio de 2000 se denunció la violación ante la Comisaría de La Molina.
Posteriormente, el 11 de julio del año 2000, el fiscal suplente Alindor Astocóndor Fuertes, de la 14º Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita formalizó denuncia penal contra Camilo Peirano Blondet, por violación de la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de la persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de ofrecer resistencia.
Luego, el 31 de julio del año 2001 se emitió la resolución del 25º Juzgado Penal, que despacha la jueza Abigail Culquicocha, que abrió juicio penal contra el autor de la agresión sexual. El 20 de setiembre de 2006, el fiscal Delbo Rodríguez Ticona emitió el dictamen que pidió se imponga siete años de prisión al hijo de Cecilia Blondet.
En noviembre de 2006, el juez del Quinto Juzgado Penal de Lima declaró fundada la denuncia y sentenció al violador a una pena de tres años de prisión con suspensión de la condena. Esta sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en el II Juzgado Penal Transitorio de Jesús María.
Actualmente, el caso se encuentra bajo vigilancia de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de garantizar una transparente administración de justicia.
Un dato importante tiene como fecha el 20 de marzo del año pasado, cuando se emitió el pronunciamiento en calidad de Amicus Curiae de la Defensoría del Pueblo, que invocó al Poder Judicial a valorar en calidad de pruebas las declaraciones de testigos presenciales y los informes médico-legales que certificaron la violación que cometió el ex profesor de la academia Trener, Camilo Peirano Blondet, contra una alumna suya menor de 17 años, luego de doparla con una droga somnífera y abusar de ella cuando se encontraba en estado inconsciente. Su abogado fue el presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz.
Según el doctor Pedro Coello Rivera, abogado defensor de la víctima, en la evaluación hecha por los peritos del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, contenida en el protocolo de pericia sicológica 060-2000 del 19 de diciembre del 2000, “estamos frente a un sujeto manipulador y deshonesto, capaz de cometer el acto criminal agravado por el cual se encuentra procesado”.
El letrado señala seguidamente en su alegato que ante la sociedad se trata de un sujeto potencialmente peligroso, porque la pericia expresa que “tiene dificultad en controlar su conducta agresiva”, lo cual “explica la conducta salvaje que evidenció frente a su indefensa víctima al consumar la agresión sexual el 15 de junio del 2000, en una persona que normalmente debía ser defendida y protegida por cuanto era alumna suya”.
Estas apreciaciones del doctor Coello Rivera, expresadas en uno de sus varios alegatos sustentados ante uno de los siete jueces que han visto la causa judicial, según lo remarcó, serán reiterados en fecha próxima cuando le corresponda volver a exponer los fundamentos de su pedido de justicia ante el juez del II Juzgado Penal Transitorio de Jesús María, donde se ha reiniciado el proceso por mandato de la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia penal estuvo paseándose ocho años de juzgado en juzgado a raíz de poderosas influencias políticas desplegadas, al parecer, por la madre del agresor sexual, Cecilia Blondet Montero, quien a los dos años de ocurrida la violación sexual y mientras el juicio estaba en giro fue designada en el 2002 ministra de la Mujer y Desarrollo Humano por el gobierno del presidente Alejandro Toledo.
Desde esa fecha, en virtud de esas influencias, el juicio ha experimentado dos sentencias absolutorias del denunciado, las cuales felizmente fueron anuladas por la Corte Suprema con la consiguiente orden de que sea reiniciado. La última sentencia anulada increíblemente invocaba la falta de pruebas como sustento de la absolución cuando en el proceso lo que abundan son precisamente las pruebas.
PIDEN CITAR A CECILIA BLONDET POR DENUNCIA DE VIOLACIÓN QUE INVOLUCRA A SU HIJO
• Afirmó que es vital la presencia de la ex ministra para aclarar situación
La Vice Presidenta de la Comisión de la Mujer, Olga Cribilleros Shigihara, pidió la presencia, ante la comisión congresal, de la señora Cecilia Blondet, ex Ministra de la Mujer, para que explique y permita esclarecer si existió o no, injerencia suya en el proceso judicial por violación sexual que se le sigue a su hijo, Camilo Peirano Blondet, con la finalidad de favorecerlo.
“Es importante que la señora Cecilia Blondet explique por qué no asumió una actitud firme frente al caso de violación de una estudiante en el cual se vio implicado su hijo, ya que dicho proceso se encontraba en marcha incluso cuando ella ejercía el cargo de ministra del entonces PROMUDEH, y además en esas fechas registró una inusitada dilación. Este proceso judicial, de acuerdo a la información recibida, ha tenido una serie de marchas y contramarchas que sólo han perjudicado a la víctima y a su familia, las cuales se atribuyen a supuestas presiones que ella habría ejercido”, expresó.
Agrego, que la presencia de la señora Blondet es importante porque permitirá esclarecer esta situación. “Entiendo que la situación es penosa para la señora Blondet, ya que se trata de su propio hijo; sin embargo en su calidad de Ministra del PROMUDEH ella debió adoptar una posición firme para salvaguardar los derechos de la víctima, quién cuando sucedieron los hechos era una menor de edad”, explicó.
El pedido de la congresista lo presentó en la sesión de la Comisión de la Mujer y pasó a orden del día. La comisión congresal fijará fecha para que se concrete la presencia de la Blondet ante el Congreso.
La denuncia
De acuerdo a información recibida, el hijo de Cecilia Blondet, Camilo Peirano Blondet, fue denunciado por el delito de violación ocurrido el 15 de junio de 2000, según consta en el atestado Nº 78-JAP-16-CLM-SEINCRI. Luego, el 17 de junio de 2000 se denunció la violación ante la Comisaría de La Molina.
Posteriormente, el 11 de julio del año 2000, el fiscal suplente Alindor Astocóndor Fuertes, de la 14º Fiscalía Provincial Penal de Santa Anita formalizó denuncia penal contra Camilo Peirano Blondet, por violación de la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual de la persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de ofrecer resistencia.
Luego, el 31 de julio del año 2001 se emitió la resolución del 25º Juzgado Penal, que despacha la jueza Abigail Culquicocha, que abrió juicio penal contra el autor de la agresión sexual. El 20 de setiembre de 2006, el fiscal Delbo Rodríguez Ticona emitió el dictamen que pidió se imponga siete años de prisión al hijo de Cecilia Blondet.
En noviembre de 2006, el juez del Quinto Juzgado Penal de Lima declaró fundada la denuncia y sentenció al violador a una pena de tres años de prisión con suspensión de la condena. Esta sentencia fue anulada por la Corte Suprema de Justicia y se encuentra en el II Juzgado Penal Transitorio de Jesús María.
Actualmente, el caso se encuentra bajo vigilancia de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de garantizar una transparente administración de justicia.
Un dato importante tiene como fecha el 20 de marzo del año pasado, cuando se emitió el pronunciamiento en calidad de Amicus Curiae de la Defensoría del Pueblo, que invocó al Poder Judicial a valorar en calidad de pruebas las declaraciones de testigos presenciales y los informes médico-legales que certificaron la violación que cometió el ex profesor de la academia Trenner, Camilo Peirano Blondet, contra una alumna suya menor de 17 años, luego de doparla con una droga somnífera y abusar de ella cuando se encontraba en estado inconsciente.
Fuente: Despacho congresista Olga Cribilleros. Lima, 17 de diciembre de 2008.

Anchoveta
Por Azucena León- Diario El Comercio.
La primera temporada de pesca de anchoveta del año, que se inició oficialmente el pasado 20 de abril, empezó con una novedad importante: la entrada en vigencia del sistema de cuotas individuales. Ha transcurrido apenas un mes de la aplicación de este sistema, que consiste en asignar una cuota individual por empresa, y la reforma —según el Ministerio de la Producción— ya arroja sus primeros resultados: la presión sobre el recurso ha bajado, pues no solo se ha reducido el número de embarcaciones que salen a pescar, sino que además los niveles de capturas diarias disminuyen en 30%.
Sin embargo, el Ministerio de la Producción no previó un problema que ha disparado el precio de la anchoveta de manera irracional. Este, coinciden fuentes del sector consultadas, surgió cuando a inicios de la temporada Pesquera Exalmar distribuyó en todos los puertos pesqueros un comunicado en el que ofrecía, a los armadores independientes que descarguen anchoveta (insumo para la fabricación de harina de pescado) en sus plantas, no solo sitios de descanso y bonos de petróleo, sino también hasta un máximo de US$140 por tonelada del recurso, cuando lo que se estimaba pagar era hasta US$110 o US$120.
Este Diario insistió en conversar con Rossana Ortiz, gerenta general de Pesquera Exalmar y quien habría firmado el comunicado, para que explique qué la llevó a ofrecer un precio tan alto por tonelada de anchoveta, pero no contestó nuestras llamadas.
QUIÉN GANA, QUIÉN PIERDE
La propuesta de Exalmar fue seguida por los demás grupos pesqueros que llegaron a ofrecer, incluso, precios aun mayores con tal de no quedarse atrás. El resultado fue inmediato: se desató una guerra de precios que, según Humberto Speziani, director de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), llevó a pagar en los últimos días de entre US$160 y US$180 por tonelada del recurso.
Esta situación ha puesto en serios aprietos a los medianas y pequeñas pesqueras, que cuentan con plantas pero no con flota propia, por lo que requieren comprar anchoveta a los armadores independientes. Es más, Pedro Reátegui, director de Pesquera Coishco, asegura que la decisión de la industria de pagar precios “irracionales” está llevando a pesqueras como la suya a arrojar pérdidas.
Cuenta que lo usual en el negocio (como sucede en el mercado internacional) es pagar, por el insumo, el equivalente al 12% del precio de la tonelada de harina. “Actualmente se paga entre 16% y 18%. Así, una operación sencilla dice que si sumas el precio de la anchoveta que necesitas para hacer harina (a US$180), más los costos de producción, te sale US$1.094 la tonelada, cuando el precio promedio de la harina es de US$900. Es decir, estás en pérdida. Y si la cotizas a US$150 tu margen es ínfimo y apenas puedes sobrevivir”, explica y se lamenta.
Un vocero de un importante grupo pesquero añade que el margen de ganancia es tan bajo que no alcanza para pagar deudas ni para cumplir las inversiones ambientales que exige ahora el ministerio.
¿Pero por qué la industria está pagando precios tan altos que la llevan a perder o a obtener márgenes ínfimos? Para Reátegui y Camilo Peirano, este último gerente general de Superfish, la respuesta es una sola: algunas grandes pesqueras intentarían sacarlas del mercado porque saben que las pequeñas no cuentan con el respaldo financiero para resistir. “No tengo otra que participar de la jugada; ya compré petróleo y debo pagar a mi personal, el costo de parar sería el mismo. Pero si todo sigue así, no duraré”, afirma Peirano.
Oferta y demanda
Humberto Speziani, director de la SNP, niega que los grandes grupos estén concertando para acabar con las medianas y pequeñas pesqueras del sector. “Si la tendencia fue pagar un sobreprecio, esto fue producto de la oferta y la demanda. Empero, esto ya se está normalizando”, dice.
Ricardo Bernales, director de Pesquera Diamante, coincide con ello y sostiene que los afectados son un pequeño grupo. “Aquí los más felices son los armadores que nunca han tenido precios tan altos”. Sin embargo, Gerardo Gonzales, presidente de la Asociación de Armadores del Perú, gremio que cuenta con 28 asociados, reconoce que son favorecidos por los altos precios, pero se pregunta si pasará lo mismo cuando quiebren las pequeñas pesqueras.
La ministra de la Producción, Elena Conterno, ve poco creíble la teoría de la concertación. Dice que el alza del precio de la anchoveta era previsible y que esta obedece al reacomodo del mercado frente a un nuevo sistema. “No se esperaban precios tan altos, pero veo poco probable que estos se mantengan”. Ella confía en que el mercado se regulará solo y que en breve surgirán nuevas alianzas. “Lo que recomendaría a los pequeños es ser más eficientes”. No obstante, adelanta que presentará un proyecto de ley para evitar la concentración de grupos. “No queremos que el negocio esté en manos de unos cuántos, por ello estableceremos límites en la participación”, añadió.
Ocho serían los afectados
Según Pedro Reátegui, además de Coishco, los afectados serían Pesquera 13/13, Vlacar, Promarsa, Nepesur, Pacífico Centro, Ribaudo, Hayduk y Superfish.
Copeinca también empezaría a verse afectado, pero evalúa no comprar a terceros en la segunda temporada de pesca.
80% de la droga sale por los puertos
El 80% de la droga que se produce en el Perú sale al extranjero vía marítima, siendo los puertos de Chimbote, Salaverry y Paita los más usados por el narcotráfico, informó el presidente de Devida, Rómulo Pizarro.
Precisó, en ese sentido, que existe un plan integral de seguridad para enfrentar este delito. Pizarro consideró que los narcotraficantes han tenido que voltear la mirada a los puertos y las caletas en busca de una alternativa para continuar con su ilícita actividad, en vista de los estrictos controles que se aplican en el aeropuerto intencional Jorge Chávez.
El titular de Devida -detalla la agencia Andina- manifestó que existe una acción conjunta entre diversas instituciones que enfrentan este problema, como el Ministerio Público, Enapu, la Dirandro, la Marina de Guerra del Perú, la Dirección de Capitanía de Puertos y Devida, todos los cuales suman esfuerzos para evitar la salida de la droga por los puertos del país.
Pizarro cumplió una visita de inspección al terminal portuario del Callao, junto con representantes de las entidades citadas, para verificar las acciones de seguridad que se ejecutan en el puerto para evitar la salida de droga.
Fuente: Diario Gestión.

José Cahuas Servalli, María Chumpitaz Nieto y Aldo Villacorta Lora

Pesca blanca

Por Edgar Mandujano- Revista CARETAS
El dato llegó desde Colombia: un importante envió de droga iba a salir por mar hacia el apetecible puerto de Amberes en Bélgica.
Información de absoluta credibilidad llegó desde Colombia a la Dirandro. El dato a seguir: una empresa peruana tenía previsto el envío de una considerable carga de droga a Bélgica. Se trataba nada más y nada menos que de Villa de Oro Perú SAC, investigada por TID en noviembre del 2015. En esa ocasión la división antinarcóticos elaboró un perfilamiento con información de canales de inteligencia. Se tenía conocimiento que saldría droga a Europa. Al intervenir la carga de uno de sus contenedores con número CGMU4828167 no se halló nada irregular. Pero grande fue la sorpresa en el puerto de Amberes cuando personal policial logró ubicar 35 paquetes con clorhidrato de cocaína. Éstos estaban camuflados al exterior del contenedor, en la zona del termo King.
General PNP Héctor Loayza Arrieta, director de la Dirandro, mostrando la droga incautada en Tramarsa.
Durante tres meses la Dirandro observó detalladamente los movimientos de Villa de Oro. Esta vez la empresa no quiso cometer errores. Para no levantar sospechas realizó cuatro envíos legales, con el fin de ganar la confianza de los agentes aduaneros. Los investigadores tenían información de que el quinto envío iba a salir contaminado. Entonces, decidieron intervenirlo la mañana del viernes 17 de marzo con la presencia de la magistrada Luz Mery Zuzunaga Silva de la primera fiscalía del Callao. Procedieron a ingresar a los almacenes temporales  de Tramarsa para revisar la carga de uno de los tres contenedores, el cual tenía como destino el puerto de Amberes. Al revisarlo se halló 1,288 paquetes con clorhidrato de cocaína que dieron un peso de 1,417 kilos de droga, valorizados en el mercado europeo en aproximadamente US$ 85 millones. Esta droga sería de procedencia colombiana. El análisis realizado a la mercancía y las características del empaque así lo determinan. El empaquetado contaba con un recubrimiento de jebe que lo protegía del contacto con el agua, similar a como se estila en el vecino país. La defensa del principal sospechoso, José Cahuas Servalli, se apersonó a la sede de la Dirandro el miércoles 26 para contarles a los agentes que su patrocinado había sido sorprendido. Cahuas le explicó a su abogado que en el mes de enero del 2016 un intermediario de la empresa Villa de Oro fue a la ciudad de Chancay y lo contactó por medio de un amigo. Éste le ofreció la suma de S/ 2,000 a cambio de que firmara unos documentos para que él fuese el nuevo representante legal de Villa de Oro. Además, agregó que su patrocinado fue declarado interdicto judicialmente. ¿Puede un interdicto manejar una empresa? Es la pregunta que se hizo uno de los oficiales a cargo del caso. Los investigadores están a la espera de que José Cahuas se apersone en estos días y confirme su versión.
Equipo policial y personal de la DEA que logró la satisfactoria operación.
INVESTIGACIÓN EN CURSO
Según el coronel PNP Pedro Vallejos, son tres las empresas que vienen siendo investigadas: Port Logistic, quien fue contratada por Villa de Oro Perú SAC para tramitar la exportación de los contenedores a Bélgica y EE.UU.; Supermaq, empresa que pertenece al Grupo Superfish que se encargó del almacenamiento y traslado los contenedores a Tramarsa; y Villa de Oro Perú SAC, dueño de la carga de filetes de pota contaminados con la droga incautada. Una serie de cabos sueltos vienen siendo analizados por los agentes. Por ejemplo, la concordancia en los domicilios fiscales de Supermaq y Villa de Oro. Según registros de la SUNAT, ambas coinciden en la misma dirección: la calle 28 de Julio No 160 y 170 de la Urbanización Germán Astete en San Miguel. Otro detalle es el número telefónico 5771867 que está registrado como Villa de Oro. Sin embargo, al llamar, contesta una operadora del Grupo Superfish. Un dato extra es la creación de la empresa Villa de Oro Perú SAC, que según la SUNARP fue inaugurada en agosto del 2010 por María Mercedes Chumpitaz Nieto y Aldo Alonso Villacorta Lora, con 10 mil acciones cada uno. Esta información pasaría desapercibida si no es porque Chumpitaz Nieto y Villacorta Lora son trabajadores del Grupo Superfish desde aquella época hasta la actualidad. Mera coincidencia. Según la Policía, la droga fue acondicionada en un almacén del puerto de Chancay, en filetes frescos de pota. Luego, éstos fueron congelados y traídos a Lima. En su declaración el chofer del tráiler, Christoper Javier Silva Mayora, dice a la Policía que él sacó el contenedor contaminado de los almacenes de Superfish ubicado en la Prolongación Centenario No 1960, Callao, y lo trasladó al almacén temporal de Tramarsa en el Callao. Al cierre de esta edición, la representante de Port Logistic, Alison Gutiérrez Palomino, declaró ante la Policía que la actual coordinadora de la empresa Villa de Oro Perú SAC es María Mercedes Chumpitaz Nieto, que en su declaración dijo que ya no pertenecía comercialmente a Villa de Oro. Con esta información se va cerrando el círculo. En los próximos días habrá nuevas luces.
Local de fachada de Villa de Oro Perú y Supermaq ubicado en San Miguel.