Madre de Dios: ¿Por quién doblan las campanas?

20120321-madre_de_dios_oro.jpg

Las elecciones siempre tienen un poco de carnaval pero a pesar del escepticismo ciudadano también avivan las esperanzas de que algunas cosas se arreglen. Con este nuevo gobierno ciertamente se esperaban muchas cosas que no se vienen cumpliendo, pero una en particular me interesaba, era la esperanza que los conflictos sociales no resultaran en muertes innecesarias como las ocurridas recientemente en Madre de Dios.

Ya en setiembre del 2011, a escasos 2 meses de asumir el gobierno, el conflicto en Tacna por la ampliación de la concentradora de Southern había arrojado 19 heridos de bala, y afortunadamente ningún fallecido. Este incidente pasó desapercibido en la Opinión Pública, preocupada por el rumbo económico del nuevo gobierno, pero era un claro indicio de que las cosas en materia de prevención y resolución de los conflictos seguían igual que antes. Ahora el conflicto en madre de Dios ha derivado en la muerte de 3 personas y ha develado una vez más la inoperancia del enfoque y actuación Estatal.

Sobre este conflicto está claro que el gobierno ha heredado un pasivo enorme pues dada la inacción de Toledo y especialmente de García el problema de la minería informal e ilegal se ha convertido en una economía paralela de la cual dependen una larga cadena productiva que según algunos cálculos involucra a cerca de medio millón de personas (según de FENAMARPE). Está claro también que este gobierno sí tiene la voluntad de resolver esta problemática dado el alto impacto que tiene a nivel ambiental, social y en el fortalecimiento de otras mafias.

Sin embargo, desde la perspectiva de la población articulada a la minería ilegal, se trata de un escalamiento generado por el gobierno, donde el Estado es percibido como un interventor que perjudica su acceso a los recursos y afecta el empleo que ellos mismos se han generado, en regiones donde el Estado no invierte y se perciben marginados del crecimiento económico. Este conflicto encaja más en el modelo “Agresor- defensor” que el de Conga donde el Estado era un interventor que buscaba regular, de manera parcial o imparcial, un conflicto entre las comunidades y la empresa, involucrados hace tiempo en una espiral de agresión-respuesta.

Lamentablemente el gobierno aún no tiene claro que la solución autoritaria sirve tal vez para la tribuna, pero por si misma no resuelve ningún conflicto. Si bien en el “conflicto Conga” la actitud enérgica del premier Valdez significó algunos puntos en la aprobación presidencial, en el mediano plazo está generando un embalse mayor del conflicto con resultados difíciles de predecir.

El problema es la forma en que se han gestionado las normas, la manera en que se ha conducido las negociaciones y las malas decisiones para contener la protesta. No basta con que el gobierno y la opinión pública capitalina sepan los daños que esta actividad genera. Es necesario construir consensos, especialmente entre la población de Madre de Dios y demás localidades donde la Minería ilegal viene operando, difundir técnicas sostenibles, generar planes de legalización, antes de iniciar un proceso tan difícil y complicado. En otras palabras, en necesario un plan de prevención del conflictos y alternativas de solución y no ponerse a pensar en ellas recién después de las crisis.

No vemos en el gabinete quien abogue por el diálogo, quien establezca puentes entre las partes más dialogantes, quien construya confianza y condiciones para la negociación, no observamos campañas informativas, solo enérgicas decisiones unilaterales policiales y legislativas que ilusamente creen que van a acabar con la problemática y de paso con el conflicto social que crece alrededor de esta.

Al igual que el famoso poema de John Done, citado por Hemingway, esta vez las campanas doblan no solo por los 3 muertos sino también por las débiles estrategias del gobierno regional, por la forma de gestionar los conflictos del gobierno central y por la indiferencia de la sociedad civil.

Conga, ¿QUO VADIS?

20120309-laguna_perol.jpg
Usualmente es difícil predecir los acontecimientos en un conflicto, menos aún cuando se trata de uno tan complejo como el de Conga, sin embargo, lo que sí es factible es analizar los procesos en curso. A estas alturas, desde el punto de vista de la transformación del conflicto tal vez la pregunta clave no es de si “Conga va o no va” sino ¿Hacia dónde va Conga?

En todo conflicto existen actores, problemáticas y procesos y al parecer esto último es lo que menos atención ha merecido por quienes tienen la responsabilidad de gestionar el conflicto. Administrar los procesos en un conflicto es poner mucha atención en mantener la imparcialidad del que interviene (sea el funcionario, la autoridad o los peritos designados por ellos), desarrollar mecanismos de diálogo y de manejo de crisis mínimos con las otras partes, un ejemplo de ello es el respeto a los corredores humanitarios de la Cruz Roja, pero también, es clave intervenir en las actitudes y percepciones.

Empecemos por la neutralidad, lamentablemente el primer ministro Valdés ha demostrado estar muy mal asesorado, su famosa frase “Conga va” no fue nada musical, todo lo contrario, generó una estridencia en que acrecentó la desconfianza de pobladores y activistas en el peritaje oficial del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) .

A pesar del tropiezo inicial,hubiera sido una buena oportunidad desarrollar los términos de referencia involucrando a actores técnicos regionales y nacionales como los Colegios de Ingenieros y por tanto ampliar la base de diálogo para sacar adelante este proceso. Sin embargo, se optó por hacerlo de forma unilateral, además que las postergaciones y finalmente la elección a dedo del perito principal solo pusieron más sombras en un proceso que debió ser prístino. El resultado fue previsible, la encuesta reciente de Ipsos-Apoyo demuestra que el 51% de la población cree que los peritos harán “lo que el gobierno les pida”, por tanto, el principal punto de apoyo del Ministro Valdés “la opinión pública nacional” se encuentra debilitado y evidencia una gestión improvisada del conflicto con una falta de estrategia técnica para su abordaje.

Otro error en la gestión gubernamental de los conflictos socioambientales, de este gobierno y de los anteriores, es pensar que los conflictos hay que ganarlos como si fueran una batalla, y que esta batalla se desarrolla en Lima y en los medios limeños. Los conflictos de Tía María y Majaz demostraron que la opinión pública de Lima afecta muy poco a las posiciones, intereses y acciones de las partes opositoras alos proyectos mineros en las regiones. Tal vez envalentona a la empresa minera o crea la sensación de legitimidad para una intervención policial “radical”, la cual no es una solución al conflicto, basta con revisar lo actuado en Bagua, Puente Montalvo, el “Arequipazo”, etc.Por el contrario, el cerco mediático de los medios nacionales puede ser contraproducente y exacerbar más los ánimos,como en el conflicto de Puno, donde la población reaccionó con indignación cuando se sintió ninguneada por la prensa limeña quien los trató de ignorantes y se burló de sus prácticas religiosas.

Hay que mencionar además, que toda intervención técnica debe ser mantenerse imparcial, y este equipo de peritos ha comenzado su labor con el pie izquierdo, cuando ante una pregunta del periodista el consultor principal, Fernández Rubio, volvió a afirmar que en el conflicto Tía María la población dio muestras de incivilización. Ciertamente no distingue entre los grupos radicales y el apoyo mayoritario de la población a la movilización, de otro lado tampoco distingue los comportamientos violentos de ciertos grupos de las protestas pacíficas de la mayoría de pobladores. Calificar a las personas que protestan del tercer mundo como “incivilizados”, sustantivizándolos, ciertamente demuestra un enfoque etnocéntrico, pues no reconoce que en España y en Europa vienen en aumento similares protestas con quemas de autos y enfrentamientos con la policía, porque, al igual que los campesinos de Islay o de Cajamarca, tienen el temor que sus medios de subsistencia se vean amenazados por las decisiones gubernamentales y de las empresas.

Por último, el ministro del ambiente, se equivocó al señalar en la conferencia de prensa de presentación que “el peritaje busca solucionar el conflicto ocasionado por el proyecto Conga”. Los estudios técnicos como el EIA o los peritajes no son “laudos arbitrales”, no determinan por si mismos quién tiene la razón. Un documento de esta naturaleza no gestiona los conflictos y desmoviliza las voluntades y actitudes opuestas a Minera Yanacocha que tiene años de incubación, a lo más deslegitima públicamente una de las dos posiciones o ambas, pero no es una varita mágica para su transformación.

Según lo expuesto vemos con preocupación la falta de fundamentos técnicos del actual equipo ministerial para la gestión de conflictos, en primer lugar porque los equipos de gestión de conflictos de los ministerios y de la misma Presidencia del Consejo de Ministros se encuentran en la misma situación de orfandad, falta de presupuesto, escaso poder de intervención, débil capacidad técnica y de cobertura. En segundo lugar porque los reglamentos y procesos administrativos son los mismos de gobiernos anteriores. Basta mencionar tres“perlas”: poco ha cambiado en el otorgamiento de las concesiones, en la aprobación de los EIA y en la fiscalización ambiental (la OEFA, solo tiene oficinas en 8 regiones y no se da abasto). En tercer lugar y lo más preocupante es que quien gestiona los conflictos es el primer ministro Valdés y su concepto de diálogo lo resume todo: “diálogo es respetar el estado de derecho, respetar a las autoridades y a la población”.

Vuelvo a insistir, es difícil predecir un conflicto, pero lo cierto es que los encartes y spots de Yanacocha y su falta de autocrítica, la intransigencia de Gregorio Santos, y la incapacidad de este gobierno –al igual que los anteriores- para gestionar el peritaje, y para desarrollar un plan estratégico de gestión del conflicto posterior a los resultados técnicos, están llevando a una situación de polarización mayor, en la que un informe técnico de los peritos no va solucionar nada. Sigue leyendo

Conga: Una cosa es con hoja de ruta y otra con políticas

Contra lo que se puede afirmar desde el sentido común, la actual situación posterior al paro de Cajamarca, con la renuncia del premier Lerner es el resultado de una falta de políticas públicas y un exceso de operadores políticos. El conflicto de Conga evidencia una vez más lo que expertos de diversas tiendas y colores han venido observando: La ausencia de una arquitectura gubernamental para el abordaje de los conflictos socioambientales.

En los últimos años la gestión de conflictos se ha nutrido de diagnósticos pero también de propuestas, durante las elecciones diversas instituciones alcanzaron a todos los candidatos propuestas generales y detalladas de cómo desarrollar una institucionalidad que prevenga los conflictos para que no actúe de bombero bufo sin agua en la cisterna, sin embargo, el problema central sigue siendo la dificultad de que las propuestas permeen a los funcionarios y autoridades.

¿Por qué es tan difícil desarrollar una institucionalidad pública que gestione los conflictos de manera temprana y acertada? La respuesta es simple, la gestión de conflictos no se reduce únicamente a convencer a los que protestan de que sus demandas son infundadas y que el gobierno puede invertir en más pistas y construir una represa pero dejar las cosas con la empresa minera tal cual. Este esquema de una negociación transaccional ha fracasado repetidamente y el nuevo gobierno insiste en el error.

Gestionar los conflictos implica abordar las problemáticas de fondo, que originan el problema, transformar las causas mediatas que amenazan el acceso de la población a los recursos para cubrir sus necesidades básicas y abordar las relaciones deterioradas entre empresas y campesinos. En estos tres puntos los gobiernos pasados y el actual no tienen una ruta de cambio que se plasme en una política pública. La declaración de los voceros del gobierno de que la prioridad en el uso del agua es el consumo humano, luego la agricultura y posteriormente la minería, no se traduce en políticas concretas.

A mi juicio hace falta un mayor manejo técnico, pero en una dirección muy diferente a la que el nuevo premier Valdés plantea. En primer lugar los instrumentos técnicos que son materia de controversia deben replantearse, estos fueron hechos a la medida de las empresas, sin un consenso social y como parches a las leyes fujimoristas de inversión minera que datan de hace 20 años y en un contexto nacional y ambiental muy diferente.
En primer lugar, la elaboración, aprobación y gestión de los EIAS (Estudios de Impacto ambiental), tienen muchos defectos: Los elaboran consultoras a pedido y medida de las empresas mineras, estos EIAS los aprueba el Ministerio de energía y minas (MINEM) con un equipo de técnicos limitados en número y en especialidades, y sumamente sobrecargados, y no exentos de fuertes presiones de las empresas. El informe de UNOPS sobre el EIA del proyecto Tía María encontró 138 observaciones y demostró la ineficiencia del equipo del MINEM a cargo de la aprobación de los EIAS, sin dejar de mencionar la famosa pero inubicable consultoría elaborada para el MINEM por una experta donde encontró que muchos de los EIAS de las empresas mineras eran de copia y pega de otros.

Además de ser juez y parte, el MINEM no involucra, en la decisión, a los otros ministerios como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente, tampoco recoge las opiniones de la población antes de otorgar la conseción. En tal sentido este proceso tiene el disfraz de “técnico” y legal pero es a todas luces ilegitimo y no se corresponde con las necesidades de la nación.

Otros instrumentos “técnicos” como son la audiencia pública y la difusión del EIA también adolecen de problemas de diseño y de vicios en su aplicación. En la práctica la difusión no tiene ningún parámetro y no garantiza que la población conozca el EIA y por lo tanto al desconocerlo no opina y cuando se entera de cómo los afecta es muy tarde pues el MINEM ya aprobó el EIA.

Las audiencias públicas, por su parte, son todo menos públicas, las empresas (como sucedio en el conflicto de la petroquimica en Paracas) y en algunos casos el ministerio del interior (recientemente en Conga) elaboran las listas de los participantes y oradores, restringiendo la participación de los líderes opositores, de las instituciones que acompañan a las comunidades. Es conocido, además, el uso de power points en castellano en audiencias con quechuahablantes, o su realización en el propio campamento minero como ocurrió en Toquepala en setiembre.

En la práctica, antes de las audiencias, muchas empresa prometen a las comunidades una serie de beneficios que luego de aprobado el EIA no siempre cumple, lo cual se refleja en que la mayoría de conflictos que reporta la defensoría del pueblo es por el incumplimiento de promesas y una vez iniciadas las operaciones otra cosa en con cajón.

Algo similar pasa en las negociaciones con los dirigentes de las protestas, como ha ocurrido en los gobiernos anteriores, sigue siendo conducida de manera empírica e improvisada, lo demuestra el video difundido sobre las gestiones del ex-premier Lerner, que con todas las buenas intenciones carece de un experto en facilitación y se recurre a la presión por tiempo como estrategia de negociación.

De otro lado, como es ampliamente conocido quien informa al gobierno de la situación del conflicto y quien selecciona a los participantes de las negociaciones no es un personal técnico en gestión de conflictos y crisis sino el servicio de inteligencia nacional. Quien haya leído sus informes tendrá en claro que son útiles para identificar enemigos y anularlos para guerras externas pero demuestra una total ignorancia de qué son los conflictos socioambientales, sus dinámicas, causas y naturalezas. Este es otro ejemplo donde se carece de un procedimiento técnico adecuado.

En conclusión, los procesos “técnicos” para gestionar los conflictos no son eficientes, justos, ni participativos y no cumplen con los requisitos mínimos de los estándares internacionales. El gobierno se debe ocupar de una vez por todas de desarrollar una política de gestión de conflictos que implique un nuevo consenso entre diversas fuerzas políticas dialogantes que siente las reglas de juego para gestionarla.

Mientras el gobierno no haga su tarea los conflictos seguirán jaqueando la gobernabilidad del país, las inversiones y los derechos de las poblaciones. Tener una hoja de ruta no basta en absoluto, hace falta dejar atrás el periodo electoral y pasar a la etapa de políticas públicas que articule las diferentes visiones de los ministerios y concrete la política de priorización que el mismo presidente Humala plantea. Caso contrario tendrá que asumir el costo político: Bajar en las encuestas y perder el apoyo social ganado y la paralización de muchas inversiones y asumir un destino similar al del APRA. Sigue leyendo

¿Qué hacer desde el Estado para la prevención de conflictos socioambientales? ***

Los conflictos socioambientales son tal vez una de las problemáticas que sintetizan con más claridad las fracturas históricas existentes entre los ciudadanos y el Estado, pues expresan la incapacidad del Estado para realizar intervenciones preventivas, descentralizadas, que prioricen los derechos de las comunidades. Las demandas detrás de los conflictos evidencian también la ausencia de servicios básicos en las comunidades en las áreas de influencia de los proyectos mineros y energéticos y el abandono en que viven.
A diferencia de otras problemáticas como educación o la salud, en la prevención de los conflictos socioambientales hay casi todo por hacer. El impulso que el Estado dio a las inversiones a mediados de los noventas, no fue acompañado de una normatividad, de una institucionalidad y de actuaciones de los ministerios, que preserven con igual ímpetu el medioambiente, los derechos de las comunidades, y la participación de la sociedad en la gestión de las problemáticas que se originaron a partir de los proyectos mineros, gasíferos y de generación de energía. En tal sentido es necesario desarrollar toda una arquitectura de la intervención Estatal en materia de prevención de Conflictos socioambientales que nosotros resumimos en 5 puntos.
Una de las medidas urgentes consiste en desarrollar capacidades en el Estado para poder intervenir tempranamente, allí donde ocurren las problemáticas y en el momento en estas se gestan antes de que los conflictos deriven en crisis. Por ello, es necesaria una institucionalidad al interior del gobierno regional, como una subgerencia, que con los recursos necesarios pudiera generar diálogos facilitar acuerdos y expandir las opciones de solución a los problemas.
Otra de las necesidades es que el Estado involucre a los diferentes actores de la sociedad, movilizando los recursos humanos existentes: A las instituciones de la sociedad civil que pueden cumplir un rol de mediadores o de analistas de los conflictos, a medios de comunicación que puedan servir de garantes u observadores de los acuerdos, a líderes comunitarios que puedan ser puentes culturales entre las visiones de la empresa y las visiones de las comunidades, en otras palabras, allí donde el Estado no está presente y difícilmente llegue, la sociedad puede cumplir un rol imparcial para encausar a los conflictos en la ruta del diálogo y la negociación.
Articular las diferentes actuaciones que los ministerios desarrollan en relación a los conflictos, compartiendo enfoques metodologías, sistemas de información conjuntos y consensuados que gane en eficacia y prontitud. Los fallidos esfuerzos implementados a la fecha llevan a la conclusión de que es necesaria una instancia nacional imparcial y autónoma que articule la acción del Estado en sus niveles nacional, regional y local.
Sin embargo, es necesario que una comisión tripartita, del Estado, la sociedad civil y la empresa, revisen la normatividad relacionada a los proyectos mineros que evidencian problemas en su ejecución como la imparcialidad como se implementa el EIA, los procesos de obtención del permiso social, los mecanismos de comunicación y participación, la forma en que se compran las tierras a los campesinos, entre otras.
Para finalizar, si las empresas extractivas y los ingresos provenientes del canon y regalías no mejoran las condiciones de vida de la población y el Estado no incrementa su presencia en las comunidades con servicios básicos de salud, educación y seguridad, persistirán las condiciones estructurales que generan la recurrencia de las crisis y será muy poco lo que se pueda lograr para una gestión transformadora de los mismos.

*** Publicado en Demo N° 5, mayo 2011, Dirección de comunicación institucional, PUCP Sigue leyendo

Elecciones, ciudadanos y candidatos al congreso: Un triangulo sin base***

468 candidatos pero una lista corta de elección

Si algún ciudadano ejemplar se propusiera conocer las características de cada uno de los 468 candidatos para el Congreso de la República que están en carrera, tendría que recurrir a las hojas de vida que el JNE publica en su página Web , sin embargo, la información allí consignada difícilmente podría inclinar su voto preferencial a favor de uno y otro candidato, y, por lo tanto, sería remoto que el conocimiento concienzudo de las características de los candidatos incline la selección del voto preferencial prospecto.

Más allá del entusiasmo del marketing y la publicidad por convencer a los candidatos por determinada estrategia de segmentación y de posicionamiento, está claro que los ciudadanos no se plantean elegir entre los 468 candidatos y los spots y paneles publicitarios que prometen “honestidad y justicia”, “venta de medicinas genéricas” o “lucha contra la corrupción” no llegan a la retina ciudadana, nadie vota por una promesa, sin conocer a la persona, sin establecer niveles de confianza, sin atribuirles valores, capacidades. En verdad en el campo de elección de los ciudadanos existe una lista corta de entre 5 y 10 nombres de candidatos, que se definen en función de la recordación y la atribución que se les hace respecto a algún desempeño pasado.

En tal sentido la representación está mediada por la confianza construida por el candidato o atribuida por el ciudadano, pero esta confianza ha venido socavándose estructuralmente en la medida que las dimensiones urbanas han restringido mucho la interacción cara a cara, por los niveles de saturación informativa de la comunicación política y debido a excesiva complejidad e intermediación de los sistemas políticos que alejan al ciudadano de su representación y desvanecen el nexo entre demandas y políticas.

Frente a este panorama resulta oportuno preguntarse cómo los ciudadanos construyen sus listas de elección de candidatos para el congreso, dado que los partidos políticos no funcionan, las ideologías políticas no organizan el relacionamiento con lo político y la clase política se muestra incapaz de superar los intereses particulares y actuar en base al interés del bien común.

Si no lo veo, no lo voto

Frente a la amplia gama de candidatos en cada elección congresal, los ciudadanos se vinculan con aquellos candidatos que en primer lugar los reconocen, los sienten cercanos y en segundo lugar les atribuyen alguna capacidad de cambio. Existe algunas formas de visibilidad pública que facilita en mayor o menor medida la posibilidad de estar en la lista de elección del ciudadano o ciudadana, es decir, en el campo cognitivo de los electores, estas formas de visibilidad y por ende de construcción de cercanía son diversas, entre las que encontramos las siguientes:

a Tener algún capital político que le haya permitido ser conocido y que fácilmente pueda ser identificado con una causa un tema, una gestión o una sector poblacional.

En esta categoría entran los políticos profesionales, los ministros y funcionarios, y congresistas y excongresistas con trayectoria, ciertamente también los operadores políticos que al viejo estilo han desarrollado relaciones clientelistas con sectores poblacionales alrededor de programas sociales.

B Tener algún capital mediático de una exposición permanente que haya fijado su rostro en las retinas de los ciudadanos antes de convertirse por estas épocas en electores.

En esta categoría tenemos a cantantes criollos o folklóricos, vedettes, humoristas, comentaristas deportivos, periodistas y también a vendedores de fotocopiadoras, y un sin fin de miembros de la farándula nacional.

C Tener algún capital temático: profesionales, empresarios y especialistas, exitosos o simplemente fluidos en el lenguaje, que permanentemente han expuesto sus ideas o acciones en los medios y que de alguna manera han construido una imagen que les ha permitido hacerse conocidos y con ese capital de imagen tentar el puesto irrenunciable de 5 años a buen sueldo. En el actual proceso electoral tenemos ex-fiscales, defensores de derechos humanos, ex presidentes de algún consorcio empresarial, economistas, comentaristas políticos e incluso abogados de casos famosos.

D Tener un capital identificatorio, como es el caso de deportistas por mérito propio que han brillado dentro o fuera de las canchas, enmarcados generalmente en una narrativa de heroísmo. Entre los que podemos encontrar últimamente voleybolistas encabezando los primeros puestos de varias listas, corredores de autos, campeones de algún deporte olímpico y con algo menos de brillo también presidentes de algún club deportivo.

E Tener un capital de adscripción: Que está referido a las relaciones construidas entre miembros de las comunidades y con sus líderes, en esta categoría cabe la postulación de una la hija del fallecido líder de los israelitas, ciertamente también los líderes sindicalistas y gremiales, pero con menor capacidad de asegurar los votos, líderes territoriales especialmente en el caso de postulantes al congreso por regiones.

Este listado de modalidades por las cuales los candidatos cuentan con un nivel de visibilidad y puede ser más extensa, y sus combinaciones frecuentes, pero lo cierto es que en la mayoría de casos tienen un vértice en común, que salvo la última categoría, prácticamente todos tienen a los medios como la faja de transmisión de su visibilidad, tanto políticos, como profesionales o deportistas, e incluso aquellos que se hacen visibles por el escándalo o las acusaciones de delitos tienen a los medios de por medio.

Aquellos que no cuentan con ningún capital de visibilidad se hacen visibles gracias a una denuncia de los medios como ocurrió con la enfermera de Fujimori o con los denunciados por sus vínculos con el narcotráfico, salieron del anonimato y ahora cuentan con una notoriedad pública aunque no con la confianza de los electores.

En conclusión, el escenario actual, para hacerse de una visibilidad suficiente, que se mantenga en la retina de los electores, es más fácil construir un capital identificatorio o uno mediático que construir un capital político o uno de adscripción. Por lo tanto, existe un divorcio entre la naturaleza de la política: las ideas, las propuestas los planes y la gestión del gobierno, con la forma en que el ciudadano se vincula con lo público, que trae como consecuencia la “política de masa delgada”.

Si voto por ti, mañana no me acuerdo

A diferencia de las elecciones del 2011, en el siglo pasado los partidos de masas operaban en base a capitales políticos y de adscripción, organizados sobre otras formas de comunicar la política, ancladas en la comunicación comunitaria, familiar (el APRA), células de militantes, de relacionamiento con los líderes (APRA, PPC) y alrededor de las movilizaciones (sindicatos y grupos de izquierda), discursos en plazas públicas, comunicación impresa, y radial. A finales del siglo pasado este esquema se desquebrajó con el protagonismo que adquirió la televisión y las transformaciones consecuentes en los procesos electorales y en el ejercicio de gobierno, que fueron descritas como videopolítica por Sartori y que Oscar Landi analizó en América Latina .

En el escenario actual la comunicación política es cada vez más dinámica, más efímera y poco profunda. Las formas de comunicar la política se han transformado con la digitalización y con las redes sociales , el motor de la política no es mas la ideología sino el drama y la economía, y, las encuestas enmarcan las decisiones de los gobernantes. Algunos autores como Lee sostienen que la credibilidad en los sistemas comunicativos ha desplazado a la credibilidad de los sistemas partidarios y de gobierno, que la ideología y militancia correlaciona más con la credibilidad en los medios que con la credibilidad en el gobierno, por ello la importancia de entender la relación que los ciudadanos establecen con el sistema comunicativo de lo político y las modalidades de relacionamiento con los candidatos.

Vivimos una época vertiginosa de cambios acelerados, en las tecnologías de comunicación y en los modos de relacionamiento, en las formas de construir la confianza pública, cambios que afectan a la relación que los ciudadanos establecen con sus líderes políticos, pues la construcción de la confianza no está pasando por el capital político acumulado por los postulantes sino por los otros capitales mediaticos e identificatorios.

Existen tres factores claves que están ahondando la brecha entre ciudadanos y candidatos durante los procesos electorales:

 El cotidiano escrutinio público que el periodismo realiza de los candidatos (con sustento o no), que los arrincona y genera una dinámica de conflicto entre medios y candidatos, que cambia el centro gravitacional de la política, llevándolo de la “res pública” hacia la protección de la imagen y la popularidad.
 La multiplicación de la oferta informativa en medios abiertos, en radio, en periódicos de 50 céntimos, por cable y en la Web, con información vasta, a veces contradictoria, y en ocasiones funcionando como instrumentos de campaña, que aturde al ciudadano y perdiéndose la centralidad comunicativa.
 El desarrollo de campañas electorales débiles en propuestas y centradas en la guerra sucia y los ataques al oponente (últimamente instrumentando las redes sociales), que incrementa la desconfianza y que conlleva a un descreimiento crónico, a un cinismo político de los ciudadanos.

Cabe señalar que la dificultad que los candidatos al congreso tienen para comunicarse y representar a los ciudadanos es, también, parte de la dificultad que tienen los partidos para recoger las demandas sociales y poder articularlas en un discurso homogéneo y coherente. Es cierto que el actual sistema de partidos agudiza el problema, que el sistema de elección de los congresistas no permite fortalecer una relación de “accountability” y que la ley de partidos vigente prioriza las alianzas frágiles y los “partidos de vientre de alquiler”, pero más allá de eso, el sistema comunicativo y la cultura política de los ciudadanos no se orienta hacia lo político, se encuentra divorciada y fracturada del sistema político.

El uso de los nuevos medios como el facebook y el twiter están cobrando cada vez más importancia en las elecciones pero ello no garantiza la fidelidad y la construcción de una relación con el ciudadano, pues esa es la amarga lección del ahora presidente Obama que luego de una movilización digital paso en poco tiempo a una rotunda derrota electoral en el congreso. Ganó las elecciones basándose en un inteligente uso de las redes sociales pero su capital electoral fue débil poco leal y efímero.

Voto preferencial y el arrastre de la votación presidencial

Frente a las dificultades de establecer vínculos con los candidatos al congreso resulta difícil al ciudadano de Lima escoger por alguno de ellos, de hecho en las pasadas elecciones del 2006 de los 15 congresistas más votados a nivel nacional, siete de ellos tenían el primer lugar en las listas parlamentarias y otros seis ocupaban los 5 primeros puestos y se beneficiaron de los votos por la lista y en menor medida por el voto preferencial. Solo 2 candidatos obtuvieron una votación propia que los colocó entre los 15 más votados: Gaby Pérez del Solar, la voleybolista obtuvo la quinta mejor votación y Guido Lombardi, reconocido periodista obtuvo el puesto 11, en ambos casos su capital identificatorio y mediático fue determinante para apalancar el voto preferencial.

Además, en las elecciones del 2006, de los 35 congresistas elegidos por Lima, 21 curules fueron ocupados por candidatos que figuraban entre los 5 primeros puestos de las listas partidarias. El resto, 14 curules, fueron ocupados por congresistas en puestos posteriores, lo cual refuerza la idea que la votación presidencial suele arrastrar la votación parlamentaria y el voto preferencial tiene una lugar marginal en la elección de los congresistas, aunque significativa cuando se trata de un voto cruzado (cuando se vota por una lista congresal diferente a la lista presidencial) que suele suceder cuando el voto es estratégico, usualmente en contra de otro candidatos presidencial.

Las elecciones 2006 demostraron también, que aquellas listas parlamentarias que no tienen candidatos a la presidencia de la república, tienen muchas menos posibilidades de alcanzar algún número significativo de curules, en las presentes elecciones el panorama es similar, las tendencias que presentan las encuestas apenas dan un 5% de posibilidades a las listas (la lista del APRA por ejemplo) que caminan sin el tren de arrastre que es el candidato presidencial.

En conclusión, los ciudadanos desprovistos de elementos de relacionamiento con los candidatos congresales, organizan su votación en función de su preferencia presidencial que de alguna manera es más clara, a partir de allí define su voto sea por un candidato de su preferencia, sea para apoyar al candidato presidencial o como suele suceder cruza su voto a favor de algún otro congresista de otra lista que le inspire confianza.

Hay que subrayar que, al entrar en crisis los partidos políticos, los candidatos al congreso pierden especificidad, es decir, que se dejan de lado los planteamientos ideológicos y programáticos y de política pública, y pasan a ser conglomerados de personas pugnando entre ellas en una misma lista, con diferentes capitales al inicio de partidor, con discursos basado en issues aislados y heterogéneos, lo cual aturde al ciudadano y lo empuja a votar por elementos basados en la confianza y la credibilidad que generalmente están anclados en las características de la personalidad y la imagen proyectada.

El riesgo latente de una elección parlamentaria como la actual, donde existe un débil relacionamiento del ciudadano con de los candidatos al congreso, es que con el tiempo “la des-intermediación desembocará en una democracia directa, en una ecuación en la cual estorbe la representación política y sea caldo de cultivo de otra aventura autoritaria que en nombre de la democracia directa socave a la misma democracia.

*** Publicado en Brujula N°22, revista de la asociación de egresados de la PUCP Sigue leyendo

¿Un Ministerio de la Juventud?, una mirada a las propuestas electorales del 2011

En las pasadas elecciones del 2011, observamos la infaltable presencia del tema de juventud en los planes de gobierno, sin embargo, las políticas públicas a favor de la inclusión de los jóvenes no han seguido el mismo entusiasmo que las promesas hechas por candidatos.

Al final del gobierno de Toledo se contaba con la Ley CONAJU, a pesar de ser imperfecta, generó institucionalidad, impulsó procesos de participación nacional de los jóvenes y ciertamente incentivó esfuerzos nacionales y regionales por desarrollar políticas de juventud que atiendan al tercio de población que se encuentra al margen de la actuación del Estado.

Sin embargo, al inicio del periodo de García se derogó la Ley CONAJU, se desactivaron los consejos de participación juvenil regionales y nacionales, además, la comisión nacional de juventud paso de ser una OPD a ser una secretaría más en el organigrama del ministerio de educación, sin recursos, sin iniciativa, sin capacidad de operación, ni de transversalizar sus acciones, y por último, con una directora que desconocía totalmente el tema.

Durante las elecciones del 2011 de nuevo estuvimos frente a nuevas promesas de fomentar una institucionalidad pública juvenil. Perú Posible, quien impulso la Ley Conaju en su primer gobierno, plantea en su plan de gobierno un ministerio de la Juventud y el deporte. Coincidentemente o de forma calculada, el 4 de febrero del 2011 se ingresó a la mesa de partes del congreso el proyecto de ley del ejecutivo 4657/2010-PE, para la creación del “Ministerio de la juventud y el deporte”. Más allá de la oportunidad de la propuesta o del contexto de pugna política entre el candidato Toledo y el presidente García, ambas iniciativas de “Ministerio de la Juventud y del Deporte” presentan una serie de deficiencias que merecen discutirse.
A todas luces el proyecto de ley del ejecutivo, era apresurado e imperfecto, de una simple lectura se desprendía el mayor peso y la mayor precisión que tienen las funciones relacionadas al deporte, lo cual se explica porque uno de sus impulsores era Arturo Woodman, presidente actual del IPD.

Analizando con mayor acuciosidad, en la descripción de las funciones exclusivas atribuidas a este ministerio se confunden acciones con los objetivos, figuran como funciones crear el registro de organizaciones juveniles junto a necesidad de la prevención para el uso de sustancias. En general observamos que hace falta una mayor precisión sobre el mandato del ministerio y las problemáticas que le corresponde atender más allá de impulsar el deporte. Existen una referencia vaga a objetivos como la promoción de organización, el fortalecimiento de liderazgos y el desarrollo de la ciudadanía pero que quedan muy cortos frente a las actuales problemáticas juveniles que se tienen que atender.

La propuesta de ministerio de la juventud y deporte del plan del gobierno de Perú Posible, la única que estuvo en el partidor, avanzaba un poco más allá, pues proponía un Fondo de emprendimiento juvenil, para la creación de empresas. Nadie discute la urgencia y necesidad de esta medida, pero que era ciertamente limitada, está documentado que el Perú es líder en la generación de emprendimientos pero también es sabido que estas no duran mucho. Hace falta fortalecer la educación superior, articulada a los emprendimientos pues los montos de inversión que el país destina a la educación superior están por debajo de la media latinoamericana.

Otra de las propuestas del plan de gobierno toledista era un “seguro social juvenil”, sin embargo, la necesidad de acceso a la salud estadísticamente es mucho menor la etapa juvenil que en otras etapas, la principales dificultades de salud de los jóvenes tienen que ver con los estilos de vida saludables, con las conductas de riesgo, relacionadas a las salud sexual reproductiva, al embarazo adolescente, la violencia juvenil, el abuso de drogas, el pandillaje entre otros, por lo tanto, no requiere de un “seguro” sino de ampliar la capacidad del Estado de atender estas problemáticas a través de programas concretos de prevención y atención diferencial para los y las jóvenes.

Ahora, los problemas de las juventudes son mayores que hace 5 años, a pesar del tiempo y las oportunidades perdidas, el periodo electoral del 2011 puso en la discusión pública la creación de un Ministerio de la Juventud que fue un paso positivo, pues se trata de una iniciativa mucho más ambiciosa que los intentos anteriores sectoriales y del CONAJU. Lamentablemente una política pública de juventud está fuera de la agenda del actual gobierno y no hay un horizonte de cambio más allá de “beca dieciocho” es una medida sectorial sumamente limitada en su impacto.

La institucionalidad pública juvenil es aún vigente, necesaria y urgente, merece un amplio análisis, una mejor formulación y una mejor comprensión de las problemáticas de la juventud pues la idea no es constituir una institucionalidad que no corresponda a los retos que los y las jóvenes nos plantean. Sigue leyendo