Vía Libre

Según la pequeña encuesta que hice sobre si colocan la bandera peruana en sus viviendas, la mitad dice que sí y la otra dice que no. Para motivar a los que no lo hacen, la Municipalidad de Lima junto con los municipios distritales planean fomentar los valores cívicos y patrióticos de todos los peruanos obligándonos a pagar una multa de 175 nuevos soles (Ver nota) si es que no colocamos nuestras banderas.

Hace unas semanas, coloqué un post confesando que ni mi casa tenía bandera, sin embargo, la mía y las casas de más de 20 vecinos (de las 44 casas de dos frentes que tiene la avenida donde vivo) ya tienen los colores patrios en los techos y ventanas.


Además, este mes bicolor ha despertado otro tipo de patriotismos. Hace no mucho se han quejado muchos pobladores del distrito La Esperanza en Trujillo porque una de las vecinas tiene su casa pintada al esilo de la bandera chilena (Ver nota del diario Correo). Aunque la dueña de la casa asegure que es por respeto y agradecimiento, todo el lío que se ha armado la ha obligado a borrar la 'estrella' característica de la bandera de nuestro país vecino por sugerencia del propio alcalde. Sin embargo, ella aseguró en un reportaje de ATV Noticias (ayer 24/07/08) en la noche que volverá a pintar la estrella el primero de agosto.

Por otro lado, la modelo Leysi suárez se encuentra en problemas por haber posado desnuda junto a la bandera peruana (Ver Nota en Correo, RPP.com), hay una denuncia personal en la Segunda Fiscalía Penal de Lima pero no a la revista D'farándula como responsable intelectual.¿por qué la única perjudicada podría ser la artista del grupo Alma Bella? Asimismo, le vino buena la pulblicidad porque las imágenes de esa revista con la modelo y la bandera bicolor están por todos los rincones.

En general, todos estas acciones me parecen una exageración total. Sin embargo, en el último caso si es que hay algún tipo de delito que se haya cometido, entonces, aunque piense que es una huachafada politiquera pseudo-patriótica espero que las autoridades estén guiados por la constitución y no esén actuando motivados para dar una respuesta al escándalo .

ARTICULO PUBLICADO en IMPRESION 20 (Revista de la Facultad de Comunicaciones de la PUCP)
Págs 28-29
Por: Sofía Pichihua

“Perú, país energético minero” es el slogan que tiene el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Nuestro país tiene una tradición minera que se remonta a civilizaciones preincaicas en el tratamiento con el oro, la plata y el cobre. En el Imperio Inca también se utilizaba estos minerales. En la colonia, los españoles explotaron plata de la mina de Potosí y el mercurio de algunas zonas de Huancavelica. Durante la República la explotación del guano y salitre duró casi cuarenta años.

El sector minero se convirtió en un gran atractivo para la inversión extranjera, y se desarrolló gracias a las nuevas normas políticas que en la década de 1950 favorecían el capital extranjero. Sin embargo, fue en la década de 1990 cuando el progreso incluyó normas sociales y ambientales.

Hoy en día la minería es, como hace cientos de años, una actividad en constante progreso debido a los cambios técnicos. Pero, a pesar de ser muy rentable, también se presenta como peligrosa. Las leyes a favor del medio ambiente demuestran la preocupación que hay respecto a las posibles repercusiones que puede tener esta actividad en la naturaleza. Los aspectos sociales también están incluidos en las observaciones que se hacen al sector. Y muchas veces son los habitantes de una comunidad los que se niegan a integrarse a esta actividad mientras que el Estado, por su lado, la sigue apoyando.

El más reciente caso es el de la minera Majaz S. A., que tiene un proyecto de exploración en Yanta y Segunda y Cajas (Piura), comunidades que cuentan con más de treinta y nueve poblados. El proyecto es rechazado por la población de un fuerte vínculo con la agricultura. Los intentos del Estado y de la minera se enfocan a la concertación comunitaria, mesas de diálogo y otras actividades para integrar las comunidades al proyecto con planes de desarrollo sostenible que satisfagan sus necesidades sociales, económicas y ambientales.

Piura no tiene una tradición minera. Y la negativa a que se exploren y exploten minerales en esa región no es reciente. En el 2002, la provincia de Tambogrande realizó una consulta vecinal que dio resultados negativos al proyecto de la empresa minera Manhattan para explotar oro. Posteriormente, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) retiró la concesión.

¿Se repetirá la situación de hace cinco años? El 16 de septiembre se realizó una consulta vecinal no sólo en Huancabamba, Pacaipampa y Ayabaca donde más del 90% de cada distrito votó por el NO, sino también en Talara, Sechura, Sullana, Paita y Morropón donde el SÍ predominó. La iniciativa de estos últimos distritos por realizar la consulta evidencia su interés por participar. Se sabe que esta consulta no es vinculante, por lo que, no necesariamente se debe tomar en cuenta. Sin embargo, no prestarle atención sería un grave error.

Lo que defienden los comuneros es el majaz, y señalan como absurda la presencia de la minera Majaz que, acabaría con un mamífero en peligro de extinción.


El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no está completo, y las acciones que se tomarán no están del todo claras. Lo cierto es que hay un delicado problema de comunicación –y no sólo de información que, por cierto, no es lo mismo. El Estado da evidencias de no saber cómo manejar el tema, apoyan al cien por ciento la inversión minera pero no muestran comprensión a los que no están de acuerdo con ella: los acusan de comunistas y esperan convencerlos. Muestra los aspectos supuestamente positivos, pero la publicidad de esa forma no le funcionará con ellos si no exponen todo el panorama.

La Mesa de Diálogo –ocurrida el diez de septiembre- permite resaltar la tardanza de acción de parte del Estado. Además, esta llamada al diálogo tan repentina no podía asegurar la presencia de los alcaldes invitados, quienes por lejanía o una agenda ocupada no llegaron. Se ha pretendido dar a entender que ellos son los que no quieren entrar al diálogo cuando el Estado claramente ha dado signos de interés ‘algo’ tarde.



Realmente hay poca confianza en el Estado, la comunicación no sólo involucra la atención que corresponde a la empresa interesada frente a los habitantes involucrados sino también el Estado debe estar presente como regulador y no como negociador.

Y no es solo la poca fe en el Estado: la mala imagen de la minería incrementa la desconfianza de los involucrados en este proyecto. Desde la Colonia, las empresas han prometido tanto o más que los postulantes a la presidencia y muchas veces no han cumplido. Llegan, se quedan veinte o treinta años, se van y ‘lo que pasó, pasó’, como dice la canción. Lo primordial es ser concientes de los problemas que produce la minería y las posibles soluciones para no terminar con una ciudad casi fantasma o desaparecida por falta de un Estado que defienda los derechos de su pueblo.

Como siempre, hay de lo bueno y lo malo, algunas mineras se han esforzado por dar lo que el Estado no brinda, pero están obligadas a hacerlo porque es una forma de marketing a la minería, y porque la responsabilidad garantiza la confianza. Lo mismo ocurre con los medios y la credibilidad.

La información es fundamental. La gente necesita saber qué va a pasar en sus tierras, qué beneficios puede traerles una actividad como esta y qué desventajas tendrá. Debería haber signos de comprensión: tienen temor a perderlo todo por una supuesta comodidad breve. Ya quisiéramos que la felicidad durara para siempre. El Estado debe fortalecer su marco legal y no lanzarse al primer inversionista que se presente delante. La gente debe deducir que los beneficios no caerán a ellos sino al Estado, porque la minería genera dinero por las regalías y tributos. Sin embargo, el consumo local puede incrementarse. De hecho, los puestos de comida generarán grandes ingresos, y seguramente, como en otros lados, los prostíbulos también. Ese aspecto negativo también es rechazado por las comunidades en declaraciones a la prensa y no sólo el impacto ambiental que generaría la explotación de minerales en la zona.

La presión es evidente. El caso de radio Cutivalú despertó el interés de muchos críticos y comunicadores. La negativa de la radio para no transmitir un aviso del Estado sorprendió a muchos cuando según la Ley de Radio y Televisión da la libertad de aceptar o no la emisión de un mensaje. Después de que el MEM corrigiera el audio –que fue atacado por contener una opinión a favor de la minería e información falsa- la radio en cuestión tuvo la intención de transmitir el aviso, sin embargo, el MEM no se pronunció. Tanto el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) como el Consejo de Prensa Peruana (CPP), desde su Tribunal de Ética, apoyaron a radio Cutivalú y consideraron que el caso no es un acto de censura sino de ética. Este tema, que generó mucho debate, deja interrogantes con relación a la función de los medios y a la postura del gobierno. Está claro que la prensa no puede ser objeto de monopolio del Estado. Y que la libertad de expresión no es sólo de los dueños del canal o emisora sino de todos los ciudadanos.


La minería no comunica by Sofía Pichihua is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-Sin obras derivadas 2.5 Perú License.