Todos estos años y no hemos aprendido. Desde inicios del año 2000, el Perú ha sido escenario, con mayor intensidad, de una diversidad de enfrentamientos entre los pobladores de los lugares concesionados para desarrollar proyectos mineros y la Policía Nacional, institución que básicamente, en el mejor de los casos, intenta impedir cualquier acción contraria al ordenamiento y buscar que se respeten los compromisos contractuales asumidos por el Estado Peruano. Sin embargo, no hemos adquirido experiencia para solucionar el problema: ¿Por qué los pobladores del lugar se oponen a los proyectos mineros? Político tras político, dirigente tras dirigente, ministros tras ministros y no hay una solución efectiva. Se ofrecen diálogos, propuestas, pero nada de nada.
Hay que tomar en cuenta que uno de los principales factores que ha generado el descenso (en todo caso) de la economía peruana es la división social. Mientras los proyectos de gran evergadura esten cuestionados por los lugareños, no se generará un bienestar integral. Al mismo tiempo, mientras no se profundice en buscar cuál es el bienestar de los lugareños que desean alcanzar para no cuestionar la ejecución de un proyecto minero, no se generará un bienestar integral.
De hecho, como muchos autores lo han señalado, en el Peru, si encuentras oro en tu casa, te vas a volver pobre, porque tendrás que irte de ese lugar. Tu derecho de propiedad cuenta con esa restricción.
Si queremos una solución que permita la licencia social a los proyectos mineros, quizá sea necesario una revisión del derecho de propiedad. A nadie le gusta que le quiten las cosas. Por más justificación legal que exista (expropiacion, por ejemplo). Si se descubre oro justo en tu casa, la probabilidad de que aceptes irte de allí sin oponer resistencia es remota. En principio tendría que existir para ti un beneficio plenamente equivalente y, desde luego, una indemnización porque tú vas a tener que pagar un severo grupo de costos no planificados por causa del traslado y la modificación del plan de vida (que para los demás peruanos nos puede resultar tan indiferente porque podemos creer que estos costos no existen). Costos sociales, climáticos, tradicionales. muchas de estas cosas jamás se adoptan o asumen al momento de una expropiación.
Pero, qué tal si los propiestarios de un lugar donde se encuentra oro no dejan de serlo al momento de concesionarlo? Qué tal si los propietarios se vuelven socios minoristas de los proyectos mineros? Qué tal si los porpietarios reciben una cuantiosa indemnización que sea capaz de compensar el hecho de abandonar sus tierras, su comunidad, su paisaje, etc.?
La solución podría radicar en un enfoque de reconocimiento de propiedad y en la indemnizacion, en convertir a los afectados, tanto propietarios como a los afectados por los posibles riesgos de contaminación, de modificación de paisaje, etc. No es una propina, no es que el Estado les esté beneficiando más, simplemente debiera ser el derecho de cada ciudadano que, afortunadamente o desafortunadamente, ha vivido o vive encima de minerales.
La insatisfacción, las promesas no cumplidas, la mentira, es lo que ha generado que los pobladores de Tía María reaccionen, tal y como se reaccionó en Conga y antes en Yanacocha. la mentira ha logrado posicionar a los dirigentes de doble tendencia, a los politicos de doble conciencia y evidentemente ha generado un injustificado desprecio de peruanos contra peruanos. Culpan al manifestante porque hace sentir su incomodidad, su enojo contra el sistema, su rabia contra las mentiras y contra las muestras de soberbia y falta de prestación de importancia al problema que atraviesan. Y creemos que ellos son los culpables de que los proyectos mineros no funcionen.
Ese desprecio se ha vuelto muy marcado los últimos años. La población que protesta contra proyectos mineros es catalogada como roja, como ignorante, como desconsiderada y contraria al desarrollo. Estos calificativos despectivos, no hacen otra cosa que incrementar la tensión y desde luego, la discordia, cuya reacción en cadena le genera al Perú costos de transacción elevados a tal punto que impacta sustancialmente en la economía nacional. No hay que ser tan precipitados en las opiniones. Debemos exigir un cambio estratégico en las directrices para obtener el ansiado permiso social y dar paso a una explotación responsable.
Por otra parte, vale precisar que el único responsable de que los proyectos mineros no se desarrollen es el gobierno. Sin un marco regulatorio estable y fortalecido que no genere tantas confusiones, sin una estrategia política de solución de conflictos que abarque el reconocimiento de derechos de propiedad e indemnizaciones, vamos a continuar encapsulados en los conflictos y los grupos anti mineros, siendo las empresas concesionarias y la economía peruana quienes asumirán a un costo sobregirado la incapacidad de toma de decisiones.
El Perú necesita impulsar su desarrollo y tiene recursos para hacerlo. El retardo en la explotación de los proyectos mineros nos afecta a todos.
*Aclaro que los aspectos relacionados con el impacto ambiental de los proyectos mineros no han sido tomados en cuenta en este post.