Plan de Gobierno del Partido Verde-Colombia

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Visión de País: Con Legalidad Democrática, educación y apostándole al talento superaremos las desigualdades y emprenderemos la transformación social.
La ilegalidad es el principal freno al desarrollo económico y social de Colombia. La violencia y la corrupción son expresiones de esa ilegalidad, que en el terreno de la política se expresa en una frase conocida y aplicada: “el fin justifica los medios”. Con tal de llegar al poder o vencer en el conflicto todo vale, cualquier camino sirve. El respeto a las normas se ve reemplazado por actitudes sociales y culturales que validan y aceptan la ilegalidad.
Reconozcamos ante todo que cada vida es irremplazable, que la vida es sagrada. Rechacemos y evitemos los atajos, y abramos el espacio a la legalidad democrática que mantenga los avances en seguridad, para afianzar en Colombia la comprensión, el respeto y el cumplimiento de las normas. La movilización y la participación de la ciudadanía, sumadas a la acción de las autoridades, permitirán consolidar la seguridad, en tanto que la cultura ciudadana facilitará la convivencia, la confianza, la tolerancia, el imperio de la ley y la democracia. La seguridad, y la legalidad se consiguen con el apoyo a la policía y a las fuerzas armadas, pero también se desarrolla en el respeto al fiscal, al juez y al maestro. Tenemos que jugar limpio, comprendiendo que la violencia y la corrupción son desafíos que debemos enfrentar unidos.
Queremos seguir transformando la forma de hacer política en Colombia. Proponemos una política basada en la confianza entre las personas y en las instituciones, en la cual la transparencia, la participación, el intercambio de argumentos, el control social y la gestión pública admirable sean los pilares de una auténtica democracia. Nuestra relación con el mundo debe partir de esas mismas premisas: estrecharemos nuestra integración con todos los países, aceptando la interdependencia como una oportunidad y buscaremos acercarnos a los pueblos de los países con los que compartimos historia y condiciones.
Para que nadie recurra a la violencia y la ilegalidad, que permanecen vivas entre nosotros, se requiere construir oportunidades sociales y económicas legítimas. Dicha construcción debe reconocer las profundas desigualdades del país, tanto las económicas y sociales como las que son evidentes por las diferencias entre regiones. La periferia colombiana, ese vasto espacio que bordea las fronteras, se encuentra en clara desigualdad con el centro del país.
Soñamos con un país donde los ciudadanos, las organizaciones del Estado, la sociedad civil y las empresas productivas tengan, como uno de los compromisos fundamentales de su quehacer cotidiano, hacer todo lo que esté a su alcance para proteger y enriquecer el medio ambiente, y en particular nuestro gran patrimonio en biodiversidad y agua dulce, tanto en las áreas naturales como en las áreas transformadas por la acción humana. Solo así será posible garantizar el derecho constitucional de los colombianos a disfrutar de un medio ambiente sano, generar las condiciones para que el desarrollo económico y social sea sostenible en el mediano y largo plazo, y contribuir a la conservación del maravilloso y complejo entramado de la vida.
A su vez, las ciudades intermedias tienen que ser polos de desarrollo sostenible, conectadas con su entorno rural, que hoy en día se encuentra rezagado y desatendido. Esta nueva concepción de nuestras regiones y ciudades debe incluir un tratamiento diferenciado de los territorios de frontera, el Pacífico, la Amazonia y la Orinoquia, los océanos y el río Magdalena, para dar oportunidades que respondan a las características propias de cada espacio. Colombia debe convertirse en una gran red de territorios integrados y con mayor equilibrio en sus niveles de desarrollo. Las apuestas de desarrollo regional se unirán para construir el plan de desarrollo nacional, en el que los intereses de las regiones primen sobre los beneficios particulares y en el que se reconozcan las implicaciones que para ese propósito tienen las condiciones culturales y ecológicas propias de cada región.
El desarrollo regional debe integrar a Colombia y el turismo en un proyecto que nos una como nación. Es un sector generador de empleo, que muestra y aumenta las riquezas de todos los territorios, la diversidad cultural y la biodiversidad que los identifican.
La integración requiere superar los atrasos en la infraestructura, como forma de conectar territorios y unirnos con el mundo. Terminaremos bien lo que se ha empezado, multiplicando el desarrollo de dobles calzadas, vías fluviales y el transporte multimodal, incluido el ferrocarril. En una nación conectada el sector rural no será un factor de poder local; será un factor de producción, que permita la seguridad alimentaria y la apertura al comercio internacional, cerrándole puertas al conflicto y a la ilegalidad. Además, la integración permitirá la promoción de la cultura como forma de reivindicar las características de cada región y como expresión de su valor en la integración de Colombia.
Para potenciar las capacidades de los colombianos, la política productiva añadirá conocimiento propio a las exportaciones, con base en el apoyo y promoción de actividades y sectores estratégicos y de cadenas productivas que fomenten la innovación, la creación de empleo formal y el comercio internacional. El conocimiento y la innovación serán las herramientas para integrar la producción con la educación superior, y los ámbitos de operación de cada una de las actividades y sectores promisorios de nuestro sistema productivo. El emprendimiento, como factor de innovación y de integración social, es un paso para potenciar el talento de los colombianos. La política productiva integrará la preservación y conservación de las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad y participará en la preservación y conservación de las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad. Promoveremos el desarrollo y el uso de energías limpias, nuevas y alternativas e impulsaremos la creación de una cultura de consumo racional y responsable.
¿Y dónde está la gente para hacer todas estas cosas? En una Colombia en donde las mujeres tomen el papel protagónico que merecen en el desarrollo del país, y en la que los afrocolombianos, los indígenas y todas las etnias tengan acceso a las mismas oportunidades. En una Colombia sin hambre, que goce de un sistema de salud de calidad basado en la prevención. En una Colombia en la que la educación de calidad se convertirá en el motor de la transformación social. Las capacidades individuales que promoveremos harán uso de la ciencia y la tecnología como el lenguaje para enfrentarnos al mundo, apoyados en el conocimiento. Convocaremos al país para enfrentar los retos en materia de ciencia y tecnología, que apoyaremos con recursos suficientes y con un sistema institucional que tenga impacto en todas las regiones.
La creación de oportunidades laborales y productivas recibirá un impulso vigoroso de una educación superior masiva y al alcance de cada colombiano. Todos aprendiendo de todos toda la vida es la fórmula para formar personas que recojan el conocimiento y lo transformen en riqueza para toda la sociedad. La educación técnica y tecnológica, los fondos masivos de becas y el mantenimiento de los estudiantes en la educación superior son objetivos realizables, pues ya lo hemos hecho. El apoyo a la formación de un mayor número de doctorados y maestrías, apoyados desde el gobierno, tendrá como contraprestación la participación de este nuevo talento en los proyectos productivos que se acuerden desde el nivel regional.
Para llegar a una educación superior ideal y competitiva, deberemos enfocarnos en mejorar la calidad de la educación media, con ampliación de infraestructura y un programa masivo de formación de maestros. Soñemos con colegios públicos en todo el territorio que igualen en calidad a los mejores privados de Bogotá, Bucaramanga, Cali o Medellín.
El preescolar será el punto de partida del camino de oportunidades que le proponemos a Colombia. Los niños y niñas del país deben empezar con las mismas oportunidades, que se deben ofrecer desde la primera infancia, sobre todo en materia de nutrición, salud y educación.
Se requerirá aunar esfuerzos para promover reformas que permitan este sueño. Una política fiscal austera, una reforma tributaria que aumente los recursos estatales y beneficie el empleo formal, así como la asignación de hasta el 15% de Ecopetrol para crear un fondo cuyos rendimientos apoyen la educación, la ciencia y la tecnología. De esta manera unas finanzas públicas sólidas le apostarán al talento de la gente.
Es la hora de elevar nuestras voces para impulsar un cambio cultural y educativo en el país. Este momento nos pertenece y debemos hacerlo sentir en todos los rincones de nuestra geografía. Nos dicen que no podremos alcanzar estos objetivos, y respondemos que unidos estamos construyendo la posibilidad de cambiar la historia política de Colombia. Nos piden ser realistas y que renunciemos a estos sueños, y nosotros le exigimos al país no solo las ganas, sino la voluntad de soñar.
LÍNEAS DE GOBIERNO
La educación y el cambio de nuestros comportamientos son los fundamentos para construir entre todos una Colombia justa, pacífica, respetuosa de la ley y los derechos, innovadora, productiva y próspera. Con educación y cultura derrotaremos la ilegalidad, la corrupción, la pobreza, la desigualdad, la informalidad, la destrucción del medio ambiente y los desequilibrios regionales. Por eso son el eje central de nuestra propuesta.
Educación
Queremos una educación al alcance de todos, de alta calidad, que realmente prepare a las personas para la vida laboral y la vida en sociedad, que sirva para eliminar las desigualdades entre las personas y entre las regiones y promueva la creatividad, la innovación y la productividad. Para lograrlo:
1. En educación preescolar, orientaremos nuestros esfuerzos a lograr una cobertura del 90% y tener personal calificado al frente de las instituciones encargadas de ello.
2. Fortaleceremos el Programa Integral de Atención a la Primera Infancia, orientándolo a dar prioridad a los niños más pobres, de modo que no queden en desventaja en sus posibilidades de desarrollo para la vida.
3. Mejoraremos sustancialmente la calidad de la educación básica pública mediante la construcción de escuelas y colegios de alta calidad, el aumento del tiempo de estudio, pasando gradualmente de la media jornada a la jornada completa, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas en el aula, la dotación de ayudas pedagógicas, incluyendo bibliotecas y computadores en las aulas, y la cooperación amplia entre estudiantes, maestros y padres. Elevaremos el nivel de los colegios públicos, de tal manera que su calidad se aproxime rápidamente a la de los mejores colegios privados.
4. En la educación básica y media, nuestras políticas tendrán en cuenta las particularidades de cada región. Fortaleceremos el Programa Nacional de Educación Rural para reducir la brecha educativa entre el campo y la ciudad. Crearemos las condiciones para que los maestros de las zonas rurales aseguren su permanencia en las aulas durante todo el año escolar.
5. Estimularemos el reconocimiento social de la labor de los maestros y fortaleceremos su formación, mediante un programa de capacitación permanente de docentes en todos los niveles del sistema educativo, con la colaboración de universidades, empresas y gobierno. Aumentaremos la capacidad de investigación de las universidades que forman profesores.
6. Reduciremos la deserción escolar en las edades de 12 a 16 años a una tercera parte de la actual y aumentaremos el acceso a la educación superior. El programa “No me Retiro” combinará apoyo económico, acompañamiento psicosocial y mejoras en infraestructura. Los jóvenes de los estratos más pobres que permanezcan en la educación media, se esfuercen y se gradúen de bachilleres, tendrán apoyo financiero para su acceso a estudios técnicos, tecnológicos y universitarios.
7. Aumentaremos la cobertura de la educación técnica y tecnológica con la financiación del ICETEX, las instituciones de educación superior y el SENA. Este aumento de cobertura estará atado a las necesidades sectoriales y regionales. Adoptaremos estándares de calidad para que los esfuerzos de los jóvenes se vean recompensados en el mercado laboral. En particular, reestructuraremos el SENA para que opere dentro de los sistemas de evaluación de calidad del Ministerio de Educación Nacional.
8. En cuanto a la educación superior el objetivo central será mejorar la calidad. Impulsaremos un programa de formación de profesores universitarios en maestrías y doctorados, para aumentar el número de profesores de planta y de profesores con maestría y doctorado.
9. Promoveremos una reforma integral y con amplia discusión social de la Ley 30 de Educación Superior, para superar las barreras de acceso y responder a los desafíos de calidad y pertinencia que enfrenta.
10. Para asegurar la calidad de la educación superior, revisaremos y actualizaremos el esquema de acreditación de programas académicos, así como los mecanismos de evaluación, haciendo públicos sus resultados.
11. Privilegiaremos la investigación y la innovación en la educación superior y revisaremos el diseño institucional que relaciona la educación, la investigación y los sectores productivos, para que tengan mejor coordinación.
12. Habrá un programa de becas de sostenimiento para estudiantes universitarios de bajos ingresos.
13. Tenemos la voluntad política para realizar la inversión necesaria en educación, cultura, ciencia, tecnología e innovación. Entre los mecanismos de financiación para esta visión contemplamos la constitución de un Fondo de hasta un 15% de las acciones de Ecopetrol. Este proyecto no tiene precedentes en la historia reciente de Colombia, y será uno de los ejes para la transformación social y económica del país.
Cambio cultural y cultura ciudadana
Queremos una sociedad donde todos los colombianos cumplamos nuestros deberes ciudadanos y podamos disfrutar de nuestros derechos. Donde la vida se respete como el don más preciado y los recursos públicos sean sagrados. Donde la gente sea capaz de confiar y acepte las diferencias. Para lograrlo:
1. Fomentaremos una cultura de la legalidad para afianzar el respeto, la admiración y el cumplimiento de la ley y las normas. En alianza con la ciudadanía y las autoridades regionales y locales, trabajaremos por aumentar la conciencia y la cooperación entre ciudadanos en el rechazo de los atajos y las justificaciones para el incumplimiento de la ley y las normas. Cero condescendencia con las actividades ilegales.
2. Promoveremos la cultura ciudadana para que los colombianos, mediante el cambio de comportamientos, facilitemos la convivencia, la confianza, la tolerancia, la solidaridad, el imperio de la ley y la democracia.
3. Impulsaremos la actualización del Código Nacional de Policía mediante procesos democráticos y llevaremos a cabo las acciones pedagógicas necesarias para garantizar su difusión, interiorización y cumplimiento por parte de la ciudadanía.
Arte y cultura
Fomentaremos en todos los niveles socioeconómicos la apropiación de la cultura y las artes como expresiones de nuestra memoria, diversidad y riqueza. Para lograrlo:
1. Definiremos las prioridades del Ministerio de Cultura para evitar su dispersión, señalándole sobre todo la obligación de promover la recopilación, registro, conservación y divulgación del patrimonio cultural y creativo del país, haciendo énfasis en las diversas formas de creatividad popular.
2. Promoveremos la formación de públicos para las artes y la cultura, mediante un aumento sustancial de la atención de la escuela a la formación musical, artística y estética de los niños.
3. Daremos impulso a las industrias culturales y facilitaremos el acceso de la población a sus productos.
4. Apoyaremos en los departamentos y municipios que asuman compromisos compartidos, la creación o consolidación de centros culturales múltiples, que según las características, necesidades, tradiciones y deseos de cada población, asuman funciones de bibliotecas, museos de memoria local, archivo, sitios de formación cultural y lugares de encuentro múltiple para la comunidad.
5. Impulsaremos en las redes públicas de Internet la adopción de programas y diseños que faciliten el uso de los computadores por los ciegos y limitados visuales, haciendo que todos los sitios públicos incorporen tecnologías de texto a voz.
Seguiremos cambiando la forma de hacer política en Colombia. Proponemos una política basada en la confianza entre las personas y en las instituciones, donde la transparencia, la participación, la inclusión, el intercambio de argumentos, el control social y la gestión pública admirable sean los pilares de una auténtica democracia. Impulsaremos un frente común contra la corrupción. Buscamos un Estado respetuoso de la Constitución y de la ley, en el que el manejo de los recursos públicos, que son sagrados, sea eficiente, transparente y justo. Haremos de nuestro ejercicio político un ejemplo para los servidores públicos y los ciudadanos.
1. Defendemos la separación y el equilibrio de los poderes públicos y su autonomía.
2. Promoveremos la participación ciudadana e incentivaremos la organización social para lograr un diálogo activo y crítico entre el Estado y la ciudadanía. Seremos aliados de la ciudadanía en el cuidado de lo público. Reforzaremos los mecanismos de planeación y gestión participativa de la inversión pública nacional, departamental, municipal y local, midiendo regularmente su fortaleza.
3. Reformaremos el Estatuto de Presupuesto para estimular la formulación y ejecución de presupuestos participativos y la evaluación por resultados, con indicadores de desempeño.
4. Promoveremos la reforma del sistema electoral para que la ciudadanía ejerza un control social efectivo, los elegidos rindan cuentas a la ciudadanía y se fortalezcan los partidos. Para ello propondremos un sistema electoral mixto de representación en la Cámara que combine las bondades de los sistemas unipersonales mayoritarios y la proporcionalidad de las listas cerradas.
5. La gestión pública será eficiente, transparente, oportuna y orientada al servicio de la ciudadanía. Los proyectos de ley, decretos y documentos CONPES se adoptarán después de consulta pública. Presentaremos una Ley de Transparencia y Gestión Pública Admirable para que esta práctica se extienda a los demás poderes públicos y a las administraciones departamentales y municipales.
6. Los proyectos de inversión deberán tener definida de antemano su prioridad y su rentabilidad social y sus riesgos.
7. Los servicios del Estado son un derecho ciudadano y no un favor. Simplificaremos los trámites y facilitaremos el acceso de todos los ciudadanos al Estado y sus servicios.
8. Buscaremos la sanción legal, moral y cultural para quien haga mal uso de los recursos y cargos públicos.
9. Impulsaremos la carrera administrativa y diplomática.
10. Desarrollaremos nuestros procesos de contratación de cara a la ciudadanía, con mecanismos como las Ferias de la Transparencia, en donde habrá acceso a toda la información pertinente para la programación y contratación anual. Fortaleceremos y organizaremos un portal de compras único y abierto, que permita en forma continua tener toda la información sobre la contratación y las adquisiciones de las entidades del gobierno central. Apoyaremos estos ejercicios en los departamentos y municipios del país. Las compras estatales llevarán progresivamente el sello ambiental.
La protección de la vida es el propósito fundamental de nuestra política de seguridad. Esta tendrá un enfoque integral, preventivo, participativo y de responsabilidad conjunta de la sociedad y el Estado. Se recuperará el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza. La justicia por mano propia será institucionalmente perseguida y socialmente rechazada. Se tendrán como guías la Constitución y las leyes, en especial el respeto por los derechos humanos. Reforzaremos la presencia del Estado en todo el territorio nacional, no sólo con la Fuerza Pública, sino con un sistema de justicia que cuente con fiscales y jueces idóneos e insobornables, reconocidos y respaldados por la comunidad, con el propósito de crear un ambiente de seguridad y bienestar que permita generar desarrollo y abrir las puertas a las oportunidades legítimas. Promoveremos dar más poder a los ciudadanos para tramitar y resolver sus conflictos por mecanismos legales. Dos colombianos cualesquiera se reconocerán unidos por el deber de acogerse a la misma Constitución.
1. Legalidad Democrática: Promoveremos la consolidación en Colombia del rechazo social a la ilegalidad, que motive a los ciudadanos y a las autoridades a actuar dentro del respeto a la ley y las normas. Lucharemos contra la impunidad y contra la tolerancia moral y cultural del incumplimiento de la ley.
2. Dirigiremos los esfuerzos del Estado hacia la reducción de los cuatro problemas fundamentales de la justicia en Colombia: acceso, impunidad, congestión y falta de confianza. En lugar de responder a intereses particulares, la justicia debe acoger al ciudadano bajo criterios de igualdad.
3. Continuaremos la ofensiva sostenida contra los grupos al margen de la ley. Reforzaremos en especial las labores de inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, de tal manera que se minimicen los costos humanos y financieros y se maximicen los resultados.
4. Ninguna negociación es posible con grupos vinculados al narcotráfico o que usen el lenguaje del secuestro, la extorsión y la tortura. En nuestro gobierno no habrá zonas de despeje. Tampoco habrá discusión de problemas nacionales o regionales con grupos armados ilegales. Sin un pleno reconocimiento de la Constitución colombiana es imposible abrir las puertas del diálogo. Apoyaremos el desarme voluntario y el reintegro a la sociedad de los integrantes de los grupos armados, sin debilitar las obligaciones de justicia, verdad y reparación. Facilitaremos las acciones humanitarias para la liberación de secuestrados, sin contraprestaciones de parte del Estado.
5. Afianzaremos el compromiso del gobierno, el sector privado y la ciudadanía de trabajar de forma mancomunada para consolidar la seguridad y la convivencia en el país.
6. Fortaleceremos la seguridad y la convivencia urbana. La policía será el eje para garantizar la seguridad ciudadana mediante un proyecto nacional que haga énfasis en la prevención. Impulsaremos un programa nacional de educación ciudadana para la convivencia.
7. Reforzaremos la administración eficiente de la justicia y el desarrollo de sistemas adecuados de información, que permitan evaluar en forma adecuada la impunidad y la eficacia de los diversos organismos del sistema.
8. Estimularemos el uso de sistemas de información sobre la violencia y el delito, para mejorar la toma de decisiones, planear la acción pública y promover conductas de prevención y rechazo de la violencia entre la población. El gobierno apoyará especialmente a los municipios con altas tasas de violencia para que desarrollen sistemas de información epidemiológica de violencia para mejorar sus programas y políticas.
9. Haremos más vigorosa la acción judicial en el campo de los derechos humanos, de modo que se asegure la acción penal efectiva contra quienes los violan.
10. Velaremos por una formación profesional a todos los niveles jerárquicos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el respeto a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, y buscaremos la imposición de sanciones ejemplares para quienes los violen.
11. Haremos efectiva la presencia judicial del Estado por medio de sus agentes en todos los lugares del país. Fortaleceremos la acción de la justicia cerca al ciudadano. Impulsaremos las casas de justicia, los jueces de paz y los mecanismos alternativos de conciliación. Promoveremos la solución pacífica de los conflictos, dando poder a los ciudadanos para tramitarlos mediante mecanismos legales, sin perjuicio de la actividad legítima del Estado de garantizar la seguridad y la estabilidad de la nación.
12. Propiciaremos acciones pacíficas como la resistencia civil, la presión social y el debate público contra la violencia y las diversas formas de ilegalidad. Promoveremos el encuentro de ciudadanos en el espacio público para fortalecer la confianza, el sentido de pertenencia y el goce de derechos.
13. Fortaleceremos los procesos de extinción de dominio de bienes adquiridos con recursos producto de actividades ilegales y la usurpación violenta.
14. Construiremos confianza ciudadana y credibilidad institucional, a partir de nuestro proyecto de gobierno y del apoyo y el respaldo decidido que brindaremos a los alcaldes y gobernadores en sus políticas de seguridad ciudadana.
15. Sostendremos el pie de fuerza con soldados profesionales en zonas estratégicas de orden público o que representen alto riesgo para la seguridad de la nación y de las personas, incluidas las fronteras internacionales.
16. Impulsaremos el desarme ciudadano. Las armas son del Estado.
17. Consolidaremos una política integral de protección, la atención y la reparación de las víctimas de la violencia y el desplazamiento forzado y buscaremos la rehabilitación de los victimarios.
18. Desarrollaremos la justicia transicional para que se restituya y se repare debida y oportunamente a las víctimas del conflicto y el desplazamiento forzado y se logre la reconciliación nacional.
19. Fortaleceremos la lucha contra la producción, almacenamiento, distribución y venta de sustancias psicoactivas y aumentaremos el esfuerzo para prevenir su consumo. El narcotráfico es el motor del conflicto armado colombiano. Impulsaremos opciones de desarrollo integral para las regiones en las que existen cultivos ilícitos, con el propósito de reducirlos de manera sostenible y eficaz.
20. Adelantaremos una profunda revisión del sistema penitenciario y carcelario.
Los colombianos y las colombianas debemos gozar, como mínimo, de niveles básicos de educación, salud, nutrición, vivienda, cobertura en agua potable y saneamiento básico. Para ello haremos los ajustes institucionales que permitan una política social articulada e integrada, que garantice en forma progresiva el ejercicio de los derechos básicos. De acuerdo con nuestro principio de construir sobre lo construido, nos aseguraremos de que la presencia del Estado en todos los municipios de nuestro país se traduzca en una sociedad más equitativa y con mejor calidad de vida para todos. Pondremos en marcha el programa “Colombia sin Hambre” para ayudar a superar la pobreza.
Salud de calidad para todos
1. Haremos las reformas estructurales del sistema de salud, sobre la base de un diálogo con pacientes, médicos, enfermeras, hospitales, aseguradores, empresas y entidades de atención en salud, investigadores y entidades territoriales, para lograr un sistema integral, con capacidad real de coordinar los diferentes sectores que contribuyen en la prestación de los servicios, accesible a toda la población, de calidad, equitativo y oportuno, administrado en forma eficiente, bien dirigido y bien gerenciado.
2. Simplificaremos el diseño institucional del sistema de salud para mejorar su administración, facilitar su supervisión y combatir la corrupción.
3. La definición de un plan único de beneficios en salud, prevista en la Ley 100 pero incumplida hasta hoy, y su actualización periódica, es un primer paso para resolver los problemas financieros del sistema. En todo lo relativo al POS, es esencial que se respete la autonomía científica y profesional de los médicos. Se revisarán los mecanismos de financiación de la salud para garantizar la sostenibilidad en el futuro. El uso de los recursos para la salud será controlado de la manera más estricta.
4. Buscaremos el desarrollo de sistemas de prevención más eficaces. Revitalizaremos los programas nacionales de salud pública para que logren un mayor impacto. Pondremos énfasis en el cumplimiento de las obligaciones de los entes territoriales y las EPS. Daremos prioridad al saneamiento ambiental (agua, aire, residuos sólidos, suelos) como estrategia para asegurar la buena salud de los colombianos.
Vivienda de interés social
1. Aumentaremos el presupuesto público para vivienda de interés social, sus recursos y modalidades de subsidio y fortaleceremos la capacidad de la banca pública para responder a las demandas de crédito, focalizando su aplicación en la población con mayor déficit. La política de subsidios de vivienda de interés social integrará y armonizará las diferentes fuentes de recursos para ampliar su cobertura y modalidades de aplicación, reducir los costos de producción de vivienda y facilitar el acceso de los ciudadanos a soluciones habitacionales adecuadas.
2. La nación fortalecerá la capacidad de los municipios para mejorar su desempeño en vivienda social. En coordinación con los organismos de control se vigilará la gestión descentralizada de la política de vivienda.
3. Promoveremos las formas asociativas de construcción de vivienda, a través de programas de asistencia técnica y acompañamiento, en coordinación con los municipios.
4. Impulsaremos esquemas de cofinanciamiento y subsidio en la construcción de las redes de servicios públicos, en coordinación con las empresas prestadoras de estos servicios y los municipios. Las políticas y programas en esta materia fomentarán el consumo racional y eficiente en términos ecológicos, y prácticas, como el reciclaje, que reduzcan los impactos ambientales.
5. Fomentaremos la construcción de vivienda con materiales de origen vegetal y el desarrollo tecnológico asociado con esas viviendas.
6. La vivienda de interés social rural tendrá la misma atención que el resto de la vivienda de interés social. Los programas para apoyar la vivienda de interés social rural la de los centros poblados en áreas rurales incluirán el suministro de servicios sociales básicos.
Minorías étnicas y diversidad cultural
1. Promoveremos una política de acción integral y de inclusión para las minorías étnicas y culturales en todos los aspectos de la vida nacional. Aplicaremos las normas que promueven el reconocimiento y la protección de la diversidad étnica, su territorio y su cultura y que garantice sus derechos, el respeto a sus tradiciones legales, su desarrollo integral, su seguridad y su vida digna.
Colombia sin hambre
1. La falta de alimentos limita el desarrollo físico, intelectual y emocional de los infantes. La combatiremos con diversos programas como restaurantes escolares, canastas de alimentos, distribución de complementos nutritivos a menores de 12 años, mujeres lactantes y gestantes, discapacitados y desplazados de los grupos sociales pertinentes, en hogares comunitarios, escuelas y hogares.
2. En escuelas, comedores y hogares impulsaremos estrategias integrales de educación, salud y nutrición para nuestros niños y niñas con corresponsabilidad en la formación en nutrición y en hábitos de vida saludable.
3. En alianza con los municipios, departamentos y el sector privado, pondremos en operación bancos de alimentos en los municipios en donde sean necesarios.
4. Promoveremos un sistema de información que dé a las familias la posibilidad de escoger los mejores productos y planear una nutrición sana, eficiente, económica y ambientalmente sostenible.
5. Por las diversas actividades derivadas de la ejecución de este programa, generaremos empleo especialmente para los jóvenes en el sector de la seguridad alimentaria.
6. Fortaleceremos la economía campesina y la producción de alimentos en las zonas rurales y en espacios urbanos apropiados, y buscaremos hacer más eficiente la intermediación y distribución, para reducir el costo de los alimentos.
La generación de oportunidades es un requisito indispensable para avanzar hacia una sociedad justa y próspera. Una política económica ordenada, eficiente y equilibrada hará factible nuestra apuesta por la educación, la tecnología, la ciencia, la innovación, el emprendimiento y la cultura como motores del desarrollo del país. Con instituciones sólidas y bien articuladas y respeto a la estabilidad jurídica, impulsaremos la transformación del sistema productivo y la inserción de nuestra economía en el ámbito internacional. Reduciremos la informalidad para asegurarnos de integrar al mayor número de personas a una fuerza laboral productiva y competitiva.
1. La productividad y la equidad serán los principales criterios de la política económica y social.
2. Pondremos en práctica un plan para promover la inversión, basado en la transparencia y la discusión pública de las intervenciones del Estado. Se respetaran las reglas de juego establecidas.
3. Buscaremos vincular la economía colombiana a los mercados internacionales, especialmente a los más dinámicos, como los asiáticos.
4. Mediante la educación, la ciencia y la tecnología, y la política productiva, aumentaremos el crecimiento de la economía y las capacidades y oportunidades de las personas.
5. Fortaleceremos el marco institucional y la capacidad del Estado de planear a largo plazo la infraestructura nacional. Pondremos en marcha un plan de infraestructura –carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y proyectos de generación de energía- para integrar a Colombia a la economía global e integrar el mercado nacional.
6. Promoveremos políticas de generación de ingresos para las familias: formación, uso de nichos de mercado, bancarización y crédito.
7. Adoptaremos un manejo fiscal austero y con visión de largo plazo, que permita ahorrar en tiempos de bonanza y suavizar el impacto de eventuales crisis en las finanzas públicas.
8. Impulsaremos una reforma tributaria estructural que ordene los impuestos nacionales y regionales, aumente el recaudo, recupere la eficiencia, asegure la equidad, promueva la formalidad empresarial y laboral y frene la evasión. Simplificará el régimen tarifario del IVA y el impuesto a la renta, y eliminaremos exenciones tributarias regresivas. La permanencia del impuesto a las transacciones financieras será revisada. Se revisarán también los impuestos que corresponden a municipios y departamentos, introduciendo incentivos para aumentar el recaudo y mejorar su asignación.
9. Reformaremos el régimen de regalías para promover el desarrollo social y regional con equidad y prevenir la corrupción y el mal uso de estos recursos.
Colombia tendrá una gran política productiva de innovación y comercio internacional que conduzca a un acelerado desarrollo industrial, agrícola y del sector servicios. Fortaleceremos el mercado interno, protegeremos industrias nacientes, y potenciaremos instituciones que favorezcan la inserción en la economía regional y global. Orientaremos los recursos y las políticas públicas para promover el comercio, la innovación, el emprendimiento, el desarrollo de los sectores estratégicos, y la generación de empleo formal.
1. Invertiremos de manera decidida en el sector productivo, para que estimule el desarrollo económico.
2. Nuestra política productiva incluirá actividades primarias, industriales y de servicios, con sustento en nuestros recursos y potenciales intelectuales, culturales y creativos. El principal instrumento de esta política serán los complejos productivos del conocimiento y de la innovación. La política productiva se adelantará en el marco de la sostenibilidad ambiental, la protección de la biodiversidad y las fuentes de agua, y la generación de un modelo productivo de bajo contenido de carbono con el fin de contribuir a la mitigación del calentamiento global.
3. Desarrollaremos políticas sectoriales activas con transparencia y cooperación público-privada para proveer la infraestructura y los bienes públicos necesarios para superar los cuellos de botella en las regiones.
4. Los estímulos tributarios, temporales y respetuosos del equilibrio fiscal, tendrán como objetivos primarios la generación de empleo y su formalización, y la innovación y el emprendimiento. Eliminaremos los impuestos a las nóminas que afecten substancialmente la generación de empleo, pero garantizando anticipadamente que existan los recursos para financiar en forma adecuada a entidades como el SENA o el ICBF, esenciales para la protección a la infancia y la capacitación laboral.
5. Haremos los arreglos institucionales necesarios para darle al Estado una visión clara y ejecutar unas políticas efectivas de ciencia, tecnología e innovación, que coordinen la acción de todas las agencias del Estado y estimulen de manera sostenida la productividad y la competitividad, apoyen el programa de producción de bienes y servicios de alta tecnología, el desarrollo de empresas de alta tecnología y programas de investigación que articulan universidades, empresas y el Estado, y promuevan la innovación en el sector privado y mejorar su competitividad.
6. Las zonas francas existentes se respetarán pero se hará un seguimiento detallado y permanente a sus compromisos de generación de empleo, exportaciones e innovación. La creación de zonas francas se limitará a aquellas que tengan efectos directos y considerables sobre el empleo y la innovación, y se otorgarán solamente zonas francas generales.
7. Los fondos Bancoldex y Emprender y los de Colciencias se fortalecerán y orientarán a impulsar esta política.
8. Las redes, centros y grupos de investigación en temas estratégicos de esta política serán prioritarios. Se aumentará la investigación en los temas relacionados con el desarrollo productivo y el comercio internacional.
9. Como parte de la política de ciencia y tecnología, impulsaremos una cultura de propiedad intelectual para estimular la producción de patentes, para el surgimiento de empresas innovadoras, en los centros de investigación y desarrollo tecnológico, en las universidades y en las empresas.
10. Fortaleceremos el Programa Nacional de Prospectiva Tecnológica e Industrial de Colciencias.
11. Promoveremos los tratados de libre comercio que tengan como base la equidad, la reciprocidad y la conveniencia nacional. Buscamos diversificar la interdependencia de nuestras relaciones económicas con todos los países del mundo, dando especial atención a reforzar los vínculos con los nuevos mercados asiáticos. Buscaremos que el TLC con los Estados Unidos entre en vigencia, crearemos las condiciones para competir en un mercado globalizado y apoyaremos a los sectores que puedan verse afectados temporalmente para que mejoren su productividad.
Para asegurar un empleo formal y productivo se requiere un gran esfuerzo público y privado en educación y convertir el talento y el conocimiento en alternativas de vida y generación de ingresos. Se requieren políticas públicas que promuevan y apoyen procesos de formalización laboral y empresarial y fortalezcan las acciones en educación, ciencia y tecnología, emprendimiento e innovación.
1. Crearemos oportunidades de trabajo con base en políticas integrales en educación, ciencia y tecnología e innovación. Con base en esa plataforma, reduciremos la informalidad y el desempleo, formaremos para la vida laboral y la vida en sociedad, haciendo más equitativas las oportunidades de empleo y la mejora sustancial del ingreso Per cápita.
2. Generaremos los mecanismos necesarios para facilitar el entrenamiento y reentrenamiento de los trabajadores desempleados en áreas donde haya oportunidades de empleo a fin de facilitar su reinserción en el mercado laboral en condiciones adecuadas, con el apoyo del SENA y las instituciones educativas.
3. Los estímulos tributarios, temporales y respetuosos del equilibrio fiscal, tendrán como objetivos primarios la generación de empleo y su formalización, y la innovación y el emprendimiento. Se cobrarán los parafiscales garantizando el fortalecimiento del SENA y el ICBF, esenciales para la protección a la infancia y la capacitación laboral.
4. Nos comprometeremos con la generación de una cultura de emprendimiento. Desarrollaremos un programa de asistencia técnica por demanda y de desarrollo de un mercado de servicios empresariales para las empresas y apoyaremos los fondos de capital de riesgo y de emprendimiento e incentivaremos las redes de ángeles inversionistas. A través de la Banca de Oportunidades del Gobierno Nacional se promoverá el acceso a servicios financieros de las pequeñas y medianas empresas y se profundizará la estrategia de acceso a tecnologías de información de las pequeñas y medianas empresas.
5. Como mecanismos para promover el empleo, pondremos en marcha proyectos de infraestructura vial, fortaleceremos la construcción de vivienda y desarrollaremos planes masivos de reforestación que generen empleos directos. En los casos en que sea posible y económicamente adecuado, usaremos tecnologías que maximicen la creación de empleo.
6. Desarrollaremos y consolidaremos políticas de atracción de inversiones con responsabilidad social hacia sectores que generen empleo digno y productivo.
7. Al ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de salud, educación y recreación, lo haremos de manera que no atente contra la creación de empleo formal.
8. Estudiaremos con atención las posibilidades de establecer gradualmente un seguro de desempleo que proteja a los trabajadores contra las fluctuaciones en sus ingresos.
9. Reforzaremos los sistemas de información e intermediación laboral, como el Observatorio de Empleo del Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de Empleo y otros proyectos similares, en colaboración con los empresarios y las instituciones educativas.
10. Reforzaremos los sistemas de inspección laboral a fin de asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, haciendo énfasis en la prevención de las violaciones.
Nuestra política de desarrollo regional buscará la inclusión y la equidad regional. Consolidará a las regiones como entes gestores de su propio desarrollo, sobre la base del fortalecimiento de la descentralización, la integración, la corresponsabilidad de la nación y las entidades territoriales, y la inversión pública y privada en programas productivos generadores de empleo y riqueza regional. Privilegiará los ejes de educación, ciencia y tecnología y productividad para disminuir las inequidades regionales. El Plan Nacional de Desarrollo especificará las estrategias para el desarrollo sostenible y reconocerá la importancia de las agendas autónomas de desarrollo regional.
Desarrollo regional
1. Promoveremos la tecnología, la innovación, la creatividad y la formación de empresa, con desarrollos tecnológicos en armonía con la especialización de cada ciudad y región.
2. Fortaleceremos las capacidades institucionales de las regiones y las capacidades empresariales e innovadoras de sus habitantes para generar un desarrollo regional incluyente y pleno de oportunidades. Fomentaremos el turismo en todas las regiones.
3. Ajustaremos los mecanismos de saneamiento fiscal territorial para lograr una estabilidad financiera de mediano y largo plazo, sin comprometer las necesidades básicas ni la atención prioritaria a la niñez y la juventud.
4. Buscaremos una arquitectura institucional, nacional y territorial más eficiente que fortalezca la autonomía territorial.
5. Promoveremos la integración regional por afinidades geográficas, ambientales, sociales, económicas y culturales, para fomentar el desarrollo armónico de las regiones y mitigar las asimetrías sociales, económicas y políticas, en el marco de una ley de ordenamiento territorial que impulsaremos, y de la revisión del Sistema General de Participación, para que sea más equitativa la distribución de sus recursos.
6. Crearemos el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para canalizar recursos financieros para la inclusión social y productiva de las distintas regiones del país, que permita enfrentar los atrasos en la satisfacción de necesidades básicas, el desarrollo de las potencialidades productivas de las regiones, y la valorización de sus ventajas ambientales y su biodiversidad.
7. Impulsaremos una Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que cumpla con lo establecido por la Constitución Política de 1991. Apoyaremos el fortalecimiento de los entes regionales de planeación y la creación de unidades territoriales capaces de generar mayor desarrollo.
Defenderemos, preservaremos y conservaremos las fuentes de vida, los recursos naturales y la biodiversidad. Promoveremos el desarrollo y el uso de energías limpias, renovables y alternativas; impulsaremos la creación de una cultura ambiental, de consumo racional y responsable social y ecológicamente. Haremos frente a los principales riesgos ambientales de origen natural o humano. Pondremos en marcha planes nacionales de manejo de residuos sólidos, de educación para el consumo responsable de agua, energía y combustibles y adoptaremos una política de manejo pedagógico de los riesgos y las emergencias ambientales. Daremos coherencia y eficacia a la acción estatal sobre los usos del suelo urbano y rural para que sean ambientalmente sostenibles.
1. Promoveremos el fortalecimiento de una cultura ambiental entre los colombianos y el rescate y valoración de las prácticas sostenibles, tanto de las comunidades tradicionales como de otros actores urbanos y rurales.
2. Llevaremos a cabo diversos programas para garantizar el respeto y el cumplimiento de la normatividad ambiental y para combatir la generalizada impunidad de los infractores de la misma, con el fin de desterrar una de las mayores causas de la destrucción y el deterioro de los bienes públicos ambientales.
3. Pondremos en marcha planes nacionales de educación para el aprecio, el conocimiento y el manejo de la naturaleza, la biodiversidad y la diversidad cultural; para el fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico, y de los sistemas de información en materia ambiental; para el consumo responsable, especialmente de agua, energía y combustibles; para generalizar la preferencia por productos de consumo ambientalmente eficientes; y para el reconocimiento de los derechos colectivos al medio ambiente sano y el cumplimiento de las responsabilidades individuales en su protección. Fortaleceremos con pedagogía el uso racional, solidario y eficiente de los recursos naturales (agua- bosques-energía).
4. Daremos al Estado una mayor capacidad para promover el uso sostenible y competitivo del medio ambiente: devolveremos al Ministerio del Medio Ambiente y a las instancias ambientales regionales y urbanas su carácter y sus atribuciones como autoridades ambientales; adecuaremos estas agencias públicas a los nuevos retos ambientales y sociales del desarrollo económico y regional –incluyendo los generados por el cambio climático-; y crearemos una institucionalidad para la protección y buen uso de la pesca, así como de los otros recursos hidrobiológicos.
5. Fortaleceremos los procesos de licenciamiento ambiental y los estudios de impacto, así como la veeduría y el control social sobre los mismos. En estos procesos se dará prioridad a la evaluación del riesgo de pérdida de biodiversidad y diversidad cultural, así como al posible efecto sobre las fuentes de agua y el potencial de generación de servicios ambientales.
6. Desarrollaremos políticas para la recuperación y el mantenimiento de las fuentes de agua con medidas de control e incentivos eficaces. Detendremos el deterioro de los páramos y haremos cumplir estrictamente las reglas y normas de protección de las zonas de alta montaña y páramo productoras de agua.
7. Avanzaremos significativamente en la calidad del aire urbano con mayores estímulos y controles a la industria y los vehículos motorizados, y estimularemos el uso de energías y combustibles limpios y alternativos. El aire limpio es deber de todos. La calidad del aire dentro de las viviendas ocupará un sitio muy importante.
8. Protegeremos y conservaremos la biodiversidad de todo el territorio, con las comunidades y todos los actores pertinentes, jerarquizando y priorizando las acciones en las zonas de mayor riqueza biológica y que se encuentran en más alto riesgo.
9. Consolidaremos los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras. Compensaremos a las comunidades indígenas y negras por la protección de los bosques y la biodiversidad que se ubican en sus resguardos y propiedades colectivas. Complementaremos y apoyaremos los modos y conocimientos tradicionales en materia de manejo del territorio, producción, educación y salud.
10. Fortaleceremos la investigación y el emprendimiento innovador que permita el mejor uso y la protección del medio ambiente y la biodiversidad y apoyaremos la investigación y la experimentación orientadas a la generación y el uso eficiente de fuentes energéticas renovables y alternativas.
11. Adoptaremos una política de manejo pedagógico de los riesgos y las emergencias ambientales y fortaleceremos la capacidad institucional para prevenir y atender los desastres naturales.
El progreso y el desarrollo de la vida rural son condición necesaria para el desarrollo armónico de la nación. Con los municipios y departamentos desarrollaremos programas de desconcentración de la propiedad y mejora en el uso sostenible de la tierra. Pondremos énfasis en aumentar la capacidad institucional para la titulación de la tierra. Concentraremos los recursos públicos para el campo en la financiación de bienes y servicios públicos esenciales. Impulsaremos el desarrollo rural mediante el crecimiento del sector agropecuario, el fortalecimiento y la diversificación de sus vocaciones productivas y la creación de organizaciones solidarias y pequeñas y medianas empresas (PYMES).
1. Daremos prioridad a las medidas de largo plazo que promuevan el crecimiento permanente de la productividad, con base en el aumento de inversión privada, el desarrollo de nuevas oportunidades productivas y comerciales en el campo, en especial de los productores pequeños y medianos.
2. Impulsaremos el mejoramiento de los ingresos rurales mediante la creación de empleos de calidad y el cumplimiento de las normas sobre salarios, prestaciones y condiciones de trabajo. La política social complementará la política productiva para asegurar un desarrollo rural que dignifique la vida en el campo.
3. Expropiaremos las propiedades mal habidas y las adjudicaremos a los campesinos y a las víctimas del conflicto. Buscaremos los mecanismos jurídicos adecuados para restituir la tierra a las personas que han sido despojadas de ella.
4. Facilitaremos el acceso a la tierra y demás factores de producción, respetando la vocación de uso de los suelos y el equilibrio entre rentabilidad y seguridad alimentaria.
5. Buscaremos el uso en agricultura de las tierras con vocación para ello, para reducir la presión sobre la frontera rural, mediante incentivos para la redistribución de la tierra explotada en forma poco productiva.
6. Desarrollaremos programas para formalizar los derechos de la propiedad de la tierra.
7. Organizaremos cooperativas de producción, mercadeo y crédito en cultivos como la palma africana, la caña de azúcar, el cacao, y otros productos del mismo tipo, como alternativa organizativa complementaria para cultivos de plantación.
8. Promoveremos las formas de organización campesina y su fortalecimiento para mejorar la capacidad económica de los productores rurales y facilitar la apropiación de la tecnología y la promoción de desarrollos integrados a la agroindustria.
9. Impulsaremos el desarrollo del sector agropecuario mediante la tecnificación, la financiación, la formación en gestión, y el desarrollo de alternativas de inversión productiva y rentable en el sector agropecuario.
10. Fortaleceremos los sistemas de información para facilitar el acceso a los mercados de los pequeños y medianos productores agrícolas.
11. La inversión y el gasto público se concentrarán en resolver las fallas de mercado que impiden el acceso a factores productivos, el aumento de la productividad o la protección y conservación del medio ambiente; y en servir de soporte a una política social activa que mejore las condiciones de vida y el capital humano en el campo. Los subsidios se distribuirán poniendo el foco en los grupos más pobres del sector rural.
12. Fortaleceremos el desarrollo de la infraestructura rural, en áreas como vías de comunicación, servicios públicos, saneamiento básico y sistemas de riego. Para ello estableceremos mecanismos que aseguren que los recursos provenientes de la actualización catastral y del cobro efectivo del impuesto a la tierra se dirijan a la creación de infraestructura y bienes públicos para el desarrollo rural de las respectivas regiones, y a la conservación y enriquecimiento de los ecosistemas estratégicos para el agua y la biodiversidad.
13. Se fortalecerá la capacidad de investigación e innovación del país en materia agropecuaria, participación de varios actores, especialmente las universidades regionales.
14. Crearemos el Sistema de Asistencia Técnica Agropecuaria, para impulsar la creación de capacidad técnica en los productores, el impulso de redes sociales de apoyo a la asistencia técnica, y otros servicios de apoyo para el desarrollo y la prestación descentralizada de servicios eficaces y oportunos.
15. Apoyaremos la investigación y los proyectos de desarrollo para la mediana y pequeña producción rural, con el fin de impulsar productos con posibilidades de acceso a los mercados internacionales, que se apoyen en la biodiversidad del país y usen tecnologías respetuosas del ambiente.
16. Promoveremos el desarrollo de plantaciones forestales comerciales para asegurar la provisión de madera y disminuir la presión sobre los bosques naturales. Promoveremos sistemas de agricultura “orgánica”, cultivos múltiples, que combinen explotaciones forestales, agricultura y pastoreo, así como acuacultura, como parte integral de las estrategias de seguridad alimentaria. Así construiremos gradualmente un modelo de aprovechamiento de la biodiversidad que sea una alternativa a los monocultivos dependientes de insumos químicos.
17. Fomentaremos el ecoturismo y el turismo cultural controlado en las áreas protegidas y en concertación con los resguardos indígenas y las propiedades colectivas de las comunidades negras.
Buscaremos que nuestras ciudades sean sostenibles, compactas, con programas de calidad de agua y aire, servicios públicos de alta calidad y eficiencia. Promoveremos el aumento de espacios públicos e infraestructura para la educación, la cultura, la salud y la convivencia. Emprenderemos una acción estatal coherente y eficaz sobre los usos del suelo urbano y tendremos una política dinámica para la intervención en las tierras urbanas para la vivienda. Con criterios de responsabilidad y sostenibilidad fiscal, promoveremos sistemas de transporte público eficientes.
1. Nuestra primera prioridad para que nuestras ciudades sean humanas será la seguridad, para hacer efectivo el derecho a vivir sin miedo. Sobre la base de nuestra experiencia, apoyaremos la labor de las autoridades municipales para reforzar el trabajo judicial y de policía en sus ciudades y mejorar los factores que propician una mayor seguridad: espacios públicos de calidad, limpios y ordenados; una excelente iluminación; que los vecinos se conozcan; que la gente use los espacios públicos y cumpla las normas de convivencia.
2. Promoveremos la eficiencia de las empresas prestadoras de servicios públicos municipales, de modo que se garantice la ampliación de la cobertura, el mejoramiento de la calidad y la prestación del servicio con las tarifas más bajas posibles.
3. Haremos un esfuerzo coordinado entre las autoridades nacionales y municipales para mejorar la vida de los ciudadanos de los barrios más pobres, con medidas concretas como la legalización, la titulación de viviendas, el mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos, vías de acceso, transporte público de alta calidad, pavimentos, aceras, plazas, alamedas, centros comunitarios, parques y lugares de recreación abiertos a todos, ciclorutas, etc.
4. Haremos prevalecer el interés general sobre el particular en todos los aspectos de nuestro desarrollo urbano, mediante la definición de normas claras para el uso del suelo. Queremos que nuestras ciudades tengan un manejo financiero fiscalmente sostenible y transparente, y que la priorización de los recursos se base ante todo en el beneficio de las mayorías, especialmente de los más pobres y desvalidos.
5. Promoveremos la definición de una política nacional de espacio público que coordine y unifique los criterios de ordenamiento urbano y establezca mecanismos de financiación adecuados.
6. Buscaremos que se generalice en las ciudades colombianas un desarrollo urbano de alta densidad que, sin excluir las construcciones elevadas, de prelación a edificios de cinco o seis pisos, en entornos de grandes aceras, alamedas peatonales y parques abundantes, con comercio y servicios comunitarios cercanos como educación, salud y recreación y transporte público eficiente.
7. Promoveremos la adquisición por el Estado de grandes bancos de tierra en las ciudades para organizar bien el crecimiento y destrabar la construcción de vivienda popular. El costo de cada uno de estos bancos de tierra sería una fracción del de otros grandes proyectos de infraestructura.
8. Nos aseguraremos de que los proyectos de vivienda popular se conciban y ejecuten de manera integral, de modo que no sólo contemplen las viviendas sino todo lo necesario para una vida digna, incluyendo escuelas y colegios de calidad y suficientes espacios públicos para el disfrute y el contacto entre los vecinos. En este contexto, y como elemento fundamental de justicia y equidad, se promoverá la reubicación de los barrios y viviendas populares que se encuentran en zonas ambientalmente vulnerables.
9. Haremos más exigentes las normas de construcción y urbanismo para facilitar la vida y el movimiento de los discapacitados en las ciudades y las haremos cumplir.
“Vida digna para las mujeres, desarrollo para el país”. Las mujeres son más de la mitad de la población de nuestro país, constituyen base fundamental de la democracia y el desarrollo. Colombia necesita adquirir un compromiso real, efectivo y equitativo con las mujeres mediante políticas públicas que busquen superar obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos, e incidir directamente en la agenda de país. Asumimos el compromiso de fortalecer la inclusión y de respetar la diversidad al reconocer entre otros, el papel protagónico que tienen las mujeres, a través de acciones para una vida digna, su desarrollo integral, su seguridad y protección, y su participación social y política. Dichas acciones de cambio cultural se concretarán en el acceso a servicios y oportunidades y en estrategias de educación, información y comunicación para socializar e implementar leyes y políticas de cambio. Para garantizar la voluntad y legitimidad de la política de igualdad, nos comprometemos a crear el Ministerio para las Mujeres y la Igualdad de Géneros, como instancia de primer nivel que gestione y garantice una agenda pública incluyente y sostenible social y económicamente, con amplia participación de los movimientos sociales de mujeres y la sociedad en su conjunto.
1. En las políticas públicas se incluirá el enfoque de derechos que responda a las necesidades particulares de las mujeres permitiendo un tratamiento diferencial, para garantizar la equidad de género, lo cual se concreta en los siguientes ejes de derechos: vida digna, desarrollo integral, seguridad y protección y participación, se priorizarán las políticas educativas desde la primera infancia en el sistema formal y no formal, en particular la transformación de las propuestas curriculares y de formación docente y ciudadana. Daremos cumplimiento a todo el marco legislativo aprobado en las últimas décadas en materia de bienestar y desarrollo de las mujeres colombianas. Como parte de la política de igualdad para las mujeres, promoveremos un cambio cultural a través de un plan general de comunicaciones que busque la legitimación del estatus ciudadano y participativo de las mujeres en el desarrollo del país.
2. En los primeros seis meses, estableceremos una línea de base que ubique a las mujeres en todos los temas del desarrollo del país. Esta línea se constituirá en insumo del plan nacional de desarrollo y en el plan comunicacional del gobierno. A través del observatorio de asuntos de género dicha línea será analizada y ajustada anualmente.
3. Realizaremos acciones afirmativas para acelerar el logro de la igualdad en la inclusión y representación política de las mujeres tales como: Cumplimiento riguroso de la Ley 581 del 2000 sobre cuotas en altos cargos de decisión y la reforma a la ley de partidos que garantice los derechos de las mujeres a una participación política equitativa: cuotas en candidaturas y cargos de dirección y presupuesto específico para promoción y consolidación del liderazgo de las mujeres.
4. Para erradicar toda forma de violencia de género en las interacciones familiares y sociales en Colombia, aseguraremos el cumplimiento de la legislación que garantiza y protege los derechos humanos de las mujeres. Daremos cumplimiento riguroso a la Ley 1257/08, que sensibiliza, previene, erradica y sanciona la violencia física, psicológica, sexual, patrimonial y económica contra las mujeres.
5. En el marco de un país en conflicto armado garantizaremos el cumplimiento al auto 092, a la sentencia T-025 y a la T-496 de la corte constitucional que exigen y garantizan la protección y restitución de los derechos vulnerados a las mujeres víctimas mayoritarias de violencia y desplazamiento forzado.
6. Con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos para que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y cuenten con condiciones para ejercer su autonomía en el plano de la libertad, la responsabilidad, el placer y las relaciones igualitarias; se garantizará el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, el acceso universal y gratuito a la anticoncepción, la reducción de la morbimortalidad materna y el desarrollando de estrategias comunicativas y de educación. Con relación a las adolescentes adelantaremos una política que reconozca la sexualidad juvenil como una dimensión legitima del desarrollo humano, apropiada, saludable y necesaria, y promoveremos su ejercicio responsable, seguro y placentero, a través de estrategias de mejoramiento en estrategias de atención, movilización social, pedagogía social, garantizaremos acceso gratuito a servicios especializados, y que estimule en ellas el desarrollo de un proyecto de vida digno y sostenible.

Partido Verde Colombia

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