Áncash lidera los conflictos socio ambientales en el primer trimestre de este año.
Los reclamos eternos de las comunidades entorno de actividades mineras empiezan a tener cada vez mayor protagonismo en las distintas regiones del Perú, luego de lo ocurrido en el conflicto social de las Bambas. La Defensoría del Pueblo (DP) y organizaciones encargadas de la medición de conflictos sociales reportaron en el primer trimestre de este año, 183 conflictos con diversos actores sociales a nivel nacional.
Según el último informe, Áncash es la región que ha reportado el mayor número de conflictos sociales (25), de las cuales el 76% representa al tipo de conflictos socio ambientales (19), entre activos y latentes. Lo preocupante de este último reporte es el ligero incremento de conflictos socioambientales para el primer trimestre, respecto al 2016, y la tendencia a incrementarse en los próximos meses de este año, todos alrededor de proyectos mineros con mayor importancia, como son Antamina y Barrick, este último en proceso de cierre social.
El conflictos activo de mayor trascendencia es el que mantienen los pobladores del distrito de San Marcos (Comunidades de Ayash Huaripampa, Santa Cruz de Pichiú, Carhuayoc entre otros), y la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) contra la operación minera Antamina, conflictos que iniciaron desde el 2007 y que no tiene solución después de 13 años, el cual la convierte en una potencial amenaza socio económica para la región, al no existir actividades económicas sostenibles como son el turismo y la agricultura, sectores que necesitan especial atención.
Por otro lado, entre los conflictos activos: se ha roto el diálogo entre los pobladores de Huaripampa (San Marcos) y la empresa Antamina; los pobladores argumentan que la minera en una posición prepotente ha cerrado un camino de herradura por la que transitan los pobladores de esta comunidad. Otro conflicto activo que representa una importante amenaza a la estabilidad social de la región, es el conflicto que sostienen Antamina y Nyrstar contra Asociación de Municipalidades de Centros Poblados (AMUCEPS) de Huari, Comunidad Campesina Cátac y la Federación Agraria Departamental de Áncash (FADA); estos actores sociales exigen el cumplimiento de los compromisos de desarrollo y la mitigación de contaminación ambiental que las empresas mineras dejan en sus operaciones.
El mapeo resalta que los actores sociales exigen -desde hace ya varios años- el cumplimiento de sus derechos frente a las empresas mineras que operan en esta región, argumentando que no cumplen con los acuerdos sociales.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
Pese a que el gobierno peruano y las empresas mineras se resisten a la innovación de la Gestión Social, Antamina viene realizando una iniciativa importante con la implementación del programa de Fortalecimiento de la Gestión Local, programa que pretende fortalecer a los actores sociales, públicos y la institucionalidad bajo el enfoque multiactor.
Es necesario implementar nuevas estrategias de intervención social de parte de las empresas mineras y la mayor intervención del estado a través de los programas sociales en las comunidades más alejadas, donde la presencia del estado es ínfima y la actividad minera se incrementa, con ello reducir la conflictividad de esta región que podría complicarse en los próximos años.
Por: Roger Luciano Sánchez