Darío A Núñez Sovero
El 3 de abril de 2025 fue un amargo despertar para toda la comunidad jaujina. La noche anterior, el Congreso de la República aprobó, de manera apresurada y sin estudios analíticos previos, una ley que declaraba de necesidad pública e interés nacional la construcción, mejora, modernización, ampliación o repotenciación de aeropuertos en todo el territorio nacional. En el artículo 3 de dicha ley se disponía la “construcción del Aeropuerto Internacional en el distrito de Orcotuna, provincia de Concepción, departamento de Junín”. Cabe señalar que este era, desde el año 2012, un proyecto impulsado por Perú Libre, el partido político de Vladimir Cerrón.
Con esta medida, tal como lo reconoce el documento que observa la referida ley, se reavivó el conflicto con el aeropuerto de Jauja. Este último ya cuenta con la Ley 32194, promovida por este mismo Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo, que declara de necesidad pública e interés nacional su modernización y ampliación como Aeropuerto Francisco Carlé, en la provincia de Jauja, departamento de Junín.
Lo ocurrido demuestra, sin duda alguna, que el Congreso vota por componendas políticas entre las bancadas existentes, sin realizar análisis previos de las implicancias de sus decisiones ni considerar los graves problemas que puede causar una votación tan precipitada (fueron 105 votos a favor). Cuando la ley fue remitida a Palacio de Gobierno para la correspondiente firma de la presidenta y su promulgación, los parlamentarios que la aprobaron recibieron una sorpresa: la presidenta Dina Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respondieron con un contundente “se observa la ley en aplicación del artículo 108 de la Constitución Política del Perú”. En otras palabras, se le dijo NO al proyecto de Orcotuna.
¿Cuáles son las razones que argumenta el Poder Ejecutivo para observar esta ley, aprobada “entre gallos y medianoche” por congresistas que no analizaron previamente sus votos y que, según se critica, cayeron en los “cantos de sirena” de Waldemar Cerrón?
La justificación, contenida en el oficio 137-2025-PR del 7 de mayo de 2025, es contundente y se basa en argumentos técnicos y legales. A continuación, las principales razones:
- El proyecto de ley observado (el de Orcotuna) no respeta el proceso de evaluación que debe realizar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), entidad responsable de identificar, priorizar y formular los proyectos aeroportuarios, no el Congreso.
- El proyecto vulnera el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), ya que no cumple con las cuatro fases estipuladas para los proyectos, lo que significa que fue aprobado sin seguir el procedimiento adecuado.
- En el caso del supuesto aeródromo de Orcotuna, el documento señala que el Gobierno Regional de Junín (GORE Junín) solicitó en 2022 continuar con el proyecto de inversión. Sin embargo, no se indica que este proyecto haya completado los estudios necesarios para justificar su priorización. Al imponer su construcción sin sustento técnico, la ley contraviene el SNPMGI.
- La Ley 26989 y su reglamento exigen que los proyectos normativos incluyan una exposición de motivos detallada, justificando su necesidad, objetivos y viabilidad, requisitos que este proyecto no cumple para priorizar los tres aeropuertos mencionados.
- No se ha demostrado la viabilidad del proyecto de Orcotuna, y carece de los estudios técnicos necesarios.
- Desde el punto de vista legal, el Congreso no puede aprobar leyes que creen o aumenten el gasto público, ya que esta es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo.
- La denegatoria de la autógrafa de la ley busca proteger el principio de equilibrio presupuestal, evitando que el Congreso imponga gastos sin coordinación con el Poder Ejecutivo, especialmente en un proyecto como el de Orcotuna, que resulta innecesario.
- Al ser una norma declarativa, no puede imponer mandatos al MTC, como ejecutar estudios o priorizar proyectos. El proyecto de ley observado excede el alcance de una norma declarativa.
- La observación también evidencia cautela para evitar conflictos regionales con la provincia de Jauja, admitiendo tácitamente la oposición a esta ley.
- El Poder Ejecutivo reconoce que, desde 2018, a través de la Dirección de Disponibilidad de Predios (DDP) del MTC, se vienen adquiriendo terrenos para la ampliación y modernización del Aeropuerto de Jauja. Se estima culminar la fase de adquisición de terrenos este 2025, lo que permitirá avanzar con la elaboración del expediente técnico.
- Finalmente, el Ejecutivo señala categóricamente que, considerando que el MTC gestiona el proyecto de inversión “Rehabilitación y Mejoramiento de los pavimentos y edificio de pasajeros del Aeropuerto de Jauja”, ubicado a menos de 30 kilómetros de Orcotuna, y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya se ha pronunciado al respecto, corresponde desestimar la idea de un aeropuerto en Orcotuna.
La provincia de Jauja permanece vigilante ante las acciones del Congreso de la República, especialmente de la segunda vicepresidencia, donde se insiste en dar viabilidad al proyecto del aeropuerto de Orcotuna. Sin embargo, no esperaban este revés que los enfrenta a su propia realidad. Antes, de manera provocadora, habían grabado un video en el que se veía a un congresista sosteniendo un avión en miniatura, simbolizando un vuelo que no se hará realidad.
En conclusión, hacemos un llamado a los congresistas para que prevalezca la razón y se archive este proyecto de ley. A los jaujinos solo nos queda estar atentos ante la posibilidad de que la Comisión de Transportes del Congreso busque aprobar este proyecto, que carece de sustento técnico y viabilidad, por insistencia.