Las empresas se encuentran obligadas legalmente a preparar la información financiera de la compañía, de manera transparente y confiable, no sólo a los socios (stockholders) y terceros con interés (stakeholders).

Ello no sólo es una obligación legal, sino también una necesidad, pues su incumplimiento podría originar graves consecuencias financieras inimaginables, que ponen en peligro no sólo el buen manejo de la propia empresa sino el del sistema económico de un país o una región.

Basta recordar los fraudes empresariales más conocidos mundialmente, como son los casos Enron, Parmalat, WorldCom o Madoff, que no sólo generaron graves perjuicios a sus empresas, a inversores que fueron defraudados, sino también agudizaron la crisis financiera internacional, principalmente en los Estados Unidos y Europa.

Estas compañías tenían antecedentes de ser muy serías y eficientes, sin embargo, a la luz del tiempo, en algún momento dejaron de serlo e hicieron los posible por mantener esa imagen a costa de exhibir cifras irreales, lo que finalmente fue descubierto por las agencias fiscalizadoras.

Los casos descritos generaron un impacto en la regulación empresarial, pues a raíz de la poca transparencia en las operaciones financieras de las empresas sancionadas, se promovió una corriente por parte de las empresas y gremios del mercado busátil para recuperar la confianza que había perdido el pequeño y gran inversionista de las bolsas de valores, principalmente impulsando la aplicación voluntaria de los Principios de Buen Gobierno Corporativo (PBGC).

Hoy en día, es una tendencia mundial que las propias empresas reguladas elaboren y apliquen libremente estos principios de buen gobierno, sin tener que esperar una regulación gubernamental especial por parte del Estado. Estos principios tienen por propósito elaborar una información financiera más precisa y puntual que aquella que exige la legislación y que es sometida a conocimiento de los inversores, las entidades bancarias y las organismos reguladores.

En el país, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), exige a las sociedades peruanas que coticen en la Bolsa de Valores de Lima, que, conjuntamente con sus estados financieros auditados, se presente un informe sobre el grado de cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo.

Cada vez se tiene más conciencia sobre la importancia de aplicar los Principios de Buen Gobierno Corporativo, no sólo para sociedades que cotizan en bolsa de valores sino también a las empresas no cotizadas, con ello se previene la aparición de casos similares como a los referidos anteriormente.