Servindi, 10 de mayo, 2012.- Cinco menores de edad muertos y tres adultos en estado de salud grave son las víctimas del presunto envenenamiento debido a un derrame de gas ocurrido en marzo en la comunidad nativa machiguenga de Camaná, distrito de Echarati, en La Convención, Cusco.

Servindi, 10 de febrero, 2011.- La periodista Carmen Aristegui, sacada del aire el viernes pasado, ha colocado en el tapete la falta de libertad de expresión y las presiones a las que están sometidos los medios. La ocasión ha sido propicia también para que Aristegui exponga una lúcida reflexión sobre el papel de los medios en el pais.

Servindi, 18 de noviembre, 2010.- Pobladores del anexo San Antonio de Juprog, distrito de San Marcos, región Ancash, expresaron este jueves su malestar por la suspensión intempestiva de la presentación de un estudio sobre efectos de la contaminación.

Servindi, 5 de mayo, 2010.- Las autoridades hondureñas anunciaron rotundamente que la empresa minera Entremares, subsidiaria del consorcio canadiense Glamis Gold, será denunciada ante los tribunales por ser responsable de contaminar el central valle de Siria y ocultar la información a las autoridades.

Del miércoles 17 al viernes 19, serán ubicados cuarenta y dos cuerpos, resultado de la violencia política en Pago de Putcca - Santillana, provincia de Huanta (Ayacucho).

La diligencia fue ordenada por la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, donde además se tomarán las fichas Antemorten, documento que servirá para conocer las circunstancias de cómo murieron las víctimas.
En la diligencia estarán presentes los peritos forenses del Instituto de Medicina Legal, la fiscal adjunta Lourdes Proaño Chuchón y los abogados de Paz y Esperanza, entidad que patrocina el caso.

Servindi, 15 de febrero, 2010.- El Apu Zebelio Kayap denunció el empleo de la guerra sucia contra las organizaciones indígenas al desmentir haber recibido un giro bancario para financiar el levantamiento de Bagua, como lo han asegurado burdamente algunos sitios blog de cuestionda reputación (Foto Servindi).

Kayap, quién preside la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC) mostró una carta del Banco de la Nación que prueba de manera defintiva no haber recibido ningún giro de Lily la Torre, abogada de la asociación Racimos de Ungurahui.

”Los y las miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo se solidarizan con Pedro Condori Laurente y Claudio Boza Huanhayo y exigen al Estado peruano poner fin a la persecución contra ellos y contra todas aquellas personas que defienden los derechos humanos en el Perú. La labor de los defensores de derechos humanos es esencial en cualquier democracia. Un Estado que persigue a los defensores de derechos humanos es un Estado que no respeta los derechos humanos”, señaló Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional para Perú.